August 12, 2021
De parte de SAS Madrid
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La instrucci贸n judicial y las demandas de la Fiscal铆a se est谩n dirigiendo en este primer momento hacia los m茅dicos y responsables de los centros de mayores. “Hasta ahora nadie se ha cuestionado los protocolos ni la actuaci贸n de la Consejer铆a de Sanidad”, lamenta el portavoz de una plataforma de afectados.

A distinto ritmo y por diferentes v铆as, decenas de investigaciones judiciales contin煤an abiertas para conocer lo que sucedi贸 en las residencias madrile帽as durante la primera ola de la pandemia. Entre marzo y mayo de 2020, m谩s de 7.000 personas fallecieron en los centros de mayores. Los procedimientos que se est谩n instruyendo por ahora 煤nicamente apuntan a directivos y m茅dicos que atendieron en los geri谩tricos a sus usuarios durante la pandemia; las plataformas de afectados consideran que los impulsores de los protocolos que obstaculizaron la derivaci贸n de los mayores son los grandes olvidados en las causas que van avanzando en los juzgados.

Actualmente hay un “gran n煤mero de procedimientos abiertos en los 21 partidos judiciales de Madrid”, apuntan fuentes judiciales, que explican que este tipo de casos que se van dispersando por distintos juzgados, que se litigan por diferentes v铆as 鈥損enal o civil鈥 y que avanzan a ritmos dispares son definidos en su jerga como “bombas de racimo”. 

“Esta actuaci贸n [dividida en decenas de juzgados de la Comunidad] es bastante desconcertante para la persona que est谩 en nuestra situaci贸n. No es una cuesti贸n econ贸mica. Sientes que te est谩n mareando en un asunto que se ha saldado con vidas humanas”, apunta Carmen L贸pez, una de las portavoces de la plataforma Marea de Residencias, que cuenta con varios centenares de familias involucradas. Seg煤n los datos recopilados por este colectivo, a fecha 31 de julio ten铆an activos alrededor de 20 procedimientos en distintos juzgados de la regi贸n.

Una de las demandas recientes, que se ha archivado, se dirig铆a contra cuatro residencias de grandes grupos 鈥揤italia, Domus Vi, Aralia y Amavir鈥 en Legan茅s. Estos centros acumularon a lo largo de la primera ola 130 muertos por COVID o por s铆ntomas compatibles con la infecci贸n. 32 familias se unieron en dos querellas para denunciar a los responsables de los centros y altos cargos de la Comunidad de Madrid por delitos de homicidio imprudente, omisi贸n del deber de socorro, trato degradante y prevaricaci贸n. El pasado 13 de julio, el juzgado de instrucci贸n n煤mero 5 de Legan茅s rechaz贸 estas acusaciones, alegando que “no se desprende” de los hechos descritos por la defensa de los familiares “indicio alguno de la comisi贸n de uno o varios il铆citos”.

7.600 residentes fallecieron en la primera ola

Entre marzo y mayo de 2020, durante la irrupci贸n de la pandemia y en los momentos en los que los centros de mayores se convirtieron en el principal foco de la emergencia sanitaria, el 18% de los usuarios (7.600) de residencias madrile帽as fallecieron. Para tratar de esclarecer lo que sucedi贸 en esos emplazamientos, varios colectivos y familias a t铆tulo individual acudieron a los juzgados hace m谩s de un a帽o. Adem谩s de los casos particulares, tambi茅n pretend铆an que se investigasen los pol茅micos protocolos del Gobierno de Isabel D铆az Ayuso que impidieron el traslado de estos mayores a los hospitales durante el peor momento de la pandemia.

En el periodo en el que se registr贸 el mayor n煤mero de muertes la Fiscal铆a lleg贸 a acumular m谩s de un centenar de denuncias. De ellas, la mayor parte se archivaron. El Ministerio P煤blico sigui贸 adelante con menos de una decena de esos procedimientos, incoando demandas contra m茅dicos y gestores de residencias, a los que acusan, en algunos casos, de omisi贸n del deber de socorro o, en otros, de homicidio imprudente.

M谩s de 50 denuncias fueron impulsadas en la Fiscal铆a por la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare). Solo en una d茅cima parte de las demandas presentadas por este colectivo el Ministerio P煤blico ha encontrado indicios de delito y ha continuado el procedimiento acusando a trabajadores de la residencia, seg煤n expone su presidente, Miguel V谩zquez. Por ahora, no se ha ido m谩s all谩 y no se ha acusado a ning煤n exalto cargo del Gobierno auton贸mico, seg煤n las fuentes consultadas. 

V铆ctor es otro de los centenares de denunciantes que acudieron a la Fiscal铆a para solicitar una investigaci贸n tras la muerte de su abuela el 13 de abril de 2020 en la residencia Orpea Carabanchel. En mayo dirigi贸 un escrito al Ministerio P煤blico y un a帽o despu茅s, escuchando la radio se enter贸 de que la demanda se hab铆a estimado y los fiscales denunciaban a dos doctoras del centro, a las que han acusado de omisi贸n del deber de socorro y homicidio imprudente. 

