November 26, 2021
De parte de La Haine
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A principios de la d茅cada del ochenta, empezaban a desgastarse gran parte de las puestas dictatoriales que se diseminaron por todo el continente tras el triunfo de la Revoluci贸n Cubana en 1960.

En ese contexto, en 1981 se llev贸 adelante el Primer Encuentro Feminista de Am茅rica Latina y el Caribe (EFALC) en Bogot谩. El Plan C贸ndor, financiado y articulado por el Departamento de Estado norteamericano, hab铆a aplastado las salidas revolucionarias por medio de un inusitado ejercicio del terrorismo de estado, coordinado continentalmente. En ese tramo de nuestra historia reciente fueron creadas nuevas formas de guerra y sujeci贸n poblacional. La bandera anticomunista, como fachada de la ideolog铆a neocolonial de los Estados Unidos, dio paso a un patriarcado de guerra adiestrado casi uniformemente en la Escuela de las Am茅ricas. Por sus aulas han pasado por lo menos 83.000 varones militares latinoamericanos.

El primer EFALC defini贸 conmemorar la lucha de tres mujeres dominicanas asesinadas por una de esas dictaduras conducidas desde los Estados Unidos. Hablamos de las hermanas Mirabal, militantes del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, y del siniestro Rafael Le贸nidas Trujillo, m谩s conocido como 鈥淓l Chivo鈥. Fue as铆 como se estableci贸 el 25 de noviembre como el D铆a Internacional de la Eliminaci贸n de la Violencia contra la Mujer. Recordemos que un a帽o antes, en 1980, Colombia suscribi贸 a la Convenci贸n para la Eliminaci贸n de todas las Formas de Discriminaci贸n contra la Mujer (CEDAW). En lo tocante a los derechos de las mujeres y disidencias, el campo normativo latinoamericano a煤n se encontraba yermo, aunque el ambiente pol铆tico, econ贸mico y militar, evidenciaba un agravamiento de las condiciones de las mujeres, infancias y disidencias que sobreviv铆an -y sobreviven- en las periferias de la regi贸n. El auge de la concentraci贸n agraria en lo que se ha denominado la 鈥淩evoluci贸n Verde鈥, no puede entenderse sino es a trav茅s de la escritura de la violencia sobre los cuerpos de las campesinas. La reprimarizaci贸n de nuestras econom铆as es la consecuencia de un proyecto imperialista espec铆fico, en el que el patriarcado de guerra ha jugado un papel primordial.

En el marco de la 鈥淩evoluci贸n Verde鈥 que coincide con el Plan C贸ndor, la violencia sexual hacia las infancias y cuerpos feminizados, tom贸 un c谩liz abrumadoramente capitalista. Como en el caso de las hermanas Mirabal, la violencia pol铆tica de ese patriarcado militarista fue tan s贸lo una cara del proyecto neocolonial en expansi贸n. De hecho, para la fecha en que se desarroll贸 el EFALC en Bogot谩, ya se hab铆a puesto en marcha el Estatuto de Seguridad de Turbay, sin cuya normativa nos ser铆a imposible historizar el advenimiento del paramilitarismo contempor谩neo colombiano. Sobre aquella trayectoria mercenaria, se insertaron las estructuras paraestatales que har铆an de la violencia sexual una fuente de pedagog铆a de masas, un bot铆n de guerra, y una pr谩ctica social genocida tendiente a la rearticulaci贸n de las econom铆as locales.

APROPIACI脫N Y DESCARTABILIDAD

Seg煤n el 煤ltimo informe de Human Right Watch, cerca de 8.5 millones de familias colombianas sufren el desplazamiento forzado. Eso, sin sumar los casi 8 millones m谩s que viven fuera del pa铆s. Estamos hablando de alrededor de 17 millones de colombianes que viven en la trashumancia. Las causas estructurales de esa expulsi贸n deben buscarse en la compulsi贸n apropiativa del modelo hacendatario y olig谩rquico de nuestra rep煤blica.

