April 6, 2021
De parte de Nodo50
60 puntos de vista


Resumen:

El fracaso de las Rentas M铆nimas para resolver los problemas de pobreza y desigualdad existentes en Espa帽a, agravados en el contexto econ贸mico social actual, pone de manifiesto la necesidad de pensar en medidas y pol铆ticas sociales innovadoras, que aseguren realmente la cobertura de las necesidades y garanticen la igualdad de oportunidades y el acceso a los derechos de ciudadan铆a.

La propuesta de Renta B谩sica de Ciudadan铆a (universal, suficiente, incondicionada e individual) viene a sumar, pues se integra en el marco de un Estado Social de Derecho y en complementariedad con el resto de pilares y derechos sociales. Teniendo en cuenta los problemas estructurales existentes en Espa帽a, se han de acometer as铆 mismo otras medidas de car谩cter integral (reforma fiscal y laboral, pol铆tica de vivienda鈥), que vayan de la mano de las pol铆ticas de servicios sociales y de garant铆a de ingresos.

Con esta comunicaci贸n, desde el Observatorio de Renta B谩sica de Ciudadan铆a de ATTAC Madrid queremos contribuir a los interrogantes que se plantean en torno a su implementaci贸n y en la Mesa 6.1 de este Congreso (Pol铆tica Social para una nueva sociedad).

Palabras clave: Renta B谩sica Universal, Estado del Bienestar, Derechos, Ciudadan铆a.

La Renta B谩sica. Definici贸n y caracter铆sticas

La Red Renta B谩sica, que es la secci贸n oficial en Espa帽a de la organizaci贸n internacional Basic Income Earth Network (BIEN), y de la que formamos parte el Observatorio RBC de ATTAC Madrid, define la renta b谩sica[1] 鈥渃omo un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadan铆a, a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada. Sin tomar en consideraci贸n si es rico o pobre o, dicho de otro modo, con independencia de cu谩les puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien convive鈥.

La renta b谩sica, por tanto, es una asignaci贸n monetaria de cuant铆a suficiente, es decir, igual o superior al umbral de la pobreza, pagada por los poderes p煤blicos con arreglo a los principios de suficiencia, universalidad, incondicionalidad e individualidad. La recibe cualquier ciudadano de forma individual (personas, no hogares), solo por el hecho de existir, con independencia de su situaci贸n familiar y de convivencia, de cualquier otra posible fuente de ingresos, de si quiere o no trabajar o de otras circunstancias personales (discapacidades, no discapacidades, etc.).

Esta propuesta de renta b谩sica no sustituye al Estado del Bienestar, sino que lo completa y transforma, haci茅ndolo pasar de un Estado del bienestar compensatorio a un Estado del bienestar emancipatorio. Es un instrumento complementario a los dem谩s pilares del Estado de Bienestar, sanidad, educaci贸n, vivienda, servicios sociales.

No s贸lo garantiza el derecho a la existencia y a una vida digna, sino que permite el acceso de una forma efectiva al resto de derechos y bienes sociales. Su car谩cter universal e incondicionado la hace equiparable al derecho de sufragio.

La garant铆a de un ingreso b谩sico suficiente, pagado por el Estado de forma incondicional a todas las personas, es uno de los ejes del nuevo Contrato Social que, m谩s pronto que tarde, habr谩 que establecer para equilibrar la devastaci贸n causada por las pol铆ticas de la globalizaci贸n neoliberal[2].

En Espa帽a existe una gran confusi贸n conceptual sobre la Renta B谩sica, la raz贸n la encontramos en la denominaci贸n de las rentas m铆nimas de varias Comunidades Aut贸nomas con el t茅rmino 鈥渞enta b谩sica鈥. Con el fin de esclarecer este panorama, vamos a desarrollar con mayor detalle los cuatro principios que caracterizan a la renta b谩sica que defendemos, ya que ninguna de las prestaciones existentes actualmente en Espa帽a las cumple, aunque se denominen de forma similar.

Universal: la renta b谩sica universal (en adelante RBU) se paga a todas las personas sin control de sus recursos econ贸micos. No est谩 sujeta a l铆mites de ingresos, ahorros o propiedades. Cualquier persona, con independencia de su edad, ascendencia, nacionalidad, lugar de residencia, profesi贸n, etc., tiene derecho a recibirla.

Individual: todas las personas la percibir铆an como derecho subjetivo individual, lo que  garantiza la privacidad y evita el control de otras personas. No tiene por tanto en cuenta el estado civil, la composici贸n familiar, con quien convives, ni los ingresos o los bienes de otros miembros del hogar o de la familia. Esto proporciona la libertad real a las personas y las permite decidir por s铆 mismas.

Incondicional: No est谩 sujeta a ninguna condici贸n previa, respecto a requisitos de edad, sexo, ingresos, residencia, ni condicionada a determinadas obligaciones y compromisos, a demostrar la disposici贸n a trabajar, participar en un servicio comunitario o escolarizar a los menores, etc.

De cuant铆a suficiente: Esto significa que su importe debe ser al menos superior al umbral de pobreza y debe permitir un nivel de vida digno.

Desde el Observatorio de RB de ATTAC creemos que la implantaci贸n de la RBU permitir铆a a las personas recuperar la esperanza y las libertades perdidas que las actuales pol铆ticas liberales est谩n dejando en la cuneta y liberar铆a de estigmas y caridades y del sufrimiento social que las actuales prestaciones condicionadas est谩n generando.

Contexto econ贸mico, social y pol铆tico en el que se fundamenta la propuesta de la Renta B谩sica de Ciudadan铆a de Attac Madrid

El impacto de la crisis sanitaria y econ贸mica en el aumento de la desigualdad y la pobreza. La respuesta pol铆tica y social

La pandemia de Covid-19, que el 14 de marzo de 2020 provoc贸 en Espa帽a la declaraci贸n de estado de alarma para la gesti贸n de la situaci贸n de crisis sanitaria, tuvo como inmediata consecuencia el aumento de las situaciones de carencia en Madrid y en el conjunto del estado espa帽ol, junto con un incremento en la demanda de atenci贸n social de emergencia dirigida a los centros de Servicios Sociales. Asistimos desde entonces a una crisis social contundente e inesperada, pues nadie antes hab铆a anticipado una situaci贸n similar.

Desde el mismo inicio de la emergencia sanitaria y el confinamiento,  las entidades y redes vecinales de apoyo ofrecieron una primera, r谩pida y 谩gil respuesta, reactivando con ello las iniciativas de solidaridad que emergieron en la anterior crisis financiera (muchas de ellas surgidas al calor del movimiento social del 15M).

Estas mareas de solidaridad han revelado, por un lado, la resiliencia y fortaleza de la organizaci贸n ciudadana y, por otro, la insuficiencia de las estructuras de bienestar y de los recursos p煤blicos de protecci贸n social para dar respuesta a esta crisis social sobrevenida.

La crisis ha tenido su mayor impacto en el mercado laboral: la tasa de paro en nuestro pa铆s se ha incrementado por la imposibilidad de reactivaci贸n de los sectores de actividad relacionados, entre otros, con el turismo, la hosteler铆a, el comercio y las actividades recreativas, los servicios personales y de cuidados.

Tambi茅n ha tenido otros efectos en el incremento del gasto p煤blico, de la brecha digital y la exclusi贸n tecnol贸gica de determinados sectores poblacionales y de los problemas relacionados con la salud mental y emocional, as铆 como los conflictos relacionales en el 谩mbito de la familia durante el periodo de confinamiento y desescalada.

Pero la pandemia de Covid 19 tambi茅n ha evidenciado las consecuencias de m谩s de diez a帽os de pol铆ticas de recorte del gasto social, impuestas por la Troika (Comisi贸n europea + Banco Central europeo + FMI) y el G-20 en pa铆ses de la periferia sur de Europa, como Espa帽a y Portugal.

