October 7, 2021
De parte de Grup Antimilitarista Tortuga
387 puntos de vista


Joaqu铆n Urias

Profesor de Derecho Constitucional, exletrado del Tribunal Constitucional

Un activista social acaba de ser condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad por darle una patada a un polic铆a antidisturbios. La 煤nica prueba para esa condena es la declaraci贸n del polic铆a afectado que se limit贸 a decir que la patada fue voluntaria y que se la propin贸 el acusado, sin dar m谩s detalles.

Se tratar铆a, desgraciadamente, de algo demasiado frecuente en nuestro pa铆s de no ser por dos circunstancias: quien dicta la condena es el Tribunal Supremo; el acusado es actualmente un conocido pol铆tico y diputado. No son detalles intrascendentes. Que la sentencia sea del Supremo supone que todos los jueces de Espa帽a se vean desde hoy legitimados para condenar a otros activistas en circunstancias similares. Que el condenado sea diputado va a suscitar p煤blicamente dudas sobre posibles motivaciones pol铆ticas de la decisi贸n.

Desde el punto de vista estrictamente jur铆dico la Sentencia da帽a de manera grave el derecho fundamental a la presunci贸n de inocencia. No se trata de que una persona no pueda ser condenada s贸lo con el testimonio de la v铆ctima del delito. Si as铆 fuera muchos delitos especialmente graves como son, sobre todo, los que van contra la libertad sexual y se producen en la intimidad, quedar铆an impunes. La Constituci贸n permite condenadas basadas s贸lo en la declaraci贸n de quien sufre un delito, pero esa declaraci贸n debe tener una calidad que no tiene en esta ocasi贸n.

El polic铆a, que declara seis a帽os despu茅s del incidente, solo dice que Alberto Rodr铆guez -que es el pol铆tico condenado- le propin贸 una patada. Ning煤n detalle da acerca de c贸mo fue la agresi贸n, ni en que posici贸n estaban ni de qu茅 manera lo atac贸. Ni siquiera explica porqu茅 sabe que fue voluntaria. Por no demostrar, ni siquiera es capaz de demostrar que efectivamente recibiera una patada. Los m茅dicos que lo atendieron no apreciaron ninguna lesi贸n y se limitaron a indicar lo que el agente le cont贸. Otro polic铆a que compareci贸 en el juicio, jefe del anterior, dice que no s贸lo no vio la patada sino que ni siquiera vio al acusado en los incidentes que presenci贸.

Con estos datos resulta absolutamente evidente que si la v铆ctima no hubiera sido un polic铆a, el activista nunca habr铆a sido condenado. Jam谩s, en ninguna circunstancia, el Tribunal Supremo habr铆a condenado a nadie con esta evidente falta de pruebas si quien acusa es un ciudadano cualquiera. M谩s a煤n, no cabe ni la m谩s m铆nima duda de que si el acusado de agresi贸n hubiera sido un polic铆a y el denunciante un activista, o veinte activistas, ni siquiera habr铆a habido juicio. Este mismo Tribunal Supremo no ve necesario investigar las torturas en los casos en que una persona bajo custodia policial sufre graves maltratos certificados m茅dicamente. Ello ha llevado ya a una decena de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, cuando es al contrario a estos jueces no les vacila la mano condenando a un activista con la sola y vaga afirmaci贸n de un polic铆a sobre unos hechos muy poco relevantes en su carrera ocurridos hace seis a帽os.

T茅cnicamente no existe nada parecido a la presunci贸n de veracidad de la polic铆a. Ser铆a una forma de dar carta blanca a quienes como titulares del monopolio de la fuerza leg铆tima m谩s riesgo tienen de cometer excesos. Sin embargo, en esta sentencia el Tribunal Supremo espa帽ol aplica algo muy parecido a esta presunci贸n. Despreciando lo gen茅rico de la acusaci贸n policial, el Tribunal se permite reprochar al acusado que se limite a negar los hechos dando a entender que le corresponde a 茅l demostrar que lo que dice el agente es falso. El mensaje que traslada a toda la judicatura espa帽ola es que cuando acuse un agente de la autoridad se invierte la carga de la prueba y los acusados deben demostrar su inocencia. Viene as铆 a colocar a la Polic铆a por encima de la Constituci贸n, nada menos.

Se hace evidente que tenemos una justicia complaciente con la Polic铆a, que ha olvidado su papel de garante de la ley. Los magistrados del Tribunal Supremo, los mismos que se envuelven en la bandera del espa帽olismo y la Constituci贸n cuando se trata de perseguir a pol铆ticos independentistas, act煤an ahora como aut茅nticos mamporreros de las fuerzas de seguridad. Transmiten sin pudor un mensaje claro e inquietante: los excesos de la Polic铆a no se van a juzgar y las acusaciones de la Polic铆a van a ser siempre verdad.

No conozco la ideolog铆a de estos jueces del Supremo, aunque en su mayor铆a hayan sido nombrados a dedo por el Partido Popular a trav茅s de sus representantes en el CGPJ. Sea la que sea parece que pasa por la idea tan poco democr谩tica de que la Polic铆a debe gozar de plenos poderes y siempre tendr谩 raz贸n. Si alg煤n responsable hay de que no tengamos una Polic铆a democr谩tica sin duda es el Tribunal Supremo que al ampararla en sus excesos la empuja hacia el abismo de la impunidad.

Es dif铆cil demostrar que, m谩s all谩 de la confianza ciega en todo lo que haga la Polic铆a, en la sentencia ha influido que el acusado sea un alto cargo de Podemos, la bestia negra de la mayor铆a de jueces espa帽oles, tal y como ellos mismos se encargan de hacer p煤blico en sus redes sociales. Sin embargo, lo cierto es que una sentencia t茅cnicamente tan endeble y claramente contraria al principio de presunci贸n de inocencia -como reconocen incluso dos magistrados de la Sala en su voto particular- tiene un efecto directo irreparable: el acusado pierde su esca帽o en el Congreso de los Diputados.

Es imposible resistirse a pensar que tanto como el af谩n de dar siempre la raz贸n a la Polic铆a en la decisi贸n pueda haber influido la voluntad de da帽ar al partido pol铆tico m谩s opuesto a la ideolog铆a mayoritaria en esa Sala del Tribunal Supremo. Si los magistrados de nuestro m谩s alto tribunal de justicia no fueran elegidos discrecionalmente por un 贸rgano controlado por un partido pol铆tico -el Partido Popular- se disipar铆an las sospechas de que es una sentencia pol铆tica. Si adem谩s el Tribunal hubiera respetado la presunci贸n de inocencia no afirmar铆amos que es una sentencia claramente inconstitucional.


P煤blico




Fuente: Grupotortuga.com