January 18, 2021
De parte de SAS Madrid
233 puntos de vista


“El problema fundamental en la Comunidad de Madrid es que no se acaba de considerar a los usuarios de las residencias como un colectivo prioritario dentro de la competencia del mando único sanitario. Por eso, en lugar de enviar médicos, enviáis listados”. Esas palabras, entre la denuncia y la indignación, están escritas en una carta que el entonces consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Cs), envió a su compañero de Gobierno, Enrique Ruiz Escudero (PP), titular del departamento de Sanidad.

Era 11 de abril y Reyero llevaba semanas reclamando dentro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que se adoptaran medidas para impedir que miles de mayores muriesen en la residencias sin recibir asistencia médica. A Reyero no le hicieron caso. Solo en marzo y abril fallecieron 9.470 residentes en Madrid. En las tres semanas críticas de la pandemia, entre el 22 de marzo y el 10 de abril, murieron  5.343 ancianos en el propio geriátrico (el 84% del total en ese periodo), sin ser trasladados a un hospital y en la inmensa mayoría de los casos sin recibir tampoco atención médica en el centro donde vivían.

InfoLibre ha tenido acceso a las dos cartas que Reyero le envió a Escudero al principio de la pandemia, fechadas el 31 de marzo y el 11 de abril. [Se reproducen íntegras en estas dos informaciones: primera carta y segunda carta].Su lectura constituye un demoledor pliego de cargos: el Gobierno de Ayuso no sólo prohibió mediante un Protocolo trasladar a los hospitales a residentes enfermos con un alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo, sino que además descartó utilizar las vías alternativas que tenía para salvar vidas de los ancianos. Esas vías eran medicalizar los geriátricos o trasladar mayores al hospital de campaña de Ifema y a los hoteles medicalizados. En sus misivas, Reyero muestra su rechazo al Protocolo que impedía la derivación de mayores al hospital y advierte a Escudero que ello incluso puede ocasionarles “problemas legales en el futuro”.

Escudero no ejecutó ninguna de las actuaciones que le reclamaba Reyero. Se limitó a enviarle a Polítícas Sociales listados de personal sanitario para que intentase contratarlo por su cuenta, algo que era completamente inútil porque competía con el propio departamento de Sanidad, y médicos o enfermeras preferían ir a un hospital antes que a una residencia. De ahí la acusación de Reyero: “En lugar de enviar médicos, enviáis listados”. Escudero ni siquiera se tomó la molestia de contestar las dos misivas de su compañero de Gabinete.

Alberto Reyero dimitió el 2 de octubre. Antes, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid el 1 de junio, el político de Ciudadanos llegó a admitir que establecer unos criterios de exclusión hospitalaria basados en niveles de dependencia y discapacidad “no es ético y posiblemente no sea legal”. Aquel día ya indicó que así lo había transmitido “en sus comunicaciones” con el consejero de Sanidad. Pero las cartas de Reyero han permanecido hasta ahora en secreto.

Una opacidad que se extendió hasta la comisión de investigación creada en la Asamblea para analizar lo ocurrido en las residencias, que solicitó de forma oficial copia de todas esas “comunicaciones” mantenidas entre los departamentos de Políticas Sociales y Sanidad en relación con el Protocolo de exclusión hospitalaria. El Gobierno de Ayuso se negó a entregar a la Asamblea las cartas y el resto de documentos –entre ellos están los mensajes enviados por Sanidad con el Protocolo y correos electrónicos de Reyero a Escudero– con el argumento de que formaban parte de “un procedimiento interno de trabajo” y contenían “datos personales de los profesionales”. En lo que respecta a las cartas de Reyero, que hoy reproduce infoLibre, esos dos argumentos son falsos.

“LOS PROTOCOLOS PUEDEN OCASIONARNOS PROBLEMAS LEGALES”

La Consejería de Sanidad aprobó, el 18 de marzo, un Protocolo que establecía criterios de exclusión de derivación a los hospitales de mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo firmó el entonces director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur. De ese documento se hicieron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 de marzo. Las cuatro versiones del documento fueron firmadas digitalmente por Mur y enviadas de forma inmediata a los altos cargos del Gobierno Ayuso que debían encargarse de su aplicación.

En su primera carta, el 31 de marzo, Reyero muestra su rechazo inequívoco a “los protocolos de derivación hospitalaria existentes. Los relativos a personas mayores y a personas con discapacidad”. Tras recordarle al consejero de Sanidad que esa cuestión ya se la ha “transmitido con anterioridad”, le advierte incluso que su contenido puede tener consecuencias legales: “En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas con grado 3 de dependencia y en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente les discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro que no compartimos ninguno de nosotros y que pueden ocasionarnos problemas legales en el futuro”. [Diversos juzgados están investigando ya denuncias presentadas por familiares de víctimas en las que se pide actuar contra Ayuso y Escudero.]