La ley de reforma agraria de 1961 propuso un amplio proceso de redistribuci贸n agraria con mecanismos como la titulaci贸n de tierras bald铆as a las familias colonizadoras. Hasta 1986 s贸lo 11,2 por ciento de los adjudicatarios eran mujeres. Reci茅n con la ley de pseudo reforma agraria de 1988 se reconoci贸 el derecho de la mujer a la tierra. En otras palabras, para la 茅poca en que se desarroll贸 el EFALC, el 90% de la titulaci贸n de las tierras colonizadas se encontraba en manos de varones campesinos. Si a la masculinizaci贸n de la propiedad de la tierra sumamos el paramilitarismo contempor谩neo, tendremos un panorama m谩s preciso sobre las brechas de g茅nero fomentadas por el patriarcado de guerra, solamente en el entorno rural, quiz谩s el m谩s afectado.

En 煤ltimas, el desplazamiento forzado, la concentraci贸n agraria y el ejercicio masculino de la violencia, se sintetizan en una f贸rmula en la que ya no s贸lamente se usan los cuerpos como escenarios de apropiaci贸n, sino como elementos de descartabilidad. De ah铆 la radicalizaci贸n de las t谩cticas de tortura sobre los cuerpos feminizados. Por este motivo, las violencias contra las mujeres, infancias y disidencias ,en los marcos de guerra que vivimos, deben asumirse como cr铆menes de guerra, nunca m谩s como 鈥渃r铆menes pasionales鈥.

NORMATIVAS 驴PARA QU脡?

Pese a su propia tragedia humanitaria, el Estado colombiano es un fiel firmante de cuanta normativa humanitaria internacional. En nuestro pa铆s existen varias leyes que apelan al resarcimiento de las desigualdades hist贸ricas entre g茅neros. La Ley 1257 de 2008 鈥渄icta normas de sensibilizaci贸n, prevenci贸n y sanci贸n de formas de violencia y discriminaci贸n contra las mujeres鈥, y la promulgaci贸n de la Ley 1761 de 2015 o 鈥揕ey Rosa Elvira Cely鈥搕ipifica el feminicidio como un delito aut贸nomo y dicta otras disposiciones. En medio de los Di谩logos de Paz, se constituy贸 la Ley 1719, que 鈥済arantiza el acceso a la justicia de las v铆ctimas de violencia sexual, en especial cuando se da con ocasi贸n del conflicto armado鈥.

No obstante la normativa, es evidente que el Estado no presta ninguna garant铆a para su aplicabilidad.  El caso de la periodista Jineth Bedoya, en el que se responsabiliza a agentes del Estado por persecuci贸n, tortura y violaci贸n, dej贸 en evidencia la falta de pericia institucional, la complicidad y el talante revictimizador de los garantes del orden. Seg煤n la misma Corte IDH, en la que se llevaron adelante las audiencias del proceso, los protocolos y ordenamientos jur铆dicos expuestos por la representante de la Fiscal铆a, Mar铆a Ospina, no son operativos ni conducentes.

La cohabitaci贸n entre el Estado y las estructuras militares y econ贸micas al margen de la ley se expresa en la desconfianza de las v铆ctimas hacia las instituciones estatales. Seg煤n la Unidad para la Atenci贸n y Reparaci贸n Integral de las V铆ctimas, el conflicto armado ha dejado m谩s de 27.000 mujeres y personas LGBT+ v铆ctimas de violencia sexual. Empero, la Corte Constitucional reconoci贸, en el 2015, que la impunidad en el sistema de justicia ronda el 98 por ciento. Adem谩s de la desconfianza, el subregistro devela el efecto de la revictimizaci贸n.

Un informe del Centro Nacional de Memoria Hist贸rica revel贸 que la Ley de Justicia y Paz, o Ley 975, para la desmovilizaci贸n del paramilitarismo durante el gobierno Uribe, no brind贸 herramientas para la reparaci贸n integral de las v铆ctimas. Por el contrario, la metodolog铆a de las salas penales puso en primera escena el relato de los victimarios.

En estas condiciones la salida s贸lo puede ser colectiva y feminista. Es decir, hermanada y activa.

CALPU




Fuente: Lahaine.org