Las pol铆ticas econ贸micas de reajuste desarrolladas en Espa帽a desde hace una d茅cada  han contribuido a aumentar las desigualdades en nuestro pa铆s y, de nuevo, la situaci贸n de desempleo y empobrecimiento ha afectado en mayor medida a sectores de poblaci贸n ya muy precarizados, por estar ocupados en las actividades m谩s afectadas por la crisis del coronavirus.

En resumen, en el contexto de crisis actual, han emergido nuevos perfiles de personas en situaci贸n de pobreza (empresarios aut贸nomos, asalariados afectados por ERTEs, empleadas de hogar y de los sectores de la hosteler铆a, el turismo y los cuidados personales), que han venido a sumarse a las personas y familias que ya estaban en situaci贸n de vulnerabilidad y riesgo de exclusi贸n y estaban siendo atendidas por unos dispositivos de protecci贸n social muy mermados por las pol铆ticas de corte neoliberal de la 煤ltima d茅cada.

Incidencia en Espa帽a de las pol铆ticas de gesti贸n de crisis. Emergencia de nuevos riesgos sociales y procesos de vulnerabilidad y cronificaci贸n de la precariedad, la desigualdad y la pobreza.

Espa帽a no ha conseguido reducir sus 铆ndices de pobreza y desigualdad, ni siquiera durante anteriores etapas de crecimiento sostenido de la econom铆a y el empleo (periodo de 1995 a 2007), fundamentalmente porque no apost贸 por unas pol铆ticas econ贸micas y sociales distributivas y garantistas. De acuerdo con el Informe FOESSA de 2008, 鈥渘o se aprovech贸 la bonanza coyuntural para fortalecer las d茅biles estructuras de nuestro Estado de Bienestar鈥[3].

En un contexto de desempleo estructural y precarizaci贸n cr贸nica, numerosos autores han venido se帽alando la necesidad de esfuerzos suplementarios y de pol铆ticas a medio y largo plazo para organizar un nuevo modelo social que termine con la exclusi贸n econ贸mica en Espa帽a[4].

En esa l铆nea, el VIII INFORME FOESSA sobre Exclusi贸n y Desarrollo Social en Espa帽a 2019 ya cuestionaba c贸mo se estaba enfocando la salida de la crisis de 2008 y cu谩les eran las consecuencias de la crisis en la poscrisis: alertaba entonces (con datos del 2018) de que en  Espa帽a hab铆a ya m谩s pobres que en 2008[5].

Como consecuencia de esa 鈥渇alsa salida鈥 de la crisis financiera, para el economista Lu铆s Ayala la fractura social se agrand贸 en Espa帽a en los a帽os inmediatamente anteriores a la pandemia de Covid 19, medida en t茅rminos de distancia econ贸mica entre los ganadores y los perdedores de la mal llamada recuperaci贸n econ贸mica y la exclusi贸n afecta desde entonces de manera desigual a hombres y a mujeres, a j贸venes y a mayores, a espa帽oles y a extranjeros y a determinados tipos de hogares (familias numerosas y hogares monomarentales).

As铆, la desigualdad se perpetua y emergen nuevos riesgos sanitarios (Covid-19) y problemas eco-sociales (cambio clim谩tico, migraciones forzosas, precariedad, violencias urbanas鈥). Mientras tanto, los viejos problemas econ贸micos y sociales (desempleo, precariedad pobreza y exclusi贸n) siguen presentes y sin resolver, generando sufrimiento social y malestar en cada vez m谩s grupos y sectores sociales (mujeres, menores, j贸venes, inmigrantes y minor铆as).

En el contexto actual, un a帽o despu茅s de la declaraci贸n del estado de alarma sanitaria, Espa帽a se ha visto afectada por un incremento del desempleo en 2020 de hasta el 19%, frente a un 13% de la etapa pre-covid[6].

Esta p茅rdida del empleo, llevar谩 consigo, seg煤n Jos茅 Mois茅s Mart铆n (RED2RED) e 脥帽igo Mac铆as-Aymar (Oxfam Interm贸n):

  • Un incremento de la pobreza relativa de 1,57 puntos, hasta alcanzar al 23,07% de la poblaci贸n, lo cual supone que el n煤mero de personas por debajo de la l铆nea de pobreza aumentar铆a en m谩s de 700.000 de personas, hasta alcanzar los 10,8 millones de personas.9.
  • Un incremento de la desigualdad de renta neta de 1,72 puntos medidos en t茅rminos del 铆ndice de Gini, hasta alcanzar el 34,24 frente al 32,52 pre-covid.

Teniendo en cuenta el indicador alternativo de la l铆nea de pobreza anclada a un a帽o de referencia (la l铆nea de pobreza de 2019, que se situar铆a por encima de los 8.200 euros),  la simulaci贸n de Oxfam Interm贸n para Espa帽a ofrecer铆a una tasa de pobreza monetaria relativa -anclada a la l铆nea de pobreza pre-covid-, que alcanzar铆a al 25,96% de la poblaci贸n. La pobreza severa alcanzar铆a al 10,51%.

La destrucci贸n de empleo afectar谩 a todos los deciles de renta, pero no de la misma manera. El impacto ser谩 asim茅trico, afectando m谩s a los deciles m谩s pobres, lo que se traducir谩 en una mayor p茅rdida relativa de renta entre aquellas personas con menores niveles de ingresos.

El impacto del desempleo generado por el COVID tambi茅n es desigual por sectores espec铆ficos de actividad econ贸mica. Como resultado de las medidas de confinamiento decretadas por el estado de alarma y atendiendo a datos de afiliaciones a la Seguridad Social, la ca铆da del empleo se ha centrado particularmente en los siguientes sectores: hosteler铆a, construcci贸n y actividades recreativas. El 煤nico sector en el que se experimenta un crecimiento relativo es en el sector de la salud y los servicios sociales.

En la prospectiva de Oxfam Interm贸n tambi茅n se ha estimado la probabilidad de perder el empleo, que para la poblaci贸n inmigrante es de un 145% sobre la poblaci贸n de nacionalidad espa帽ola. De acuerdo con los datos de afiliaci贸n a la Seguridad Social entre febrero y marzo de 2020, el sector m谩s afectado por la destrucci贸n de empleo para personas inmigrantes ha sido la hosteler铆a, seguido de la construcci贸n y el comercio. Pese a que la poblaci贸n inmigrante significaba alrededor del 9% del total de la poblaci贸n afiliada a la seguridad social, el 20% de las p茅rdidas de afiliaci贸n a la seguridad social durante el periodo correspondieron a inmigrantes.

Atendiendo a esta diferencia de acceso al empleo, el porcentaje de desempleo en 2020 para este sector poblacional se situar铆a en el 27,7% de la poblaci贸n activa de nacionalidad extranjera, esto es, nueve puntos m谩s que antes de la crisis del coronavirus y 10 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo prevista para la poblaci贸n de nacionalidad espa帽ola (prevista en torno al 17,7%).

Finalmente, teniendo en cuenta que la tasa de pobreza para la poblaci贸n residente no nacional de la Uni贸n Europea es 2,46 veces la tasa de pobreza del conjunto de la poblaci贸n, se prev茅 as铆 mismo que la tasa de pobreza de la poblaci贸n inmigrante no comunitaria podr铆a pasar del actual 50% al 56,8%, una tasa de crecimiento de m谩s del doble respecto del promedio de la poblaci贸n total. Las cifras se moderan para los residentes extranjeros ciudadanos de la Uni贸n europea.

Las mujeres tambi茅n son uno de los sectores poblacionales que m谩s va a sufrir las consecuencias de la crisis econ贸mica generada por el COVID-19. Atendiendo a la mayor tasa de pobreza monetaria (un 22,2% frente a un 21,5% de la poblaci贸n total), podemos estimar que la tasa de pobreza de las mujeres alcanzar谩 en 2020 a un 22,35% de las mujeres. Esta cifra supone que el 53% de la poblaci贸n por debajo del riesgo de pobreza ser谩n mujeres.

La propuesta de la Renta b谩sica en el marco de las pol铆ticas sociales

T. H. Marshall[7], defin铆a la Pol铆tica Social como 鈥渓a Pol铆tica de los gobiernos encaminada a tener un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos, a base de proporcionarles servicios o ingresos鈥.

