July 4, 2022
De parte de SAS Madrid
86 puntos de vista

En el invierno de 2015 la mayor铆a absoluta que ten铆a el Partido Popular se hizo sentir con crudeza. Eran tiempos convulsos, con los movimientos sociales bien articulados, especialmente los relacionados con la crisis de la vivienda, s铆ntoma dram谩tico de la dura crisis econ贸mica y social de la que se ven铆a. El gobierno de Rajoy crey贸 que con la ley de Protecci贸n de Seguridad Ciudadana pod铆a poner un dique a la efervescencia de reivindicaci贸n social de aquel entonces.

Aprobada en marzo y entrada en vigor el 1 de julio de 2015, la llamada desde entonces ley Mordaza ha sido objeto de cr铆ticas no s贸lo por oeneg茅s internacionales como Amnesty y Human Rights Watch y colectivos sociales espa帽oles sino tambi茅n por la Uni贸n Europea, especialmente por los comisionados de Derechos Humanos del Consejo de Europa. De hecho, el jueves pasado, en el s茅ptimo aniversario de su vigencia, la plataforma No Somos Delito (que aglutina a varias entidades que cuestionan este marco legal) realiz贸 una performance frente al Congreso, con la boca amordazada con una cinta azul, los activistas entonaron canciones alusivas y leyeron un manifiesto exigiendo la derogaci贸n.

La ley Mordaza es considerada un oprobio por muchos sectores, especialmente los grupos parlamentarios de izquierda y soberanistas

No es casual que tanto el PSOE como Unidas Podemos, en ambas campa帽as electorales de 2019 mencionaron su derogaci贸n como una promesa, algo que qued贸 plasmado en el acuerdo de investidura firmado en diciembre de ese a帽o. Este compromiso no fue balad铆 a la hora de sumar apoyos en el pleno de investidura que habr铆a en el mes siguiente. La ley Mordaza es considerada un oprobio por muchos sectores, especialmente los grupos parlamentarios de izquierda y soberanistas.

A veces las promesas de campa帽a son dif铆ciles de cumplir porque su concreci贸n depende de factores ex贸genos o de variables econ贸micas que un gobierno no suele dominar en forma absoluta. Llama la atenci贸n, por tanto, que sea resistido el cambio a una ley que tiene costo econ贸mico nulo y que cuenta con el desprestigio internacional, y que adem谩s se quiera cargar con la mochila de la falta de respeto a la palabra empe帽ada durante dos campa帽as y un pacto de investidura.

A poco m谩s de un a帽o para que comience la campa帽a electoral para las generales, las promesas incumplidas comienzan a adquirir relevancia

A poco m谩s de un a帽o para que comience la campa帽a electoral para las generales, las promesas incumplidas comienzan a adquirir relevancia y la pandemia y la invasi贸n rusa a Ucrania no ser谩n excusas eternas. Un trabajo del proyecto Pactocheck de la web Newtral indica, de hecho, que la coalici贸n de Moncloa ha cumplido en forma total solamente con 34 de los 100 principales compromisos ante la ciudadan铆a. Lo de la ley Mordaza entra en el 51% de promesas 鈥渆n progreso鈥, una franja gris demasiado grande en la antesala del a帽o electoral.

Lejos del hemiciclo

Fuentes de varios grupos parlamentarios y de algunos colectivos sociales que son parte de la negociaci贸n respondieron a El Salto lo mismo: la resistencia es del Partido Socialista. Es el presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, quien mantiene los frenos a unos cambios m谩s profundos m谩s all谩 de los cosm茅ticos, por lo que una ley que no requiere de ning煤n tipo de financiaci贸n ni responsabilidad presupuestaria est谩 siendo m谩s dif铆cil de parir que la reforma laboral.

Para hacer memoria a quienes no sigan el asunto: PSOE y UP pactaron en noviembre pasado una modificaci贸n a algunos art铆culos (ya la palabra derogaci贸n ni es considerada), pero tanto ERC, PNV, EH Bildu y otros aliados parlamentarios consideraron insuficientes esa propuesta. Tambi茅n comparte este criterio la formaci贸n morada, pero en esto suele pendular su juego t谩ctico en el Congreso: permite el debate pactando con su socio mayoritario a sabiendas que luego el soberanismo vasco y catal谩n exigir谩n lo que ellos tambi茅n avalan en voz baja.

Actualmente la situaci贸n es de 鈥減reponencias鈥, seg煤n confirman fuentes de las negociaciones, porque las ponencias en la comisi贸n de Interior, en la que se debate la reforma, est谩n paralizadas ante la falta de acuerdo. Las conversaciones informales vienen desarroll谩ndose en paralelo a la espera de acercar posiciones.

