January 24, 2023
De parte de Nodo50
160 puntos de vista

Nos encontramos ante una violencia negada, violencia no investigada y, en consecuencia, no sancionada鈥

 (Informe oficial sobre la Tortura y Malos tratos en Navarra 1979-2015)

           

El pasado 9 de enero fue presentado oficialmente en Nafarroa el resultado de la 鈥淚nvestigaci贸n sobre la Tortura y otros Malos Tratos en Navarra desde 1979 a la actualidad鈥 1/, un trabajo que hab铆a sido encomendado por el Gobierno de Navarra al Instituto Vasco de Criminolog铆a (IVAC)2/. En 茅ste se han aplicado los criterios de evaluaci贸n del Protocolo de Estambul, adoptado en 2001 por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para investigar y valorar los casos de tortura. Es evidente pues que la credibilidad de la investigaci贸n realizada queda fuera de toda duda.

LA TORTURA EN NAFARROA Y EL CONJUNTO DE EUSKAL HERRIA.

El Informe presentado guarda a su vez relaci贸n con otro similar realizado por el propio IVAC, en junio de 2019, a solicitud tambi茅n del Gobierno de Navarra, que abarcaba el per铆odo comprendido 1960-1978. Pues bien, sumando los datos de ambos estudios, resulta que entre 1960 y 2015, el n煤mero total de casos de torturas y malos tratos habido en Nafarroa asciende a 1.068, afectando los mismos a 891 personas, pues algunas de ellas los hab铆an sufrido en m谩s de una ocasi贸n.

Esta investigaci贸n guarda tambi茅n relaci贸n con un Informe similar realizado por el IVAC, en diciembre de 2017, pero en este caso para el Gobierno Vasco. En 茅ste se se帽ala que durante los a帽os 1960 a 2014, el n煤mero de casos de tortura y malos tratos habidos en la Comunidad Aut贸noma Vasca (CAV) fueron 4.144. En resumen, en el conjunto de Euskal Herria (Sur) el c贸mputo total de casos, asciende a un total de 5.212. Lo anterior es, en cualquier caso, un n煤mero claramente inferior al realmente habido, ya que, como m铆nimo, habr铆a que sumar a lo anterior las personas torturadas y fallecidas que no han podido denunciarlas, as铆 como las de quienes han renunciado a hacerlo por preferir no remover de nuevo las tr谩gicas experiencias vividas durante su detenci贸n, ni avivar las pesadillas que les han acompa帽ado desde entonces.

Pues bien, si consideramos que las detenciones en las que se practicaron estas torturas y malos tratos pudieron durar un promedio de tres-cuatro d铆as, se puede afirmar que a lo largo del per铆odo-suma transcurrido entre 1960 y 2015, todos los d铆as ha habido en Euskal Herria una persona que, estando detenida en dependencias policiales o benem茅ritas, estaba siendo violentada en su integridad f铆sica y/o psicol贸gica por agentes de estos cuerpos y, todo ello, en la m谩s completa impunidad.

De lo anterior se deduce que la pr谩ctica de la tortura en Nafarroa y el conjunto de Euskal Herria ha sido una constante a lo largo de los 55 a帽os analizados y que, si bien se ha dado con distinta intensidad seg煤n los momentos pol铆ticos vividos, ha afectado a todos los gobiernos habidos en esta 茅poca: franquismo, UCD, PSOE y PP. As铆, tal como se se帽ala en el Informe: 鈥淣os encontramos ante una violencia negada, violencia no investigada y, en consecuencia, no sancionada鈥, que 鈥渉a generado en las v铆ctimas un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones y el sistema de justicia鈥.

