June 6, 2021
De parte de La Haine
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鈥淓s la decisi贸n pol铆tica que toma el gobierno colombiano frente a la protesta social que implica el paro鈥, explica Pablo Garciarena, abogado integrante de la delegaci贸n que viaj贸 a Colombia.

Polic铆as colomianos detienen con violencia a un manifestante este viernes en Cali.

Colombia llega al d铆a n煤mero 40 del Paro Nacional y la represi贸n a las protestas populares va en aumento. Esta semana la Misi贸n Internacional de Solidaridad y Observaci贸n de DDHH present贸 un informe preliminar que revela las pr谩cticas represivas empleadas por el gobierno de Iv谩n Duque semejantes a la de un estado terrorista. En la 煤ltima jornada dos personas murieron en la ciudad de Cali cuando la polic铆a y el ESMAD se desplegaron para levantar los bloqueos, algo que el mandatario Iv谩n Duque reclama a diario. La delegaci贸n humanitaria argentina viaj贸 a Colombia entre el 25 de mayo y el tres de junio. El informe trae voces que el gobierno de Duque insiste en ignorar mientras despliega cada vez m谩s militares y el di谩logo parece estancarse. 

Durante una semana los integrantes de la delegaci贸n recorrieron las ciudades de Cali, Medell铆n, Pereira, Siloe, Yumbo, Timb铆o, Popay谩n, Santander de Quilichao y Bogot谩. 鈥淟a voz de v铆ctimas y/o familiares, de organizaciones y organismos de las distintas regiones de Colombia ha sido la fuente principal de nuestro informe鈥, explican en el documento preliminar. Integraron la delegaci贸n miembros de organismos de DDHH como SERPAJ, Correpi, y Xumec, y organizaciones gremiales y populares. La misi贸n contact贸 a la Procuradur铆a y la Defensor铆a de Colombia para expresarle su preocupaci贸n, pero no fue recibida.

La consigna Parar para avanzar reflej贸 la necesidad de la ciudadan铆a colombiana de levantar la voz en contra de las medidas antipopulares del gobierno de Iv谩n Duque. La respuesta del mandatario fue reprimir mientras cada vez m谩s personas se un铆an al grito de disconformidad. 鈥淟os j贸venes no quieren morir por no tener acceso a un sistema de salud, a una vivienda digna, a tierra para producir鈥, expresa Mart铆n Ferrari del Frente Popular Dar铆o Santill谩n, integrante de la delegaci贸n humanitaria que viaj贸 a Colombia.

El informe preliminar hace hincapi茅 en el criterio 鈥渁busivo y arbitrario鈥 para realizar las detenciones. “El trato cruel dispensado a los detenidos que incluye tormentos, el particular abuso con connotaciones sexuales sobre las mujeres y disidencias sexuales retenidas, constituyen especiales y repudiables violaciones no s贸lo a los derechos sino primordialmente a la condici贸n humana鈥, detalla el texto.

 En este sentido, el caso de Alison Salazar revela, por un lado, la importante participaci贸n de mujeres en las protestas, y de las j贸venes en la primera l铆nea, y por otro lado, el abuso al que son sometidas por manifestarse, dice elinforme. 鈥淢e manosearon hasta el alma鈥, fue el 煤ltimo mensaje de Salazar antes de suicidarse, luego de haber sido abusada en la Unidad de Reacci贸n Inmediata (URI), una dependencia policial. 

El informe de la delegaci贸n argentina revela el funcionamiento de los Centros de Atenci贸n Inmediata (CAI) y las URI en el contexto del estallido social. 鈥淟ejos de cumplir con las disposiciones y reglamentos para los que han sido formalmente dise帽ados, fungen como c谩rceles improvisadas en d贸nde el hacinamiento, la corrupci贸n y el trato deshumanizado constituyen denominadores comunes鈥, explica el documento preliminar

