June 29, 2021
De parte de La Haine
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Espa帽a: la libertad de expresi贸n y el derecho a la protesta pac铆fica llevan seis a帽os bajo amenaza pero existe una oportunidad de revertir la situaci贸n

Desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza y la reforma parcial del C贸digo Penal hace casi seis a帽os, se ha consolidado en Espa帽a la amenaza al ejercicio de la libertad de expresi贸n, reuni贸n e informaci贸n. 

Amnist铆a Internacional, ARTICLE 19, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Defender a Quien Defiende, Greenpeace, No Somos Delito y la Plataforma por la defensa de la Libertad de Expresi贸n exigen que en el tr谩mite parlamentario ambas leyes se alineen de una vez por todas con los est谩ndares internacionales de derechos humanos

A pesar de que recientemente el pleno del Congreso de los Diputados aprob贸 una Propuesta de Ley para la tramitaci贸n de la reforma del C贸digo Penal en materia de libertad de expresi贸n, desde noviembre de 2020 se encuentra bloqueado el tr谩mite parlamentario en el Congreso espa帽ol de la Proposici贸n de Ley de reforma de La Ley Mordaza.

Estamos ante una oportunidad hist贸rica para que las autoridades demuestren que la libertad de expresi贸n es una prioridad alineando las normas que la regulan con los est谩ndares internacionales de derechos humanos.

Los seis a帽os de vigencia de la Ley Mordaza la han consolidado como una amenaza grave a la libertad de expresi贸n, reuni贸n y manifestaci贸n en Espa帽a. La Ley Mordaza lleva todo este tiempo utiliz谩ndose contra el activismo social, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pac铆fica. Adem谩s, las limitaciones a la distribuci贸n de im谩genes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad han dificultado el ejercicio del derecho a la informaci贸n. Por si fuera poco, es la Ley que se ha utilizado en esta pandemia, durante los sucesivos estados de alarma, como base legal para la mayor parte de las miles de propuesta de sanciones acumuladas contra miles de ciudadanos y ciudadanas.

 La Ley Mordaza fue una una respuesta represiva ante el auge de la movilizaci贸n social que tuvo lugar a partir de 2011 en el contexto de la anterior crisis econ贸mica

 El 1 de julio de 2021, la Ley Mordaza cumplir谩 seis a帽os de vigencia. Con anterioridad a su promulgaci贸n y cuando se estaba tramitando como proyecto de ley, las organizaciones firmantes ya alertaron del riesgo de que esta Ley podr铆a limitar a煤n m谩s el ejercicio de derechos humanos de forma ileg铆tima, innecesaria y desproporcionada.

Un aspecto clave es el aumento del poder discrecional que esta Ley ha otorgado a los miembros de los cuerpos policiales para valorar qu茅 conductas deben ser consideradas como desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad, sin establecer adecuados mecanismos de control y rendici贸n de cuentas. Esta situaci贸n facilita comportamientos abusivos y arbitrarios que pueden salir reforzados ante la prevalencia de la posici贸n de la administraci贸n frente a la ciudadan铆a en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores.

La Ley Mordaza naci贸 en el contexto socio-econ贸mico que se vivi贸 en Espa帽a a partir de 2008, y especialmente entre 2011 y 2014, donde la aplicaci贸n de medidas de austeridad llev贸 a numerosos colectivos a protestar en la calle, obteniendo una respuesta represiva por parte de las autoridades a trav茅s del uso excesivo de la fuerza. En aquel momento, las organizaciones protestaron porque el gobierno, en vez de corregir las deficiencias y apuntalar el derecho de reuni贸n pac铆fica, present贸 propuestas legislativas en la direcci贸n contraria. Esta amenaza a la libertad de expresi贸n se ha materializado desde entonces.

Desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza en julio de 2015 y hasta diciembre de 2019, se han impuesto 197.288 sanciones en materia de seguridad ciudadana, alcanzando un importe superior a los 73 millones de Euros en multas. Las organizaciones han manifestado su especial preocupaci贸n por el impacto en el ejercicio de derechos humanos como consecuencia de la aplicaci贸n de los art铆culos 36.6 (resistencia, desobediencia o negativa a identificarse), 37.4 (faltas de respeto a la autoridad) y 36.23 (difusi贸n no autorizada de im谩genes de miembros de las fuerzas de seguridad). Las sanciones impuestas por los dos primeros supone m谩s del 70% del total.

La Ley Mordaza se ha consolidado como la respuesta de las autoridades durante la pandemia en 2021 sin transparencia en los datos

Durante la vigencia de los estados de alarma, las organizaciones han mostrado tambi茅n su preocupaci贸n por el elevado n煤mero de denuncias impuestas siguiendo el criterio de considerar el mero incumplimiento de las medidas de confinamiento como una sanci贸n prevista en el art铆culo 36.6 de la Ley Mordaza. Solo desde el 14 de marzo hasta el 23 de mayo de 2020, el Gobierno reconoci贸 que se hab铆an impuesto 1.044.717 propuestas de sanci贸n por incumplimiento de las medidas de confinamiento como infracciones recogidas en dicho art铆culo.