Lo primero a destacar del Informe ahora presentado es que los a帽os en los que se dieron m谩s casos se ubican en los 煤ltimos a帽os de la transici贸n y primeros de la actual democracia (gobiernos UCD y PSOE). Esto refleja en buena medida que aquella 茅poca en la que se levant贸 el actual r茅gimen constitucional, presentada como mod茅lica y pac铆fica, fue acompa帽ada, no solo de una fuerte represi贸n en la calle, sino tambi茅n de malos tratos y torturas generalizadas en las comisar铆as y cuartelillos. Algo que, por otro lado, concuerda con los datos recogidos en el Informe realizado por el IVAC para el Gobierno Vasco, que refleja igualmente que los a帽os en los que fue mayor el n煤mero de personas maltratadas y torturadas fueron los de la Transici贸n.

Resulta destacable tambi茅n que las dos terceras partes (66,3%) del total de los casos de malos tratos y torturas habidas en Nafarroa, se dieron en personas que contaban con una edad que oscilaba entre los 18 y los 29 a帽os, lo cual refleja claramente cu谩l ha sido el sector social, la juventud, que m谩s ha sido objeto de persecuci贸n, castigo y tortura por parte de la polic铆a y la guardia civil en el per铆odo de tiempo considerado.

Por 煤ltimo, el Informe destaca tambi茅n las reiteradas veces en las que el Estado espa帽ol ha sido sancionado tanto por el Comit茅 contra la Tortura de Naciones Unidas, como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. M谩s en concreto, cita las diez condenas hechas por este 煤ltimo Tribunal (5 de ellas, se refieren a casos navarros) por no investigar judicialmente las denuncias por torturas presentadas ante distintas instancias judiciales espa帽olas (Audiencia Nacional..), incluidas las referidas a casos en los que ha reconocido en sus propias sentencias la existencia de tratos inhumanos y degradantes.

LA RED DE PERSONAS TORTURADAS DE NAVARRA.

Sin restar m茅rito alguno, sino todo lo contrario, al apoyo dado por el anterior Gobierno de Navarra y el actual[3]/ a las investigaciones realizadas por el IVAC, es evidente que la clave esencial de este logro se encuentra en la existencia y el trabajo realizado por la Red de Personas Torturadas de Navarra.

No podemos olvidar a estos efectos la importante oposici贸n que el PSOE ha mantenido hasta la fecha (驴nos hallamos ahora ante un cambio de postura o ante un mero cortafuegos?) a la hora de posibilitar la investigaci贸n de las torturas en el Estado espa帽ol. La raz贸n ten铆a que ver, no solamente con las servidumbres derivadas de la pol铆tica de reconciliaci贸n y el marco de impunidad sobre el cual se asent贸 la Transici贸n, sino tambi茅n con las responsabilidades propias de este partido, pues fue bajo sus gobiernos que se aprobaron los marcos legales que favorecieron estas pr谩cticas, las pol铆ticas de 鈥渟eguridad ciudadana鈥 y 鈥渁ntiterroristas鈥 que las propiciaron y, finalmente, la creaci贸n de instrumentos (GAL) que practicaron secuestros, torturas y asesinatos.

As铆 pues, el actual Informe no puede entenderse sin el largo y continuado trabajo desarrollado por lo que hoy es la Red de Personas Torturadas de Navarra. Trabajo que durante a帽os ha ido tejiendo hilos por toda la geograf铆a navarra (en distintos lugares como Iru帽ea, Altsasu, Etxarri, Leiza, Bara帽ain鈥, fueron creados durante meses espacios de atenci贸n para quienes acud铆an all铆 a exponer sus casos) y que abarca hoy a m谩s de 80 localidades navarras. Gracias a todo ello se ha podido elaborar una lista cercana a mil personas maltratadas y torturadas que ahora ha sido de extraordinaria utilidad para la elaboraci贸n del Informe realizado por el IVAC.

