February 25, 2021
De parte de Arrezafe
261 puntos de vista


Fragmento
(pág. 17 a 24) extraído del libro Juan
Carlos I, la biografía sin silencios
, de Rebeca Quintans.


La
imagen del rey creada en la prensa a lo largo de los años sigue
siendo una cuestión de Estado. Se hará lo que sea preciso, se
invertirá cuanto sea necesario en teleseries almibaradas y
reportajes grandilocuentes, para que no se resquebraje el retrato
robot. Un retrato que, en palabras de Alejandro Segura (en su
artículo «El Rey según McLuhan, una historia de mensajes y
masajes» lo ha resumido tan bien que por qué enmendarle nada), nos
lo presenta como: «Juan Carlos I el campechano, el afable bribón,
el bromista, el deportista, el hombre de familia. Pero cuidado,
también y al mismo tiempo el hombre de Estado que vela por nuestros
intereses, el mesías de cuya mano cruzamos el desierto, el elefante
dormido al que no hay que molestar o te mandará callar. El personaje
público que ha copado el número uno de todos los rankings del más
querido en nuestro país en las últimas décadas. El símbolo de la
unidad. Cuánto del español medio en la era de la comunicación se
podría contar a través de su figura».

Es
cierto que se le ha hecho daño, a lo largo de los años con un goteo
constante de multitud de informaciones que, sobre todo en el campo
sin cancelas de internet, corrieron de boca en boca. Sobre las
cacerías de Juan Carlos, sobre sus abusos y los de ciertos miembros
de su familia, sobre lo que supone económicamente mantener el boato
de esta institución obsoleta… Pero si la cosa se ponía fea, se
cerraban filas, se llamaba al orden y se organizaba una campaña
mediática de propaganda pura y dura. Durante la última década hubo
varias, coincidiendo con distintos eventos y celebraciones de
efemérides. Una de las últimas, la que se fraguó en febrero de
2012, en el contexto del escándalo Urdangarin, y en la que
participaron la mayor parte de los grandes medios de desinformación
social, estaba enfocada a convencernos de que la monarquía no es
cara. Desde la agencia Europapress se dictó a El País, El
Mundo
, La Razón, Informativos Telecinco, La
Verdad de Murcia
y un largo etcétera de diarios digitales, una
«noticia» prefabricada sobre la baratura de la monarquía española,
que derivaba de un estudio «independiente», para sacarlo al unísono
el domingo, que es cuando tienen audiencias más altas. Con un poco
de maquillaje para darle un toque algo personal, cada uno en su
línea, El País hizo un largo reportaje de acercamiento a la
institución, mientras pasaba de puntillas y eludía los numerosos
episodios lamentables del monarca. El Mundo y La Razón
argumentaban, casi con las mismas palabras, que de todas las
monarquías la española era la más barata.

Otra,
la campaña audiovisual que padecimos con la celebración del 75
cumpleaños de Juan Carlos, en enero de 2013. Aparte de la
¿entrevista? del súbdito Jesús Hermida en la televisión pública,
se reclutó a todo tipo de personajes populares (desde Concha Velasco
a César Alierta) para hacer un renovado panegírico de su reinado en
un documental de difícil digestión, con el que volver a dar vida a
todos los tópicos del campechano salvador de la patria.


Todo
es poco, en estos tiempos de elefantes, corinnas y urdangarines, a
los que ya apenas se podía proteger, a los que habría que dejar
caer, como se deja caer un perdón-me-he-equivocao si no hay más
remedio, para que nada cambie… y con el as en la manga del repuesto
felipesco por si acaso.

No
fue la prensa la que acabó con Juan Carlos, o al menos no la prensa
española. Todo lo contrario. Sirvieron en todo momento como
amortiguadores de los golpes que le llegaban desde los juzgados de
Palma de Mallorca, o desde los mejores amigos de la monarquía, que
habían tomado partido por su hijo Felipe.

