June 17, 2021
De parte de SAS Madrid
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Las residencias han sido el aut茅ntico agujero negro durante la pandemia. No es una afirmaci贸n discutible o interpretable. Las cifras as铆 lo avalan. En lo que llevamos de crisis sanitaria, han perdido la vida solo en estos centros repartidos por toda la geograf铆a espa帽ola cerca de 30.000 ancianos. Es decir, que casi cuatro de cada diez fallecidos a lo largo de la crisis sanitaria eran usuarios de geri谩tricos.

La hecatombe, especialmente intensa durante la primera ola, evidenci贸 la necesidad de darle una vuelta de tuerca al modelo residencial, de repensarlo para evitar en un futuro otra cat谩strofe de similares dimensiones. La mayor铆a de comunidades aut贸nomas llevan meses avanzando en este sentido. Algunas, como Cantabria o Navarra, ya tienen normas orientadas a la mejora de la atenci贸n de los m谩s mayores. Otras, pretenden cerrarlas en los pr贸ximos meses. Planes que, en su mayor铆a, buscan impulsar centros m谩s peque帽os, intensificar las labores de vigilancia, avanzar en la medicalizaci贸n o mejorar en las condiciones laborales de los trabajadores. Eso s铆, de meter mano al r茅gimen sancionador, nada de nada.

Si bien es cierto que desde la primera ola la mayor铆a de comunidades se han puesto a trabajar en relaci贸n con los geri谩tricos, solo dos han aprobado por el momento extensas normas en esta materia: Cantabria y Navarra. Sin embargo, ambos textos se centran exclusivamente en la reformulaci贸n del modelo. Ninguno entra, ni siquiera lo plantea, al sistema de sanciones. Algo que tambi茅n ha evitado hacer el Ejecutivo de Castilla y Le贸n en su anteproyecto de Ley de Residencias, que puso sobre la mesa a finales de abril y que todav铆a tiene que superar el tr谩mite parlamentario tras ser sometido a informaci贸n p煤blica. El texto recoge en su art铆culo 44 tres tipos de infracciones 鈥搇eves, graves y muy graves鈥 y multas que pueden ir desde los 300 a los 300.000 euros. Exactamente los mismos baremos que estaban contemplados ya antes del inicio de una crisis sanitaria que ha dejado 4.008 fallecidos con covid o s铆ntomas compatibles con la enfermedad en los geri谩tricos de la regi贸n. 

Madrid tampoco cuenta, por el momento, con una nueva Ley de Residencias. De hecho, la 煤nica iniciativa legislativa de este tipo que se llev贸 a la Asamblea regional ni siquiera fue tomada en consideraci贸n. La derecha se encarg贸 de bloquearla alegando que iba contra los geri谩tricos privados. Diez d铆as despu茅s, la parte naranja del Ejecutivo regional present贸 a bombo y platillo el nuevo Acuerdo Marco sobre estos centros sociosanitarios. El texto que deber谩 regir los futuros conciertos s铆 que introduce algunos cambios en materia de sanciones. Por ejemplo, elimina la posibilidad de graduaci贸n de las penalidades 鈥揷omo se denomina a las multas鈥, estableciendo porcentajes fijos. Adem谩s, convierte en infracci贸n grave la mala limpieza de habitaciones, ropa y espacios. Y ampl铆a el margen de actuaci贸n del Gobierno madrile帽o a la hora de retirar las concesiones a empresas. Tres penalidades muy graves o graves en un a帽o o cinco muy graves o graves a lo largo de la ejecuci贸n de la relaci贸n contractual permiten resolver el contrato.

Aunque no meta modificaciones en las cuant铆as de las multas, el borrador de la norma que prepara Castilla y Le贸n s铆 que aspira a reforzar los mecanismos de control a los geri谩tricos por parte de la administraci贸n. Todos los centros residenciales para cuidados de larga duraci贸n “deber谩n someterse peri贸dicamente 鈥搉o se indica cada cu谩nto tiempo鈥 a una evaluaci贸n de calidad”. De ese estudio se emitir谩 un informe, que deber谩 hacerse p煤blico, con una puntuaci贸n global que sintetice el nivel de calidad de los servicios. Los resultados son importantes. 驴Por qu茅? Porque si no alcanzan la nota m铆nima 鈥揳煤n por fijar鈥 no se podr谩 acceder a la concertaci贸n o a la pr贸rroga de la misma. Un examen al que deber谩n enfrentarse tambi茅n los centros de titularidad p煤blica, que cuando no alcancen la puntuaci贸n m铆nima establecida tendr谩n que establecer un plan de mejora para corregir las diferentes deficiencias que hayan sido identificadas. 