Este trabajo no se ha limitado, por otro lado, a la b煤squeda de informaci贸n y a la articulaci贸n de esta red, sino que tambi茅n ha impulsado la creaci贸n de un equipo de atenci贸n y apoyo psicol贸gico, pues no podemos olvidar que el exteriorizar las vivencias habidas durante su detenci贸n policial, supon铆a en muchos casos avivar unas heridas marcadas a perpetuidad por aquellas torturas realizadas en un marco de incomunicaci贸n, aislamiento e indefensi贸n total.

Paralelo a lo anterior, se ha realizado tambi茅n un importante trabajo de activaci贸n ciudadana (concentraciones y manifestaciones, reuniones con grupos sociales e institucionales, comunicaci贸n medi谩tica鈥) con el fin de rescatar el tema de la tortura del olvido impuesto y situarlo en la agenda de todo tipo de grupos.

En la rueda de prensa realizada por la Red tras la presentaci贸n del Informe del IVAC sus portavoces concluyeron que

la tortura ha sido una de las expresiones de violencia pol铆tica ejercida por el Estado en nuestra tierra en sus distintos contextos pol铆ticos. Un fen贸meno que solo pudo darse gracias a la ocultaci贸n y negaci贸n, en la que han tomado parte pol铆ticos, jueces y periodistas, adem谩s de la propias Fuerzas de Seguridad que cometieron estos actos.

Por 煤ltimo, dando continuidad al trabajo hecho hasta la fecha, en las pr贸ximas semanas, la Red va a impulsar la presentaci贸n de mociones referidas a este tema en decenas de ayuntamientos navarros, a fin de reclamar el compromiso de los mismos en la v铆a del reconocimiento y reparaci贸n reclamada. Igualmente, el Informe ser谩 presentado tambi茅n pr贸ximamente en el Parlamento de Navarra a fin de solicitar de sus grupos un posicionamiento claro en relaci贸n a la realidad reflejada en el mismo.

MIRANDO HACIA ADELANTE.

             La realidad de esta tortura sistem谩tica que ha llegado hasta nuestros d铆as es algo que interpela hoy al conjunto de la ciudadan铆a. Ello es as铆 porque no nos encontramos ante un asunto, conflicto o delito restringido al 谩mbito privado torturador-torturada, sino que afecta a los propios fundamentos 鈥搇os derechos humanos, empezando por el de la integridad f铆sica- sobre los cuales se asienta nuestra sociedad. La mera posibilidad de que los centros de detenci贸n sean o puedan convertirse en cuevas de los horrores y no sean espacios en los que los derechos humanos m谩s elementales sean estrictamente respetados (asistencia letrada y m茅dica, respeto absoluto a la integridad f铆sica y psicol贸gica, garant铆as para el cumplimiento de lo anterior鈥), es algo que, repetimos, emplaza a toda la ciudadan铆a, sus grupos sociales y pol铆ticos, y a todas sus instituciones sean 茅stas municipales, parlamentarias, gubernamentales o judiciales.

En esta direcci贸n, aun cuando hay a煤n un amplio camino a recorrer por la v铆a de la justicia restaurativa referido a las medidas de reparaci贸n integral a adoptar en relaci贸n con las v铆ctimas de los malos tratos y torturas, queremos hacer hincapi茅 en este art铆culo en un par de aspectos 铆ntimamente relacionados que nos parecen fundamentales: la b煤squeda de la Verdad sin terrenos vedados y la apertura de las puertas de la Justicia para poder juzgar estos delitos.

a) La b煤squeda de la Verdad: las Comisiones de Valoraci贸n reguladas en la ley.

            La exigencia de Verdad relativa a la pr谩ctica de torturas es algo que trasciende al reconocimiento p煤blico de su existencia. La cuantificaci贸n, personalizaci贸n y el an谩lisis de las mismas es algo de gran importancia, s铆, pero dif铆cilmente se podr谩n adoptar medidas encaminadas a asentar unas garant铆as de no repetici贸n si, a la par, no se abren tambi茅n v铆as que permitan la identificaci贸n y sanci贸n de quienes las practicaron directamente y de aquellas otras personas que, sin mancharse directamente las manos, impulsaron desde sus superiores instancias policiales y pol铆ticas la comisi贸n de estas pr谩cticas.