Las autoridades no han proporcionado datos claros sobre el n煤mero total de denuncias, ni sobre su efecto en colectivos vulnerables. El propio Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior que aclare los datos facilitados por la Secretar铆a de Estado de Interior sobre al menos 357.647 expedientes sancionadores tramitados hasta el 31 de diciembre de 2020 por infracciones de las medidas adoptadas con motivo de la pandemia.

Activistas y periodistas en el punto de mira durante casi seis a帽os

Durante estos seis a帽os, la Ley Mordaza se ha empleado contra movimientos sociales o plataformas ciudadanas, que han sufrido sanciones de forma reiterada, incluso vi茅ndose obligadas a replantear sus acciones de movilizaci贸n.

Asimismo, profesionales de la informaci贸n han visto dificultada, cuando no impedida, su labor, que en muchas ocasiones consist铆a precisamente en documentar actuaciones o abusos de miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente durante manifestaciones.

Todo esto ha permitido comprobar que la aplicaci贸n de la Ley Mordaza ha supuesto una merma para el ejercicio de derechos humanos, como los derechos a la libertad de reuni贸n, expresi贸n e informaci贸n. Las organizaciones consideran que es el momento para acabar con esta situaci贸n modificando y eliminando los art铆culos que restringen el ejercicio de estos derechos.

El c贸digo penal y su impacto negativo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresi贸n

Algunos art铆culos del C贸digo Penal amenazan tambi茅n la libertad de expresi贸n en Espa帽a, aunque 煤ltimamente han disminuido las denuncias y las condenas aceptadas por los tribunales en relaci贸n a algunos de estos art铆culos.

La reforma parcial del C贸digo Penal de 2015 ampli贸 el 谩mbito de aplicaci贸n del art铆culo 578 sancionando el enaltecimiento del terrorismo que se llevara a cabo mediante la difusi贸n p煤blica de mensajes o consignas, estableciendo como factor agravante que el delito se cometiese a trav茅s de Internet y aumentando la pena m谩xima de dos a tres a帽os de prisi贸n. Desde esta reforma, aumentaron dr谩sticamente los procesamientos y las sentencias condenatorias derivados de la aplicaci贸n del art铆culo 578.

Otros art铆culos relacionados con libertad de reuni贸n y expresi贸n que se modificaron en 2015 fueron los delitos de orden p煤blico. Entre otras cuestiones, se increment贸 la pena de los delitos contra la autoridad cuando se producen en el contexto de las manifestaciones (557 bis 3潞), y se tipific贸 como infracci贸n penal la resistencia pac铆fica grave hasta con penas privativas de libertad (556.1). Por ejemplo, tambi茅n se tipificaron como delito la ocupaci贸n de despachos, oficinas, establecimientos o locales, aunque est茅n abiertos al p煤blico, si con la ocupaci贸n se perturba el funcionamiento normal de la actividad (art. 557 ter).

El delito de enaltecimiento del terrorismo

El derecho a la libertad de expresi贸n protege, incluso, expresiones que ofenden, escandalizan y molestan. Sin embargo, en los 煤ltimos a帽os, en Espa帽a, decenas de personas usuarias de las redes sociales, as铆 como artistas musicales, periodistas e incluso titiriteros han sido procesadas o condenadas en virtud del art铆culo 578 del C贸digo Penal, que proh铆be el 鈥渆naltecimiento鈥 del terrorismo y la 鈥渉umillaci贸n de las v铆ctimas de los delitos terroristas鈥.

Las autoridades han empleado este art铆culo para reprimir las expresiones de 铆ndole pol铆tica, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad art铆stica del pa铆s. Las organizaciones ya constataron en 2018 el profundo efecto paralizante ocasionado por la aplicaci贸n del art铆culo 578 del C贸digo Penal al crear un entorno desfavorable para la expresi贸n de opiniones alternativas o hacer chistes controvertidos.

Al menos setenta y cinco personas han sido condenadas por enaltecimiento al terrorismo a penas de privaci贸n de libertad e inhabilitaci贸n en los 煤ltimos cinco a帽osy, aunque el n煤mero de personas condenadas ha disminuido dr谩sticamente, pasando de treinta y cinco en 2016 a dos en 2019 y una en 2020,lo cual demuestra que este art铆culo sigue siendo una amenaza real a la libertad de expresi贸n.

A su vez, el art铆culo 579 debe revisarse para garantizar que s贸lo son penalizadas aquellas expresiones que incitan de manera directa a la comisi贸n de actos terroristas, cuando existe intenci贸n de que se cometa un delito de terrorismo, y sea probable que esa expresi贸n incite a una violencia inminente.

