June 25, 2021
De parte de SAS Madrid
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La eutanasia es desde este viernes un derecho en Espa帽a. La Ley Org谩nica 3/2021 de regulaci贸n de la eutanasia, aprobada por el Congreso el pasado mes de marzo, entra en vigor este 25 de junio, tres meses despu茅s de su publicaci贸n en el BOE. El pa铆s se adentra en la aplicaci贸n de una prestaci贸n apenas reconocida por un pu帽ado de estados del mundo y que ha tardado en llegar m谩s de dos d茅cadas despu茅s del primer intento y tras la pelea de enfermos, familiares y asociaciones. El reto est谩 ahora en trascender del papel a la pr谩ctica, para lo que las comunidades han trabajado a contrarreloj y varias han apurado los plazos al l铆mite. Mientras, planea sobre su aplicaci贸n la f茅rrea oposici贸n de los sectores conservadores y los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y Vox.

La mayor铆a de las comunidades han esperado a esta semana para constituir la Comisi贸n de Garant铆a y Evaluaci贸n, un organismo multidisciplinar formado por personal m茅dico, de enfermer铆a y jur铆dico que har谩 una verificaci贸n previa y posterior de cada caso y que han tenido tres meses para crear. Algunas como las Islas Baleares, la Comunitat Valenciana, la Regi贸n de Murcia o Euskadi se adelantaron, pero otras como Castilla y Le贸n o la Comunidad de Madrid han esperado al 煤ltimo momento. En Andaluc铆a ni siquiera se ha constituido el organismo. No todas, adem谩s, han nombrado a estas alturas a todos sus miembros. Y lo mismo ha ocurrido con el registro de profesionales objetores de conciencia que prev茅 la ley.

Con todo, asociaciones y expertos creen que se llega a tiempo para ofrecer la prestaci贸n desde este viernes porque estas comisiones no tendr谩n que actuar hasta pasados unos veinte d铆as desde la primera solicitud. Asumen que hay inc贸gnitas, dudas entre los profesionales sanitarios y necesidad de formaci贸n e informaci贸n, pero las voces consultadas coinciden en que es una norma garantista sobre la que, cree Fernando Mar铆n, m茅dico y presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD), “hay un temor exagerado y con el tiempo iremos comprobando que no era para tanto”. Para 茅l el “principal reto” es “pasar de la teor铆a a la pr谩ctica y esto supone superar un mont贸n de prejuicios que los sectores m谩s integristas han puesto encima de la mesa”.

Tanto el PP como Vox, los dos partidos junto a UPN que votaron ‘no’ a la ley, han presentado sendos recursos de inconstitucionalidad. Ambos defienden una supuesta conculcaci贸n del derecho a la vida recogido en la Constituci贸n. El tribunal ha admitido a tr谩mite el presentado por el partido de extrema derecha, pero rechaz贸 paralizar la norma cautelarmente. Organizaciones ultracat贸licas como Hazte O铆r o Abogados Cristianos llevan desde su aprobaci贸n presionando al presidente el PP, Pablo Casado, para que la recurriera. El anuncio ha llegado este jueves, 24 horas antes de la entrada en vigor de la ley. Por su parte, los hospitales cat贸licos han suscrito una declaraci贸n en la que plantean, sin citarla, la objeci贸n a la norma, mientras La Conferencia Episcopal Espa帽ola ha reclamado, tambi茅n este jueves, que sus centros sean “libres de eutanasia”. Eso a pesar de que la ley detalla que la objeci贸n es un derecho “individual” de cada profesional y se debe regular mediante un registro.

Despejar los interrogantes con la pr谩ctica

Desde Derecho a Morir Dignamente, Mar铆n cree que la ley 鈥搎ue ayudar谩 a terminar la vida dignamente a personas que as铆 lo soliciten ante sufrimientos irreversibles鈥 “funcionar谩 bien” y su demanda “ser谩 minoritaria”, como en el resto de pa铆ses que ya lo aplican: en Holanda se produjeron as铆 en 2019 un 4% del total de fallecimientos, y un 2% en Canad谩, donde la ley es m谩s reciente. “Quienes solicitan la muerte voluntaria saben lo que quieren, han meditado y reflexionado largamente y es su 煤ltimo recurso. Iremos aprendiendo a medida que lo vayamos aplicando”, reitera el presidente de DMD. El proceso es exhaustivo y requiere de varias peticiones del paciente. Dos m茅dicos evaluar谩n el caso, adem谩s de la Comisi贸n de Garant铆a.

“Es algo nuevo, nadie ha hecho este camino antes. Entiendo la inquietud, pero desde mi punto de vista es trasladar a la pr谩ctica lo que ya los profesionales sanitarios debemos estar haciendo: escuchar, observar, tratar de entender, evaluar que se cumplan los requisitos y acompa帽ar en decisiones que ya han tomado las personas. No las vamos a tomar por ellas; nos est谩n pidiendo una prestaci贸n, no una decisi贸n”, se帽ala Yolanda Mu帽oz Alonso, presidenta de la comisi贸n de Baleares. Esta enfermera experta en bio茅tica y cuidados paliativos apuesta por individualizar cada caso “porque cada uno tendr谩 sus peculiaridades” y asegura que frente a las inc贸gnitas, la pr谩ctica har谩 “que una vez que tengamos a la persona delante, todo eso que se plantea en lo abstracto se torne en cuestiones m谩s claras”.