Evitar la medicalizaci贸n

Una de las lagunas que la oposici贸n se ha encargado de poner sobre la mesa en relaci贸n con la norma elaborada por el Gobierno de Alfonso Fern谩ndez Ma帽ueco es la ausencia de una medicalizaci贸n de los geri谩tricos. En este sentido, la norma establece la obligaci贸n de las entidades gestoras de “garantizar” la “existencia del material y equipos de protecci贸n individual” ante una crisis sanitaria, de “coordinarse con los profesionales del sistema p煤blico de salud” y de tener “un plan de contingencias” debidamente actualizado para hacer frente a cualquier emergencia de salud p煤blica. Algo que tambi茅n se recoge en la norma navarra. Sin embargo, ninguno de los dos textos establecen que las residencias tengan que disponer, por ejemplo, de dispositivos para la administraci贸n de oxigenoterapia. 

驴Y qu茅 opinan el resto de regiones al respecto? Asturias todav铆a no tiene ni siquiera un texto cerrado, pero s铆 dispone de un borrador que establece los pilares del que se pretende que sea el futuro modelo residencial. El documento, que el Ejecutivo de Adri谩n Barb贸n ya ha trasladado a asociaciones de familiares y patronales del sector, tambi茅n rechaza los entornos de cuidado “de car谩cter m谩s hospitalario”. Por eso, s铆mplemente plantea, entre otras cuestiones, crear la figura del “profesional de enlace en atenci贸n primaria” a fin de “facilitar el contacto” entre los diferentes servicios sociales y sanitarios p煤blicos. Como Asturias, tampoco la Xunta de Galicia tiene nada aprobado sobre el nuevo modelo. Pero s铆 que ha avanzado en la elaboraci贸n de un documento base de trabajo que recoge la creaci贸n de una suerte de “unidades de cuidados intermedios” que sirvan de paso entre el hospital y la residencia.

Quien s铆 parece que tiene intenci贸n de apostar por la medicalizaci贸n de los geri谩tricos es Extremadura. Hace unos meses, el director general de Planificaci贸n, Formaci贸n y Calidad Sociosanitarias, Vicente Caballero, aseguraba que en el nuevo modelo residencial cada 谩rea de salud de Extremadura tendr谩 como referencia una residencia del Sepad que contar谩 con alas medicalizadas y los dispositivos de una planta de hospital para atender a los mayores. No obstante, por el momento solo son intenciones. No hay nada a煤n sobre el papel. “Todav铆a no se ha concretado nada. Se sigue trabajando”, explican a este diario desde la Consejer铆a de Sanidad y Pol铆ticas Sociales extreme帽a.

Coto a los centros masificados

Una vez superada la primera ola de la pandemia, gran cantidad de expertos insistieron en la necesidad de avanzar hacia un modelo centrado en el residente. “Hay que descartar los centros masificados porque se produce una deshumanizaci贸n, desaparece la persona”, apunt贸 en su d铆a a este diario Jos茅 Antonio Florez, catedr谩tico de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo. En esa direcci贸n han avanzado ya tanto Cantabria como Navarra y va en camino Castilla y Le贸n. La orden de residencias c谩ntabra establece que los geri谩tricos no podr谩n contar con m谩s de 120 plazas. Una cifra que el decreto navarro sit煤a en 130 鈥70 en centros de personas con discapacidad鈥 y que el anteproyecto de ley del Gobierno de Ma帽ueco sit煤a en una horquilla que se mueve entre las 40 y las 72. Adem谩s, buena parte de las habitaciones deber谩n ser individuales. En la primera regi贸n, al menos dos tercios. En la segunda, un 80% como m铆nimo.

Asturias, en su documento de trabajo, tambi茅n apuesta por establecer capacidades m谩ximas, primar las habitaciones individuales y virar los proyectos organizativos tradicionales hacia otros centrados en “peque帽as unidades de convivencia”, aunque no aporta cifras por el momento. La regi贸n, por tanto, pretende aproximarse a un tipo de modelo similar al de los pa铆ses n贸rdicos. En Suecia, por ejemplo, predominan las denominadas Gruppboende, residencias conformadas por un conjunto de peque帽os apartamentos en los que conviven grupos reducidos de internos, algo que facilita las relaciones sociales y que puede ser efectivo a la hora de atajar contactos ante una futura pandemia.

