September 12, 2021
De parte de ANRed
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El 11 de septiembre sigue explicando el presente tanto de la política internacional como de un estado de excepción hecho norma en distintos países bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Por Pablo Elorduy (El Salto).


La imagen de las torres gemelas cayendo como consecuencia de un ataque perpetrado tras el secuestro de dos aviones comerciales ha acompañado a toda una generación. Es difícil valorar el impacto social, político, económico y cultural de esos atentados. Con los ataques organizados por Al Qaeda y su histórico líder Osama Bin Laden, según se ha escrito, se reanudó “la Historia”, que Fukuyama y otros habrían dado por finiquitada tras la caída del muro de Berlín.

Quizá sea exagerado y, sin embargo, es fácil constatar que el impacto del 11S aún tiene consecuencias sobre el presente. Comenzando por la situación en Afganistán, donde, a pesar de que el actual presidente de EE UU, Joe Biden, ha pretendido “cerrar un círculo”, ni siquiera ha concluido el capítulo de la guerra y la participación de Occidente en ella. Pero también valorando un impacto “global” en cuestiones como la migración —y los sistemas de defensa asociados al control de fronteras—, la vigilancia por medio de las tecnologías, la normalización en el uso de la tortura y el propio concepto de terrorismo.

La guerra contra el terror

“Si podemos estar seguros de algo es que las represalias masivas de los Estados Unidos no podrán fin al terrorismo, sino que aumentarán la espiral de violencia”, escribió pocos días después del atentado el profesor asociado al Transnational Institute Walden Bello. Acompañadas de las cifras de las sucesivas guerras, esas palabras de Bello, son un resumen de la espiral en la que entraron los Gobiernos de Estados Unidos a raíz del mayor ataque sufrido en su territorio en toda la historia.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 abrieron una nueva fase en la historia del militarismo. Estados Unidos desarrolló bajo la fórmula inicial de “justicia infinita”, y posteriormente “libertad duradera”, dos guerras consecutivas en Afganistán (2001-2021) e Iraq (2003-2011) de cuyos presupuestos se han cumplido únicamente el hecho de que es duradera y ha sido calificada como infinita.

Pero esas fórmulas han sido sustituidas por la mucho más ajustada “Guerra contra el terror” (war on terror) bajo la que se ha desplegado toda una visión del mundo y se ha producido una revisión a la baja de las convenciones sobre la guerra —la paz y la violencia— establecidas tras la II Guerra Mundial. Esa guerra contra el terror ha tenido como escenario a más de la mitad de los países del mundo.

En estas dos décadas, la guerra contra el terror se ha extendido a 20 países, y más de 85 reseñan la existencia de algún tipo de cédula terrorista, que han sido base para operaciones antiterroristas o territorio para ataques con drones.

La lectura que se ha hecho con posterioridad a los acontecimientos explica que la doctrina aplicada por el Gobierno estadounidense —presidido por George W. Bush pero dirigido por dos halcones republicanos, el vicepresidente Richard Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld— había sido expuesta antes de los atentados de Manhattan y Washington, pero el 11S fue la oportunidad para su desarrollo completo.

Varias declaraciones sirven para enunciar ese giro: “La mejor defensa, y en algunos casos la única, es un buen ataque” (Donald Rumsfeld) o “la doctrina de la contención no se mantiene a flote” (George W. Bush). El resultado fue una ofensiva permanente con trazas de “guerra infinita” que no ha hecho del mundo un lugar más seguro. La respuesta al 11S, según Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales “No [fue] solo una serie de políticas fortuitas o respuestas incidentales, sino una construcción ideológica profunda que afectó toda nuestra cultura política y legal”, recogía recientemente The Washington Post.

En estas dos décadas, la guerra contra el terror se ha extendido A 20 países, y más de 85 reseñan la existencia de algún tipo de cédula terrorista, que han sido base para operaciones antiterroristas o territorio para ataques con drones. Los conflictos han tenido un coste en vidas de aproximadamente 929.000 personas, 37 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares como consecuencia de estas guerras y se calcula que el coste supera los ocho trillones de dólares (ocho billones en la nomenclatura española).