La
preocupación porque no se dañase la imagen de Juan Carlos llegó a
ser un reto imposible para la prensa cortesana. Pero nunca flaqueó
en su defensa del valor simbólico de la monarquía como sistema,
proscribiendo el republicanismo al ámbito de lo marginal y
minoritario. Sin dejar nada al albur de lo que pudiera desatar una
palabra peligrosa, este afán enfermizo llevó, por ejemplo, a
manipular entidades como el Instituto Cervantes. Son múltiples los
viajes de promoción de la familia real por todo el orbe con la
excusa de inaugurar nuevas sedes de este organismo. Por si fuera
poco, el 18 de junio de 2010, celebración del día de la lengua
castellana, el Cervantes organizó una votación para que la gente
eligiera su palabra preferida. En la página web de la institución
el proceso se podía seguir al minuto, hasta que la palabra
«República» se situó en el primer lugar. A partir de ese momento
se suspendió la selección por «fallos del sistema» que iban a ser
solucionadas rápidamente. Pero esos fallos no se solucionaron
durante tres días, al cabo de los cuales se limitaron a dar un
mensaje de las 10 primeras palabras en «orden alfabético», entre
las que «República» pasaba mucho más inadvertida. La directora
del Instituto, Carmen Caffarel, acompañó el cambio con un discurso
en el que informaba que ella había elegido para este día la palabra
«Respeto» (una ironía, supongo). Un año más tarde, en 2011, para
no cogerse los dedos, sustituyó la votación popular por la de un
elegido grupo de «personalidades» del ámbito cultural
latinoamericano, proponiendo cada una de ellas su palabra preferida.
Entre las personas seleccionadas figuraban: Shakira, Raphael,
Alejandro Sanz o Emilio Botín (que escogió «Santander»,
aprovechando el vídeo que le ofrecía una institución pública para
hacer publicidad durante uno o dos minutos de una empresa financiera
con sedes en paraísos fiscales y abusos de todo orden).

Todo
esto, por las buenas (es un decir, porque no sabemos hasta qué punto
pudieron llegar las presiones en algunos casos). Pero si alguien osa
pasarse de la raya, ahí está el aparato del Estado para reprimirlo,
por las malas, con toda la fuerza de la ley, y en especial del
artículo 490.

Agarrándose
a ese artículo como gato a las cortinas, jueces y fiscales se afanan
en impedir que nadie pueda siquiera gastar una broma sobre el
monarca. No sólo importan los contenidos, sino también las formas.
Porque no basta con no tener animus injuriandi (o intención
de causar daño), sino que también hay que evitar el animus
jocandi
(o ánimo de cachondeo, en jerga legal), ya que también
está considerado delito hacer chistes. Esto no hace más que
enmarcar nuevamente los riesgos de una sociedad que se dice revestida
de libertades, entre ellas la de información, e incluso la de
opinión, y más concretamente la política. Cuando estas ideas son
republicanas, se pasa al campo de los «conspiradores».

Los
jueces se han aplicado bien en la última década. José María
Vázquez Honrubia, desde la sala central de lo Penal de la Audiencia
Nacional, es de los que más se esfuerzan. Acaparó varios casos en
los últimos meses de 2009 por injurias al rey. Entre ellos, uno por
la quema de fotografías del monarca en Girona, con el resultado de
una multa de 2.730 euros a los encausados. En otro proceso, sentó en
el banquillo a dos dibujantes del diario Deia y a un
articulista, también por injurias al rey, en concreto por burlarse
del monarca con motivo de la caza del oso Mitrofán; pero estos
tuvieron la fortuna de ser finalmente absueltos.

Otro
caso reciente es el del grupo segoviano Ardor de Estómago: En abril
de 2011, su tema «Una historia Real» causó cierta polémica al ser
incluido en un CD de la IV Muestra de Música Joven organizada por el
Ayuntamiento de Segovia. El PP puso el grito en el cielo y el
alcalde, Pedro Arahuetes, del PSOE, se asustó, ordenó retirar la
grabación, pidió disculpas a su majestad el rey católico su señor
y, además, encargó a la Fiscalía que investigase si la canción
era delictiva. Iba a ser que sí: los tres componentes del grupo, El
Crestas, El Muñones y El Abuelo, acabaron siendo juzgados en la
Audiencia Nacional, acusados de injurias al rey, en marzo de 2012.
Aunque el juez perdonó la «negligencia» de los políticos que
dejaron que la letrilla se les colase, los miembros de Ardor de
Estómago fueron condenados con una multa de 900 euros.

Ardor de Estómago, grupo multado por injurias al rey.