En 1982, en plena 鈥渄emocracia鈥, antiguos miembros de la Brigada Pol铆tico Social franquista (BPS), criadero de torturadores y criminales de todo tipo, dirig铆an nueve de las trece Jefaturas Superiores de Polic铆a existentes en el Estado. Algo parecido sucedi贸 con la Guardia Civil. Pues bien, visto esto, 驴qui茅n puede asegurar que quienes practicaron de forma sistem谩tica torturas durante los 煤ltimos diez, veinte o treinta a帽os no se encuentran hoy mismo ostentando altos cargos en la actual Polic铆a o Guardia Civil? Si nadie es identificado p煤blicamente, ni tampoco sancionado, 驴c贸mo impedir que estos hechos vuelvan a repetirse y que la polilla de la impunidad que ha incubado durante d茅cadas en cuartelillos y comisar铆as vuelva a reproducir nuevas larvas en cualquier momento?

Tanto en la CAV como en Nafarroa existen dos leyes (CAV: Ley 12/2016, de 28 de julio; Nafarroa: Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo), denominadas de 鈥渧iolencia policial鈥, que contemplan la creaci贸n de Comisiones de Valoraci贸n para el reconocimiento de las denuncias presentadas ante ellas y la adopci贸n de distintas medidas de reparaci贸n. De ellas, la de Nafarroa est谩 pr谩cticamente por estrenarse en su funcionamiento, pero se cuenta ya con la experiencia de lo realizado en la CAV.

Es obligado se帽alar en cualquier caso que ambas leyes no son las inicialmente aprobadas por los Parlamentos Vasco y de Nafarroa, ya que 茅stas fueron anuladas en su d铆a por el Tribunal Constitucional (TC). La raz贸n aducida por 茅ste se centr贸 b谩sicamente en se帽alar que las funciones atribuidas a estas Comisiones de Valoraci贸n invad铆an el 谩mbito competencial propio de los tribunales de justicia. Tras esto, ambos parlamentos auton贸micos tuvieron que reelaborar y recortar las leyes aprobadas a fin de retirar a 茅stas las competencias referidas a la indagaci贸n de los hechos denunciados, la asignaci贸n de responsabilidades individualizadas y la calificaci贸n como delictivas de las violaciones de derechos analizadas. Su 谩mbito de actuaci贸n qued贸 as铆 reducido al marco de lo b谩sicamente administrativo, centrado en el reconocimiento del dolor ocasionado en cada caso y la vulneraci贸n de derechos cometida, pero sin poder entrar en mayores investigaciones, concreciones y calificaciones.

En los dos primeros a帽os de funcionamiento de la Comisi贸n de Valoraci贸n de la CAV (2020-2022) solamente fueron propuestos por 茅sta 81 casos de vulneraciones de derechos humanos para su reconocimiento y reparaci贸n. Es claro, pues, que de mantenerse este ritmo ser谩n necesarias varias d茅cadas para poder atender a las mil solicitudes que aproximadamente han sido presentadas. Pues bien, 驴cu谩ntas personas que padecieron torturas y han solicitado este reconocimiento y reparaci贸n habr谩n fallecido para cuando sus peticiones hayan podido ser atendidas? Es necesario por ello incrementar substancialmente los medios humanos y presupuestarios del Gobierno Vasco para atender a las necesidades reales planteadas. De lo contrario, el derecho al reconocimiento y la reparaci贸n para todas las v铆ctimas quedar谩 fuertemente recortado.