La cifra de civiles muertos oscila entre 364.000 y 387.000. Un informe de la organización Airwars publicado con motivo del aniversario del 11S calcula que exclusivamente los más de 91.000 ataques aéreos de Estados Unidos desde 2001 —sobre Afganistán, Iraq, Libia, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen— han tenido un coste de vidas civiles que oscila entre 22.000 y 48.000 personas.

Según el propio presupuesto gubernamental, en el último año fiscal (2020), el gasto destinado al Departamento de Defensa fue de 753.000 millones de euros, de los cuales 422.000 pasaron directamente a estas empresas privadas

En el nivel presupuestario, ambos conflictos se han situado como los más caros para los contribuyentes estadounidenses de todos cuantos ha librado el país. “El presupuesto del Pentágono es más alto que durante el clímax de la Guerra de Vietnam o la Guerra Fría, y sigue creciendo; representa más de la mitad del presupuesto federal disponible en un año típico”, reseñan Lindsay Koshgarian, Ashik Siddique y Lorah Steichen, autoras del informe Estado de inseguridad: el costo de la militarización desde el 11 de septiembre, publicado este mes.

El informe explicita uno de los aspectos diferenciales de esta guerra contra el terror: el hecho de que gran parte de ese presupuesto se ha dirigido directamente a las empresas privadas de seguridad, los llamados “contratistas”, que ofrecen servicios al Departamento de Defensa que van desde el suministro de cemento hasta mercenarios. Pese a la que las más célebres han sido las compañías de Erik Prince y Al Clark —hoy funcionan bajo el nombre de Academi, pero salieron a la luz con el resonante nombre de Blackwater—, lo cierto es que miles de compañías han sido las grandes beneficiadas del enquistamiento de los conflictos de Afganistán, que ha sido descrito como un “esquema Ponzi” destinado a justificar una guerra “ilimitada e infinita, que no tiene, hablando en propiedad, ni origen ni propósito”, como explicaba la filósofa Donatella di Cesare en su libro Terrorismo (Gedisa, 2017).

Según el propio presupuesto gubernamental, en el último año fiscal (2020), el gasto destinado al Departamento de Defensa fue de 753.000 millones de euros, de los cuales 422.000 pasaron directamente a estas empresas privadas. Eso ha supuesto que el valor bursátil de las cinco principales empresas de defensa, indica el informe de Koshgarian, Siddique y Steichenm se haya multiplicado por diez durante las dos décadas de la guerra contra el terror.

La justificación de los ataques que tuvieron lugar tras el 11S ha estado basado en una difusión global del concepto de terrorismo que fue rápidamente puesta en duda por distintos académicos. En 2002, Peter Weiss, del TNI explicaba que aunque el terrorismo “genera condena prácticamente universal…aún sigue sin haber una definición amplia compartida por la comunidad mundial”.

Alejandro Pozo, investigador sobre paz, conflictos armados, desarme y acción humanitaria del Centre Delàs, considera que uno de los frutos de esa guerra contra el terror es una especie de carta blanca para quitar estatus político al oponente. Esa nueva disposición supone que “con los grupos armados se negocia, a los grupos terroristas se les elimina”, aunque se trate, explica este experto en conflictos internacionales, de los mismos actores que combaten por un objetivo político determinado. “Esa etiqueta permite criminalizar a la base de apoyo —incluso aunque no sea tal— y el marco de la guerra contra el terror te da unas facilidades tremendas para eso. Nadie se va a quejar. Todo el mundo lo hace y todo el mundo tiene sus propios terrorismos”, concluye Pozo.

La guerra contra el terror, desarrollan los autores del informe Construyendo la paz en una guerra permanente, de 2015, aportó otro cambio: “Los conflictos armados de larga data entre Estados y actores no estatales se han reconvertido en “guerras contra el terror” internas, socavando los principios del derecho internacional que rigen el uso legítimo de la violencia. Mientras tanto, el antiterrorismo ha sido utilizado por gobiernos represivos para sistematizar la violencia estatal y como pretexto para reprimir a la oposición política”.

La tortura tras el 11S

Entre los personajes poco memorables de la Doctrina Bush que refleja la película Vice, importante para conocer el papel de la Casa Blanca en ese cambio de milenio, destaca el abogado John Yoo. Junto con otro abogado, Jay Bybee, y representando al Departamento de Justicia, Yoo fue encargado de redactar una serie de Memorandos sobre tortura que fueron firmados en agosto de 2002 y que estuvieron vigentes hasta 2009, cuando Barack Obama los derogó para volver a la situación anterior.