M谩s recientemente, desde un enfoque complejo e interdisciplinar, Teresa Montagut[8] apunta que la Pol铆tica Social deber铆a tener objetivos m谩s ambiciosos, tales como:

  • Crear Ciudadan铆a 鈥損ersonas con conciencia de ser sujetos con derechos y libertades, deberes y obligaciones-, m谩s que ayudar a la cobertura de necesidades.
  • Transformar y modificar las estructuras sociales, econ贸micas o pol铆ticas que generan desigualdad.
  • Crear redes sociales y v铆nculos de solidaridad y apoyo mutuo generadores de cohesi贸n social.
  • Consolidar una verdadera democracia, activando la participaci贸n de la ciudadan铆a en cuanto personas y como comunidad.

En esta l铆nea m谩s proactiva, y de acuerdo con Lu铆s Moreno[9], las pol铆ticas sociales protegen y promueven bienes (los seis bienes de las pol铆ticas sectoriales que tienen como resultante el bienestar) en clave redistributiva, asistencial, promocional y transformadora.

Por otro lado, a trav茅s de las pol铆ticas transversales, esta acci贸n de gobierno contribuye al fortalecimiento de diversos agentes (el individuo, la familia, la comunidad, la iniciativa social).

As铆 pues, la protecci贸n social, desde su puesta en marcha y desarrollo en la segunda mitad del siglo XX, se ha venido articulando a trav茅s de un conjunto de leyes, medidas e instituciones con las que el Estado de un pa铆s asegura-ba la existencia de sus miembros en todos aquellos casos en que no pueden valerse por s铆 mismos. Garantiza-ba as铆 mismo la igualdad de acceso a los derechos, a trav茅s de recursos y Servicios P煤blicos destinados a cubrir estos aspectos b谩sicos de bienestar.

Sin embargo, a lo largo del primer tercio del siglo XXI hemos sido testigos de la transformaci贸n de las bases que hab铆an sustentado el consenso en torno a las estructuras de los Estados de Bienestar tras la II Guerra Mundial, subordinando cada vez m谩s las pol铆ticas sociales a la competitividad y sostenibilidad econ贸mica, que pesan adem谩s sobre la planificaci贸n del gasto social, donde tambi茅n ha primado la l贸gica econ贸mica (crecimiento, rentabilidad), por encima de los criterios de redistribuci贸n y de equidad (justicia social e igualdad de oportunidades). Este proceso, seg煤n Joaqu铆n Estefan铆a, 鈥渉a devenido en una inseguridad global y en la multiplicaci贸n de la vulnerabilidad individual鈥[10].

Tras la recesi贸n de 2008, y como analiza Ana Arribas en el Informe Foessa 2019[11], en Espa帽a el periodo 2011-2015 se ha caracterizado por el desmantelamiento generalizado del Estado de Bienestar, v铆a recorte de gasto p煤blico, y un desequilibrio en la inversi贸n social. Los recortes que han sufrido los servicios p煤blicos fundamentales en los 煤ltimos a帽os (educaci贸n, sanidad, dependencia, servicios sociales) han afectado a la disponibilidad, asequibilidad y adaptabilidad de los mismos a las situaciones de mayor precariedad.

El freno a la inversi贸n social tambi茅n ha tenido como efectos la quiebra del di谩logo social, la ruptura del pacto social Estado-Ciudadan铆a y una recuperaci贸n econ贸mica y salida de la crisis muy lenta y desigual (por la calidad del empleo, fundamentalmente).

La recuperaci贸n del gasto social en los 煤ltimos a帽os (2015-19) ha sido moderada y deja en Espa帽a, seg煤n Arriba, 鈥渦n Estado de Bienestar de tama帽o medio, variable, con lagunas (por ejemplo, la protecci贸n a los parados de larga y muy larga duraci贸n) y muy poco sostenible (por el trabajo precario y los bajos salarios)鈥. Y este Estado de Bienestar, d茅bil y muy desigual (por sectores o pilares de las pol铆ticas sociales y por territorios), no puede hacer frente, a las consecuencias econ贸micas y sociales de la actual crisis sanitaria.

El Informe FOESSA tambi茅n advierte de que la soluci贸n al problema del mantenimiento del sistema de bienestar no puede ser la disminuci贸n de impuestos, sino la mejora de la redistribuci贸n del coste y del gasto de su mantenimiento: aumentar la progresividad en la recaudaci贸n v铆a IRPF y la presi贸n fiscal a las empresas y a la poblaci贸n con mayores ingresos y patrimonio. Es necesaria la acci贸n reguladora, proveedora y protectora del Estado para asegurar la existencia de sus miembros en todos aquellos casos en que no pueden valerse por s铆 mismos.

Es en esta l贸gica del Estado del bienestar 鈥搑egulado, preventivo y proactivo- y en el reconocimiento del Derecho a la Existencia donde queremos enmarcar nuestra propuesta de  Renta B谩sica de Ciudadan铆a, como un nuevo instrumento vertebrador y articulador de la sociedad, dentro de un proyecto amplio de impulso de cambio hacia un modelo de desarrollo social m谩s justo, inclusivo y sostenible.

S贸lo en este entramado pol铆tico e institucional, de fortalecimiento y blindaje del Estado de Bienestar -alineado con una pol铆tica econ贸mica y fiscal redistributivas-, y s贸lo desde un enfoque garantista y de universalidad e indivisibilidad de los derechos sociales tiene sentido la propuesta de una renta b谩sica que aspira a consolidarse como una nueva medida-pol铆tica de integraci贸n social y de refuerzo de la cohesi贸n y la participaci贸n social.

La renta b谩sica de ciudadan铆a se presenta como una oportunidad para repensar nuestro modelo social, econ贸mico y pol铆tico, en el sentido de recuperar -frente a la p茅rdida de los v铆nculos comunitarios y valores societales- el compromiso, la solidaridad y los deberes 鈥揹e todos y todas- hacia la comunidad y dotar a las pol铆ticas sociales de nuevas herramientas de inclusi贸n frente a la fragilidad y la fragmentaci贸n social en la que estamos instalados.

La pol铆tica de Garant铆a de Ingresos: Las rentas m铆nimas auton贸micas y el ingreso m铆nimo vital

Nos encontramos con una pol铆tica de protecci贸n social de garant铆a de ingresos muy fragmentada y precaria y que no est谩 dando la respuesta necesaria y anunciada 鈥渄e no dejar a nadie atr谩s鈥 sino todo lo contrario, se est谩n quedando fuera muchas personas.

El sistema se caracteriza por su gran complejidad y diversidad y su vinculaci贸n a la inserci贸n laboral 鈥 a excepci贸n de las pensiones de vejez-, y est谩 compuesto por las pensiones y prestaciones o subsidios de competencia estatal de car谩cter contributivo y no contributivo y por las prestaciones de ingresos m铆nimos de las Comunidades Aut贸nomas.

Para acceder tanto a unas como otras hay que acreditar el cumplimiento de los requisitos regulados en la normativa de aplicaci贸n, no existiendo coordinaci贸n ni armonizaci贸n entre unas y otras, ni en los requisitos exigidos, ni en los periodos de aplicaci贸n ni en la duraci贸n de las mismas. Estas diferencias, en la pr谩ctica, tienen consecuencias perversas para las personas en situaci贸n de pobreza y de exclusi贸n.

Las rentas m铆nimas de inserci贸n auton贸micas son una prestaci贸n asistencial de cuant铆a variable que se otorga como ayuda social y constituyen la 煤ltima red de protecci贸n social. Su misi贸n es asegurar un m铆nimo de ingresos econ贸micos para cubrir las necesidades m谩s b谩sicas de una persona, como integrante de una unidad de convivencia, as铆 como proporcionar ayuda para su inserci贸n social y laboral. Consisten en una prestaci贸n econ贸mica, integrada por una prestaci贸n mensual b谩sica y un complemento variable, en funci贸n de los miembros que forman la unidad de convivencia.

