October 27, 2021
De parte de Grup Antimilitarista Tortuga
313 puntos de vista


Natalia Torres Hern谩ndez

El clima de esperanza que se sinti贸 en cada rinc贸n de Colombia entre agosto y septiembre de 2016 qued贸 atr谩s como un buen recuerdo. Ahora en las voces se escucha un tono de desamparo, de abandono, casi de pesimismo, cuando se pregunta qu茅 ha pasado en cinco a帽os desde la firma de los Acuerdos de La Habana para lograr una paz estable y duradera que ha sido tan esquiva en Colombia desde hace m谩s de cinco d茅cadas.

Ese acuerdo, que inclu铆a cinco puntos centrales (desarrollo rural, participaci贸n pol铆tica, entrega de armas, narcotr谩fico y reparaci贸n a las v铆ctimas), parec铆a contener dentro de s铆 las causas estructurales del conflicto armado en el pa铆s suramericano y su implementaci贸n significaba para muchos la esperanza de superar por fin esa estela de muerte que ha dejado m谩s de 265.000 v铆ctimas fatales entre 1958 y 2020, seg煤n cifras del Centro Nacional de Memoria Hist贸rica (CNMH).

Hoy el panorama es de incumplimiento, de vulnerabilidad, de fragilidad. As铆 lo se帽alan quienes apostaron por el abandono de las armas y la reinserci贸n hacia la vida civil: los excombatientes en las regiones. Y es tan evidente esa fragilidad que hasta el mismo presidente de Colombia, Iv谩n Duque, calific贸 el Acuerdo Final de Paz como “d茅bil”, este 21 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“El balance de la implementaci贸n de los acuerdos es muy negativo. Este Gobierno ha sido absolutamente regresivo. No ha hecho nada por adelantarlo, al contrario, no hay esperanzas para que en este Gobierno se pueda implementar. Podemos decir que ha sido un tiempo muerto”, responde Amanda R铆os, una excombatiente del departamento del Cauca y dirigente de la Federaci贸n de Organizaciones Sociales y Solidarias del Suroccidente Colombiano (Fedecomun).

En su departamento, el Cauca, en el suroeste del pa铆s, es donde se ha presentado el mayor n煤mero de asesinatos de excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporaci贸n, 50, entre 2016 y 2021, periodo en el cual han sido asesinados hasta la fecha 286 excombatientes, seg煤n cifras recopiladas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El m谩s reciente de ellos ocurri贸 pocos d铆as antes, el pasado 19 de septiembre, cuando se report贸 el asesinato de Manuel Mena Viveros, en Quibd贸, departamento del Choc贸.

“Tras cinco a帽os del acuerdo, la poblaci贸n en proceso de reincorporaci贸n padecemos todos los incumplimientos y las consecuencias de esos incumplimientos. Estamos siendo objeto de un plan genocida en curso contra nosotros, producto de que no se cumple lo establecido en cuanto a garant铆as de seguridad y participaci贸n pol铆tica. Lo que se tiene que garantizar para la seguridad y para mantener la vida de la poblaci贸n en proceso de reincorporaci贸n es que se implemente lo que est谩 acordado”, se帽ala Juan Camilo Londo帽o, otro integrante de Fedecomun y secretario de Ecomun, el Consejo de Administraci贸n de Econom铆as Sociales del Com煤n, cooperativa que fue creada como resultado del Acuerdo de Paz.

Entre los principales l铆deres que apoyaron las conversaciones de paz y la firma de los Acuerdos de La Habana tambi茅n se encuentra un consenso respecto a la responsabilidad del actual Gobierno en la no implementaci贸n de los acuerdos.

Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno Santos en la mesa de La Habana, asegura que esta no es otra experiencia fallida de paz en Colombia “pero s铆 bien amenazada desde un principio por la actitud del Gobierno y del Partido Centro Democr谩tico de torpedear los acuerdos, de volverlos trizas, como dijeron en su momento. Es un problema de voluntad pol铆tica, no de falta de instrumentos para preservarlo. De hecho, los instrumentos que hay han impedido que se liquide totalmente. Pero lo que ha ocurrido es un permanente deseo de interponerse en el desarrollo del acuerdo, de eludir las posibilidades de reconciliaci贸n, de superar esta p谩gina que ya va para nueve millones de v铆ctimas”.