Esos manuales cobraron relevancia pública con la divulgación en abril de 2004 por parte del medio The New Yorker y del programa de televisión 60 minutos de la cadena CBS, de varias fotografías de personas torturadas en la prisión de Abu Ghraib, en Iraq . Entre las más divulgadas, la de un hombre encapuchado, sobre una caja, con una serie de cables que, según le dijeron responsables de su interrogatorio, en su mayor parte al servicio de contratistas —privados—, estaban conectados a una máquina que le daría descargas en el caso de que flaquease. Otras fotografías abundan más en detalles del componente de abuso sexual de algunos de estos sistemas de tortura.

La tarea de Yoo y Bybee fue dotar a las agencias estadounidenses, principalmente la CIA, del amparo legal para el uso de estas técnicas de interrogatorio: el afán fue que se dejara de emplear la palabra “tortura” —que desde el punto de vista del derecho internacional es ilegal tanto en periodo de guerra como en el de paz— y se pasasen a usar eufemismos como los de “interrogatorios coercitivos” para las torturas que se llevaron a cabo en Abu Grahib y en la base militar estadounidense de Guantánamo (Cuba).

Los debates en torno a si es admisible la tortura para evitar un mal mayor —debates que, por ejemplo, quisieron abrir torturadores confesos como el ultraderechista francés Jean Marie LePen, en el contexto de la guerra de Argelia— trascendieron desde los círculos conservadores a la opinión pública liberal que, en el periodo de trauma generado por los ataques del 11 de septiembre, aceptaron entrar en ese barro. En palabras de Donatella di Cesare, la novedad tras el 11S es “que la condena de la tortura ha dejado de parecer obvia”, acelerando la “ruina moral” de los Estados Unidos, con consecuencias en el interior de este territorio.

La Ley Patriótica, aprobada por George W. Bush en octubre de 2001, supuso el hito más importante en la escalada del discurso antiterrorista

Bajo la premisa, casi siempre falsa, de que la tortura puede conseguir neutralizar una bomba de relojería, se cometieron crímenes como los que sufrió Lahcen Ikassrien, ciudadano español, simpatizante de los talibanes, trasladado a Guantánamo donde fue torturado tras sufrir interrogatorios por parte de las autoridades estadounidenses y españolas: “Venían a la celda, echaban un spray que te hacía llorar, te dabas la vuelta, te ponías de rodillas con las manos entrelazadas en la cabeza, y te ataban pies y manos con cadenas. Te conducían a una sala con las paredes de plástico, y allí te dejaban horas solo. Horas de angustia esperando a que llegaran. Ponían ventiladores para que te helaras de frío”, explicó Ikassrien en un testimonio que recoge Alejandro Vélez Salas en su tesis Efectos y consecuencias del 11S. Una perspectiva ético-política (2011).

Para Alejandro Pozo, la guerra contra el terror y la distinción en que se basa no es entre civiles y combatientes, sino en la más hábil categoría de “inocentes y no inocentes”, que favoreció discursos que deshumanizaban etnias y pueblos. A través de esas ideas se justificaron públicamente prácticas que hasta entonces se hacían en secreto.

Snowden y el ICE

Tanta o más relevancia que las fotografías de Abu Ghraib tuvieron las revelaciones que Edward Snowden facilitó a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post en 2013. Doce años después de los atentados del 11S, la información sobre dos programas de vigilancia desarrollados por la Agencia de Seguridad Nacional, PRISM y XKeyscore, que permitían capturar y analizar la comunicaciones de millones de personas en todo el mundo a su paso por los servidores de las grandes empresas estadounidenses para derivar información sobre personas “de interés” a las agencias gubernamentales.

La divulgación de Snowden pudo abrir una revisión sobre los derechos que la población estadounidense comenzó a perder en el contexto de la respuesta a los atentados del 11 de septiembre. La Ley Patriótica, aprobada por George W. Bush en octubre de 2001, supuso el hito más importante en la escalada del discurso antiterrorista, también en la práctica, pues las agencias englobadas en el Departamento de Seguridad pueden intervenir conversaciones sin orden judicial.