En su segunda misiva, del 11 de abril, el consejero de Políticas Sociales vuelve a insistir en el tema de la prohibición de trasladar al hospital a mayores que vivían en residencias. Reyero destaca que le “preocupa especialmente” la “escasa derivación hospitalaria” de los centros residenciales, “sobre todo de aquellas con grado 3 de dependencia”. Y lo conecta al hecho de que tampoco se hayan medicalizado las residencias: “Si eso [la falta de derivaciones] hubiera venido acompañado de la medicalización de las residencias, habría tenido sentido, pero no ha sido así. Como se os ha trasladado desde los centros y desde algunas de las patronales del sector, los datos de derivación a hospitales desde residencias son tremendamente escasos y preocupantes”. Las personas con grado 3 son las que tienen mayor nivel de dependencia.

El resumen que realiza Reyero de la situación que se está viviendo en los geriátricos de Madrid es demoledor: “La realidad de los centros residenciales en la Comunidad de Madrid a estas alturas de la crisis es que, a pesar de nuestras continuas peticiones, no cuentan con apoyo sanitario estable y que las cifras de derivación a hospitales son tremendamente bajas en este segmento de la población”.

Meses después, dentro de la investigación periodística realizada por infoLibre sobre la tragedia sufrida en las residencias de España durante la primera ola de la pandemia [puedes consultar el dosier aquí], este periódico desveló las cifras del frenazo en el traslado de ancianos a hospitales residencia a residencia. Y los datos son inequívocos: en las cuatro semanas del 9 de marzo al 5 de abril, cuando a diario se infectaban y morían cientos de mayores con el virus, las derivaciones hospitalarias se desplomaron un 36,8% respecto a las cuatro semanas previas, cuando el efecto de la pandemia en los geriátricos o aún no existía (en febrero) o era testimonial (los primeros días de marzo). Lógicamente, esa cifra en vez de haber disminuido tendría que haberse multiplicado exponencialmente, igual que lo hicieron el número de enfermos.

Esos datos también muestran el enorme impacto que tuvo el Protocolo del Gobierno Ayuso en la prohibición de atender a los mayores enfermos en hospitales. Los tres días con menos derivaciones durante toda la primera ola fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que la Consejería de Sanidad aprobase dicho documento. En los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, 5.343 mayores murieron en las residencias de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo.

Reyero tenía razón: las cifras de derivación hospitalaria eran “tremendamente bajas”.

Ayuso y Escudero, pese a contar de forma diaria con la información de fallecidos y contagiados en los centros residenciales, no hicieron nada para frenar la sangría. Y cuando infoLibre desveló el contenido exacto del Protocolo, el 26 de mayo, se inventaron que el documento era en realidad un “borrador” que se había enviado por error a hospitales y residencias. Este periódico publicó entonces de forma íntegra las cuatro versiones del documento, todas ellas firmadas digitalmente por Carlos Mur, desmontando así la mentira que ambos dirigentes del PP han repetido sin cesar. A día de hoy, Ayuso y Escudero siguen sin admitir su engaño y sin pedir perdón a los familiares de las víctimas.

“PONER EN MARCHA LA TAN ANUNCIADA MEDICALIZACIÓN DE LAS RESIDENCIAS”

En su comparecencia en la Asamblea del 1 de junio, Reyero resumió en una frase la alternativa que tenía la Comunidad de Madrid para no dejar desamparados a los mayores en las residencias: “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia”.

El Protocolo aprobado por el departamento de Escudero impedía que los residentes fuesen al hospital y Sanidad tampoco hizo nada para medicalizar los geriátricos, a pesar de que Reyero lo reclamó de forma reiterada, tal y como demuestran sus cartas. En la del 31 de marzo detalla los cuatro aspectos que le preocupan en ese momento y empieza por la necesidad de incorporar personal sanitario a los centros y que lo hagan con material adecuado. “No se trata de otra cosa que de poner en marcha la tan anunciada ‘medicalización’ de las residencias, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias. Para aquellos enfermos que no pueden ser derivados al hospital y tienen la enfermedad, deben implantarse medidas de hospitalización en las propias residencias, reduciendo el riesgo de contagio y aplicando todas las medidas para garantizar, en el caso de que sean necesarias, unos cuidados paliativos adecuados”, sostiene Reyero, quien añade expresamente: “La solución que hasta ahora habéis ofrecido de enviarnos listados de personal sanitario para que los reclutemos nosotros no funciona porque competimos con Sanidad y eso nos impide contratar adecuadamente”.

