October 7, 2021
De parte de SAS Madrid
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Pasadas las primeras horas desde el anuncio del acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Vivienda, la letra pequeña y no tan pequeña del pacto ha dejado atrás los titulares “triunfalistas”, según palabras del portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Juanjo Ramón, y ha dado paso a los análisis más matizados.

Las organizaciones sociales que registraron el 30 de septiembre una ley de vivienda propia contestan con “cautela” y con una advertencia: si no se modifican algunos de sus principios antes de su aprobación definitiva, la primera Ley de Vivienda de la democracia “se puede quedar en nada”, dice este activista de la PAH.

Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos coinciden en que la ley va en el “buen camino”, pero a menos que se consigan incluir medidas que garanticen su aplicación no servirá para dar respuesta a la crisis habitacional

Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos coinciden en que la ley va en el “buen camino”, pero a menos que se consigan incluir medidas que garanticen su aplicación no servirá para dar respuesta a una crisis habitacional que se arrastra desde 2008; una crisis que la burbuja del alquiler y la pandemia solo han empeorado.

“Como venimos de un tiempo donde esto era un vergel para la especulación, estas medidas al menos marcan un punto de partida y desde ahí podemos seguir presionando y avanzando en medidas que sean más garantistas. Al menos ya tenemos un marco en el que actuar”, señala a El Salto Pablo Martínez, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid. 

Para el portavoz de la PAH, estamos ante un cambio de tendencia, pero también ante lo que puede ser una oportunidad perdida: “Se ha empezado a recorrer un camino nuevo a nivel de gobierno, pero es tan grande la problemática, son tantas las casuísticas, que también hay que recorrerlo hasta el final, porque una vez que consigamos esta ley va a costar mucho el que se pueda plantear hacer otra. Es una buena señal, pero no se puede dejar a medias y tocar solo una de las problemáticas”.

No solo la regulación del precio del alquiler se queda a medias, al ser de carácter optativo, señalan desde la PAH. La vaguedad del acuerdo puede llevar a que la afirmación “ningún desahucio sin alternativa habitacional” se quede en nada  

No solo la regulación del precio del alquiler se queda a medias, señala Ramón. La vaguedad del acuerdo puede llevar a que la afirmación “ningún desahucio sin alternativa habitacional” recogida en el acuerdo tenga tanta aplicación como el artículo 47 de la Constitución, donde dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. 

Sin embargo, tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos creen que todavía hay margen para presionar al Gobierno y a sus socios parlamentarios para ampliar las medidas garantistas que recoge la ley.

La regulación de los alquileres, optativa

Para el Sindicato de Inquilinos el principal avance del acuerdo es que por primera vez el Gobierno permite que se pongan límites a los precios del alquiler y se obligue a bajarlos a los grandes propietarios, admite Martínez, “un punto de partida positivo para ir pensando cómo profundizar más en estas medidas”. 

Con el acuerdo, defienden desde el Sindicato, se está más cerca de dar un nuevo paso: blindar la regulación ya vigente en Catalunya —que va más allá del acuerdo reciente y obliga a bajar los precios también a los pequeños propietarios—, y lograr que se extienda a todo el Estado. Hasta que no haya un texto legislativo que “vaya más allá de lo acordado, no podremos cantar victoria”, dicen en un comunicado. 

La principal trampa que esconde el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, según el Sindicato de Inquilinos, es que la regulación del precio del alquiler no es obligatoria ni automática. “Dejar que las comunidades autónomas decidan si aplican esta regulación es una manera de poner el balón en otro tejado. Se dejan estas decisiones que transformarían la vida de las personas en posibles conflictos entre distintas competencias en las que los partidos que los gobiernan son distintos”, dice Martínez. Estas medidas, continúa, se pueden transformar en “armas arrojadizas entre partidos que gobiernan en distintos estamentos del Estado”. Es algo que ya está ocurriendo: el PP de Pablo Casado ha anunciado que no aplicará la futura ley en los territorios donde gobierna su partido y que llevará la norma al Constitucional.

En los lugares donde no se aplique la regulación de los precios, como en la Comunidad de Madrid, el bono joven de 250 euros para jóvenes menores de 35 años se puede traducir en aumentos en el precio del alquiler y más dinero para los propietarios

Cómo contraste, una medida que no dependerá del color político es el bono joven de 250 euros para jóvenes menores de 35 años y que en los lugares donde no se aplique la regulación de los precios se puede traducir en aumentos en el precio del alquiler. Para el portavoz del Sindicato de Inquilinos este bono sigue la línea de terminar beneficiando a los propietarios, a quienes de forma indirecta beneficiará la medida, señala Martínez.  “Es algo a lo que ya nos tiene acostumbrado el Gobierno”, denuncia.

El otro punto de desencanto con el acuerdo en el seno del Gobierno es la definición de gran propietario y el alcance de la bajada de los precios. Para el Sindicato de Inquilinos, esta debería ser obligatoria para todo el mercado del alquiler —y no solo para los grandes propietarios como apunta el pacto—, ya que una congelación de las rentas perpetuaría los precios de burbuja y dejaría fuera de las reducciones de precio a la mayoría de los inquilinos. En el caso de Barcelona, donde existen datos al respecto, el 70% de los inquilinos seguiría pagando lo mismo que antes. 