Son prestaciones condicionadas al cumplimiento de requisitos (de edad, carencia de ingresos, residencia, empadronamiento, unidad de convivencia, escolarizaci贸n menores) y de obligaciones tanto referidas a la prestaci贸n econ贸mica como a los compromisos acordados para la inserci贸n social y laboral (cumplimiento de programa de inserci贸n -b煤squeda activa empleo- y obligaciones de uso de la prestaci贸n).

Tienen car谩cter subsidiario y complementario, teniendo que acreditar el no acceso a otras prestaciones y todos los ingresos, calculando a partir de estos la cuant铆a a percibir, seg煤n baremo.

En los casi 30 a帽os de existencia, las rentas m铆nimas han demostrado su ineficacia para reducir la pobreza y exclusi贸n -por su cobertura insuficiente- ni en los a帽os de bonanza ni mucho menos a partir de la crisis 2008. Seg煤n EAPN[12] para el conjunto del territorio nacional la suma de titulares de la prestaci贸n m谩s los miembros dependientes de cada uno de ellos, es de 679.180 personas, cifra que, puesta en relaci贸n con el n煤mero de personas en pobreza severa, da como resultado una tasa de cobertura del 15,8 %.

Sus cuant铆as son insuficientes y desiguales, e incumplen lo establecido en el art. 13 de la Carta Social Europea; circunstancia puesta de manifiesto en reiteradas ocasiones por el Comit茅 Europeo de Derechos Sociales en sus informes anuales. Tampoco cumplen con el art. 34.3 de la Carta de Derechos Fundamentales UE y Cap. III art. 14 del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

La falta de una normativa espec铆fica europea o estatal, que establezca una regulaci贸n homog茅nea, se refleja en la gran diversidad y diferencias entre las rentas m铆nimas auton贸micas en cuanto a denominaci贸n, naturaleza, cuant铆a, duraci贸n, requisitos de acceso, procedimientos administrativos, complementos y medidas complementarias. Como consecuencia de ello las rentas m铆nimas actuales existentes en las Comunidades Aut贸nomas aumentan la desigualdad territorial.

El Relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos en relaci贸n con la situaci贸n de la pobreza en Espa帽a, destaca en el informe elaborado tras su visita en enero y febrero de 2020[13], de forma muy clara y contundente, algunos de los problemas del sistema de asistencia social espa帽ol, como la excesiva burocratizaci贸n, las diferencias entre las rentas m铆nimas de inserci贸n de las Comunidades Aut贸nomas y, hasta ese momento, la ausencia de un m铆nimo estatal a nivel nacional. Y que Espa帽a s贸lo logr贸 reducir en un 22,94 % la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusi贸n social en 2018, en comparaci贸n con el 33,2 % en la Uni贸n Europea.

El Gobierno espa帽ol, al aprobar el Real Decreto-ley 20/2020 de 29 de mayo por el que se establece el Ingreso M铆nimo Vital (en adelante IMV)[14], no parece haber tenido muy en cuenta las observaciones se帽aladas por el Relator especial, recogidas en el apartado V. 85: 鈥(鈥) es de particular importancia que el Gobierno: a) adopte un programa nacional de renta m铆nima de inserci贸n que permita a las personas beneficiarias, incluidas las menores de 25 a帽os, vivir con dignidad, circular libremente por Espa帽a, evitar los onerosos requisitos administrativos y no ser castigadas por aceptar trabajos mal remunerados o temporales. Deber铆a introducirse una prestaci贸n nacional por hijas o hijos a cargo para los progenitores con menos recursos, as铆 como un plan de prestaciones no contributivas e universales para las familias y las personas con hijas o hijos a cargo鈥

El Real Decreto-ley 20/2020 define el IMV como 鈥減restaci贸n dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusi贸n social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situaci贸n de vulnerabilidad por carecer de recursos econ贸micos suficientes para la cobertura de sus necesidades b谩sicas鈥. Adem谩s, en el art铆culo 2 lo regula como un derecho subjetivo 鈥渁 una prestaci贸n de naturaleza econ贸mica que garantiza un nivel m铆nimo de renta a quienes se encuentren en situaci贸n de vulnerabilidad econ贸mica鈥.

En los meses previos a su aprobaci贸n, el IMV fue objeto de un intenso debate y de gran expectaci贸n, alimentada con declaraciones del orden de 鈥減ermitir谩 no dejar a nadie atr谩s鈥, 鈥渟acar谩 de la pobreza extrema a m谩s de un mill贸n de personas鈥, etc. Se supon铆a y publicitaba como un gran avance en las pol铆ticas de garant铆a de ingresos, que daba respuesta a exigencias de cumplimiento de normativa europea e internacional. De momento, por su contenido y tramitaci贸n no ha cumplido con las expectativas generadas; todo lo contrario.

Los datos contenidos en la nota de prensa de la  Interpelaci贸n en el Congreso de los Diputados al Ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones[15] corroboran esta situaci贸n: en diciembre de 2020, el n煤mero de solicitudes presentadas era de 1.100.000, de ellas, unas 160.000 (un 15%) han sido resueltas favorablemente: 75.000 de oficio (procedentes de la antigua prestaci贸n por hijo o hija a cargo) y solo 85.000 han sido aprobadas tras el an谩lisis de la documentaci贸n presentada. Si se excluyen las concesiones de oficio, esto supone que se han resuelto favorablemente menos del 12% de las solicitudes, muy lejos de los 850.000 hogares vulnerables que se estimaba cubrir.

Una vez m谩s nos encontramos con una normativa excesivamente compleja, que no se ajusta a lo establecido respecto de este tipo de prestaciones en la Carta Social Europea, con una cobertura insuficiente, por la edad requerida de 23 a 65 a帽os, porque su cuant铆a es insuficiente (469,93 鈧/mes para una persona sola) , est谩 por debajo del umbral de pobreza, no tiene car谩cter individual, sino que se otorga a la unidad de convivencia regulando esta con una gran amplitud y que limita su concesi贸n a dos prestaciones por vivienda, independientemente de las familias que compartan casa.

Existen excesivos filtros de requisitos y condiciones que dejan fuera a una gran mayor铆a de personas (j贸venes, personas sin hogar鈥) y que no est谩n coordinados con los que regulan las rentas m铆nimas auton贸micas. En definitiva, adolece de las mismas limitaciones que estas, sumando otras trabas (tramitaci贸n electr贸nica compleja, falta de personal acreditado para su gesti贸n, cierre de oficinas de la seguridad social para atenci贸n presencial鈥).

A esto se une que la gesti贸n y tramitaci贸n realizada en los ocho meses de funcionamiento es poco transparente, las resoluciones de denegaci贸n, suspensi贸n o de concesi贸n est谩n poco motivadas y fundamentadas y generan indefensi贸n en la persona solicitante. En consecuencia la regulaci贸n del IMV no cumple con las directrices del Parlamento Europeo sobre rentas garantizadas: adecuaci贸n, accesibilidad y capacitadora de una vida digna.

Por 煤ltimo, al haberse regulado el IMV sin un amplio debate previo y consensuado con las Comunidades Aut贸nomas,  su implantaci贸n ha ocasionado que la mayor铆a de las rentas m铆nimas auton贸micas -en aplicaci贸n del criterio de subsidiariedad que todas contemplan en su normativa-, se hayan dejado de tramitar (en el caso de nuevas solicitudes), o se haya exigido a las personas que las est谩n percibiendo que soliciten el IMV (y han suspendido el cobro de la renta hasta que presentan la resoluci贸n del IMV) y, dependiendo de su respuesta positiva o negativa, se ha procedido a su extinci贸n.

Para adecuar la pol铆tica de garant铆a de ingresos a las exigencias de la Carta Social Europea y del Parlamento Europeo hubiera sido necesario que la normativa del IMV regulase la complementariedad de las rentas m铆nimas de las Comunidades Aut贸nomas y entre ambas, garantizar una cuant铆a suficiente y equivalente a la estimada en el umbral de pobreza.