Injurias a la corona, figuras p煤blicas y ofensas a sentimientos religiosos

Las organizaciones se oponen a las leyes que proh铆ben el insulto o las expresiones de falta de respeto a jefes de Estado o personalidades p煤blicas, fuerzas armadas y otras instituciones p煤blicas, o a banderas o s铆mbolos (como las leyes sobre lesa majestad y desacato). Los jefes de Estado, por el hecho de ser figuras p煤blicas, deben tolerar m谩s cr铆ticas que la ciudadan铆a. El uso de leyes sobre difamaci贸n con el fin o el efecto de impedir las cr铆ticas leg铆timas al gobierno o a cargos p煤blicos viola el derecho a la libertad de expresi贸n.

Espa帽a ha sido condenada hasta en cuatro ocasiones (2011, 2016, 2018 y 2021) por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sancionar penalmente los insultos a figuras p煤blicas e institucionales, dos de ellas por aplicaci贸n del art铆culo 490.3 del C贸digo Penal sobre injurias a la Corona. Desde este tribunal han recordado que una mayor protecci贸n a Jefes de Estado mediante una ley especial en materia de insulto no es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tambi茅n suscrito por Espa帽a. La eliminaci贸n de este art铆culo debe producirse ya.

Lo mismo sucede con el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. El art铆culo 525 del C贸digo Penal: la protecci贸n de conceptos abstractos o creencias religiosas o de otra 铆ndole, o de las sensibilidades religiosas de sus adeptos, no es un motivo para restringir la libertad de expresi贸n. A este respecto, las organizaciones alertan sobre el posible efecto disuasorio que podr铆an tener sentencias como la del pasado 31 de mayo de 2021, en la que la Audiencia Provincial de M谩laga confirm贸 la condena a una mujer por un delito contra los sentimientos religiosos por expresiones utilizadas durante una movilizaci贸n ciudadana, a una multa de 2.700 Euros. Por tanto, el art铆culo 525 del C贸digo Penal, junto con el articulo 524, redundante habida cuenta del articulo 523, deben derogarse tambi茅n en el marco de esta reforma del C贸digo Penal.

Otros delitos que pueden penalizar la libertad de expresi贸n

El art铆culo 510 del C贸digo Penal sanciona las conductas de fomento, promoci贸n o incitaci贸n 鈥渄irecta o indirecta al odio, hostilidad, discriminaci贸n o violencia contra un grupo, parte del mismo o contra una persona determinada por raz贸n de su pertenencia a aqu茅l鈥︹. Las organizaciones piden la revisi贸n 铆ntegra del art铆culo 510. La apolog铆a del odio discriminatorio que constituya incitaci贸n a la hostilidad, discriminaci贸n o violencia, debe ser prohibida de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos (PIDCP), estableciendo un umbral alto para toda limitaci贸n a la libre expresi贸n, pero ha de suprimirse la 鈥渋ncitaci贸n indirecta鈥. En el mismo sentido, la negaci贸n o justificaci贸n de los delitos de genocidio o de lesa humanidad ha de modificarse, reduciendo los dispuesto en dicho precepto a “incitaci贸n directa y p煤blica al genocidio”, siguiendo las recomendaciones del PIDCP y del Comit茅 para la Eliminaci贸n de la Discriminaci贸n Racial. Las organizaciones invitan al gobierno a adoptar y ejecutar un plan integral para combatir el 鈥渄iscurso de odio鈥 conforme al Plan de Acci贸n de Rabat.

Informaci贸n adicional en relaci贸n con La Ley Mordaza y el C贸digo Penal

La Ley Mordaza incorpor贸 en el a帽o 2015 una disposici贸n que modific贸 la normativa de extranjer铆a con el objetivo de dotar de cobertura legal a expulsiones colectivas y sumarias prohibidas por el derecho internacional, neg谩ndose el acceso a un recurso efectivo. Esta disposici贸n impide una valoraci贸n individualizada de la situaci贸n personal y del riesgo que puede correr una persona al ser devuelta, incluyendo el riesgo a sufrir violaciones de derechos humanos, como tortura y malos tratos.

Uno de los 煤ltimos casos donde se ha aplicado esta disposici贸n se vio en mayo de 2021, cuando m谩s de 8.000 personas, entre las que hab铆a alrededor de 2.000 menores no acompa帽ados, entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos, y fueron sometidas a expulsiones colectivas. Las fuerzas armadas espa帽olas desplegadas en la frontera llevaron a cabo durante esos d铆as devoluciones colectivas y forzosas sin ninguna salvaguardia, lo que imposibilit贸 identificar a las personas vulnerables o asegurarse de que 茅stas reciben informaci贸n adecuada y asistencia jur铆dica, y solicitar asilo. Esta disposici贸n debe eliminarse con urgencia.

Por 煤ltimo, las organizaciones tambi茅n mantienen otras preocupaciones en relaci贸n con la urgencia de reformar el C贸digo Penal y que hacen referencia a los delitos de sedici贸n y delitos contra la libertad e identidad sexual.




Fuente: Lahaine.org