Además, el criterio para definir al pequeño y gran propietario no deja de ser arbitrario e inadecuado para estos colectivos: “¿Cómo es posible que una entidad jurídica con nueve viviendas en propiedad en un área de mercado tenso no se vea afectada por la bajada obligatoria? ¿O cómo se explica que una persona física con 200 propiedades tampoco se vea afectada?”.

La prórroga de 18 meses para aplicar la ley a los fondos de inversión les permitiría firmar en zonas tensionadas durante este tiempo contratos por encima del índice de referencia, incluso con grandes subidas, denuncian desde el Sindicato de Inquilinos

Otra medida que ha sorprendido a las asociaciones que defienden los derechos de los inquilinos es la prórroga de 18 meses concedida a los grandes propietarios para empezar a aplicar la ley. Para Martínez, esta moratoria les permitiría firmar en zonas tensionadas durante este tiempo contratos por encima del índice de referencia, incluso con grandes subidas que los inquilinos tendrían que pagar hasta la finalización siete años después. Esta prórroga, si se termina incluyendo en la ley, “desatendería la necesidad de que los precios de alquiler bajen urgentemente, dado que entre 2013 y 2019 se han duplicado”, denuncian.

¿Qué pasa con los desahucios y la dación en pago?

Con todas las miradas puestas en la regulación de los alquileres, poco se ha hablado de qué pasará con decenas de miles de personas que están inmersas en ejecuciones hipotecarias, que tienen programado un desahucio por no poder pagar el alquiler o han perdido sus casas y siguen pagando a perpetuidad al banco por una vivienda que ya no poseen.

Para el portavoz estatal de la PAH, a falta de que se conozca el borrador completo del acuerdo, las medidas filtradas hasta el momento son “completamente insuficientes” para hacer frente a la crisis habitacional y muchas “no terminarán de cuajar” por falta de garantías y concreción. Según Unidas Podemos, el acuerdo incluye la “prohibición de desahucios sin alternativa habitacional”, pero hasta ahora no ha trascendido en qué se traduce una frase que puede no significar nada sin un desarrollo adecuado, argumenta Juanjo Ramón.

Para la PAH es vital incluir en la futura Ley de Vivienda la obligación para los fondos de inversión y la banca de ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables, no solo para evitar desahucios sino para garantizar que pueden pagar el alquiler

Al redactar la ley de derecho a la vivienda de las organizaciones sociales se establecieron algunas “líneas rojas inamovibles de las que no se está hablando”. Entre ellas, la obligatoriedad para los fondos de inversión y la banca de ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables, como ya ocurre en la ley catalana 24/2015. “Para nosotros esta medida es fundamental, no solo porque ayuda a prevenir los desahucios sino porque también garantiza que la familia pueda pagar el alquiler. Además, es una forma de responsabilizar a los fondos buitre y a la banca, y no seguir gastando dinero público”, dice Ramón.

Sin la obligatoriedad de alquileres sociales y sin medidas de urgencia para disponer de viviendas públicas la afirmación “ningún desahucio sin alternativa habitacional” carece de sentido, sostiene.   

Las medidas contempladas en el acuerdo para aumentar el parque público —el 30% de las nuevas promociones para vivienda pública— vuelven a estar en el “buen camino” y pueden ser muy útiles en el largo plazo, pero no sirven para dar respuesta a las necesidades urgentes de los hogares. Según cuenta este activista de la PAH, una medida semejante se implementó en Catalunya y han tardado años en verse los resultados.

Los planes previstos para fortalecer el parque público solo serán efectivos a largo plazo. Para atender las necesidades urgentes, la PAH exige la cesión obligatoria de las viviendas vacías en manos de los fondos de inversión y la banca y el trasvase al parque público de todos los inmuebles de la Sareb

Existen otras medidas recogidas en la proposición de ley por el derecho a la vivienda para disponer de forma inmediata de viviendas públicas para dar una opción de techo a las familias desahuciadas o que no pueden acceder a una vivienda: la cesión obligatoria de las viviendas vacías en manos de los fondos de inversión y la banca rescatada y, por supuesto, el trasvase al parque público de todos los inmuebles de la Sareb.

Otro de los temas claves para la PAH, la dación en pago obligatoria —que liberaría a las familias que han perdido su vivienda a seguir pagando al banco de por vida— “no se ha mencionado en todo el proceso de negociación”, dice. Esta demanda de una segunda oportunidad para las familias hipotecadas es una de las peticiones clave de la PAH desde 2009 y por la que seguirán luchando, advierte Ramón.

Lo harán junto con el resto del movimiento de vivienda y las más de cien organizaciones sociales y sindicales que han respaldado la ley por el derecho a la vivienda, ya en trámite en el Congreso. Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos esperan que los partidos que la registraron presionen para que la ley que se termine presentando se parezca lo más posible a la propuesta de las organizaciones sociales. “No tenemos ninguna duda que estos partidos defenderán las líneas que fueron planteadas para que sean recogidas en el nuevo texto legislativo”, dicen desde el Sindicatos de Inquilinos.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (07/10/2021).




Fuente: Sasmadrid.org