El Relator especial de Naciones Unidas, en el punto  5 de la Introducci贸n del informe hace la siguiente consideraci贸n: 鈥淪i se pudiera solucionar la pobreza con planes estrat茅gicos y voluminosos informes, Espa帽a estar铆a a la cabeza. Pero si no se act煤a a conciencia para hacer realidad los derechos sociales a la vivienda, a la educaci贸n y a un nivel de vida adecuado, esos grandes prop贸sitos seguir谩n siendo tan ineficaces como lo han sido en la 煤ltima d茅cada. Espa帽a necesita innovaci贸n en el Gobierno central, que debe contar con recursos y con el apoyo de las comunidades aut贸nomas para realizar reformas de gran alcance. El anuncio del Gobierno de que dar谩 prioridad a los derechos sociales, la justicia fiscal y la mejora de las condiciones materiales de las personas m谩s vulnerables es digno de elogio, pero sus palabras deben traducirse en hechos. La pobreza existe, en definitiva, a causa de decisiones pol铆ticas, y los gobiernos pueden optar, si lo desean, por eliminarla鈥.

Ventajas de la RBU frente a las prestaciones condicionadas: Rentas M铆nimas e Ingreso M铆nimo Vital

Las principales ventajas de la RBU son:

  • La RBU confiere a la persona dignidad, libertad y mayor poder de negociaci贸n.
  • Nos da libertad para elegir c贸mo y qu茅 queremos hacer en nuestra vida y nos garantiza nuestra autonom铆a personal y la no dependencia de otra persona para cubrir nuestras necesidades materiales.
  • Nos permite elegir un trabajo adecuado sin la presi贸n de la necesidad acuciante de un salario y el desarrollo de nuestras capacidades y lo que es m谩s fundamental, nos evita gastar energ铆a en sobrevivir.
  • Act煤a de forma preventiva (ex-ante) y promocional, frente al car谩cter paliativo de las ayudas condicionadas existentes.
  • Carece del efecto estigmatizador de las prestaciones condicionadas, que responsabilizan y criminalizan a la persona y a la unidad familiar de su situaci贸n, oblig谩ndola a demostrar de forma exhaustiva su condici贸n de 鈥減obre鈥.
  • Supone una reducci贸n de la complejidad administrativa y burocr谩tica en los sistemas condicionados o en otras propuestas como el trabajo garantizado, ahorrando en costes de personal y gesti贸n.
  • Finalmente, es una soluci贸n a la `trampa de la pobreza麓 y del desempleo. Las rentas condicionadas favorecen la cronificaci贸n en la prestaci贸n, al vincular las medidas o apoyos de inserci贸n a la percepci贸n de la prestaci贸n y desincentivan la b煤squeda de empleo, ya que si la persona consigue un empleo, supone la p茅rdida total o parcial de la prestaci贸n sin seguridad en la continuidad del empleo.

Justificaci贸n normativa de la Renta B谩sica

La Renta B谩sica Universal figura definida en el art.1.3 de la Declaraci贸n de los Derechos Humanos Emergentes (Monterrey 2007)[16] como derecho de ciudadan铆a que asegura a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientaci贸n sexual, estado civil o condici贸n laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. Si se reconociera por todos los pa铆ses se cumplir铆a con los principios y valores de dignidad, libertad, igualdad, y participaci贸n que se contemplan en las normas internacionales y europeas que defienden los Derechos Humanos.

En el 谩mbito internacional, la Renta B谩sica Universal como derecho de ciudadan铆a cumplir铆a con lo establecido en el art. 25.1 de la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos[17], con el Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (art铆culos 7 y 11) y con los objetivos 1, 2 y 3 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (Resoluci贸n 70/1, de 25 de septiembre de 2015, de la Asamblea General de Naciones Unidas)[18]: 鈥渞educci贸n de la desigualdad dentro de los pa铆ses, debiendo fomentarse la inclusi贸n social, econ贸mica y pol铆tica de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religi贸n o situaci贸n econ贸mica u otra condici贸n鈥.

En el 谩mbito europeo, el art铆culo 13 de la Carta Social Europea de 1961, ratificada por Espa帽a en 1980, dispone que para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la asistencia social y m茅dica, los Estados se comprometen a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes pueda obtener una asistencia adecuada.

Por otra parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea, de 7 de diciembre de 2000, anuncia el reconocimiento del derecho a 芦una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes禄 (art铆culo 34.3), s贸lo la renta b谩sica universal e incondicional har铆a efectivo este derecho.

Por 煤ltimo es una medida fundamental para alcanzar los objetivos de dignidad humana, libertad e igualdad contemplados en el Tratado de la Uni贸n Europea (TUE). La RBU, definida por sus cuatro criterios, hace realidad todos los valores enumerados, pues garantiza sin condiciones la seguridad material y la plena participaci贸n en la sociedad, combinada con la igualdad entre todas las personas.

En palabras de Luis Arroyo 鈥渆n Espa帽a el principio de Estado social no s贸lo obliga a los poderes p煤blicos a prestar servicios y adoptar medidas para luchar contra la pobreza y la exclusi贸n social, sino, de manera mucho m谩s amplia, a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo [鈥 sean reales y efectivas y remover los obst谩culos que impidan o dificulten su plenitud (art铆culo 9.2 de la Constituci贸n). La implantaci贸n de una renta b谩sica universal es una medida objetivamente id贸nea para garantizar que las condiciones materiales concretas en las que se encuentran los ciudadanos les permiten configurar con autonom铆a sus respectivos planes de vida. Este argumento, que se ha manejado en la discusi贸n acerca de la renta b谩sica desde la teor铆a pol铆tica, tiene en Espa帽a una dimensi贸n constitucional鈥[19].

En el informe del anterior Relator Especial de la ONU, presentado al Consejo Derechos Humanos de la ONU en junio de 2017 se concluye: 鈥淓n m煤ltiples aspectos, la renta  b谩sica universal ofrece una soluci贸n audaz y creativa a muchos problemas acuciantes que est谩n a punto de empeorar a煤n m谩s, como consecuencia del rumbo hacia el que la econom铆a mundial parece orientarse de manera inexorable鈥 y reconoce que 鈥渄if铆cilmente podr铆a concebirse un programa mejor, m谩s desarrollado y con mayor apoyo que ese para el establecimiento de unos niveles m铆nimos de protecci贸n social鈥[20].

En conclusi贸n, la propuesta de Renta B谩sica Universal de ATTAC Madrid que presentamos se fundamenta en el enfoque de Derechos Humanos Emergentes (Declaraci贸n de Monterrey) y tiene cabida tanto en el marco jur铆dico europeo (Carta Social) como en el espa帽ol (Constituci贸n). Su car谩cter universal e incondicionado la hace equiparable al derecho de sufragio y,  no s贸lo garantiza el derecho a la existencia y a una vida digna, sino que permite el acceso al resto de derechos y bienes sociales.

Financiaci贸n de la RBU

Aunque el debate sobre la viabilidad financiera de la RBU ha quedado ya superado, incluso para los detractores de la propuesta (para quienes el principal reparo ha pasado a ser de tipo moral y filos贸fico), no podemos dejar de abordar este factor aun de manera muy superficial dada la necesaria brevedad de esta comunicaci贸n.

De las diferentes propuestas publicadas hemos elegido, por ambiciosa, minuciosa y completa, la de Jordi Arcarons, Daniel Ravent贸s y Llu铆s Torrens (2017), cuyo modelo econom茅trico est谩 basado en una muestra de cerca de dos millones de liquidaciones de IRPF de toda Espa帽a, a excepci贸n de las comunidades aut贸nomas vasca y navarra, cedida por el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Tributaria. Los datos corresponden al a帽o 2010, es decir, inmersos en plena crisis financiera, y partiendo de determinadas condiciones que deb铆an cumplirse:

  1. La renta a recibir es de car谩cter individual e incondicional.
  2. Su importe debe ser igual o superior al considerado umbral de pobreza para las personas mayores de 18 a帽os y un 30% de ese importe para los menores de esa edad.
  3. Dicha cantidad no estar铆a sujeta a imposici贸n del IRPF.
  4. Sustituir铆a toda prestaci贸n p煤blica monetaria de cantidad inferior y deber铆a ser complementada cuando sea inferior a esta.
  5. Su implantaci贸n no supondr铆a detraer fondos de ning煤n otro ingreso p煤blico. El modelo deber谩 financiar lo que ya se financia actualmente (sanidad, educaci贸n y resto de partidas de gasto p煤blico).

