October 26, 2020
De parte de Indymedia Argentina
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La fiscal de La Plata Betina Lacky, con el aval del titular del Juzgado de Garant铆as N掳 3 Pablo Raele, oblig贸 a personas detenidas a realizar su declaraci贸n indagatoria de manera virtual desde las comisar铆as y con la presencia de personal policial. Estos actos de enorme gravedad institucional, que vulneran derechos medulares de nuestro orden constitucional, fueron cuestionados por el Defensor General de La Plata Omar Ozafrain y Eliseo Graziano y Mariela Porcel, defensores oficiales. La medida impide no s贸lo el derecho de defensa sino que afecta una salvaguarda esencial para las personas detenidas, la de mantener comunicaci贸n privada con su defensor sin presencia de polic铆as. En un contexto de crecimiento de los casos de torturas y de intervenciones policiales que restringen de manera arbitraria e ilegal la libertad, la medida genera condiciones de posibilidad para convalidar graves violaciones de derechos humanos. La CPM acompa帽贸 las acciones realizadas por la Defensa P煤blica de La Plata para revertir esta situaci贸n y realizar谩 presentaciones al Procurador General, la C谩mara de Apelaciones y Garant铆as platense y la Suprema Corte provincial.

La titular de la fiscal铆a n潞 2 de La Plata Betina Lacky 鈥揷on el aval del juez de garant铆as Pablo Raele鈥 decidi贸 tomar todas las declaraciones indagatorias a las personas detenidas en comisar铆as por v铆a exclusivamente telem谩tica; una decisi贸n adoptada sin acuerdo de las partes y violando los derechos y garant铆as procesales que consagra la Constituci贸n Nacional y los tratados internacionales. Ante el crecimiento de las torturas y privaciones arbitrarias e ilegales de la libertad producidas por agentes de la Polic铆a, es indispensable el r谩pido acceso de las personas detenidas a una entrevista privada con su defensor y a declarar presencialmente frente al fiscal interviniente. Los organismos internacionales ponen especial 茅nfasis en esta salvaguarda esencial para prevenir las torturas sistem谩ticas de las polic铆as en los primeros momentos de su detenci贸n.

Este incremento de la violencia estatal se expresa tambi茅n en el crecimiento de la letalidad policial que pas贸 de 56 casos entre enero y septiembre de 2019 a 88 casos en el mismo per铆odo de 2020. Frente a estos indicadores debemos fortalecer las garant铆as previstas en nuestro ordenamiento jur铆dico y no debilitarlas.

Seg煤n los fundamentos de la fiscal, la decisi贸n se justifica en razones sanitarias por la pandemia y asegura que la metodolog铆a se ampara en resoluciones de la Procuraci贸n General. Un argumento endeble y falso: la misma resoluci贸n 293-20 aclara que las partes deben prestar su conformidad para la celebraci贸n por videollamada de la audiencia o entrevista. Seg煤n lo expresado por la Defensor铆a General de La Plata, no hubo tal acuerdo, sino una imposici贸n del Ministerio P煤blico Fiscal, avalada por el juez de Garant铆as.

Frente a  esta grave situaci贸n, la defensor铆a oficial present贸 acciones de habeas corpus ante la C谩mara de Apelaciones y denunci贸 que la medida viola el derecho a defensa de la persona detenida, a ser asistida, mantener comunicaci贸n privada y confidencial con su defensor y a declarar sin presiones. La acci贸n fue derivada al juez Raele quien la rechaz贸.

En su planteo, los defensores aseguran que la imposici贸n de esta medida restringe gravemente el ejercicio de su funci贸n, porque se vulnera la confidencialidad que debe existir en la entrevista previa a la audiencia: no hay forma de garantizar la privacidad y confidencialidad mientras la persona se encuentra alojada en una dependencia policial bajo custodia e intimidaci贸n de quienes lo detuvieron. En la pr谩ctica, las comisar铆as no tienen lugares adecuados para mantener entrevistas confidenciales y se encuentran sobrepobladas y con 铆ndices record de hacinamiento: 5.500 personas se alojan en 1.200 plazas. El n煤mero m谩s alto de los 煤ltimos 15 a帽os.

La falta de confidencialidad y privacidad denunciada por los defensores oficiales ya fue corroborada en la propia pr谩ctica: hubo casos en que llamaron telef贸nicamente o por videollamada a sus defendidos y los polic铆as estaban detr谩s; en un caso, incluso, era la misma polic铆a la que sosten铆a el tel茅fono celular desde el cual hablaba la mujer detenida. En otros casos la comunicaci贸n se cortaba por no haber buena conectividad, en otros ni siquiera se pudieron conectar o tuvieron que trasladar a las personas detenidas a otra dependencia buscando se帽al. 鈥淎 todas luces se advierte que nuestro trabajo se ve severamente menoscabado y las garant铆as de los imputados gravemente vulneradas鈥, afirman en la acci贸n presentada.

M谩s grave a煤n, la decisi贸n de obligarlos a declarar frente a los polic铆as y alojados en una dependencia policial deja a las personas detenidas en una situaci贸n de completa indefensi贸n y, ante la amenaza concreta, de sufrir apremios y torturas.

En este contexto, el ejercicio de la defensa penal es, sin lugar a dudas, impracticable. Llama la atenci贸n c贸mo la fiscal y el juez que permitieron esto pasaron por alto o desestimaron los riesgos procesales que un hecho as铆 acarrea. Y llama a煤n m谩s la atenci贸n porque son esos mismos funcionarios los que tienen la obligaci贸n de velar por el cumplimiento de los derechos y garant铆as de los imputados.

La decisi贸n adoptada por la Fiscal y el juez de turno se contraponen con el temperamento adoptado por otros magistrados que utilizan los 谩mbitos que fueron acondicionados, y puestos a disposici贸n por la C谩mara y la Defensor铆a general, para la realizaci贸n de las audiencias presenciales. Por este motivo, no habr铆a motivos sanitarios ni jur铆dicos para sostener una restricci贸n tan grave a la garant铆a de defensa en juicio y al debido proceso. En definitiva, no hay razones jur铆dicas ni sanitarias para sostener esta postura irrazonable e inconstitucional adoptada por Lacky y el juez de garant铆as Pablo Raele. Los funcionarios parecen excusarse en motivos sanitarios simplemente para no cumplir con sus funciones.

La Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) acompa帽a las presentaciones realizadas por defensores oficiales del departamento judicial de La Plata y llama a las m谩ximas autoridades judiciales a revertir esta grave situaci贸n: la pandemia nunca puede ser una excusa para vulnerar derechos y garant铆as constitucionales.


Fuente: https://www.andaragencia.org/la-justicia-platense-vulnera-derechos-esenciales/




Fuente: Argentina.indymedia.org