En los dos artículos
anteriores hemos analizado las políticas de apoyo dirigidas a toda la población
LGTBI y la regulación del cambio de la mención registral relativa al sexo. Hoy
trataremos del resto de la ley, que regula las medidas contra la LGTBIfobia y
el sistema sancionador.

Título III. Protección y reparación frente a la LGTBIfobia

En primer lugar, este Título enfoca
una serie de medidas generales de protección y reparación, que empiezan
enunciando el derecho de toda persona que sufre o esté en riesgo de sufrir
discriminación o violencia LGTBÍfoba a recibir protección. Tanto las
Administraciones como las personas empleadoras o prestadoras de bienes y
servicios deben adoptar medidas para prevenir, detectar y hacer cesar estas
situaciones.

Se establece un procedimiento
general para hacer cesar las situaciones de discriminación: un expediente
administrativo que se incoa de oficio y en el que se pueden adoptar las medidas
necesarias. Se reconoce como interesados en estos procedimientos a un montón de
entidades privadas (partidos, sindicatos, patronales, asociaciones de
autónomos, asociaciones de consumidores, asociaciones LGTBI), siempre que
tengan la autorización del afectado o que los afectados sean una pluralidad de
personas no determinada. Además, la Autoridad Independiente para la Igualdad de
Trato y la No Discriminación (una entidad de derecho público creada el año
pasado) puede actuar como órgano de mediación y conciliación si las partes lo
permiten.

En segundo lugar, se consideran
nulas las cláusulas de contratos y negocios que vulneren el derecho a la no
discriminación. Eso quiere decir que se tienen por no puestas.

Por último, hay una serie de normas
procesales:

• Ciertas entidades privadas (partidos,
  sindicatos, patronales, asociaciones de autónomos, asociaciones de consumidores,
  asociaciones LGTBI) adquieren legitimación para defender a sus afiliados en los
  procesos judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales siempre que
  cuenten con la autorización de estos. También se les legitima para demandar
  cuando los afectados sean una pluralidad de personas no determinada.
• En procedimientos no penales (tanto judiciales
  como administrativos) donde se alegue discriminación se invierte la carga de la
  prueba. Esta es una medida básica de derecho antidiscriminación: es la parte
  demandada quien debe probar que las medidas que adoptó no eran
  discriminatorias.
• Se establecerán los mecanismos necesarios para
  que las personas LGTBI puedan recibir información y asesoramiento. La Autoridad
  Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación prestará este
  tipo de asistencia.

En segundo lugar, hay medidas de
protección contra la violencia basada en la LGTBIgobia. Se concretan en un
catálogo de derechos (a la información, a la asistencia psicológica y jurídica,
a servicios de traducción e interpretación) y ciertas normas específicas frente
a la violencia en el ámbito familiar: posibilidad de dictar una orden de
protección, escolarización inmediata de los menores que cambien de residencia
debido a esta violencia y derecho de las víctimas a solicitar medidas laborales
como la reordenación del tiempo de trabajo o el cambio de centro.

Por último, hay medidas para
situaciones especiales:

1. Menores de edad: medidas para garantizarles el
   libre desarrollo de su personalidad y las condiciones que le permitan vivir
   dignamente. La negativa familiar a respetar la orientación e identidad sexual,
   expresión de género o características sexuales de una persona menor se tendrá
   en cuenta a la hora de valorar una situación de riesgo.
2. Discapacitados y dependientes: medidas de
   protección contra el maltrato por parte de convivientes o cuidadores.
3. Extranjeros, con independencia de su situación
   administrativa: se garantiza su derecho a la igualdad de trato y no
   discriminación en las mismas condiciones que a las personas de nacionalidad
   española.
4. Mayores: protección y atención integral,
   incluyendo atención gerontológica adecuada a sus necesidades. Se menciona la no
   discriminación en centros de mayores, incluyendo la discriminación en lo relativo
   a sus relaciones sentimentales.
5. Intersexuales: al inscribir su nacimiento, puede
   dejarse en blanco la mención del sexo durante un año. Este es otro de los
   recortes que ha sufrido la tramitación de la ley, pues el texto original
   garantizaba, al parecer, mayor nivel de protección.
6. Personas sin hogar: medidas para evitar el
   sinhogarismo entre personas LGTBI, poniendo foco en la detección precoz y en
   las personas jóvenes.

Título IV. Infracciones y sanciones

La ley termina con una serie de
infracciones administrativas, que pueden sancionar todas las Administraciones
en el ámbito de sus competencias. El procedimiento es el sancionador común, y
la tramitación debe llevarse a cabo en 6 meses.

Las infracciones pueden ser leves,
graves y muy graves. La más relevante de las leves es «Utilizar o emitir
expresiones vejatorias contra las personas por razón de su orientación e
identidad sexual, expresión de género o características sexuales en la
prestación de servicios públicos o privados». Aquí, ciertos sectores han
querido ver una especie de prohibición general de dudar de la identidad de las
personas trans. Por supuesto, eso no es así. Primero, porque se aplica solo
cuando el autor de la infracción está prestando servicios públicos o privados,
no en conversaciones particulares. Y segundo, porque una expresión vejatoria es
algo mucho más concreto que expresar incredulidad hacia el hecho de que Roma
Gallardo haya resultado ser una mujer trans.

Dicho esto, he de decir que a mí no
me convence nada lo de sancionar actos de expresión por vía administrativa,
porque en ella tiene el presunto responsable muchos menos medios de defensa.
Entiendo que esta clase de vejaciones deben castigarse, pero como delito que
decida un juez, no como infracción administrativa.

Las infracciones graves son, por
supuesto, actos de mayor entidad, como no retirar las expresiones vejatorias de
redes sociales, imponer cláusulas discriminatorias en contratos, etc. Y las
infracciones muy graves ya incluyen casos de acoso, represalia por quejas o
denuncias, negativa a atender a víctimas de discriminación, la práctica de
terapias de conversión, el uso de materiales educativos LGTBIfóbicos, la
victimización secundaria, etc.

En cuanto a las sanciones, van en
una escala:

• Leves: apercibimiento o bien multa de entre 200
  y 2.000 €.
• Graves: multa de entre 2.001 y 10.000 €. Además,
  medidas accesorias como cancelación de subvenciones, prohibición de recibirlas
  por un año y prohibición de contratar con la Administración por 1 año.
• Muy graves: multa de entre 10.001 y 150.000 €.
  Además, medidas accesorias, que son las mismas que en el caso anterior (aunque
  por periodos de hasta 3 años) e incluso cierres de locales y ceses en la
  actividad económica.

Las sanciones se imponen teniendo en
cuenta la capacidad económica. En caso de infracciones leves y graves, y
siempre con el consentimiento de la persona sancionada, se puede sustituir por
trabajos en beneficio de la comunidad, asistencia a cursos de formación u otras
medidas similares.

Por último, hay una cláusula final:
las personas que comentan, inciten o promocionen LGTBIfobia (incluyendo
terapias de conversión) no pueden recibir subvenciones ni fondos públicos de
ningún tipo.

Y hasta aquí el análisis de la mal
llamada Ley Trans. Como siempre, una ley necesaria, que tiene una buena
cantidad de medidas necesarias (si bien no tan avanzadas como a muchos nos
gustaría) dentro de un montón de verborrea y buenas intenciones. Es mejorable,
claro, como todo. Pero lo que importa es que ya es ley.

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