El mi茅rcoles pasado los colectivos sociales de No Somos Delito convocaron a todos los grupos que est谩n por la reforma (esto no incluye a PP, Vox y Ciudadanos) y dejaron trascender que a la reuni贸n privada fueron todos menos representantes del PSOE y de PNV. No es casual: son dos de los tres partidos (el otro es ERC) que tienen fuerzas policiales bajo su mando.

Los sindicatos de fuerzas de seguridad han pedido que no haya cambios en la ley, amparados por la derecha espa帽ola y algunos medios

Y los sindicatos de fuerzas de seguridad han pedido que no haya cambios en la ley, amparados por la derecha espa帽ola y algunos medios e ignorando las cr铆ticas de Bruselas y organizaciones internacionales. El sector m谩s conservador de los efectivos, vertebrado alrededor de la asociaci贸n Justicia Salarial Policial (Jusapol) y de sus dos marcas electorales, el sindicato Justicia Policial (Jupol), en la Polic铆a Nacional, y la asociaci贸n Justicia para la Guardia Civil (Jucil), han hecho sentir su disconformidad.

Uno de los diputados soberanistas que participa de las negociaciones dijo en reserva a El Salto que el PSOE 鈥渆st谩 buscando algo cosm茅tico y est谩 recibiendo presiones del ministro Grande-Marlaska para no avanzar m谩s, y Podemos est谩 obrando bien pero est谩 demasiado optimista鈥. Con pocos matices, otros legisladores y los colectivos comentan lo mismo.

Por ahora la reforma est谩 estancada. El PNV, impulsor de los cambios hace a帽os, quiere modificar 40 art铆culos y que sea 鈥渄e calado鈥 aunque quiz谩s no sean del mismo calado que buscan EH Bildu, ERC, JxCat y M谩s Pa铆s, quienes por ahora est谩n m谩s en el 鈥榥o鈥 que en la abstenci贸n o el positivo.

Los art铆culos de la discordia

驴Cu谩les son los puntos en conflicto? La ley tiene 54 art铆culos y una decena de disposiciones adicionales. La clave de las divergencias est谩n encerradas en 铆tems que tiene que ver con las multas por desobediencia y falta de respeto a la autoridad, con la negativa a identificarse, con los l铆mites a la grabaci贸n y difusi贸n de actuaciones policiales en v铆a p煤blica, a la regulaci贸n de manifestaciones y reuniones, y a las disposiciones adicionales sobre los funcionarios de prisiones y sobre las llamadas devoluciones en caliente.

El responsable de Derechos Humanos de Amnist铆a Internacional Espa帽a, Carlos Esca帽o, explica por qu茅 hace falta modificar los art铆culos que en el acuerdo de los partidos de Gobierno no se tocan y siguen siendo 鈥渓esivos鈥: 鈥淟a ley hizo que la polic铆a de turno pueda actuar como juez y parte y te haga una multa por la v铆a administrativa. El polic铆a te pone una multa y te la llevas, en cambio si fuera por la v铆a penal, tiene que haber una denuncia y el polic铆a tiene que demostrar la culpabilidad y un juez deber谩 resolver escuchando ambas partes鈥.

Adem谩s, recuerda que las sanciones por delitos penales tienen que ver con la situaci贸n personal del sancionado y en cambio por v铆a administrativa el par谩metro es el mismo, lo que la hace m谩s gravosa. 鈥淯n ciudadano pierde la presunci贸n de veracidad y debe hacer un gran esfuerzo para demostrar su inocencia ante, por ejemplo, la palabra del efectivo policial que dice haber sido faltado el respeto por un ciudadano. Recurrirlo es un castigo en s铆 mismo鈥, a帽ade.

Con respecto a la grabaci贸n de im谩genes, la ley dice que no se podr谩n difundir si ponen en riesgo la seguridad y la moral de los polic铆as y sus familias, y el Gobierno en su propuesta hace un matiz sem谩ntico que en los hechos 鈥渃ambia algo para no cambiar nada porque dicen lo mismo en el fondo: que se podr谩 grabar pero no difundirlas si se humilla o trae problemas a los polic铆as鈥. Adem谩s, reitera que lo de la filmaci贸n aunque se modifique puede ser reprimida por v铆a del art铆culo 36.6, el de la desobediencia.

Esca帽o lamenta que 鈥渉ayan pasado ya seis a帽os con mayor铆a para impulsar la reforma o derogaci贸n y hasta el momento no se haya hecho鈥 y dice que si el proyecto se aprobase as铆 como est谩 mantendr铆a los 鈥渆lementos m谩s gravosos鈥. Preguntado sobre si la ciudadan铆a est谩 concienciada de la afectaci贸n de la ley Mordaza en sus derechos de expresi贸n y protesta, responde: 鈥淟a labor de los medios en esto es fundamental, cuando estaba Rajoy varios medios grandes daban cabida a esta cuesti贸n pero ahora no tanto. En la sensibilidad de la gente influye la cobertura medi谩tica, y doy un ejemplo: tuvo mucha m谩s cobertura la protesta de Jusapol contra los cambios que la movilizaci贸n que hicimos en febrero en 25 ciudades pidiendo la reforma鈥.

