Los datos nos vuelven a dar la razón: 10.961 desahucios en el primer trimestre de 2021, es una cifra aterradora. En un momento de nueva crisis económica, derivada de la COVID-19, el cacareado escudo social es insuficiente. En un contexto donde aumentan exponencialmente las colas del paro y las del hambre, el derecho a la vivienda sigue siendo uno de los más perjudicados.

A pesar de los casi cuatro meses de inactividad judicial por el  estado de alarma y el decreto que abrió las puertas al Gobierno a atreverse a afirmar que «no hay desahucios en pandemia», el año 2020 se cerró con 29.406 desahucios (que incluían un alarmante subida de las ejecuciones hipotecarias)

Como llevamos meses avisando, aún está por ver el impacto de la crisis sanitaria y sus efectos sobre las familias. Lo peor está por venir y las cifras de este primer trimestre ya lo van mostrando. Y por si esto fuera poco, el próximo 9 de agosto, se desprotegerán todas las demás situaciones, y el número de desahucios aumentará en progresión geométrica

Desahucios 1er trimestre 2021:

• 2.548 (el 23,2 %) por hipotecaria que aumentan un 6’5%
• 7.862(el 71,7 %) por alquileres que aumentan un 14%
• 551 por otras causas.

Una muestra de la ineficacia del decreto actual, es el aumento del 13,4 % respecto al primer trimestre de 2020. Trimestre en el que recordamos no había absolutamente ninguna medida de protección para evitar esta sangría, cosa que a día de hoy se supone que sí y que los datos corroboran que es insuficiente.

Preocupante es el continuo aumento de las ejecuciones hipotecarias, tras años de supuesto descenso. Y hablamos de supuesto, ya que -como hemos denunciado muchas veces- la realidad es otra. Esto viene producido por la moratoria hipotecaria y la falta de resolución ante el Vencimiento anticipado, que mantiene en suspenso las ejecuciones a la espera de que la situación estalle hasta ser insostenible.

También tenemos, como muestra del fracaso político de todos los Gobiernos en temas de vivienda: el parque público de alquiler.  Los 791 juicios verbales por denuncia por ocupación son el resultado de la falta de este parque. Hay que recordar que la ocupación de vivienda vacía, lejos de ser el problema social que nos pretenden vender algunos medios sensacionalistas de la mano de algunos sectores políticos al servicio del capital, es la peor de las consecuencias ante la falta de políticas reales de vivienda.

Urgen políticas que traten la vivienda como el derecho humano que es, y no como una mercancía al servicio de los especuladores. La mejor manera de acabar con la ocupación en precario de pisos de la banca y fondos buitre, es obligando a estos a ofrecer alquileres sociales a las familias en vez de desahuciarlas y regular los precios del alquiler para que los desahucios disminuyan de forma exponencial.

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de los desahucios desde 2013 y constatar que el problema está muy lejos de resolverse y nunca ha desaparecido. No debemos confundir intentar silenciar un problema con una solución. Por suerte, aunque no por ello lamentable, este drama social vuelve a ser foco de atención gracias a la labor de la sociedad civil organizada, que cada día denuncia la situación y evita que un gran número de familias pierdan su hogar poniendo sus cuerpos en las puertas como muro de contención ante tanta violación de derechos básicos y proponiendo cambios legislativos que garanticen el acceso a la vivienda.

Desde la PAH, llevamos años poniendo sobre las mesas las medidas necesarias para revertir esta situación y seguiremos enfrente de quien haga falta hasta lograr hacerlas efectivas. Hasta que no se logre:

• La suspensión temporal de todos los desahucios hasta que las Administraciones públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada, y se obligue a la banca al alquiler social.
• El cumplimiento de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y su prevalencia sobre la legislación nacional para que no haya ni un desahucio más sin alternativa habitacional.
• Una ley del derecho a la vivienda que nos proteja a todas
• Ampliación presupuestaria para vivienda pública y social
• La renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue estando en situación de vulnerabilidad.
• Regulación y limitación del precio del alquiler en todo el Estado, adecuado a los salarios.
• Una resolución a las ejecuciones hipotecarias que garantice una segunda oportunidad sin que nadie tenga que perder su casa y quedarse con la deuda

El drama de los desahucios seguirá y no lo podemos permitir.

Exigimos al Gobierno que apruebe urgentemente un nuevo decreto que cubra las situaciones actualmente desprotegidas y que prorrogue con carácter indefinido esta protección, así como que remita de una vez al Congreso, el proyecto de ley reguladora del Derecho a la Vivienda, medida imprescindible para que este Derecho Fundamental, pueda ser ejercido por cada persona.

La ciudadanía lo tenemos claro y ahora más que nunca, es el momento de forzar al Gobierno para que deje de mirar a otro lado y tenga la altura política necesaria para legislar, en la primera Ley de Vivienda que está elaborando, medidas que dejen los desahucios atrás y pongan en el centro a las familias vulnerables y estar a la altura de lo que necesitamos las familias, tras más de una década como victimas de su sistema.