Bajo estas premisas se propone una reforma fiscal cuyas caracter铆sticas m谩s relevantes ser铆an la integraci贸n de la base del ahorro en la base general, evitando las ventajas actuales para las rentas del capital; la eliminaci贸n de factores correctores del modelo actual como m铆nimos personales y compensaci贸n entre rendimientos; la eliminaci贸n de reducciones de la base imponible (aportaciones a planes de pensiones y dem谩s) y de todas las deducciones de la cuota (vivienda e incentivos); un tipo 煤nico del 49%.

Estas caracter铆sticas y algunas m谩s vienen explicadas y ampliadas por los autores en el libro 鈥淩enta B谩sica Incondicional. Una propuesta de financiaci贸n racional y justa鈥 (2017)[21] o en art铆culos publicados en la revista digital SinPermiso (2014)[22]

Posteriormente y en base a la obtenci贸n de nuevos datos fiscales que permitieron determinar ingresos totales por hogar, acceder a un conjunto de rentas hasta entonces inaccesibles, cuantificar el ahorro que supondr铆a la RBU en prestaciones monetarias e identificar las caracter铆sticas socio-familiares de los integrantes del hogar por tramo de edad, g茅nero y clasificaci贸n socio-econ贸mica, se public贸 en SinPermiso (2018) un nuevo art铆culo[23] en el que se mejoraba y ampliaba el estudio, pudiendo ofrecer hasta doce variantes diferentes en funci贸n del importe de la RBU (entre 7.800 y 9.800 euros anuales), el tipo 煤nico o progresivo en la reforma del IRPF o la posibilidad o no de financiaci贸n complementaria.

Las consecuencias m谩s relevantes de la aplicaci贸n de este modelo comparado con la situaci贸n actual ser铆an:

  1. Los hogares con ingresos inferiores a 60.000 euros saldr铆an beneficiados, es decir, el 100% de las personas situadas en el 75% m谩s bajo de la renta.
  2. Para el 20%-25% m谩s rico, en algunos hogares y para algunas personas tambi茅n ser铆a beneficioso monetariamente, aunque en porcentajes simb贸licos y decrecientes seg煤n aumentan los ingresos.
  3. En porcentajes totales, saldr铆an beneficiados el 79,69% de las personas y el 77,52% de los hogares.
  4. La transferencia entre personas ricas (20%) al resto, sobre todo a las m谩s pobres, supone una cantidad de 3.200 millones de euros, un 10,40% de la renta bruta total. Referenciada a los hogares es de 2.489 millones de euros (8,10%)
  5. En t茅rminos de desigualdad, el efecto redistributivo de esta reforma supondr铆a una disminuci贸n del 铆ndice de Gini del 14,10%, mientras que el actual modelo reduce la desigualdad en un pobr铆simo 3,70%.
  6. El impacto de g茅nero ser铆a de una transferencia de algo m谩s de 431 millones de euros de hombres a mujeres, que sin ser la soluci贸n es al menos paliativo de las diferencias de ingresos salariales y de otro tipo que se vienen denunciando.

Pero ya que nos adentramos en el proceloso mundo de las finanzas, vayamos solo un poco m谩s lejos y hag谩monos la pregunta inversa: 驴Cu谩nto nos cuesta no tener Renta B谩sica Universal?

Adem谩s del coste econ贸mico de los diferentes tipos de rentas condicionadas, incluido el reciente Ingreso M铆nimo Vital, est谩 el administrativo, pues cada euro empleado en este tipo de ayudas conlleva otro euro en gastos administrativos (tramitaci贸n, seguimiento y control), lo que supone en gasto agregado m谩s de 10.000 millones, a pesar de que su efecto apenas altera los porcentajes de poblaci贸n en situaci贸n de pobreza y riesgo de exclusi贸n social, seg煤n el 煤ltimo informe AROPE[24], alcanza ya a un 25,3% de la poblaci贸n.

En cuanto a los costes sanitarios, se calculan gastos de 25.000 millones por diferentes patolog铆as en salud mental (trastornos por estados de 谩nimo, ansiedad, adicciones) relacionadas directamente con situaciones de pobreza y necesidad, y otro tanto en salud f铆sica, por carencias de todo tipo, desde energ茅ticas a alimenticias y nutricionales.

Finalmente, hemos de tener en cuenta los costes por la ineficiencia de las sociedades con altos 铆ndices de desigualdad, dif铆cilmente cuantificables pero mucho m谩s elevados que los hasta aqu铆 expuestos, y que tienen que ver directamente con la experiencia de la pobreza y con las malas decisiones que se toman bajo situaciones de angustia permanente, por no saber c贸mo hacer frente al pago del alquiler o al cuidado de hijas e hijos.

En 煤ltimo t茅rmino, las personas menores de edad son las principales v铆ctimas de la situaci贸n de pobreza, pues, adem谩s de carencias materiales y situaciones familiares marcadas por el miedo y la desesperaci贸n, se ven afectados en aspectos fundamentales de desarrollo personal e integraci贸n social (herramientas de aprendizaje, habilidades de interacci贸n social y modelos de referencia estables) que, a su vez, inciden en una incalculable p茅rdida de potencialidades individuales y en la retroalimentaci贸n de estos procesos (herencia de la pobreza).

Si luchar por la justicia social y por acabar con la pobreza no fuera un deber deber铆a ser al menos un c谩lculo de sus costes econ贸micos y sociales.

Algunas experiencias de puesta en marcha de la Renta B谩sica y sus resultados

A) DAUPHIN (CANADA)[25]

Periodo 1974-1978
Contexto geogr谩fico y social Localidad de la provincia de Manitoba (Canad谩) de unos 10.000 habitantes
Modalidad Complemento de ingresos
Participaci贸n Todas las familias residentes
Resultados m谩s significativos
Comparadas con la poblaci贸n de control, sin ingresos complementarios, las tasas de hospitalizaci贸n se redujeron en un 8,5% debido a las reducciones de accidentes. Tambi茅n los ingresos por problemas de salud mental.  Se redujo el estr茅s pero no la motivaci贸n para seguir trabajando o buscar un nuevo trabajo, aunque hubo un ligero descenso en la ocupaci贸n de los adolescentes y las madres de ni帽as y ni帽os peque帽os.  Las y los ciudadanos eleg铆an con mayor libertad el trabajo que pod铆an y quer铆an llevar a cabo. Las visitas al m茅dico se redujeron en un 8,5%, mejor贸 la salud mental y un mayor n煤mero de adolescentes termin贸 sus estudios. Descendi贸 la violencia de g茅nero y el n煤mero de accidentes de coche. Los efectos permitieron a sus habitantes vivir m谩s felices, tanto aquellos que recib铆an la paga como el resto porque en un contexto mayoritariamente agr铆cola, el experimento garantizaba estabilidad. Los beneficiarios sent铆an que ese apoyo econ贸mico les liberaba de las consecuencias de una mala cosecha, una repentina enfermedad o un gasto econ贸mico imprevisto.

