February 27, 2023
De parte de El Topo
711 puntos de vista

Max Weber defini贸 el Estado moderno como: 芦[鈥 una asociaci贸n de dominaci贸n con car谩cter institucional que ha tratado, con 茅xito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia f铆sica leg铆tima como medio de dominaci贸n禄. Aunque parta de la legitimaci贸n, esta acepci贸n sit煤a con acierto la violencia y el castigo como ejes para la dominaci贸n de las sociedades a trav茅s del Estado, lo que se conoce como gobernar. Por tanto el proyecto pol铆tico de cualquier Estado, incluido el progresista del PSOE-UP, se sustenta siempre en un andamiaje represivo. Las propuestas de revisi贸n del C贸digo Penal, cargadas de pol茅mica en un ambiente de confrontaci贸n preelectoral, junto a la reapertura medi谩tica de las atrocidades en la valla de Melilla, nos llevan a reflexionar sobre c贸mo en la presente legislatura ha tenido lugar un progresivo reforzamiento legal y pr谩ctico del aparato represivo del Estado. Este proceso se puede diseccionar en dos tendencias: la continuista con la era Rajoy, y la del punitivismo de izquierdas. Como hitos significativos de la primera, podr铆amos encuadrar: la no derogaci贸n de la ley mordaza, el uso de balas de goma, la pol铆tica criminal en la frontera sur de la UE y la aludida propuesta de modificaci贸n del delito de sedici贸n acompa帽ada, por la puerta de atr谩s, de un endurecimiento de los delitos de des贸rdenes p煤blicos en torno a la protesta social. Respecto de la segunda, se帽alaremos la aplicaci贸n del delito de discurso de odio y la reciente pol茅mica en torno a la ley del solo s铆 es s铆.

Las principales aportaciones del Gobierno del M. Rajoy a la estructura punitiva del Estado son dos leyes promulgadas al final de su primera legislatura con mayor铆a absoluta. Las leyes 1/2015 de reforma del C贸digo Penal y la 4/2015 conocida como ley mordaza. Mediante esta legislaci贸n de combate se instauraba la prisi贸n permanente revisable (cadena perpetua), se ampliaban los m谩rgenes discrecionales para las autoridades, policiales fundamentalmente, y se criminalizaron ad hoc diversas formas de protesta, por la doble v铆a penal y administrativa, surgidas del 15M. Lo que en tiempos de oposici贸n era inaceptable, una vez en el Gobierno, a PSOE-UP esta legislaci贸n les revel贸 su idoneidad como instrumento de control social. El uso y abuso de la mordaza por parte de las subdelegaciones de Gobierno, responsables pol铆ticos de su ejecuci贸n s铆 o s铆, no auguran nada bueno sobre su posible reforma, ya que ni se habla de su derogaci贸n. En la gesti贸n de la pandemia, como ejercicio de ingenier铆a social del control sin precedentes, abundan textos de an谩lisis al respecto, lo confirma 鈥攕iendo una realidad atronadora hoy d铆a鈥 que no es el sistema de salud sino el aparato represivo el que ha salido fortalecido. Asimismo, tal y como sabemos ahora, resulta inquietante que el 煤nico impulso despenalizador de la legislatura se orientar谩 a un delito como el de sedici贸n que solo puede ser cometido por pol铆ticos. Mientras, por ejemplo, de manera subrepticia, se pretende introducir tambi茅n una modificaci贸n del art铆culo 557, relativa a los des贸rdenes p煤blicos, con condenas de 6 meses a 3 a帽os de c谩rcel, incorporando al de necesario uso de la violencia para su imputaci贸n otros conceptos a煤n m谩s vagos y subjetivos de interpretaci贸n como los de intimidaci贸n, paz p煤blica o idoneidad. Bloqueos en desahucios, ocupaciones de edificios p煤blicos鈥, la lucha social en el punto de mira. Hay que recalcar que cuando se propone esta ley ya hab铆a sido supervisada y negociada por PSOE-UP-ERC, otra cosa ser谩 que la presi贸n de colectivos sociales, m谩s de cuarenta se han posicionado ya en Catalu帽a, les haga recular y est谩 por ver hasta d贸nde.

Tampoco se han tocado las balas de goma responsables desde el a帽o 76 de decenas de heridos graves y 23 muertes. Que la normativa que regula su uso para las FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) no sea p煤blica, sirve para proteger a lxs agentes denunciadxs a la vez que demuestra lo importantes que son para el control de masas y peligrosas para las personas. Mientras que en septiembre 200 asociaciones de todo el Estado presentaban en el Congreso un informe y exig铆an su prohibici贸n, el Ministerio del Interior compr贸 60.000 m谩s de estos proyectiles letales.