Para la exsenadora Piedad C贸rdoba, quien estuvo al frente de muchas negociaciones para lograr la liberaci贸n de secuestrados por las FARC, no hay avances significativos “en pr谩cticamente ninguno de los puntos acordados, esto debido a que no ha existido voluntad pol铆tica para hacer un trabajo de implementaci贸n serio. Lo que se ha hecho es m铆nimo y solo tiene como fin aparentar ante los pa铆ses garantes y las organizaciones internacionales. Para nadie en las regiones es un secreto que lo firmado es letra muerta para el actual Gobierno y su visi贸n de pa铆s, porque son ellos y lo que representan lo que ha tenido a Colombia estancada en la violencia, el rezago y la corrupci贸n. Y una Colombia en paz, con equidad, con garant铆as para la ciudadan铆a no les interesa”.

Desde el Congreso de la Rep煤blica, ha habido algunos avances de implementaci贸n, aunque muy escasos, como confirma la representante a la C谩mara Mar铆a Jos茅 Pizarro: “Debo decirlo con toda franqueza: en el Legislativo los avances son m铆nimos en t茅rminos de lo que se hab铆a pactado en los Acuerdos de La Habana. Aqu铆 tenemos un Estatuto de la Oposici贸n que funciona parcialmente, hay varios incumplimientos aqu铆. Las curules de las v铆ctimas, despu茅s de una lucha jur铆dica muy grande, se materializaron y no hubo m谩s camino que promulgar y darles v铆a libre y por supuesto tenemos a antiguos excombatientes legislando en el Congreso de la Rep煤blica por este periodo y el periodo que viene”.

La deuda del desarrollo rural

El punto 1 del Acuerdo de La Habana, que contiene la denominada Reforma Rural Integral, es una de las principales preocupaciones para los reincorporados a la vida civil, pues es un punto transversal al resto de su transici贸n.

“Hay por lo menos otros tres temas que son muy preocupantes y urgentes. El primero de ellos, despu茅s del problema de seguridad, es el acceso a la tierra. Aunque en el Acuerdo est谩 contemplado, el acceso a la tierra para la implementaci贸n de actividades econ贸micas colectivas de la poblaci贸n en proceso de reincorporaci贸n, no hemos recibido hasta ahora ni un solo cent铆metro cuadrado de tierra por parte del Estado, como est谩 contemplado en el acuerdo”, dice Juan Camilo Londo帽o.

Este punto, seg煤n Amanda R铆os, significa “la transformaci贸n estructural del campo colombiano, porque siempre el problema del conflicto aqu铆 en el pa铆s ha estado atravesado por el tema de la tierra. Tan es as铆 que dentro de las promesas que contiene el acuerdo est谩 la formalizaci贸n de tierras para los campesinos, y eso no se ha visto”.

En este tema agrario est谩 pendiente todo lo sustancial que plantea el acuerdo, argumenta el senador Iv谩n Cepeda: “Por supuesto, los grandes vac铆os est谩n en el punto agrario, que es una columna vertebral del acuerdo. All铆 realmente los avances son, por decirlo menos, absolutamente magros, cuando no inexistentes: el problema de la restituci贸n de las tierras, los tres millones de hect谩reas; la formalizaci贸n de las otras siete millones; la implementaci贸n correcta de los planes de desarrollo territorial y la emergencia y conformaci贸n de una justicia agraria, que es uno de los planteamientos a mi modo de ver m谩s novedosos que tiene el acuerdo”.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Duque afirm贸 al respecto que su Gobierno iba hacia “la mayor titulaci贸n de tierras de nuestra historia, avanzando en la implementaci贸n del Catastro Multiprop贸sito, con una agenda de equidad en la compra de productos rurales sin intermediaci贸n, que nos llev贸 a tener las mayores exportaciones agropecuarias de nuestra historia”.

Sin embargo, la senadora Sandra Ram铆rez -del partido Comunes, que surgi贸 tras la firma del Acuerdo Final de Paz- se帽ala que el acceso a la tierra es una de las mayores dificultades que enfrentan los firmantes, sobre todo para dar marcha a los proyectos productivos: “Casi la mitad de nuestros territorios est谩 sin formalizar. El Gobierno exige unos requerimientos que los campesinos no tienen, y es una dificultad sobre todo en los proyectos productivos individuales que son muy vulnerables, porque como no tiene forma de un cr茅dito ni donde m谩s apoyarse para adelantar un proyecto productivo, pues la persona termina comi茅ndose el capital que se le da y adi贸s el proyecto productivo”.

