February 24, 2021
De parte de ANRed
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Desde esta madrugada comenzó el operativo de desalojo del conventillo de Vespucio 65 en el barrio porteño de La Boca. Mas de 150 efectivos policiales arribaron al lugar donde habitan 22 familias, entre las cuales 40 son niños. A pesar de que se encuentra vigente el Decreto presidencial que suspende los desalojos (decreto 320/2020 prorrogado por decretos 766/20 y 66/21), el Juzgado Civil 97 que interviene en el caso ha dispuesto llevarlo adelante. «Hasta ahora hay 150 policías y ni un solo trabajador por ejemplo, del Ministerio de desarrrollo y hábitat. Hasta ahora no les han ofertado a las familias ir a un parador, el Gobierno de la Ciudad prefiere que estas 79 personas duerman en la calle». Por ANRed


Desde esta madrugada comenzó el operativo de desalojo del conventillo de Vespucio 65 en el barrio porteño de La Boca.

«Desde anoche a la 1 de la madrugada comenzó el operativo y colocaron las vallas. Para eso hubo un enorme despliegue con grúas. Como yo siempre digo: cosas imprevistas traen reacciones imprevistas. A la noche estaban los jóvenes y en un ratito se generó un revuelo que podría haber terminado mal. A las 5 am comenzó el operativo policial, absolutamente desproporcionado. Había como mínimo 150 efectivos. Ni el último desalojo violento que hubo, que fue Rocha hace un par de años, hubo la cantidad de efectivos policiales que tuvo este. A las 5 am pusieron en altavoz los modulares de ellos, amedrentando despertando a los niños. Ellos estarán acostumbranos, pero una no esta acostumbrada a ver 150 personas armadas, sobre todo por que hay tres desalojos por semana y no se realizan de esta manera. En mi opinión tiene que ver con la parte actora, que es Comahue SA, una empresa que no dimensionamos y esta radicada en el barrio, que tiene vínculos estrechos con el PRO que ha sido aportante en su campaña, pero no esperamos que tuviera este poder de lobby» explicó Natalia Quintos integrante de La Boca Resiste y propone.

Agregó «son 22 familias, 40 menores, 79 personas. Hasta ahora hay 150 policías y ni un solo trabajador por ejemplo, del Ministerio de desarrrollo y hábitat. Hasta ahora no les han ofertado a las familias ir a un parador, el Gobierno de la Ciudad prefiere que estas 79 personas duerman en la calle».

A pesar de que se encuentra vigente el Decreto presidencial que suspende los desalojos (decreto 320/2020 prorrogado por decretos 766/20 y 66/21), el Juzgado Civil 97 que interviene en el caso ha dispuesto llevar adelante el desalojo.

«Es absolutamente inexplicable que se insista con llevar adelante un desalojo, que tendría graves consecuencias sociales, ya que ni el Juzgado ni el GCBA han previsto ninguna solución habitacional alternativa para ninguna de las familias. Tampoco tiene explicación la urgencia en realizar el desalojo, cuando todavía todos estamos padeciendo las consecuencias de la pandemia, lo que dificulta enormemente la capacidad de las familias de obtener ingresos para poder subsistir y encontrar un lugar digno en el que vivir. Pese a todo esto, el Juzgado privilegia intereses meramente económicos de la empresa que pretende realizar el desalojo (Alarmas Comahue S.A., una empresa de seguridad privada que compró el inmueble en estado de ocupación por un precio muy bajo, conociendo la situación de las familias, y esperando realizar un negocio con el desalojo)», concluyeron desde la Comisión de vivienda y hábitat y La Boca Resiste y Propone.





Fuente: Anred.org