Los
hermanos Eduardo y Nayara C. A., detenidos en Móstoles (Madrid) en
2006 cuando exhibían una bandera republicana durante una visita de
los príncipes de Asturias, fueron juzgados en mayo de 2012 en la
Audiencia Provincial de Madrid por deshonor a la figura del Jefe del
Estado y alteración del orden público. Aunque no de las patadas e
insultos que recibieron (y por lo que su defensa exigió 12 años de
cárcel a los cinco policías implicados, sin éxito alguno), sí se
libraron por los pelos de los dos años de cárcel y una multa de
2.500 euros a cada uno que la fiscalía pedía. Fueron absueltos.

Naiara y Eduardo, detenidos por mostrar una bandera republicana.


Pero
quedó claro que con la bandera republicana no se juega. No están
dispuestos a dejar pasar este tipo de agravios. En agosto de 2012, el
ejecutivo mantuvo que enarbolarla «incita a la violencia», cuando
justificó en una respuesta parlamentaria la multa a un aficionado al
balonmano porque ondeaba la enseña tricolor «con gran vehemencia».
Alegó para ello el Gobierno que la actitud del alborotador podía
interpretarse como una «provocación» a los aficionados españoles.
El suceso había tenido lugar en el mes de abril en un partido entre
las selecciones de España y Argelia celebrado en Alicante, y la
Policía acabó expulsando al portador de la bandera y abriéndole
expediente de sanción en virtud de la Ley contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. En otro
partido posterior, al mismo portador de la tricolor se le vetó la
entrada, se le trasladó a un espacio vacío del polideportivo y se
le conminó a identificarse de forma intimidatoria.

También
se han cansado los jueces de sufrir en silencio las extravagancias de
Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, diplomado de Estado
Mayor, escritor, historiador militar y azote de la monarquía por
puro gusto y sentido del deber en su poco frecuente manera de
entenderlo, siendo como es de formación militar. En abril de 2012
fue llamado ante el juez de la Audiencia Nacional, imputado en un
presunto delito contra la Corona. Pensaba que, más tarde o más
temprano, tendría que acudir con sus libros, sus investigaciones…
pero al Congreso de los Diputados, a cuenta de sus múltiples
escritos dirigidos a la Cámara, con acusaciones serias y formales
sobre actuaciones cuando menos irregulares del monarca y de su
entorno que habría que investigar. No fue así. Fue en los juzgados
donde hubo de rendir cuentas por un artículo publicado en la prensa
digital (en el periódico Canarias-Semanal), en diciembre de
2011, titulado «Por qué te callas», en el que blasfemaba no
precisamente en arameo contra la religión juancarlista, por pura
frustración de que no se hiciera caso alguno a las buenas palabras.
Y fue, de nuevo, el aplicado juez Vázquez Honrubia el que se encargó
de condenarlo, a 6.500 euros de multa, por llamar al Borbón reinante
«cabrón, putero, vago y borracho», entre otras lindezas.

Por
supuesto, no se libran de estos ataques a la libertad de expresión
los políticos, ejerciendo como tales, si son del rojerío incómodo
y tienen la ocurrencia de mear fuera del tiesto.

A
Javier Madrazo (por entonces consejero vasco de Vivienda y Asuntos
Sociales y coordinador general de IU-EB) le dieron un toque de
atención con una querella por injurias al rey, en abril de 2003,
presentada por la fiscalía del alto tribunal vasco, aunque luego fue
desestimada. En un acto en la localidad guipuzcoana de Eibar para
conmemorar la Segunda República, Madrazo había osado criticar el
«silencio» de la Casa Real ante el conflicto bélico de Irak, lo
que desde su punto de vista demostraba «el carácter
antidemocrático» de la monarquía. Como si el muy inocente se
hubiera tragado eso de la libertad de expresión a pies juntillas,
todavía añadió: «Ya que les pagamos palacios, yates, viajes a
esquiar y montar a caballo, no habría estado de más que, por una
vez, abandonasen sus ocupaciones y compartiesen con la sociedad esta
preocupación».