No obstante, el Ministerio de Sanidad est谩 ultimando un Manual de Buenas Pr谩cticas “para orientar la correcta puesta en marcha” de la ley que contempla desde recomendaciones sobre los f谩rmacos a administrar o para el ejercicio de la objeci贸n de conciencia a modelos de los principales documentos. El de qu茅 formaci贸n y capacitaci贸n deber谩n tener los profesionales que apliquen la eutanasia es uno de los “interrogantes” que han se帽alado algunos colectivos sanitarios, como la Organizaci贸n M茅dica Colegial, que se ha manifestado en contra de la norma. Desde Sanidad aseguran que se est谩 trabajando con las comunidades en “la coordinaci贸n de la oferta de formaci贸n continuada espec铆fica para los profesionales sanitarios”.

Tambi茅n algunas est谩n ya poniendo en marcha recursos para ello. Es el caso de Baleares que est谩 dise帽ando acciones formativas en base a las necesidades de los profesionales. “Pueden surgir en diferentes 谩mbitos, desde el procedimiento reglamentario y la metodolog铆a a abordar las cuestiones del sufrimiento, la valoraci贸n de la capacidad o relacionadas con los f谩rmacos previstos”, se帽ala Mu帽oz Alonso. Lo que ha hecho ya el archipi茅lago es crear una figura no contemplada en la ley, la de “profesionales referentes” ya formados “que colaborar谩n con los m茅dicos responsables para ayudarles a seguir el procedimiento”.

No obstante, todas las decisiones ser谩n supervisadas por un segundo m茅dico, el que la norma llama “consultor” y todos los casos pasar谩n por las comisiones de garant铆a y evaluaci贸n. La composici贸n de estos organismos preocupa a Derecho a Morir Dignamente, que temen que aquellas comunidades m谩s conservadoras nombren integrantes que en la pr谩ctica obstaculicen la prestaci贸n y haya m谩s denegaciones. Sin embargo, Mar铆n explica que “los datos van a cantar pronto y si hay una comunidad con cifras muy bajas requerir谩 explicaciones”. Los pacientes pueden recurrir las denegaciones ante las comisiones, y si son estas las que rechazan, ante la jurisdicci贸n contencioso-administrativa.

Valorar la capacidad del paciente

Tambi茅n cree que las dudas e inc贸gnitas arreciar谩n “sobre todo ahora al principio” Josep Arimany Manso, que preside una comisi贸n consultiva por los colegios de m茅dicos catalanes. El de Barcelona, del que es director del 谩rea de praxis, ha creado ya p铆ldoras y material formativo, mientras que la comisi贸n tendr谩 entre sus funciones formar a los profesionales, asesorarles o crear un protocolo de actuaci贸n. “La ley pretende dar una respuesta jur铆dica, equilibrada y garantista a una demanda de la sociedad actual y respetando la autonom铆a del paciente, dice Arimany, lo que no quita que “ahora al principio surjan dificultades porque es una norma nueva y compleja”.

Entre ellas, el m茅dico destaca la que a su juicio es “la principal zona gris” de la aplicaci贸n de la eutanasia y que “la ley no aclara”: de qu茅 forma se eval煤an las peticiones de personas que adem谩s de tener, como exige la norma, una enfermedad “grave e incurable” o un “padecimiento grave, cr贸nico e imposibilitante” que le cause “un sufrimiento f铆sico y ps铆quico intolerables”, tienen alg煤n tipo de deterioro cognitivo. Es decir, de qu茅 forma se valorar谩 la situaci贸n de capacidad del paciente, ya que la ley impone como condici贸n que sea “capaz y consciente en el momento de la solicitud” y descarta las peticiones de quienes est茅n “en una situaci贸n de incapacidad de hecho”.

Precisamente el Ministerio de Sanidad y las comunidades acordaron este mi茅rcoles un protocolo de actuaci贸n para ello, en el que se establece que el sanitario “debe partir de la misma actitud que se tiene ante cualquier paciente que solicita una determinada prestaci贸n”. Y, como es habitual en la pr谩ctica cl铆nica, hacer una entrevista durante la que se debe evaluar “la capacidad de comprensi贸n, apreciaci贸n, razonamiento y expresi贸n de una elecci贸n”. La gu铆a recomienda consultar a un facultativo especialista en la patolog铆a del paciente si hay dudas o usar herramientas de apoyo, pero siempre de forma “complementaria y posterior” a la deliberaci贸n con la persona. “Cuando una persona solicita morir, se trata de profundizar y ver si comprende cu谩les son las consecuencias y alternativas que tiene”, dice Mar铆n, de Derecho a Morir Dignamente.

“Estamos hablando de algo muy 铆ntimo y complejo, del sufrimiento, el final de la vida y la autonom铆a. Y con esas tres variables las posibilidades son muchas, pero no debemos olvidar que tenemos por delante a una persona y que nos ayudar谩 a disipar las dudas. Debemos sentarnos delante de ella sin juicios y prejuicios y valorarla de forma integral, con respeto e individualmente”, resume Mu帽oz Alonso.

Enlace relacionado ElDiario.es (24/06/2021).




Fuente: Sasmadrid.org