En este sentido, un miembro cualificado de esta Comisi贸n, el catedr谩tico de la Universidad del Pa铆s Vasco (UPV) y ex director de Derechos Humanos en el Gobierno Vasco, Jon Mirena Landa, se帽alaba en un art铆culo publicado en el diario Berria:

En estas leyes, de entrada, se ha rebajado el est谩ndar de justicia: no habr谩 responsabilidades individuales, dejando de lado la justicia penal. Por lo tanto, desaparece de ra铆z el tratamiento igualitario y justo a las v铆ctimas, puesto que solo se podr谩 proceder a la reparaci贸n y, la verdad, de modo parcial. Adem谩s, las leyes en Nafarroa y Euskadi, ya de por s铆 limitadas, est谩n llenas de obst谩culos Las zancadillas por el camino han sido incesantes鈥, la informaci贸n para completar los expedientes no llega porque contin煤an ocultos, porque no se quieren sacar de las tinieblas鈥 y no parece que se est茅n poniendo los recursos suficientes.

De todos modos, si bien son encomiables estas medidas adoptadas a nivel auton贸mico para abordar la violencia policial cometida las 煤ltimas d茅cadas (contrataci贸n del IVAC, reconocimiento p煤blico a las v铆ctimas, otorgamiento a 茅stas de las obligadas indemnizaciones鈥), no podemos olvidar que la responsabilidad principal en esta materia se sit煤a en el 谩mbito de las instituciones y gobiernos estatales, pues fue su polic铆a nacional y su guardia civil, que no la polic铆a foral de Nafarroa ni su Gobierno, los responsables de estas pr谩cticas (en caso de la CAV, sin embargo, la Ertzaintza,  tambi茅n fue responsable de 336 de los 4.144 casos recogidos en el informe elaborado). Es por ello que los reconocimientos y reparaciones otorgadas en la CAV y Nafarroa no pueden ni deben actuar como cortina de humo que impida hacer ver las responsabilidades directas, primeras y principales de los gobiernos e instituciones estatales, a煤n por reconocerse.

b) El pleno acceso a la Justicia.

            Aunque resulto obvio decirlo, es preciso recordar que el sentimiento de justicia y su articulaci贸n a trav茅s de distintas instituciones y medios, es algo que ha atravesado todos los tiempos y todas las sociedades. Mucho m谩s a煤n cuando se ha tratado de abordar las vulneraciones de los derechos b谩sicos que deben sustentar la convivencia social, cual es el derecho a la integridad f铆sica de las personas, mucho m谩s a煤n cuando aquellos son violentados por las propias instituciones encargadas de su garant铆a.

La exigencia de justicia, adem谩s, no puede confundirse con la pr谩ctica de la venganza, ni tampoco con el reforzamiento del punitivismo creciente que afecta a nuestro marco penal. Mucho m谩s a煤n cuando vemos que la pol铆tica penal y penitenciaria vigente en esta materia se basa precisamente en todo lo contrario: impunidad generalizada (Ley de Amnist铆a, no aplicaci贸n de la normativa internacional,鈥), obst谩culos a su investigaci贸n (Ley de Secretos Oficiales, rechazo de las denuncias interpuestas鈥) y, finalmente,  trato indulgente y guante de seda para los escas铆simos casos en los que ha habido alguna condena (GAL, indultos,鈥). Esto, evidentemente, debe acabar ya sin dilaci贸n alguna.

La apertura plena de los juzgados y tribunales a las denuncias de malos tratos y torturas policiales y benem茅ritas (tambi茅n, por supuesto, a los practicados por la Ertzaintza), es una exigencia ineludible. Por eso, si bien es plausible que los gobiernos auton贸micos encarguen informes similares a los realizados por el IVAC, lo que deber铆an hacer a continuaci贸n (estamos hablando del delito de torturas, considerado como crimen contra la humanidad), es iniciar acciones judiciales para que estas conductas sean sancionadas. Que estos gobiernos, tan preocupados por la seguridad ciudadana (manifestaciones, piquetes de huelga, desobediencia civil, delitos de 鈥渙dio鈥,…), miren para otro lado y guarden sin m谩s estos informes en los cajones y estanter铆as de sus Servicios de 鈥渄erechos humanos鈥, sin activarlos ante los Juzgados, es algo que clama al cielo. Al igual que tambi茅n es escandaloso que los jueces, fiscales y tribunales a los que corresponde juzgar esas graves vulneraciones de derechos humanos, se llamen andana y silben de costadillo tras conocer los informes mencionados.