Dos años después, se aprobó la creación de una nueva agencia, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), con el objetivo de supervisar los sistemas de inmigración. Este departamento dio lugar, entre otros, a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, responsable de la doctrina de “tolerancia cero” contra la migración y de las dantescas escenas de niños enjaulados que se divulgaron en junio de 2018.

El espionaje llegó acompañado de una militarización de los conflictos en el interior de Estados Unidos mediante despliegues hasta la frontera sur, donde hoy quedan 3.000 soldados en funciones de vigilancia. En 2016-17 se desplegaron soldados de la Guardia Nacional para reprimir las protestas lideradas por indígenas contra el oleoducto cerca de la reserva Sioux de Standing Rock. En junio de 2020 fue llamada a Washington, DC, para reprimir las protestas de Black Lives Matter. Y, en enero de este año, acudió al Capitolio para reducir el ataque-patochada de los partidarios de Donald Trump.

Las autoras de Estado de inseguridad: el costo de la militarización desde el 11 de septiembre, explican que durante estos 20 años “Estados Unidos ha gastado más de 21.000 millones de dólares en militarización, vigilancia, y represión, todo en nombre de la seguridad”, dinero suficiente para descarbonizar la red eléctrica de EE UU, anular la deuda estudiantil, garantizar la escuela infantil gratuita o crear cinco millones de empleos, como estiman las autores del citado informe.

La islamofobia se convirtió en tendencia mediante discursos estigmatizadores y favorecidas por la sospecha hacia las comunidades.

En cambio, el discurso de la seguridad nacional y la transformación de la “guerra contra el terror” en una “guerra contra los migrantes” ha exacerbado el discurso del supremacismo blanco. Un artículo de Cynthia Miller-Idriss en la revista Foreign Affaires, con el título Del 11 de septiembre al 6 de enero, desarrolla la idea de que “la política del miedo practicada por muchos funcionarios y líderes en los países occidentales en la era posterior al 11 de septiembre contribuyó claramente a la radicalización de la derecha”. Para Miller-Idriss, “al alentar a las personas a sentir que no tenían control sobre sus propias vidas, a verse a sí mismas como vulnerables y a temer a los forasteros, este estilo de política abrió una puerta para los extremistas, que marcharon a través de ella”.

La islamofobia se convirtió en tendencia mediante discursos estigmatizadores y favorecidas por la sospecha hacia las comunidades mediante el empleo de teorías sobre una escalada hacia la radicalización que puso bajo sospecha las mezquitas y otros lugares de reunión de comunidades musulmanas. “Los musulmanes”, explica Alejandro Pozo, “están completamente estigmatizados porque se les ve como parte del problema. Lo que hemos comprado como opinión pública es que hay un proceso gradual, que un mal llamado yihadista simplemente es un fundamentalista. Hacer una asociación tan directa entre religión y terrorismo es una oportunidad para gente que tiene una visión racista e islamófoba”.

“Por supuesto, el terrorismo yihadista planteaba una amenaza genuina, y todavía lo es, especialmente en países asolados por conflictos en el África subsahariana y el Medio Oriente, donde el terrorismo islamista se cobra la vida de miles de personas cada año”, explicaba  Miller-Idriss en el citado artículo, “pero la respuesta global al impacto del 11 de septiembre fue tan exagerada que cegó a los responsables políticos, los funcionarios de seguridad y el público en general ante el crecimiento más rápido de lo que se convirtió, especialmente en Estados Unidos, en una amenaza mucho mayor del extremismo de extrema derecha”.

Dos décadas después del atentado de las torres gemelas, el mundo ha contemplado el ascenso del supremacismo blanco, con sus propios hitos en forma de ataques como la masacre de la sinagoga de Pittsburgh o, en Europa, hace diez años el atentado de Anders Breivik en Utoya (Noruega). La percepción hoy de los ataques de 2001 sigue derivando a temas sin resolver en el presente, lo que genera la sensación de que el 11S sigue siendo el factor clave de la geopolítica internacional o, al menos, que las lógicas generadas en torno a ese hecho aun no forman parte del pasado, sino que amenazan nuestro presente.





Fuente: Anred.org