September 28, 2022
De parte de Nodo50
196 puntos de vista

En el artículo anterior vimos
los principios básicos de la Ley Orgánica de Garantía integral de la Libertad
Sexual (LOGILS). Hoy veremos lo que sucede cuando el atentado contra la
libertad sexual ya ha sucedido y se trata de que el Estado responda.

 

Derecho a la asistencia

Las víctimas de violencia sexual tienen
derecho a la asistencia integral especializada y accesible que les ayude a
superar las consecuencias de las violencias sexuales. Se aplica a todas las
víctimas, incluso a las que están en situación administrativa irregular, a la
que además se les concede una autorización de residencia y trabajo por
circunstancias excepcionales (algo ya previsto para víctimas de violencia de
género).
 

Esta asistencia prevé una serie de
prestaciones, entre ellas las siguientes:

En primer lugar, la información y
orientación sobre derechos y recursos
. Lo ejercen en los servicios dispuestos
por las Administraciones y comprende información sobre medidas de protección, ayudas,
etc., así como asesoramiento especializado. Toda la información debe estar adaptada
a mujeres con discapacidad y a niños y niñas, y se imparte en las lenguas
propias de cada territorio.

Atención médica y psicológica,
tanto inmediata como de emergencia y crisis, de acompañamiento y de
recuperación. Los servicios de salud mental deberán ser diseñados con
perspectiva de género y derechos humanos y deberán garantizar el consentimiento
libre e informado de la mujer. Llama la atención que este párrafo esté repetido
(por error en la tramitación, seguramente) y que la perspectiva de género no
abarque la salud física.

También se establece la atención
a las necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales
, que será
igual que la médica y psicológica: inmediata, de emergencia y crisis, de
acompañamiento y de recuperación. Para ello, se obliga a las Administraciones a
establecer una serie de medidas: centros de crisis 24 horas (para atención
psicológica, jurídica y social), servicios de recuperación integral (para
recuperación y acompañamiento social, educativo, laboral y jurídico), servicios
de atención a víctimas de trata y explotación sexual y servicios especializados
en niñas y niños víctimas de violencias sexuales. El acceso a estos recursos es
gratuito, con respeto a la dignidad, la confidencialidad y la protección de
datos.

Asesoramiento jurídico previo y
asistencia jurídica gratuita
. En principio, este derecho solo se reconoce a
quienes tienen insuficiencia de recursos para litigar, pero hay diversos
colectivos (trabajadores, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género)
a los que se les reconoce sin necesidad de acreditar dicha insuficiencia. Aquí
no se reforma esta norma, pero se ordena al Gobierno que prepare un proyecto de
ley para adaptar la asistencia jurídica gratuita a la LOGILS: previsiblemente,
se les concederá también el derecho sin necesidad de acreditar insuficiencia de
recursos.

Por último, se reconocen otros derechos:
seguimiento de sus reclamaciones, traducción e interpretación, asistencia
personal para mujeres con discapacidad y atención especializada a niños/niñas y
a víctimas de trata y explotación sexual.

 

Derechos laborales y vivienda

La LOGILS reforma las tres grandes
normas laborales (el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del
Funcionario Público y el Estatuto del Trabajador Autónomo) para ampliar a
víctimas de violencias sexuales ciertos derechos que hasta ahora solo estaban
reconocidos a víctimas del terrorismo y de violencia de género: reducción y
reordenación del tiempo de trabajo, excedencias y suspensiones, consideración
de las ausencias como justificadas, etc. Si dejan de trabajar por esta causa
tienen acceso al sistema de desempleo, y los trabajadores interinos que se
contraten para sustituirlas tienen bonificado el 100% de las cuotas
empresariales de la Seguridad Social.

También se establece una ayuda
económica para las víctimas de violencias sexuales que tengan rentas inferiores
al SMI. Es similar a la ayuda prevista para víctimas de violencia de género,
pero más flexible en sus condiciones: aquella era en un pago único y esta se
puede cobrar en mensualidades, aquella no podía prorrogarse y esta sí, etc. Y
por último, se les concede acceso prioritario al parque público de vivienda, a
las ayudas de vivienda y a residencias.