Los territorios recorridos por la delegaci贸n y los testimonios de las v铆ctimas de abuso policial ofrecen una perspectiva que no tiene lugar en el discurso del gobierno de Iv谩n Duque. En el departamento del Cauca: 146 heridos, nueve desaparecidos, tres homicidios, y una desaparici贸n forzada y posterior homicidio del l铆der campesino Cristian Torres. En Bogot谩: 96 heridos, seis homicidios. En Pereira: 103 personas heridas, cinco muertos, 95 detenciones arbitrarias. En Cali: 93 personas desaparecidas, 46 personas asesinadas en el marco de la movilizaci贸n, 240 detenciones, 149 personas heridas por armas de fuego. En esta ciudad, la delegaci贸n revel贸 la connivencia empresarial con la estructura represiva. 鈥淟legando las fuerzas de seguridad a utilizar instalaciones comerciales como centros de detenci贸n y tortura鈥. El informe tambi茅n constata casos de violencia de g茅nero y violencia sexual los departamentos visitados.

La llegada de la delegaci贸n de DDHH abri贸 un espacio para que la ciudadan铆a pudiera denunciar los abusos sufridos en el contexto de paro nacional. 鈥淪on denuncias que no pueden hacer en la Fiscal铆a o en la Procuradur铆a. La gente tiene miedo鈥, explica Ferrari, que recuerda el caso de la l铆der ind铆gena Daniela Soto, que fue herida en un ataque armado en Cali. 鈥淒aniela cuando llega al hospital, cae la polic铆a y la fiscal铆a al hospital, si no era por sus compa帽eras del CRIC (Consejo Regional Ind铆gena del Cauca) que la estaban cuidando, no se sabe qu茅 hubiese pasado鈥, relata Ferrari a este diario. En este sentido, el texto preliminar apunta al rol actual de las instituciones colombianas: 鈥淟os casos de re victimizaci贸n son notorios: suele investigarse y criminalizarse a la v铆ctima antes que a su atacante. Personal de Fiscal铆as concurre a los hospitales no para poner en conocimiento de los derechos que corresponde a la v铆ctima sino para judicializarla (criminalizarla) en funci贸n de los incidentes en d贸nde result贸 lesionada鈥.

De regreso en Argentina, Ferrari cuenta que no dejan de llegarle denuncias de personas que han sufrido alg煤n tipo de abuso por parte de las fuerzas de seguridad en Colombia. 鈥淗ay un descredito total de toda la institucionalidad, en Popay谩n hay 25 quejas de causas que abri贸 la gente en relaci贸n a las fuerzas p煤blicas, particularmente el ESMAD (Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios). El Defensor del Pueblo las gir贸 a la fiscal铆a y a la procuradur铆a y todav铆a no hay respuesta. Es un c铆rculo de descr茅dito”, agrega.

El abogado Pablo Garciarena tambi茅n apunt贸 a la criminalizaci贸n que ejerce el Estado colombiano sobre la protesta. 鈥淪on pr谩cticas propias de un estado terrorista. Lo vimos en la Argentina de 1976 donde las v铆ctimas del actuar represivo luego eran judicializadas por las autoridades y terminaban imputados por delitos como terrorismo, sedici贸n. En Bolivia pas贸 lo mismo. Son falsos positivos judiciales: personas v铆ctimas de violencia estatal a las que o no se les toma la denuncia o en muchos casos terminan judicializadas. Es una pr谩ctica que hemos podido ver en las experiencias de los estados latinoamericanos鈥, resume Garciarena.

En este contexto, el informe preliminar de la Misi贸n Internacional de Solidaridad y Observaci贸n de DDHH, devela una crisis humanitaria que el gobierno coolombiano ha intentado esconder con las demoras y la negativa hacia la visita de las delegaciones de DDHH a quienes quiso mantener alejadas ofreciendo, a cambio, datos oficiales. 鈥淯n elemento clave es que la defensor铆a del pueblo y el Ministerio P煤blico no reciben denuncias de v铆ctimas de violencia estatal, los n煤meros oficiales de la procuradur铆a y la defensor铆a son n煤meros muy por debajo de los constatados por las plataformas de DDHH鈥, explica Garciarena.

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Fuente: Lahaine.org