Si no estuviesen muriendo cientos de ancianos cada día, la situación sería simplemente grotesca: la consejería que gestiona todo el personal sanitario de la Comunidad de Madrid, en vez de mandarlo a los lugares donde estaban personas gravemente enfermas, envía unos listados a otro departamento del Gobierno para que intente realizar alguna contratación por su cuenta. Por eso, en su misiva del 11 de abril, Reyero estalla: “En lugar de enviar médicos, enviáis listados”.

Para el improbable caso de que Escudero no supiese cuál era la forma en la que se debía actuar para detener la masacre en los geriátricos, su compañero de Gobierno se lo detalla: “Lo más efectivo sería que el mando sanitario enviara personal sanitario en coordinación con los equipos de geriatría de los hospitales. No es necesario recordar cuáles son las necesidades de las residencias, os enviamos información diaria de cada una de ellas y además las estáis conociendo de primera mano en los reconocimientos que se están llevando a cabo”.

Con anterioridad, en esta segunda carta había explicado el problema que suponía la falta de medicalización de las residencias. “No hace falta que insista en que las residencias madrileñas son recursos sociales y que en esta situación de emergencia necesitan más que nunca de un apoyo sanitario intenso”, escribe el consejero de Políticas Sociales. Reyero reitera que “no se trata de otra cosa que de poner en marcha su tan anunciada “medicalización”, que como bien sabes no es una realidad en nuestras residencias, a pesar de que fuera una de las medidas más destacadas del Plan de Acción contra el coronavirus, que anunciaste el pasado 12 de marzo”.

Reyero certifica, así, que un mes después de la anunciada “medicalización” de las residencias, esta no se había realizado. Lo que sí había ocurrido aquel 11 de abril era lo siguiente: 6.887 residentes habían fallecido, la inmensa mayoría sin ser trasladados a un hospital y sin recibir asistencia médica en el geriátrico donde vivían. Algo más del 60% tenían covid o síntomas compatibles y el resto fallecieron por otras enfermedades.

Por el camino se había producido otro episodio rocambolesco, la conocida como Operación Bicho, desvelada por El País. Era un plan para prestar asistencia médica en las residencias que se encomendó a Encarnación Burgueño, hija del ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña (Antonio Burgueño) y que carecía de cualquier experiencia en el sector de la gestión sanitaria. El plan por parte de Burgueño hija consistió en subcontratar a una empresa de ambulancias privadas, Transamed, para que visitase los centros. El dueño de esta compañía, cuando compareció en la comisión de investigación de la Asamblea, admitió la absoluta carencia de medios que había tenido y confesó que en los doce días que duró aquella operación le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitó.

LA NEGATIVA DE ESCUDERO A TRASLADAR ENFERMOS A IFEMA

Las dos opciones de la alternativa para no dejar abandonados a su suerte a los mayores de las residencias habían sido descartadas por Ayuso y Escudero: ni se derivaba a los ancianos a los hospitales, ni se medicalizaba las residencias. Por si eso no fuera suficiente, el Gobierno madrileño también decidió impedir su traslado al hospital de campaña de Ifema o a los hoteles medicalizados que se pusieron en marcha, además de presumir de “repliegue sanitario” mientras en los geriátricos seguían en una situación de extrema gravedad y nadie atendía a los ancianos enfermos. Todo ello lo denuncia el entonces consejero de Políticas Sociales en su segunda carta.

“En semanas anteriores hemos hecho distintas propuestas para que los usuarios de residencias pudieran derivarse a otros recursos, ya fuera a los hoteles medicalizados puestos en marcha o que incluso se reservara espacio en IFEMA para ellos. Sobre estas propuestas hemos tenido respuestas negativas en un primer momento”, escribe Reyero.

El hospital de campaña montado en el recinto ferial estuvo operativo seis semanas, entre el 21 de marzo y el 30 de abril. El PP lo bautizó como el “hospital milagro” y aseguró que había provocado asombro en todo el mundo. En el acto organizado para su clausura, el 1 de mayo, Ayuso llegó a afirmar lo siguiente: “Ifema se ha convertido ahora en el hospital milagro. Tanto es así que la paciente mayor que hemos tenido en este hospital de campaña tenía 103 años. Por eso se llama el hospital milagro, porque prácticamente todas las personas que han venido aquí han sanado, han curado para después pasar a hoteles medicalizados o irse a casa con los suyos”.