Un
poco más difícil se las pusieron al alcalde de Puerto Real, José
Antonio Barroso
(de Izquierda Unida), por unas declaraciones que
realizó en abril de 2008 en Los Barrios (Cádiz), en el transcurso
de un acto conmemorativo del 77 aniversario de la Segunda República.
Aunque Grande-Marlaska, el juez que lo llamó a declarar pocos meses
después en la Audiencia Nacional, puso todo el énfasis en su
acusación de «injurias graves al rey» en la utilización de
palabras como «crápula» o «deleznable», lo cierto es que pasó
por alto el fondo del discurso de Barroso. Porque si se le llamaba
«crápula», era para pedir que se conocieran «todas las andanzas»
del rey. Barroso señalaba que los «escarceos amorosos» del monarca
no le «parecen mal», pero con lo que no está de acuerdo es con que
«se lo paguen con los fondos reservados del Estado». En el juicio
oral (en junio de 2009) se ratificó en todas sus críticas y matizó
que sus acusaciones iban dirigidas contra el concepto de dinastía y,
en concreto, la borbónica. «Más pronto que tarde, los pueblos de
España conocerán todo y lo juzgarán», dijo. Y por todo eso se le
solicitó una multa de 10.800 euros, insistiendo el fiscal en que si
hoy no se condenaba a este acusado «este tipo de delitos contra el
rey quedarán impunes». Al final se la rebajaron a 6.840 euros, pero
Grande-Marlaska acabó por declararlo insolvente, al no entregar el
alcalde la cantidad de la multa en el plazo establecido «sin que se
le conozcan bienes que puedan ser embargados». Quizá lo hizo para
evitar que continuase adelante la campaña de recaudación de fondos
iniciada unos meses antes por Izquierda Unida de Cádiz: no para
ahorrarle a Barroso el pago de la multa, explicaron en la
presentación de la campaña, «sino para hacer partícipe de la
causa a todos los que crean en los valores republicanos y en un
sistema más democrático».

José Antonio Barroso, juzgado por injurias al rey.


Pero
el caso más flagrante que ha llegado a los tribunales en los últimos
años es sin duda el de Arnaldo Otegi, que ha tenido un largo
recorrido en los juzgados, con Otegi esperando en prisión.

En
febrero de 2003, cuando era portavoz de Batasuna, Otegi hizo unas
declaraciones sobre el rey, en cuanto que jefe y símbolo del aparato
del Estado y de las Fuerzas Armadas. El diario vasco Egunkaria había
sido cerrado ese mismo mes por la Audiencia Nacional, y el juez Juan
del Olmo había ordenado la detención de buena parte de sus
responsables, que denunciaron haber sido torturados por las fuerzas
de seguridad. En ese contexto, y reaccionando además contra una
controvertida y en absoluto oportuna visita del monarca, Otegi dijo
en un acto que el rey, textualmente, «es el jefe supremo del
Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y
quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro
pueblo gracias a la tortura y a la violencia».

Sin
que se le reconociera su condición de aforado, en tanto que
parlamentario, Otegi fue procesado por injurias (en aras del debatido
artículo 490.3 del Código Penal) en Bilbao, en marzo de 2005. El
máximo tribunal del País Vasco lo absolvió, pero la sentencia fue
recurrida y el Tribunal Supremo le impuso una condena de un año,
condena que fue ratificada por el Supremo y, luego, por el
Constitucional. En mayo de 2006 el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco suspendió durante tres años la ejecución de la pena,
invocando jurisprudencia del Tribunal Constitucional que aboga por
evitar el cumplimiento de penas de corta duración a los condenados
con «pronóstico favorable». Pese a todo, fue detenido y
encarcelado en junio de 2009 (por orden del juez Baltasar Garzón),
por el caso Bateragune (en el que se establecía que cualquier
sospechoso de independentismo era de ETA, sin paliativos); y, con él,
representantes de distintos sectores de la izquierda abertzale fueron
sentenciados (en septiembre de 2011), por la Sección Cuarta de lo
Penal de la Audiencia Nacional, a diez años de cárcel y otros
tantos de inhabilitación para cargo público.