Hablar de balas de goma y muertes es hablar del Tarajal, lo que nos lleva a la Frontera Sur, la que separa 芦el jard铆n de la jungla禄 en palabras de ese verbo libre de la diplomacia y legionario frustrado que es el socialista Borrell. Mandando el PP, la denominada, por imperativo legal, 芦tragedia del Tarajal禄 de 2014, ten铆a como antecedente la muerte a tiros de otros cinco migrantes en 2005, tambi茅n en Ceuta, cuando gobernaba Zapatero. Entonces la autor铆a de la Gendarmer铆a marroqu铆 fue la que qued贸 demostrada, lo que no impidi贸 que ese y los dem谩s Gobiernos siguiesen ahondando en la colaboraci贸n del control fronterizo a cambio de prebendas econ贸micas y pol铆ticas. As铆 llegamos a este julio de 2022 en Melilla, con un baile de muertos por determinar de un lado a otro de la valla. Objetivamente, Marlaska dice y hace lo que corresponde al cargo que ocupa como bien sabe alguien con su trayectoria. La UE exige mano dura y cooperaci贸n a ambos lados de la frontera, el apoyo decidido al Gobierno de S谩nchez desde Bruselas y el portazo a los saharauis dejan claro el lugar que Espa帽a juega en Europa en esta cuesti贸n de primer orden.

Por punitivismo de izquierdas definimos el discurso que, partiendo de esa legitimaci贸n del Estado como monopolizador del castigo y la violencia, se erige, v铆a penal, como el verdadero garante de defensa frente a la opresi贸n estructural que sufren colectivos hist贸ricamente oprimidos (racializados, LGTBI鈥) o frente a la violencia machista. Existe un profundo debate sobre esta cuesti贸n dentro de estos grupos, y, especialmente, dentro del feminismo, sobre su eficacia, injerencia, contradicciones o hipocres铆a: el zorro vigilando el gallinero. Como aportaci贸n, se帽alaremos solo algunos aspectos relevantes de esta pol铆tica punitiva de la que hace bandera el actual Gobierno. La legislaci贸n de los delitos de odio, que arranc贸 en el 95, pretende castigar las formas m谩s graves de racismo y xenofobia y es un claro ejemplo de los peligros que implica el recurso penal para abordar estas cuestiones, m谩s a煤n cuando el odio es un concepto subjetivo, vol谩til y dif铆cil de calibrar. El Art. 510 del C贸digo Penal hace referencia directa a los discursos de odio, entre cuyas motivaciones se introduce a la 芦ideolog铆a禄, abriendo la puerta a invertir la motivaci贸n inicial. De esta manera, en la circular 7/2019 de la Fiscal铆a General del Estado, que firma la fiscal progresista Serrano Crespo y promulgada con el PSOE gobernando, se consagra al nazismo como ideolog铆a susceptible de protecci贸n, poca broma. Esto, junto al eficaz trabajo de las brigadas de informaci贸n policial, desemboca en la actual criminalizaci贸n de colectivos que luchan a pie de calle contra el fascismo. El caso del autob煤s de HazteOir en Sevilla es un ejemplo. La ley del solo s铆 es s铆, auspiciada desde el Ministerio de Igualdad, revisa el C贸digo Penal en torno a delitos sexuales. Que interesadas pol茅micas sobre reducciones de condenas en base al in dubio pro reo y el previsible ruido del machismo m谩s soez y recalcitrante no desv铆en nuestra atenci贸n. El elemento central de esta ley pretende ser fiel al esp铆ritu de las movilizaciones contra la sentencia de 芦la manada禄, unificando los delitos de abuso y agresi贸n as铆 como su horquilla de penas correspondientes, borrando del relato de aquellos d铆as a las que se帽alaron a la justicia del Estado como patriarcal por definici贸n. Voces cr铆ticas rechazan que en nombre del feminismo se est茅n legitimando penas m谩s altas y la fe en la c谩rcel como la soluci贸n a la violencia sexual y protecci贸n a las mujeres. Desde el antipunitivismo apelan a la construcci贸n de una justicia feminista restaurativa y transformadora que no refuerce la c谩rcel. El debate es ineludible.




Fuente: Eltopo.org