Como desveló infoLibre, el milagro de Ifema consistió en no atender a quienes más lo necesitaban: las residencias de mayores. De los 472 geriátricos que estaban operativos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, en 470 no se realizó ni un solo traslado a Ifema. Los otros dos centros enviaron en total 23 personas: 12 la residencia Monteverde, de Villaviciosa de Odón, y 11 la Sol Salud, de Collado Villalba. El hospital de campaña atendió en total a 3.811 personas, según datos oficiales, así que los 23 residentes trasladados allí suponen el 0,6% del total.

En cuanto a los hoteles medicalizados que se abrieron en la Comunidad, también estuvieron vetados para los mayores. Durante los meses de marzo y abril no se produjo a ellos ni un solo traslado desde un geriátrico.

La misiva de Reyero saca a la luz que pidió expresamente que se utilizaran esos dos recursos extraordinarios para aliviar los efectos de la pandemia entre los mayores y que Sanidad le dijo que no. Además sin ofrecer explicación alguna, como se deduce del hecho de que el consejero tenga que especular sobre los motivos de esa negativa en su carta: “Entendemos que serán decisiones basadas en criterios clínicos, médicos o sanitarios, pero también entendemos que deberían derivarse más pacientes de residencias a centros hospitalarios, sobre todo, ahora que tanto IFEMA como el resto de hospitales empiezan a estar en una situación de menor presión asistencial que en semanas anteriores”.

Además de la ocurrencia sobre el “hospital milagro”, el equipo de Ayuso decidió presumir de “repliegue sanitario”, mientras en los geriátricos continuaba la hecatombe humaniaria. Este es uno de los hechos que despierta mayor indignación en Reyero, tal y como se aprecia en su carta del 11 de abril: “Tampoco puedo dejar de citar la decepción que supone escuchar mensajes que mencionan un repliegue sanitario en la Comunidad, como consecuencia de la mejora en la situación hospitalaria general, y que eso no suponga ningún refuerzo sanitario en las residencias, cuando es absolutamente necesario y venimos insistiendo en ello repetidamente. No lo puedo entender”.

Una perplejidad en la que incluye otra polémica decisión adoptada en aquellos días, en este caso por el Ayuntamiento de la capital que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP): el envío de equipos de SAMUR en apoyo al sistema sanitario de Castilla y León. “Sé que es una decisión que le corresponde al Ayuntamiento de Madrid y que persigue la solidaridad territorial que comparto, pero ¿no sería más adecuado que reforzaran la situación sanitaria en las residencias?”, se pregunta el consejero de Políticas Sociales.

LAS DERIVACIONES INVERSAS: POSITIVOS TRASLADADOS A LAS RESIDENCIAS

Las dos misivas del político de Ciudadanos se detienen en otro tema que hasta ahora no había estado en el foco del debate público: Sanidad no sólo aprobó un Protocolo que impedía el traslado de muchos mayores a los hospitales, sino que solicitó y ejecutó una derivación inversa, de pacientes desde los hospitales a los geriátricos a pesar de que eran positivos.

En la carta del 31 de marzo, Reyero muestra su “preocupación” por la solicitud de Sanidad “de derivación de pacientes de hospitales a los centros residenciales” y pide que primero se atienda “al problema existente en todas” las residencias. “Con la mayor celeridad, hay que atajar nuestra situación y, en base a ello, articular mecanismos ágiles con los que podamos contribuir a colaborar con los hospitales. Si no, corremos el riesgo de que todo nuestro sistema residencial colapse”, advierte.

Tampoco esta petición surtió ningún efecto a tenor de la misiva que el consejero envía a Escudero casi dos semanas después, donde alerta de nuevo sobre este asunto: las derivaciones de pacientes “dados de alta desde un centro hospitalario y que son trasladados a centros residenciales directamente siendo positivos en COVID-19”. “Una situación que consideramos puede provocar nuevos picos de contagio en centros residenciales muy mermados tanto en personal como en residentes por el efecto de dicho virus”, añade Reyero.

Esa carta del día 11 de abril termina con el enésimo llamamiento de Reyero a buscar otras fórmulas para luchar contra la pandemia en las residencias y con un presagio, que lamentablemente se cumplió: “Es por tanto necesario que trabajemos en dar respuestas distintas que contribuyan a contener la letalidad de la epidemia dentro de las residencias. Si no lo hacemos, la tragedia actual se puede convertir en una catástrofe”.

Enlace publicado InfoLibre.es (17/01/2021).




Fuente: Sasmadrid.org