El
caso de las injurias de Otegi acabó llegando al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que en marzo de 2011 condenó
al Estado español por violar la libertad de expresión del político
vasco. España tendrá que pagar 20.000 euros por daños morales y
3.000 de costas. La corte de Estrasburgo considera la sanción
impuesta a Otegi «severa» y «desproporcionada». Dice también que
contradice la Carta de Derechos Fundamentales y el artículo 10 de la
Convención Europea, porque las palabras del condenado «no son un
atentado personal gratuito contra la persona del Rey, ni cuestionan
su vida privada o su honor personal». La sentencia de Estrasburgo
afirma que «el hecho de que el Rey no sea responsable penalmente,
según la Constitución, no impide por sí mismo un debate libre
sobre sus posibles responsabilidades institucionales, e incluso
simbólicas, a la cabeza del Estado». Una sentencia modélica en la
que queda patente que Otegi fue desasistido por los tribunales al
enfrentarse al rey. Claro que ese no fue el único error judicial: la
propia Audiencia Nacional acabó dictaminando, en 2010, que el cierre
del periódico Egunkaria y la detención de sus responsables
fue ilegal, ya que no guardan ninguna relación con ETA. En el caso
Bateragune, tras revisar los recursos interpuestos por Otegi y el
exdirigente del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, ambos
encarcelados desde junio de 2009, la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo rectificó en mayo de 2012, considerando que se habían
excedido en la condena de 10 años y rebajándola a 6. Nadie entiende
ahora por qué Otegi continúa entonces en prisión al cierre de
estelibro (si la doctrina Parot ya no se aplica, gracias también a
una resolución del TEDH), pero así lo ratificó el Tribunal
Constitucional en julio de 2014. Otegi tendrá que recurrir otra vez
a Estrasburgo, cuando sobre su sentencia anterior las autoridades
judiciales españolas todavía no han dicho ni mu, ni han movido
ficha desde que fue dictada. Todo parece indicar que se quedará en
una victoria, en absoluto pírrica, pero sí meramente moral.

Arnaldo Otegi


Si
así no fuera, una de las primeras consecuencias habría de ser la
reforma del Código Penal para la supresión de los artículos 490 y
491, como vienen pidiendo desde hace años representantes de grupos
políticos minoritarios. Así lo hicieron el republicano Joan Ridao
(ERC) y el ecosocialista Joan Herrera (ICV), que presentaron en 2008
en el Parlamento una propuesta en este sentido, que ni siquiera llegó
a debatirse. En marzo de 2011, volvieron a intentarlo el propio
Ridao, Núria Buenaventura (ICV) y Gaspar Llamazares (IU), con una
proposición de ley orgánica para despenalizar las injurias a la
Corona, en la que ampliaban la exposición de motivos al recoger los
razonamientos del TEDH. Pero el PSOE no creyó «necesario»
modificar el Código («no se puede cambiar esta ley básica al albur
de un acontecimiento. Además, la figura del jefe del Estado debe ser
adecuadamente resguardada», fue su argumento); y mucho menos el PP,
claro.

Todo
esto junto (las manipulaciones, presiones, intoxicaciones, acciones
represivas policiales y judiciales…) han llevado a que amplios
sectores de la población
vivan en un estado general, nada metafórico, de «paramnesia»
(citando a Pedro López y otros en su artículo «Amnistía, amnesia
y paramnesia», publicado en Rebelión, 08-04-10), que es una
patología consistente en la elaboración de falsos recuerdos.
La
negra fábrica de una falsa memoria colectiva ha creado el mito de la
santa transición modélica
, la democracia coronada y el rey
campechano con su adorable y ejemplar familia, igual que creó la paz
franquista sobre las fosas comunes de los fusilados y los exilios del
exterior y del interior.

Con
el recién coronado heredero de la dinastía borbónica, el panorama
se presenta peor si cabe. Junto a los abusos de poder de sus escoltas
desde que era Príncipe de Asturias (amedrentando a periodistas con
detenciones y cacheos ilegales), los intentos de la familia Ortiz por
establecer por orden judicial censura previa a todo lo que se
publique sobre ellos, el secuestro de revistas por mostrar animus
jocandi en el tratamiento de su real figura… continúa con
ejercicios de hipocresía colectiva de los que tanto gusta participar
la sociedad bien. Como el «homenaje a la libertad de expresión»
que los príncipes de Asturias presidieron en noviembre de 2004, en
la entrega del Premio Antonio Asensio (el ya fallecido fundador de la
revista Interviú) a la cadena británica BBC, por su
independencia, rigor y defensa de la libertad. En el acto, Felipe de
Borbón destacó «el decisivo papel que el proceso de comunicación
desempeña en las sociedades democráticas y abiertas de nuestros
días». Ello requiere, añadió el príncipe, «de la laboriosidad y
pericia que caracterizan al periodista que sabe desmenuzar, explicar
y exponer ese volumen de información que hoy nos llega con tanta
facilidad». También su consorte, Letizia Ortiz, en un mucho más
reciente encuentro con sus colegas ya como reina (también en la
entrega de un premio de periodismo, en septiembre de 2014), lanzaba
soflamas a favor de la libertad de expresión sin el más mínimo
rubor, reivindicando enérgicamente a «los periodistas que saben
decir no» (y seguro que no se refería a sus compañeros de RTVE que
en los mismos días denunciaban las presiones y censura a que se ven
sometidos en su trabajo diario).