En este sentido, la exigencia de justicia deber铆a necesariamente plantearse al objeto de lograr la adopci贸n de, entre otras, las siguientes medidas:

– La inhabilitaci贸n absoluta de esas personas para el ejercicio de cualquier cargo o actividad, tanto p煤blica como privada, relacionada con lo anterior. Conviene a estos efectos hacer hincapi茅 en que esta medida es socialmente de mucho mayor inter茅s que esas otras condenas tras las que, despu茅s de permanecer el condenado en la c谩rcel cortos espacios de tiempo, vuelve a integrarse a su anterior puesto policial e, incluso, ascendido a cargos de mayor responsabilidad. Tal pena supone, adem谩s, la privaci贸n de todos los honores que pudiera tener el responsable del delito.

– Hacer recaer sobre los causantes de estos delitos y sus patrimonios, de forma directa y principal, cuantas responsabilidades econ贸micas (indemnizaciones por perjuicios materiales y morales, reparaci贸n de da帽os,鈥) se deriven de los mismos. La necesaria responsabilidad subsidiaria o solidaria del Estado en relaci贸n con la actuaci贸n culpable de sus funcionarios no debe ser as铆 raz贸n para excusar al maltratador y torturador del abono de da帽os e indemnizaciones correspondientes.

– La aplicaci贸n, cuando proceda, de aquellas sanciones sustitutivas de las penas privativas de libertad, cuales son la imposici贸n de multas, la realizaci贸n de trabajos en beneficio de la comunidad, la sujeci贸n a programas espec铆ficos de rehabilitaci贸n鈥, as铆 como la prohibici贸n para residir en determinados lugares鈥

– Y todo ello, evidentemente, sin excluir que en aquellos casos que por su gravedad o reincidencia revistan una importancia destacada, sean aplicables tambi茅n las penas de prisi贸n que correspondan. Gravedad que debe ser considerada, sobre todo, para con aquellos mandos policiales o autoridades p煤blicas que hayan podido impulsar o consentir la pr谩ctica de estas vulneraciones a los derechos humanos m谩s b谩sicos.

Todo ello, evidentemente, servir谩 en buena medida para atajar en los medios policiales la pr谩ctica de malos tratos y torturas denunciada en los informes del IVAC, as铆 como para acabar con la existencia de esos espacios opacos de impunidad y omert谩 de silencios y complicidades gremiales en los que se han convertido las comisar铆as policiales y los cuarteles benem茅ritos.

Iru帽ea, 15 de enero de 2023.

Sabino Cuadra Lasarte.

[1]/     Los datos a los que nos referimos en este art铆culo son los contenidos en el Resumen del Informe dado a conocer por el IVAC el pasado 9 de enero. El contenido completo de 茅ste a煤n no ha sido publicado, si bien esto se realizar谩 en las pr贸ximas semanas.

[2]/     El IVAC es un Instituto de investigaci贸n de la Universidad del Pa铆s Vasco, de car谩cter interdepartamental vinculado a la Sociedad Internacional de Criminolog铆a, a su vez 贸rgano consultivo de la ONU.

[3]/   El anterior Gobierno 鈥渃uatripartito鈥 estuvo presidido por Uxue Barkos (Geroa Bai) y apoyado a su vez por EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. El actual. presidido por Mar铆a Chivite (PSN), cuenta tambi茅n con la participaci贸n en el mismo de Geroa Bai y Podemos.

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Fuente: Vientosur.info