 

Policía y justica

En materia policial, se prevé
la ampliación de las unidades de violencia de género a las violencias sexuales.
Esto es importante; como dijimos en el artículo anterior, la violencia sexual
era la «hermana pequeña» de la de género, y no tenía sus mismos recursos a la
hora de emprender su investigación. Ahora los tiene. Además, se establece el derecho
de las víctimas de violencias sexuales a ser atendidas por personal
especializado, y se pone énfasis en la coordinación entre distintas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

En materia judicial sucede un
poco lo mismo. Las Unidades de Valoración Forense Integral (creadas por la ley
de violencia de género de 2004) se amplían a las violencias sexuales, para lo
cual serán reforzadas. Estas unidades deberán diseñar protocolos de actuación
para casos de violencia sexual y emitir informes sobre cada caso valorando su
gravedad.

Se prevé la formación y refuerzo de
las Oficinas de Asistencia a la Víctima, que son entidades creadas hace unos
años que intentan informar, apoyar y acompañar a todas las víctimas durante un
proceso penal.

Por último, y en cuanto a la
intimidad de la víctima, se habilita a la AEPD para garantizar la protección de
los datos personales de estas. También se menciona la posibilidad de que las
vistas se desarrollen a puerta cerrada y de que las actuaciones sean
reservadas, si bien esa posibilidad ya existía. En ese sentido, es bastante más
relevante la modificación que se ha hecho de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
en dos puntos referidos precisamente a este tema:

  • Se prohíbe en todo caso la divulgación de
    información relativa a las víctimas de violencia sexual, incluyendo datos que
    faciliten su identificación directa o indirecta. Esta norma estaba prevista
    para víctimas menores y discapacitadas, y ahora se extiende.
  • Desde 2015 era posible que se prohibieran las
    preguntas hechas a la víctima sobre circunstancias de su vida privada ajenas al
    hecho delictivo, salvo que excepcionalmente se consideraran oportunas. Ahora se
    ahonda un poco más en esta norma, al mencionar concretamente las preguntas relativas
    a su vida sexual.

 

Reparación

El derecho a la reparación es quizá
la mayor novedad de esta ley. Históricamente, cuando se cometía un delito se
consideraba que la labor del Estado era encontrar a los culpables, juzgarlos y
garantizar que cumplieran sus penas y pagaran sus indemnizaciones. Ahí se agotaba
su deber. El derecho a la reparación es ir más allá del proceso penal.
 

La reparación comprende:

  • Una indemnización («responsabilidad civil
    derivada del delito») que paga el condenado. Como digo, esto ha existido
    siempre, pero ahora se dan criterios específicos para fijarla, de tal manera
    que cubra daños físicos y psicológicos, la pérdida de oportunidades, los daños
    materiales, la pérdida de ingresos e incluso el daño social. Vaya, que va más allá
    de lo que solía ser la responsabilidad civil.
  • Pensión de orfandad para los hijos de las
    víctimas, si estas mueren en el marco de un hecho de violencia sexual.
  • Mecanismos de recuperación establecidos por las Administraciones
    Públicas, que cubran incluso el restablecimiento de la reputación de la víctima,
    la superación del estigma y el derecho de supresión de contenido
    online.
  • Garantía de no repetición, que incluye la protección
    de las víctimas ante represalias y amenazas y el establecimiento de programas
    específicos de reinserción de los condenados.
  • Reparación simbólica: reconocimiento de la violencia
    por parte de los poderes públicos, declaraciones institucionales que restauren la
    reputación de las víctimas, campañas de rechazo a las violencias sexuales y de
    respeto por las víctimas.

 

Algunas de estas medidas de no
reparación han sido incluidas en la Ley de Violencia de Género.

 

 

 

En estos dos artículos hemos cubierto,
aunque de forma muy sucinta, casi todo el articulado y muchas de las reformas legales
que realiza la LOGILS. Como hemos visto, apenas se innova: lo que se hace en
muchos casos es extender a las víctimas de violencia sexual los derechos y
protecciones de los que ya disfrutaban otros colectivos. En el artículo siguiente
veremos lo que ha ocupado más interés durante los años en que esta norma se ha
estado tramitando: la reforma penal y el famoso «solo sí es sí».

 

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Fuente: Asihablociceron.blogspot.com