Una propuesta organizativa que tambi茅n gu铆a la pol铆tica de nuevas infraestructuras sociales de la Comunitat Valenciana, que cuenta ya con un proyecto piloto: la futura residencia de Sant Mateu. El nuevo centro p煤blico est谩 pensado para 66 residentes y 30 plazas de d铆a, con unidades de 11 personas que disponen de comedor, sal贸n o cocina propios. El concepto era anterior a la crisis sanitaria. Sin embargo, la pandemia no ha hecho otra cosa que reforzarlo. Y por este tipo de organizaci贸n han apostado ya Cantabria y Navarra en su orden y decreto. Y Castilla y Le贸n se orienta en la misma direcci贸n. En suelo c谩ntabro, las unidades de convivencia podr谩n estar conformadas por hasta un m谩ximo de 30 personas, frente a las 16 que se han fijado en la segunda comunidad, una dimensi贸n que tambi茅n se establece en el anteproyecto de Ley del Ejecutivo murciano de L贸pez Miras.

Menor peso de las ofertas econ贸micas y mejores condiciones laborales

Tambi茅n se han producido algunos cambios en relaci贸n con las adjudicaciones de contratos de gesti贸n residencial. El nuevo acuerdo marco madrile帽o, adem谩s de incrementar en veinte euros el precio diario por plaza, resta peso a la oferta econ贸mica en este tipo de licitaciones. Si en el de 2017 pod铆a representar hasta 70 puntos, ahora esa cifra se rebaja hasta un m谩ximo de 49 puntos, frente a los 51 de los criterios de calidad.

La Comunitat Valenciana ha introducido, del mismo modo, algunas novedades en el proceso. En concreto, frenos en la contrataci贸n p煤blica a empresas que “operen” en para铆sos fiscales, un 谩rea donde estos territorios juegan un papel relevante: DomusVi, Vitalia Home o Colise茅 est谩n controladas por fondos y sociedades radicadas en Jersey. Si la empresa quiere hacerse con la licitaci贸n, tiene que comprometerse a tributar en Espa帽a las rentas derivadas del contrato y a no destinarlas a para铆sos fiscales ni por s铆 misma ni por entidades vinculadas. Una iniciativa novedosa que, sin embargo, choca con algunas limitaciones legales espa帽olas y europeas.

Las comunidades tambi茅n se han propuesto mejorar las condiciones laborales de los profesionales. En Madrid, el acuerdo marco ha incrementado la ratio global de profesionales de atenci贸n directa. En Baleares, donde todav铆a no se ha impulsado ning煤n cambio profundo en el Gobierno residencial, la subieron tras la pandemia de 28 a 33 cuidadores por cada centenar de residencias. Tambi茅n el Gobierno de Arag贸n, que tampoco ha aprobado todav铆a ninguna modificaci贸n importante de cara a un nuevo modelo residencial, ha mostrado su intenci贸n de impulsar un cambio en este sentido, acompa帽ado de un incremento de las retribuciones a los profesionales de los centros. Lo hizo tras aprobarse el dictamen derivado de la comisi贸n parlamentaria puesta en marcha para repensar el esquema de cuidados en la regi贸n, un texto que entre sus recomendaciones inclu铆a la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de los geri谩tricos.

Subida de salarios que tambi茅n se ha planteado en los geri谩tricos catalanes. “Ha habido un aumento de tarifas a condici贸n de que ese aumento se refleje en las condiciones de los trabajadores de las residencias”, explican a este diario desde la consejer铆a de Trabajo y Asuntos Sociales. La comunidad tambi茅n se ha parado a pensar en un futuro modelo asistencial. De hecho, encarg贸 tras la primera ola a un grupo de expertos que revisasen esta cuesti贸n. Las conclusiones fueron presentadas a finales del a帽o pasado. Sin embargo, reconocen desde el departamento, no ha podido avanzarse mucho m谩s. Por el momento, se ha trabajado m谩s a nivel an谩lisis que a nivel legislativo. Al fin y al cabo, la comunidad aut贸noma ha estado paralizada durante cinco meses, entre la convocatoria de elecciones y la conformaci贸n de un nuevo Gobierno.

Enlace relacionado InfoLibre.es (16/06/2021).




Fuente: Sasmadrid.org