Nada
de este espíritu rebelde debían de tener en su ánimo en julio de
2007, y no se rieron nadita con el animus jocandi de la
revista satírica El Jueves, que mostraba en portada a Felipe
y Letizia haciendo su primer trabajo rentable: fabricar un hijo para
obtener la ayuda de 2.500 euros a la maternidad anunciados entonces
por el Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo
ordenó el secuestro de la publicación y abrió diligencias por la
«irreverente» viñeta. El siempre entregado juez Vázquez Honrubia
condenó a una multa de 3.000 euros al dibujante Guillermo Torres y
al guionista Manel Fontdevila por un delito de injurias al sucesor de
la Corona. La sentencia está recurrida, pero la editora de El
Jueves
la tiene más que asumida. Ha aprendido la lección y ya
no hace falta que venga ningún juez a leerle la cartilla: en la
primavera de 2014 lo demostraron auto-secuestrando su propia
publicación, para evitar que otra viñeta sobre el traspaso de
poderes de Juan Carlos a Felipe llegara a los quioscos. Mostraba una
metáfora del estado actual en el que han dejado la corona que les
fue entregada por el pueblo no soberano, cubierta de excrementos y
moscas. Como consecuencia, una parte de los trabajadores de El
Jueves
(incluido Manel Fontdevila) abandonó la publicación,
para crear otra nueva, Orgullo y satisfacción, con la que
poder seguir siendo satíricos (se difunde a través de internet
desde septiembre de 2014).


Al
cierre de este libro, ya celebrado el primer año de reinado de
Felipe VI, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitaba una pena
de un año de cárcel para la edil de la formación «Guanyar
Alicante» Marisol Moreno, conocida como «La Roja», por un delito
de injurias a la Corona, por un artículo titulado «Borbones
asesinos» publicado en su blog. Junto a una fotografía del rey Juan
Carlos I tras abatir un elefante, se podía leer: «Este hijo de puta
ha matado a un ser que, en muchos aspectos, es mejor que los humanos,
aunque claro, qué se puede esperar de un tío que disparó a su
propio hermano y lo mató. (…) Nuestro dinero público financia las
matanzas de la realeza española en todos los sentidos, matanza
económicas como la de Urdangarin y que el rey apoya».

También
en estas fechas, detenían en Vallecas a otro joven por el mismo
delito. Sobre las nueve y media de la mañana del 28 de octubre de
2015, dos agentes de la policía se presentaban en el domicilio de
Óscar, le acusaban de un presunto delito telemático y se lo
llevaban detenido hasta la comisaría de Moratalaz. Tras ficharle
como si fuera un delincuente, le tomaron declaración y le dejaron
en libertad con cargos. Su presunto delito había sido injuriar a la
Corona a través de una cuenta de Twitter cuyo único fin es el
humorístico. De hecho, sus tuits son bastante habituales en el
espacio «Tremending Topic» de diario Público. Véase una
muestra:


—Está
usted detenido.


—¡Léame
mis derechos!


—Mierda,
sargento, ¿qué hacemos? ¡Pide que leamos!


—Es
listo el cabrón… ¡Dale un porrazo!

(@policiia)
July 3, 2015

Tenía
gracia, el chaval, que está a la espera de que un juez decida si sus
tuits son causa de delito o no. El nuevo código penal ampara que las
consideradas injurias contra la Corona en España constituyan un
delito de lesa majestad, que era el término en derecho antiguo, no
para una ofensa, sino para el delito que se cometía contra la vida
del soberano o sus familiares. Y en esta vuelta a la Edad Media las
bromitas se pagan con hasta 2 años de prisión.




Fuente: Arrezafe.blogspot.com