January 20, 2022
De parte de CNT C贸rdoba
88 puntos de vista

El pasado 30 de diciembre se public贸 la reforma laboral de PSOE y UP, pactada con la patronal y los sindicatos oficiales. Como es sabido, ambos partidos han estado prometiendo la derogaci贸n de la reforma laboral de 2012 tanto en sus promesas electorales como en su acuerdo de gobierno hasta el 煤ltimo momento. Una derogaci贸n que se ha quedado en un retoque cosm茅tico de la reforma del PP. A pesar de la grandilocuencia con la que intentan vend茅rnosla, esta reforma deja intactos los recortes de derechos que impuso la reforma de 2012, que son, fundamentalmente, el coste y la causalidad del despido.

Los sindicatos UGT y CCOO, que convocaron huelgas generales contra los recortes de derechos que hoy dan por buenos, actuan de nuevo, como representantes de sus intereses, pero no de la clase trabajadora.

La CEOE, por su parte, est谩 encantada de que se dejen intactos los pilares de la reforma de Rajoy. Pero no contentos con eso, amenazan con bajarse del acuerdo si en el parlamento se le toca una coma. Algo que viene a recordar qui茅n manda aqu铆, gobierne quien gobierne. Los de derechas imponen sus reformas; los socialdem贸cratas, se someten a la patronal para hacerlas. Y todos nos enga帽an.

UP, una vez en el gobierno, no se ha atrevido a reconocer su incapacidad para ni siquiera proponer la derogaci贸n de la reforma laboral. Al contrario, ha mentido sistem谩ticamente hasta el final, protagonizando junto al PSOE un enga帽o a la clase trabajadora, en este caso s铆, sin precedentes.

El hecho de que la reforma contenga aspectos positivos, como la recuperaci贸n de la ultraactividad de los convenios, no significa que sea un gran triunfo. En algunos casos lo que se hace es convertir en ley lo que ya se ven铆a reconociendo en los tribunales y en otros, tan solo refundir modalidades de contrato ya existentes.

La idea que se pretende 芦vender禄 desde el Gobierno es que el car谩cter indefinido de la relaci贸n de trabajo pasar谩 a ser la regla, con apenas excepciones, y que la posibilidad de celebrar contratos que no sean indefinidos quedar谩 muy restringida. Pero esto no es as铆.

En realidad, lo que el Gobierno ha hecho para conseguir la firma de la patronal ha sido refundir las dos formas de contratos temporales m谩s usuales (para obra o servicio y por acumulaci贸n de tareas) en una sola modalidad de contrato que tendr谩 una duraci贸n m谩xima de 6 meses, ampliables por otros 6 m谩s si as铆 lo permite el convenio colectivo. Pero adem谩s se podr谩 firmar este tipo de contrato temporal para atender situaciones ocasionales, incluso si son previsibles, con una duraci贸n m谩xima de 90 d铆as en el a帽o natural. Esta clase de contrato se presta a una interpretaci贸n que puede ser incluso regresiva, al convertir en temporal una gama de relaciones que antes hab铆an de prestarse en base a un contrato fijo discontinuo.

En cuanto al contrato para la formaci贸n, se ha de considerar extraordinariamente negativo el que se eleve hasta los 30 a帽os la edad m谩xima con la que puede concertarse (hasta ahora eran 25 a帽os). Y aunque resulta positivo el que su duraci贸n m谩xima se rebaje de tres a dos a帽os, es sin embargo muy negativo el que la duraci贸n m铆nima se reduzca de un a帽o a solo tres meses.

En relaci贸n a la subcontrataci贸n, se establece que la referencia para los trabajadores subcontratados sea el convenio sectorial de la actividad de la empresa principal, pero si la empresa de la que dependen tiene un convenio propio en su sector, es 茅ste el que se aplicar铆a. Eso s铆, dado que se ha pactado la prevalencia del convenio sectorial respecto a salarios, en la pr谩ctica estos seguir铆an marcados por el sector. La empresa no podr谩 jugar a la baja con las remuneraciones, aunque no ocurre lo mismo con otras condiciones laborales (jornadas, horarios, compensaci贸n u abono de horas extra, etc.), lo que perpet煤a las p茅simas condiciones de trabajo de las ETT, que salen muy bien paradas de esta reforma.

Con el llamado mecanismo RED de flexibilizaci贸n y estabilizaci贸n, se permitir谩 que las empresas puedan acogerse a las medidas de suspensi贸n o reducci贸n de jornadas en determinados casos. Para ello, se crea una prestaci贸n espec铆fica para los trabajadores afectados que no consumir谩n cotizaciones, pero que tampoco garantizan el 100% del salario puesto que la prestaci贸n es del 70% de la base reguladora. A cambio, las empresas mantienen las bonificaciones en cotizaciones. Pero hay que criticar que este mecanismo se va a financiar a trav茅s de excedentes de las cotizaciones por desempleo, aportaciones por Presupuestos Generales del Estado y la financiaci贸n de la Uni贸n Europea, es decir, se sufraga en parte por contribuciones a la Seguridad Social y por los impuestos de toda la ciudadan铆a cuando es un mecanismo dise帽ado para beneficiar a las empresas, para que puedan ajustar su producci贸n en todo momento, ahorrandose el pago de salarios y costes sociales.

Esos son los principales cambios. Pero para ver lo que queda de esta 鈥渘o derogaci贸n鈥 de la reforma del PP, hay que fijarse, m谩s que en lo que cambia, en lo que permanece igual.