B) OTJIVERO-OMITARA (NAMIBIA)[26]

Periodo 2007-2009
Contexto geogr谩fico y social Zona rural pobre, de bajos ingresos
Modalidad Pago mensual de 100 d贸lares namibios (12,4 d贸lares estadounidenses)
Participaci贸n Todos los habitantes (930) de la zona menores de 60 a帽os
Resultados m谩s significativos
La tasa de abandono escolar se redujo del 40% al 5%. Tambi茅n la pobreza en todos sus niveles. El 铆ndice de paro baj贸 15 puntos porcentuales. Frente a los temores de aumento del alcoholismo, grave en esa zona, no solo no aument贸 sino que la nueva situaci贸n indujo a la comunidad a crear una comisi贸n con el objetivo de reducir su incidencia. El 40 % de las y los beneficiarios utilizaron el 40% de sus ingresos para cubrir gastos relacionados con la salud, la educaci贸n y la agricultura, produciendo un efecto general de mejora de la alimentaci贸n y su inmediato efecto sobre la salud. Los delitos econ贸micos como la caza ilegal y el robo se redujeron en m谩s de un 50% y la criminalidad baj贸 a la mitad. Pero los resultados m谩s espectaculares se dieron en los avances en la lucha contra el SIDA en un contexto en el que en el 78% de los hogares de la zona hab铆a muerto alguien por esta enfermedad. Parte de los ingresos recibidos complementaron los esfuerzos gubernamentales pues los afectados pudieron pagar el coste de 4 d贸lares namibios que supon铆a el tratamiento.

C) MADHYA PRADESH (INDIA)[27]

Periodo 2010-2011 (18 meses)
Contexto geogr谩fico y social Zona rural. Grupo de 8 aldeas pobres de la zona  
Modalidad Pago mensual de 200 rupias (24 d贸lares) para personas adultas y 100 para menores, pagadas a los padres. Posteriormente se aumentaron a 300 y 150 rupias respectivamente
Participaci贸n Universal. Hombres, mujeres, ni帽as y ni帽os. 6.000 personas
Resultados m谩s significativos
Evaluados por comparaci贸n con otras doce aldeas similares y mediante el estudio y seguimiento de 80 casos concretos, esta asignaci贸n trajo mejoras muy importantes en la salud y nutrici贸n infantil as铆 como en el aumento de los 铆ndices de escolarizaci贸n. Aument贸 el gasto en los hogares con mejoras en el suministro de agua y el aumento en la calidad, cantidad y variedad en la alimentaci贸n. Mejora de la iluminaci贸n de los hogares y en la salud por el aumento de gasto en asistencia, medicamentos y otros tratamientos m茅dicos. Con respecto a la salud mental, se redujeron en un 13,4% los casos de ansiedad. De nuevo fallaron los malos augurios sobre el aumento de gasto en alcohol y tabaco

D) FINLANDIA[28]

Periodo 2017-2018
Contexto geogr谩fico y social Personas desempleadas elegidas al azar de diferentes lugares del pa铆s
Modalidad Pago mensual de 560 euros, cantidad inferior al umbral de pobreza de Finlandia, libres de impuestos, sin la obligaci贸n de b煤squeda de empleo y manteni茅ndola en caso de ser empleados
Participaci贸n 2.000 personas
Resultados m谩s significativos
Seg煤n las encuestas realizadas a 81 receptores de este ingreso, en general experimentaron mejoras en indicadores de bienestar como mayor autonom铆a, seguridad financiera, confianza en el futuro y mayor participaci贸n ciudadana. Mejora en aspectos como estr茅s, depresi贸n, tristeza y soledad comparados con el grupo de control

E) BARCELONA[29]

Periodo 2016-2019
Contexto geogr谩fico y social Contexto geogr谩fico y social: Hogares de 10 barrios del Eje Bes贸s, zona con las mayores tasas de vulnerabilidad del 谩rea metropolitana de Barcelona
Modalidad Pago de ingreso variable en funci贸n de las circunstancias familiares denominado Soporte Municipal de Inclusi贸n en cuatro modalidades diferentes. 1) Condicionada. Obligada participaci贸n en pol铆ticas activas de empleo. 2) No condicionada a esa participaci贸n. 3) Limitada. Los ingresos recibidos por otros conceptos reduc铆an las cantidades percibidas. 4) No limitada. Los ingresos obtenidos por otros conceptos no reduc铆an la cantidad a percibir
Participaci贸n 1.000 hogares
Resultados m谩s significativos
Reducci贸n de la tasa de privaci贸n material severa y la inseguridad alimentaria. Tranquilidad psicol贸gica al reducirse la incertidumbre financiera. Reducci贸n de 9 puntos porcentuales en el riego de contraer enfermedades mentales

En los Pa铆ses Bajos una treintena de municipios llevan a cabo actualmente proyectos de Renta B谩sica. Por su rango cabe destacar a Utrech, en el que se lleva a cabo una experiencia con 300 personas, beneficiarias todas de prestaciones diversas y divididas en seis grupos con deferentes tipos de ayudas cuyos resultados se encuentran pendientes de an谩lisis.

Otras experiencias que deben ser consideradas para este prop贸sito y que se encuentran actualmente en funcionamiento son las de Alaska y Carolina del Norte. En Alaska se reparte anualmente entre toda su poblaci贸n el 25% de los beneficios obtenidos por el fondo de inversi贸n creado con los beneficios de sus explotaciones petrol铆feras. Las cantidades anuales oscilan entre los 2.000 y los 8.000 d贸lares[30]. En Carolina del Norte es la comunidad cherokee la que reparte entre sus miembros la mitad del beneficio obtenido en el casino propiedad de la Eastern Band of the Cherokee Nation, que oscila entre los 500 y los 10.000 d贸lares anuales para cada uno de sus 8.000 habitantes[31]. Los estudios realizados sobre los efectos de esta renta en sus perceptores no difieren de los realizados en los experimentos anteriormente citados.

Estas son solo algunas, las m谩s significativas, de las muchas experiencias que se han realizado y siguen poni茅ndose en pr谩ctica[32]. Se podr铆an citar m谩s, tambi茅n los proyectos temporales  que est谩n en preparaci贸n con la intenci贸n de estudiar y evaluar sus pros y contras, pero como ha dicho Boaventura de Sousa Santos, hay problemas que no se solventan en la teor铆a sino en la pr谩ctica.

Coronavirus y Renta B谩sica. Una nueva pol铆tica social para una nueva sociedad

La coyuntura de emergencia sanitaria nos obliga a pensar en esta pandemia como un 鈥渁nalizador鈥 de los graves problemas sociales y econ贸micos -de car谩cter estructural- de Espa帽a y de los efectos m谩s dram谩ticos que la crisis ha hecho (y har谩) emerger.

Una vez pasado el periodo de confinamiento y cuarentena tocar谩, adem谩s de afrontar la recuperaci贸n de la actividad econ贸mica (turismo, hosteler铆a, comercio, ocio, cultura鈥), el empleo y la vida en la ciudad, restablecer los v铆nculos y la vida social con criterios de equidad. Podemos (y debemos) aprovechar esta nueva oportunidad para afrontar cambios profundos, tanto en nuestra forma de producir, consumir, trabajar y desplazarnos (de una manera m谩s responsable y sostenible), como en nuestras relaciones personales y sociales y en las pol铆ticas p煤blicas, apostando, de verdad, por aquellas medidas progresistas 鈥揹e corte keynesiano- con mayor impacto en la recuperaci贸n y re-construcci贸n de nuestro Estado de bienestar y en la reducci贸n de las desigualdades y la pobreza en todas sus dimensiones.

En palabras del soci贸logo Jorge Galindo[33]: 鈥渄esde hoy, el mundo tiene que estar preparado ante la emergencia inesperada de eventos que afectan desproporcionadamente al bienestar de grandes porciones de la poblaci贸n (鈥)  igual que la II Guerra Mundial nos trajo el Estado de bienestar, quiz谩s esta ser谩 la pandemia que nos deje alg煤n tipo de renta b谩sica鈥

Cientos de economistas est谩n reclamando pol铆ticas de protecci贸n a la ciudadan铆a m谩s vulnerable y tienen claras, como es el caso de Guy Standing, sus v铆as de financiaci贸n. Para Standing[34] 鈥渓os Gobiernos deber铆an proporcionar a la gente corriente los medios para tener m谩s resiliencia. La mejor forma ser铆a garantizar a todos los miembros de nuestras sociedades una seguridad econ贸mica b谩sica (鈥) la renta b谩sica podr铆a financiarse igual que se financi贸 la expansi贸n cuantitativa, que consisti贸 en que los bancos centrales y el Banco Central Europeo inyectaran cientos de miles de millones de d贸lares, euros y libras en los mercados鈥.

