July 6, 2022
De parte de SAS Madrid
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La falta de médicos penitenciarios ha llevado en el último año y medio a los directores de, al menos, cinco cárceles a licitar concursos para contratar servicios privados para la atención primaria de sus presos. Se trata de las prisiones de Cuenca, Cáceres, A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Mallorca, que acogen en conjunto a algo más de 3.300 reclusos y que desembolsarán por estos contratos un total de 200.000 euros. “Actualmente, los efectivos que se disponen son tres médicos, de los cuales una se encuentra de baja médica por embarazo y los otros dos se jubilan el 15 de septiembre y 4 de octubre del presente, por lo que no se puede cubrir con un mínimo de garantías la atención necesaria en este centro penitenciario”, advertía el pasado octubre, en la documentación de la licitación, el director de la prisión de Cáceres para justificar esta contratación.

Esta cárcel extremeña cuenta en la actualidad con 340 internos y hasta 2019 tenía una plantilla de cinco médicos, que se fueron jubilando sin ser sustituidos. Tras unos meses sin facultativo, el director de la prisión optó por contratar a un profesional externo, al que más tarde sumó otro contrato similar. “Pueden atender las urgencias, las revisiones obligatorias a cada nuevo recluso y poco más. No tiene nada que ver con la medicina que se ha hecho siempre, que tenía una parte importante de medicina preventiva para un colectivo muy vulnerable”, lamenta Carmen Hoyos, portavoz del sindicato profesional de sanidad penitenciaria y médica de la prisión extremeña hasta que se jubiló. En el pliego del concurso, que se adjudicó en diciembre pasado, se fijaba como importe máximo del mismo 58.482 euros por nueve meses de servicio y se estimaba que el adjudicatario debería atender al mes en el centro 604 consultas ordinarias (a siete euros cada una), 32 reconocimientos médicos (10 euros) y 163 urgencias (otros 10 euros).

El problema se repite en los otros cuatro centros, según la documentación de los concursos. En el penal de Mallorca, con algo más de 1.000 internos, solo están cubiertas dos de las ocho plazas. “Debido a esta situación de urgencia y a la imposibilidad por parte de la Administración Penitenciaria de proveer de estos profesionales a los establecimientos periféricos, se objetiva la necesidad de acudir a otro tipo de vías para que la asistencia sanitaria de los internos esté mínimamente cubierta”, señala un documento del pasado 21 de junio para justificar un gasto de 29.900 euros. En parecidos términos se expresaba semanas antes la dirección de la prisión de A Lama, que ha adjudicado a la empresa Acció Salut un contrato por 40.506 euros para cubrir con este sistema 1.080 horas de atención médica para sus 860 internos hasta final de año. La cárcel de Teixeiro, tras reconocer que “la Sanidad Penitenciaria pasa por momentos difíciles”, gastará en el mismo plazo cerca de 29.900 euros para “prestar asistencia sanitaria continuada y permanente” a sus 990 reclusos. Y la de Cuenca, que cuenta con 100 internos, licitó un primer contrato en diciembre de 2020 y un segundo el pasado noviembre, este de 27.000 euros. El primero fue ganado por Quirón Prevención y el segundo, por CMD Salud Integral, conocidas empresas.

Aunque estas licitaciones para cubrir la atención primaria son novedosas, el problema no lo es. El Defensor del Pueblo ha denunciado de manera recurrente la carencia de médicos penitenciarios para la asistencia primaria (la atención especializada se hace en los hospitales más cercanos a las cárceles) y reclamado a las administraciones soluciones, ya que los concursos públicos para ocupar estas plazas quedan año tras año “prácticamente desiertos”. El principal motivo, resalta la institución, es que los sueldos son más bajos que en el conjunto de la sanidad pública. Según las estadísticas de Instituciones Penitenciarias, en 2018 se ofertaron 35 plazas y solo se cubrieron 11. Al año siguiente fueron 40 y solo seis las adjudicadas. Cifras que se repitieron en 2020. Para 2021 y 2022, Interior ha sacado un total de 80 plazas. También ha ofertado 40 plazas de interinos. La previsión es que buena parte de ellas queden de nuevo sin cubrir.

Fuentes de Prisiones insisten en que la asistencia primaria a los reclusos está asegurada, como se demostró durante la pandemia, cuando la incidencia de la covid fue menor que entre el resto de la población. No obstante, admiten la existencia del problema y que están buscando soluciones, a veces con iniciativas que van más allá de las ofertas laborales. Así, Instituciones Penitenciarias puso en marcha en noviembre un sistema de guardias telemáticas en los centros más pequeños para que médicos penitenciarios que han terminado sus turnos en otras prisiones atiendan telefónicamente las consultas que no pueden esperar en aquellas.

Competencias transferidas

El problema no es solo de Prisiones, sino también de las comunidades autónomas. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, ordenó que los servicios de sanidad penitenciaria se integraran en el Sistema Nacional de Salud, lo que implicaba transferir a las comunidades las competencias sobre la atención primaria a los presos. Van camino de cumplirse 20 años y solo Navarra (que lo hizo hace un año) y las dos comunidades que tienen transferidas la gestión de las cárceles, Cataluña (que se hizo cargo de la atención médica en 2010) y País Vasco (en 2011), han asumido estas competencias. Los médicos que trabajan en las cárceles del resto del país siguen integrados en el Ministerio del Interior. En 2019, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, remitió una carta a los consejeros de Sanidad del resto de comunidades para iniciar las negociaciones y cumplir con “el mandato legal”. En la actualidad, solo algunas, que Prisiones declina concretar, han aceptado iniciar los contactos.

Mientras tanto, los sanitarios llevaron en 2020 a los tribunales esta situación después de que el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechazara su petición de equiparar los salarios a los de los facultativos del servicio nacional de salud. La Audiencia Nacional, en una sentencia dictada en mayo, admite el incumplimiento de la ley, “puesto que ha transcurrido el plazo señalado para el legislador sin que se haya procedido a la integración prevista”. Sin embargo, ha rechazado sus pretensiones al entender que la responsabilidad de su situación no es de Interior (contra quien se dirigió la demanda), sino del Consejo de Ministros (la transferencia debe hacerse vía real decreto) y de las comunidades autónomas (a las que la ley le encomiendo fijar los pasos para el traspaso de las competencias).

Los médicos y enfermeros de las cárceles que firmaron la demanda han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo. Según los datos facilitados por la plataforma de sanidad penitenciaria, actualmente trabajan en las cárceles 296 médicos, de los que 97 tienen más de 60 años; 165, entre 50 y 60; 24, entre 40 y 50; y solo 10, menos de 40, lo que supone que en los próximos años se producirán decenas de jubilaciones que dejarán plazas vacantes que se sumarán a las que se ha producido en los últimos años. “El problema de la falta de médicos es gravísimo. Y se sabía desde hace tiempo lo que iba a pasar por las previsiones de jubilaciones”, advierte la portavoz del sindicato de sanidad penitenciaria. A las jubilaciones se suma la marcha voluntaria de médicos que en los últimos años optan por trabajar en el servicio público de salud o en la sanidad privada, aunque con ello pierdan la condición de funcionario de carrera por la negativa de Prisiones a concederles una excedencia, según denuncia el colectivo. Desde el 2008 hasta 2017 dejaron de trabajar en Instituciones Penitenciarias 125 médicos, según este sindicato.

Enlace relacionado ElPais.com (05/07/2022).




Fuente: Sasmadrid.org