No se restablecen las anteriores indemnizaciones por despido ni regresan los salarios de tramitaci贸n que recort贸 la reforma del PP de 2012. Recordemos que, hasta esa reforma, las indemnizaciones por despido improcedente ascend铆an a 45 d铆as de salario por a帽o trabajado con un tope de 42 mensualidades, y que la empresa, incluso cuando optaba por la indemnizaci贸n frente a la readmisi贸n, ten铆a que abonar en todo caso los salarios de tramitaci贸n. Con la reforma laboral de 2012 estas indemnizaciones quedaron reducidas a 33 d铆as de salario por a帽o, con un tope de 24 mensualidades, y desaparecieron los salarios de tramitaci贸n cuando la empresa optaba por la indemnizaci贸n. As铆 que despedir sigue siendo igual de barato que como lo dej贸 el PP. Pero ahora, sin embargo, CCOO y UGT dan por bueno lo que ayer consideraron inadmisible y PSOE y UP santifican este aspecto esencial de la reforma laboral del PP.

Tampoco se revocan las enormes facilidades que para el despido colectivo y para el despido individual objetivo por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas y de la producci贸n se introdujeron con la reforma laboral del PP. Recordemos que, antes de la reforma de 2012, los despidos colectivos necesitaban la autorizaci贸n administrativa. El PP no solo facilit贸 y ampli贸 las causas de despido colectivo, sino que elimin贸 la fase administrativa de tal manera que, si el periodo de consultas con los representantes de las trabajadoras acababa sin acuerdo, la empresa puede imponer el despido colectivo a criterio dejando tan solo la posibilidad de impugnarlo ante los Tribunales. Al Gobierno estos recortes de derechos deben parecerle bien porque ni han intentado modificarlos.

Lo mismo pasa con las facilidades introducidas por la reforma del 2012 para los despidos objetivos individuales, que son aquellos que son indemnizados tan solo con 20 d铆as por a帽o trabajado con un tope de 12 mensualidades: no se tocan y no se habla de ello, como si la facilidad para despedir no fuera sumamente lesiva para la clase trabajadora.

Tampoco se ha cambiado nada del art铆culo 41 E.T. relativo a la modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo, que permite alterar por voluntad del empresario elementos cruciales del contrato de trabajo como la jornada de trabajo, el r茅gimen de trabajo a turnos, la remuneraci贸n o las funciones por citar las m谩s importantes. Nada se ha cambiado ni en cuanto a las causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas y productivas que deben concurrir, as铆 como la posibilidad que la empresa tome la decisi贸n unilateral de novar las condiciones de trabajo. Este precepto ha posibilitado tambi茅n la destrucci贸n de empleo, puesto que con frecuencia, ante modificaciones gravosas para los trabajadores, estos se han visto abocados a optar por la extinci贸n indemnizada del contrato de trabajo.

Tampoco se tocan los recortes en el Fondo de Garant铆a Salarial (FOGASA). que modific贸 en 2012 el sistema de c谩lculo de la prestaci贸n abonada por el Fondo, disminuyendo de manera importante la cantidad que los trabajadores pueden percibir por parte de este organismo en caso de insolvencia de la empresa.

Adem谩s, aunque en la negociaci贸n se hab铆a fijado como un punto importante el establecer un porcentaje de temporalidad m谩xima por empresa y/o sector, lo 煤nico que ha quedado al respecto es que la negociaci贸n colectiva podr谩 establecer l铆mites m谩ximos a la contrataci贸n temporal.

No se toca tampoco la reforma laboral de 2010 de Zapatero: en aquella reforma, entre otros recortes de derechos, se empez贸 a ampliar los supuestos donde la indemnizaci贸n por despido improcedente era 33 d铆as por a帽o en vez de la de 45 d铆as. Adem谩s, inaugur贸 la senda de facilitar los despidos objetivos por causas econ贸micas y estableci贸 el despido objetivo por absentismo.

Por eso, por mucho que intenten alabar esta reforma y mostrarla como 鈥渦n cambio de paradigma en las relaciones laborales鈥 o 鈥渦na n铆tida mejora de los derechos laborales鈥, s贸lo es una consolidaci贸n del retroceso que supuso la reforma del PP, esta vez avalada y reforzada por los sindicatos oficiales. Y si la extrema derecha avanza, no ser谩 porque nosotras hagamos estas cr铆ticas, sino por la cobard铆a de quienes gobiernan.

Adem谩s, queremos expresar tambi茅n nuestro m谩s rotundo rechazo a la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducci贸n de la temporalidad en el empleo p煤blico, que es contraria a la sentencia del TJUE, y a la Ley 21/2021 de garant铆a del poder adquisitivo de las pensiones porque en realidad, supone un nuevo recorte, provocado por el cambio del 铆ndice para calcular la actualizaci贸n de las pensiones. Al sustituir el IPC acumulado o interanual, que se empleaba hasta ahora, por el IPC medio anual en los doce meses previos, se produce una p茅rdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones, s贸lo en lo que se refiere a 2021.

Sea quien sea quien gobierne, es la clase trabajadora organizada la que tiene que movilizarse para defender sus derechos. Por ello, hacemos un llamamiento a la clase trabajadora andaluza y a las organizaciones sindicales combativas de todo el estado, a manifestar su rechazo a esta farsa y a exigir la derogaci贸n de las reformas de 2010 y 2012, como venimos haciendo desde hace ya una d茅cada y como prometieron los partidos que ahora est谩n en el gobierno.




Fuente: Cordoba.cnt.es