Garant铆as de seguridad, uno de los puntos cr铆ticos

El asesinato de excombatientes es uno de los asuntos que infunde mayor preocupaci贸n entre la poblaci贸n en proceso de reincorporaci贸n y por la cual no se sienten tan optimistas. En 2019 se registr贸 el n煤mero m谩s alto de exguerrilleros asesinados (81), marcando el n煤mero m谩s alto en julio de ese a帽o (con trece homicidios), de acuerdo con el informe L铆deres y Defensores de Derechos Humanos de Indepaz, de diciembre de 2020. En 2021, ya se registran 37 excombatientes asesinados. Cauca, Nari帽o, Antioquia, Putumayo y Caquet谩 son los departamentos m谩s afectados por estos delitos.

Solo en Cauca se han asesinado a 50 reinsertados a la vida civil y muchos cientos m谩s han sido desplazados, se帽ala Amanda R铆os: “Lamentablemente tambi茅n tenemos que decir que muchos hemos sufrido desplazamiento forzoso. Nos sacaron de los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitaci贸n y Reincorporaci贸n), estamos amenazados, no podemos ir ya all铆, al menos para decir la realidad desde aqu铆 del Cauca. Es m铆nima la poblaci贸n firmante de la paz que permanece all铆”.

Esta situaci贸n de desplazamiento de los ETCR la confirma tambi茅n la senadora Sandra Ram铆rez: “Hubo dos ETCR que les toc贸 desplazarse por problemas de seguridad en los territorios, porque no hab铆a seguridad para los excombatientes. Y tenemos una nueva 谩rea de reagrupamiento que tambi茅n por problemas de seguridad le toc贸 moverse a otro punto, a otro lugar”.

Sobre la persecuci贸n que sufren las comunidades, Camilo Londo帽o apunta a uno de los puntos pendientes del acuerdo, el desmonte del paramilitarismo: “En este momento, no solo los grupos paramilitares no se desmontaron, sino que se han venido fortaleciendo con la complicidad del Estado y de las instituciones. Y han surgido nuevos grupos paramilitares que se enmascaran bajo el nombre de la antigua guerrilla, pero su accionar est谩 dedicado al asesinato, a la persecuci贸n, al desplazamiento de la poblaci贸n en proceso de reincorporaci贸n”, afirma Juan Camilo Londo帽o.

Seg煤n el senador Iv谩n Cepeda, “aqu铆 hay efectivamente una pol铆tica de exterminio que tiene, a mi modo de ver, distintas fuentes, pero tambi茅n una amplia complicidad del sector que ha atacado el Acuerdo de Paz, una responsabilidad de los enemigos del proceso que han generado un discurso permanente que intenta mezclarlos o aliarlos o ponerlos en un plano de connivencia con las disidencias y pr谩cticamente volver a repetir la tesis de lo que se llam贸 la combinaci贸n de las formas de lucha, justificatoria de los cr铆menes en el pasado”.

Este nuevo fen贸meno de violencia es motivo de preocupaci贸n para Piedad C贸rdoba: “驴C贸mo es posible que, desde 2016, 904 l铆deres sociales y 276 excombatientes de las FARC hayan sido asesinados, sin que el Estado colombiano se inmute? Estas son ciudadanas y ciudadanos colombianos que apostaron por el camino del dialogo, del trabajo, de la legalidad y son recompensados con violencia”.

Los reincorporados mantienen, no obstante, su voluntad de paz para los pr贸ximos a帽os: “De todas formas, ah铆 vamos, contin煤a nuestra voluntad, tenemos unos ejercicios muy importantes en cuanto a proyectos productivos, especialmente el tema del caf茅, es muy conocido el Caf茅 La Esperanza, que ha tenido varios premios de car谩cter nacional e internacional, pero tambi茅n ha tenido un impacto importante en las comunidades del norte del Cauca”, dice Amanda R铆os.

Por su parte, Juan Camilo Londo帽o destaca el avance que han tenido proyectos econ贸micos importantes como la piscicultura, la ganader铆a, la confecci贸n y producci贸n textil y los servicios de turismo comunitario y ecoturismo.

“Sin embargo, todas las actividades a煤n est谩n en un grado preocupante de falta de financiaci贸n. Nosotros hemos invertido en todas estas actividades econ贸micas colectivas los recursos contemplados en el proceso de reincorporaci贸n, que son ocho millones de pesos por cada exguerrillera o exguerrillero. Sin embargo, a eso le falta financiaci贸n y garant铆as para la comercializaci贸n”, se帽ala.


P煤blico




Fuente: Grupotortuga.com