Otro punto clave es el de las devoluciones en caliente. En 2015 el PP incorpor贸 este 铆tem en la ley Mordaza con una vieja treta legislativa

Otro punto clave es el de las devoluciones en caliente. En 2015 el PP incorpor贸 este 铆tem en la ley Mordaza con una vieja treta legislativa, que es incluir el cambio como una suerte de ap茅ndice dentro de la reforma de una norma, buscando esconder la modificaci贸n que se pretende colar, quedando eclipsada por una ley m谩s amplia. La disposici贸n adicional d茅cima da marco legal a las devoluciones en calientes pero Moncloa asegura que modificar谩 este aspecto cuando reforme la ley de Extranjer铆a, algo que los colectivos y la oposici贸n cree que es una mentira piadosa de dif铆cil concreci贸n.

Fuentes de Unidas Podemos que participan de las negociaciones confirmaron a El Salto que las reuniones entre las partes han surtido efecto y que algunos escollos, como los art铆culos 36.6 y 34.7 (desobediencia y falta de respeto) ser谩n modificados y que puede haber alguna otra evoluci贸n. Sin embargo, eso quedar铆a a煤n lejos de lo que pide el soberanismo. 鈥淟o pactado en noviembre quedar谩 superado por lo que se est谩 acordando ahora y cuando haya acuerdo final iremos a la ponencia鈥, se帽alan.

Desde el grupo parlamentario Socialista respondieron a El Salto que habr谩 nuevas modificaciones, entre ellas la del art铆culo de la grabaci贸n de im谩genes, y que se tocar谩n m谩s puntos en los que la propia UE dec铆a que el Gobierno se extralimitaba. Ratificaron, adem谩s, que lo de las devoluciones en caliente ser谩 postergado para cuando se trate la ley de Extranjer铆a. Desisten hablar de tiempos y de si creen que ser谩 aprobada este a帽o la reforma.

鈥淏urorrepresi贸n鈥

En conversaci贸n con El Salto el d铆a de la performance frente al Congreso, Serlinda Vigara (de la organizaci贸n Defender a quien Defiende), ha criticado que 鈥渓a propuesta de reforma que por ahora est谩 encima de la mesa no reforma de manera garantista de derechos, lo que hace es s贸lo maquilar la ley que tenemos desde 2015鈥.

En ese sentido remarca que los art铆culos mencionados previamente 鈥渟e utilizan m谩s para 鈥榖urorreprimir鈥, que es cuando se castiga a trav茅s de multas administrativas鈥. 鈥淓sto es importante porque se produce un efecto en las personas activistas que es que tengan temor鈥, a帽ade, y recuerda que las multas van desde los 600 hasta los 600.000 euros: 鈥渁lgunas entidades, sobre todo las que luchan contra los desahucios, est谩n ahogadas por estas multas鈥. Tambi茅n record贸 que desde la aprobaci贸n de la ley Mordaza hasta 2019 (antes de la pandemia) se impusieron 140.000 sanciones en base 煤nicamente a los 铆tems de desobediencia, resistencia a la autoridad y negativa a identificarse.

El tiempo apremia para subsanar una herida democr谩tica que ya ha cumplido sus primeros siete a帽os

Por su parte, la portavoz del Centre per la Defensa dels Drets Humans Ir铆dia, Siham Korriche, afirm贸 que ellos exigen 鈥渓a derogaci贸n total de la ley mordaza鈥 porque en ella 鈥渆st谩n previstas las redadas por perfil 茅tnico, que son profundamente racistas y lo 煤nico que hacen es violentar de manera sistem谩tica y perpetuar el racismo institucional, porque siempre las v铆ctimas de estas t茅cnicas normalizadas de redadas son principalmente personas no blancas, afrodescendientes y magreb铆es鈥.

Por ahora la renuencia de S谩nchez a desatascar la negociaci贸n y cumplir la promesa electoral no da esperanzas que la reforma sea aprobada en el corto o medio plazo. Con dos citas electorales de mucha importancia el a帽o que viene, tampoco parece ser el 2023 el a帽o de votaciones de calado que puedan crispar m谩s a sectores conservadores, en un momento en que las encuestas empiezan a mostrar una derechizaci贸n de las simpat铆as electorales. El tiempo apremia para subsanar una herida democr谩tica que ya ha cumplido sus primeros siete a帽os.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (03/07/2022).




Fuente: Sasmadrid.org