Imagen de la represión policial desatada el 10 de marzo contra la protesta frente al Congreso Nacional contra el acuerdo del FMI, que culminó con detenidos, allanamientos, procesamientos y prisiones preventivas. | Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) realiza hoy a las 11 una conferencia de prensa en la sede del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) – ubicado en Piedras 730, en la Ciudad de Buenos Aires – para denunciar la criminalización de la protesta social y reclamar la libertad de los manifestantes detenidos durante la represión que la Policía Federal y de la Ciudad desataron el jueves 10 sobre la movilización frente al Congreso Nacional contra el acuerdo con el FMI. En este marco, amigos y compañeros de Jaru Carrero Alexander Rodríguez – uno de los manifestantes detenidos durante la represión – denuncian que su prisión preventiva «carece de argumentos legales», dado que «se le imputan todos los hechos que sucedieron en la plaza de los dos congresos (daños, incendios, lesiones y hasta una tentativa de homicidio que luego fue descartada)», y que «de nada hay pruebas que lo vinculen a lo que lo acusan». «Es evidente que las sentencias no son influidas por las pruebas sino por la clara presión política y mediática. Están arruinando la vida de un inocente con el clarísimo fin de criminalizar la protesta y dar un mensaje de escarmiento», remarcan. Por ANRed.

El jueves 10 de marzo, mientras en el Congreso de la Nación la Cámara de Diputados debatía el proyecto de ley de acuerdo con el FMI miles de personas integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales se manifestaron para repudiar la medida. Durante la jornada la policía reprimió a los manifestantes que bajo la consigna «las estafas no se pagan» repudiaban el acuerdo. El operativo represivo ordenado por el gobierno nacional dejó varias personas detenidas, allanamientos y prisiones preventivas a militantes sociales, además del anuncio oficial del Ministerio de Desarrollo de la Nación, por medio del ministro Juan Horacio Zabaleta, del quite de planes sociales a algunos de ellos.

#HaceInstantes a las afueras del congreso de la nación mientras los diputados tratan en proyecto de ley de acuerdo con el fondo monetario internacional en una sesión especial, la infantería reprime luego de una intervención artística que incendiaba las sigla del FMI pic.twitter.com/QgbptTVg7M

— ANRed #25Años (@Red__Accion) March 10, 2022

Ante esta situación, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) anunció que realizará hoy a las 11 una conferencia de prensa en la sede del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), ubicado en Piedras 730, en la Ciudad de Buenos Aires, para denunciar la criminalización de la protesta social y reclamar la libertad de los manifestantes.

«Esta persecución tiene como objetivo desviar el eje del verdadero problema: las consecuencias nefastas para el pueblo trabajador de este nuevo acuerdo con el Fondo, a la par de amedrentar a quienes luchamos contra ellas. La quita de la ayuda social a los detenidos habla de un escarmiento sin precedentes. A su vez, la acusación de asociación ilícita abre una puerta muy peligrosa en términos de persecución política, ya que ataca el derecho a organizarse«, adelantó en la convocatoria el EMVyJ.

En este marco, desde Amigxs y Compañerxs de Jaru Carrero Alexander Rodríguez (un ciudadano venezolano de 29 años que trabaja en diversas apps de reparto de comidas y entrega de paquetes, y que fue uno de los manifestantes detenidos durante la represión) denuncian que su prisión preventiva «carece de argumentos legales», dado que «se le imputan todos los hechos que sucedieron en la plaza de los dos congresos (daños, incendios, lesiones y hasta una tentativa de homicidio que luego fue descartada)«, y que «de nada hay pruebas que lo vinculen a lo que lo acusan, como así tampoco hay pruebas que lo relacionen con los otros detenidos de esta causa».

En la misma línea, agregan: «la defensa va a apelar ya que no hay pruebas suficientes: a Jaru nunca se lo ve realizando ningún acto de violencia, incluso hay un informe de la División Antiterrorista de la Ciudad que lo asegura. No hay ningún elemento legal para dictarle la prisión preventiva. La causa podría seguir sin problemas con nuestro amigo en libertad, no conlleva ningún riesgo de fuga ni está en sus intenciones. También nos informaron que se firmó el pase a una unidad penitenciaria, lo cual nos tiene sumamente preocupados debido a las condiciones de vida dentro de éstas», remarcan.

Por todo lo señalado, destacan: «si todo esto se resolviera en función de argumentos jurídicos, Jaru estaría en libertad y nunca hubiera sido detenido. Es evidente que las sentencias no son influidas por las pruebas sino que por la clara presión política y mediática. Están arruinando la vida de un inocente con el clarísimo fin de criminalizar la protesta y dar un mensaje de escarmiento. Necesitamos ayuda para difundir lo que está sucediendo, la vida y la libertad de nuestro amigo está en juego», finaliza el comunicado de Amigxs y Compañerxs de Jaru.

Martín Alderete, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep) y abogado de Jaru, aseguró en declaraciones a Diario Con Vos que su defendido «no tiró piedras al Congreso» y que «la gente que empezó a tirar piedras no estaba con el joven, él filmó la secuencia con su celular». Además, aclaró, sobre su relación con el MTR Cuba: «colabora en una huerta orgánica de Ciudadela, pero no participa en otros espacios«.

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