Pero la renta b谩sica no puede ir sola, sino acompa帽ada de otras medidas de est铆mulo econ贸mico y de pol铆ticas sociales. Y para Standing 鈥渢ambi茅n deber铆a ir asociada a una nueva serie de impuestos ecol贸gicos, empezando por un impuesto al carbono (鈥) as铆, un sistema de renta b谩sica ayudar铆a a luchar contra la crisis m茅dica y contra la crisis ecol贸gica que define nuestra 茅poca鈥.

Hay que aprovechar pues la coyuntura 鈥揺mergencia de un debate ideol贸gico que se inclina favorablemente hacia las propuesta del 鈥渘ew deal鈥- para restaurar un Estado Social fuerte, garante de -todos- los derechos sociales y de unos servicios p煤blicos de calidad (salud, servicios sociales, garant铆a de ingresos鈥) y sostenible, a trav茅s de una recaudaci贸n de ingresos m谩s justa y progresiva (reforma fiscal) y un incremento de la inversi贸n p煤blica (gasto social).

Referencias Bibliogr谩ficas:

  • Arcarons, J., Ravent贸s, D. y Torrens. Ll. (2017): Renta B谩sica Incondicional. Una Propuesta de financiaci贸n racional y justa. Ediciones del Serbal. 2017.
  • Fantova, F, (2014): Dise帽o de Pol铆ticas Sociales. CCS.Madrid.
  • Marshall, T.H (1965): Social Policy in the XX Century. Londres.
  • Mois茅s, J. y Mac铆as, I. (2020): Estimaci贸n del efecto del covid-19 en la pobreza y la distribuci贸n de la renta en Espa帽a. Oxfam.
  • Montagut, T (2008): Pol铆tica social. Una introducci贸n. Barcelona. Ariel.
  • Ravent贸s, D. (2021): 鈥淟a Renta B谩sica 驴Por qu茅 y para qu茅?鈥. Ed. La Catarata.
  • VVAA: 10潞 Informe 2020. El estado de la pobreza. Seguimiento del Indicador de Pobreza y Exclusi贸n Social en Espa帽a. 2008-2019
  • VVAA: Informes FOESSA 2018, 2019, 2020. Ed. Fundaci贸n FOESSA.
  • VV.AA.: Monogr谩fico Un nuevo modelo productivo. En Temas para el Debate n潞 179. 2009.

[1] http://www.redrentabasica.org/rb/

[2] https://www.revista7im.com/2017/07/entrevistas/cive-perez-la-renta-basica-dignifica/

[3] VVAA: VI Informe sobre exclusi贸n y desarrollo social en Espa帽a 2008. Ed. Fundaci贸n FOESSA y C谩ritas Espa帽ola.

[4] VV.AA.: Monogr谩fico Un nuevo modelo productivo. En Temas para el Debate n潞 179. Octubre de 2009.

[5] Los resultados del Informe confirman, 鈥渦na situaci贸n que aunque mejora respecto al 2013, (鈥), sigue anclado en un modelo de desarrollo econ贸mico y social caracterizado por una debilidad distributiva, por sus dificultades para no dejar a nadie atr谩s y con serias dificultades para afrontar y mejorar la vida de aquellos que viven la precariedad, de las personas excluidas, de los expulsados que no consiguen salir del pozo de la exclusi贸n鈥.

FUENTE: https://www.revistaecclesia.com/el-informe-foessa-caritas-senala-que-hay-mas-pobres-en-espana-que-hace-diez-anos/

[6] Jos茅 Mois茅s Mart铆n e 脥帽igo Mac铆as-Aymar: Estimaci贸n del efecto del covid-19 en la pobreza y la distribuci贸n de la renta en Espa帽a.  Documento explicativo de las estimaciones realizadas para el documento de Oxfam Interm贸n, 鈥淯na reconstrucci贸n justa es posible y necesaria. No es momento para la austeridad, elijamos dignidad鈥.

[7] Marshall, T.H (1965): Social Policy in the XX Century. Londres.

[8] Montagut, T (2008): Pol铆tica social. Una introducci贸n. Barcelona. Ariel

[9] Pr贸logo del libro Dise帽o de Pol铆ticas Sociales de Fernando Fantova (CCS.Madrid, 2014).

[10] Joaqu铆n Estefan铆a: libros para repensar el sistema (Suplemento BABELIA del diario EL PA脥S, 29/2/2020). https://elpais.com/cultura/2020/02/28/babelia/1582891433_869353.html. V茅ase tambi茅n: https://enpositivo.com/2020/02/libros-e-ideas-para-repensar-el-capitalismo-joaquin-estefania/

[11] Jornada de presentaci贸n del VIII Informe FOESSA sobre Exclusi贸n y Desarrollo Social en Espa帽a celebrada en Madrid el  26 de junio de 2019.

[12] https://www.eapn.es/publicaciones/408/el-paisaje-del-abandono-la-pobreza-severa-en-espana

[13] Naciones Unidas, Informe del Relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos acerca de su visita a Espa帽a, A/HRC/44/40/Add.2, 2020  (ver apartado Protecci贸n Social p谩g. 6-8)

[14] Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso M铆nimo Vital鈥, Bolet铆n Oficial del Estado, n煤m. 154, de 1 de junio de 2020 

[15] https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2020/161220-ingreso-vital.aspx#:~:text=Recursos-.

[16] Declaraci贸n de Derechos Humanos Emergentes https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/04_Docentes_UdeO_ubicar_el_de_alumnos/Contenidos/Lecturas%20obligatorias/M.5_cont_3_DUDHE.pdf

[17] https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20los,historia%20de%20los%20derechos%20humanos.&text=La%20Declaraci%C3%B3n%20establece%2C%20por%20primera,a%20m%C3%A1s%20de%20500%20idiomas.

[18] https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

[19] https://agendapublica.es/renta-basica-y-constitucion/

[20] https://undocs.org/A/HRC/35/26

[21] Arcarons, J., Ravent贸s, D. y Torrens. Ll. (2017): Renta B谩sica Incondicional. Una Propuesta de financiaci贸n racional y justa. Ediciones del Serbal. Barcelona 2017

[22] Un modelo de financiaci贸n de la Renta B谩sica para el conjunto del Reino de Espa帽a: s铆, se puede y es racional | Red Renta B谩sica (redrentabasica.org). Publicado en Revista SinPermiso el 7/12/2014

[23] Nuevo modelo de financiaci贸n de la Renta B谩sica | Red Renta B谩sica (redrentabasica.org)

Publicado en Revista SinPermiso el 25/11/2018.

[24] 10潞 Informe 2020. El estado de la pobreza. Seguimiento del Indicador de Pobreza y Exclusi贸n Social en Espa帽a. 2008-2019  https://www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php

[25] https://www.lse.ac.uk/LSEE-Research-on-South-Eastern-Europe/Assets/Documents/Events/Conferences-Symposia-Programmes-and-Agendas/2018/FORGET-MINCOME-and-Ontario-short.pdf

[26] http://www.bignam.org/BIG_pilot.html

[27] https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2016/04/Indias-Basic-Income-Experiment-PP21.pdf

[28]https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161361/Report_The%20Basic%20Income%20Experiment%2020172018%20in%20Finland.pdf

[29] https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/resultados_bmincome_cast.pdf

[30] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1830024X

[31] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/197482

[32] http://www.redrentabasica.org/rb/la-renta-basica-y-su-impacto-en-la-salud-mental-a-partir-de-algunos-experimentos/ ; http://www.redrentabasica.org/rb/experimentos-de-renta-basica-de-la-evidencia-cientifica-al-debate-colectivo/

[33] Jorge Galindo: El bienestar tras la pandemia (EL PA脥S, 26/3/2020) https://elpais.com/elpais/2020/03/25/opinion/1585138638_129545.html

[34] Guy Standing: Coronavirus, crisis econ贸mica y renta b谩sica (EL PA脥S, 13/3/2020). https://elpais.com/elpais/2020/03/11/opinion/1583929510_196303.htm

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Fuente: Attac.es