La Fiscal铆a considera que las facultativas denunciadas “no realizaron el oportuno seguimiento m茅dico”. “La ausencia de un control y seguimiento de enfermer铆a y m茅dico en la residencia, unido a la falta de activaci贸n del protocolo de valoraci贸n de una posible derivaci贸n a centro hospitalario, fue lo que priv贸 a la mujer de una adecuada atenci贸n sanitaria y razonablemente puede concluirse que influyeron en el fatal desenlace de su enfermedad”, expuso el Ministerio P煤blico en una nota de prensa.

“Dos d铆as despu茅s de escucharlo por la radio me lleg贸 una notificaci贸n de la Fiscal铆a. Estoy muy satisfecho con el trabajo que han hecho. Nos han enviado una resoluci贸n de diez folios con una investigaci贸n muy profunda sobre c贸mo funcion贸 la residencia en ese tiempo”, expone el denunciante, que trabaja como enfermero en un hospital. Tener conocimiento sanitario le ayud贸 a darse cuenta de la situaci贸n en la que se encontraba su abuela. Tras la denuncia del fiscal, su familia se plantea personarse en la causa para reclamar tambi茅n que “nadie del sistema p煤blico atendi贸 a su familiar durante el mes que estuvo en pandemia”. El grupo Orpea asegura que las denuncias “no son contra sus residencias ni contra la compa帽铆a”, insisten en que los procedimientos abiertos por la Fiscal铆a “son contra personas f铆sicas” y, por lo tanto, no aportan informaci贸n sobre esas causas.

Con las denuncias de la Fiscal铆a ya presentadas en el juzgado, Pladigmare est谩 valorando sumarse a algunas causas como acusaci贸n particular para introducir en el procedimiento los protocolos de derivaci贸n. “Hasta ahora nadie se ha cuestionado la actuaci贸n de los protocolos ni la actuaci贸n de la Consejer铆a de Sanidad. Queremos dirigirlo a ese punto: 驴qu茅 hicieron durante la pandemia?”, indica V谩zquez.

Las 贸rdenes elaboradas por la Consejer铆a de Sanidad para limitar la derivaci贸n de residentes desat贸 un conflicto en el Gobierno de coalici贸n que en ese momento estaba el frente de la Comunidad. El consejero de Pol铆ticas Sociales que ocup贸 la cartera en los primeros meses de la pandemia, Alberto Reyero, cargo escogido por Ciudadanos, lleg贸 a asegurar que esas instrucciones fueron “poco morales” y “posiblemente ilegales”

Reyero envi贸 varios correos electr贸nicos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cargando contra esos documentos que fueron enviados a los hospitales en marzo de 2020. En una entrevista con elDiario.es, el exconsejero reflexionaba sobre las consecuencias de esas 贸rdenes. “En las dos o tres semanas posteriores a la puesta en marcha del protocolo de derivaci贸n, los fallecidos en las residencias fueron aproximadamente un 83%, el resto en hospitales, y eso no es en absoluto normal”, apunt贸. Y a帽adi贸: “Pueden fallecer, porque es verdad que puede haber personas que no sea adecuado trasladarlas a un hospital, pero no en unos n煤meros tan grandes. Por lo tanto, evidentemente se aplicaron [los protocolos]”. 

Las denuncias contra trabajadores se asumen con “desasosiego”

En la misma l铆nea se posicionan otras plataformas y tambi茅n miembros de la patronal. Los portavoces de Marea de Residencias sit煤an como “responsables” de la tragedia vivida en los centros de mayores a los promotores de los protocolos: “Desde la m谩xima dirigente hasta la responsable de la gesti贸n sanitaria de las residencias, pasando por el firmante de los documentos y la gerencia de la Comunidad”. “No vamos contra los trabajadores. Ni se nos ocurre”, a帽aden.

Las querellas archivadas en Legan茅s se dirigieron contra responsables de los centros y altos cargos del Gobierno auton贸mico: la presidenta, Isabel D铆az Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y el responsable de Justicia, Enrique L贸pez. En el auto emitido el 13 de julio, la magistrada recuerda que estos responsables pol铆ticos fueron excluidos del procedimiento por la Audiencia Provincial. Sobre los protocolos, aclara que determinar si “fueron o no acertados” es una “cuesti贸n ajena a los directores y dem谩s personal de las residencias, que se limitaron a cumplir lo que se les ordenaba”.

Entre las decenas de procedimientos que todav铆a siguen abiertos, fuentes del sector aseguran que “est谩 causando mucho desasosiego ver c贸mo se est谩 juzgando a los directores de las residencias cuando no ten铆an competencias” para deso铆r los protocolos que impulsaron. “Es muy duro que no pudiesen hacer derivaciones al hospital, vieran c贸mo se les estaban muriendo los residentes sin que nadie hiciera nada y, encima, se tengan que sentar ahora en un juzgado siendo el responsable de un homicidio”, a帽ade un portavoz de la empresa Amavir. 

Seg煤n a帽aden estas fuentes de la compa帽铆a, en la investigaci贸n abierta para conocer lo sucedido en Amavir Ciudad Lineal ya “se ha tomado declaraci贸n a personal del centro” 鈥la directora lo hizo como investigada鈥 y han aportado “toda la documentaci贸n” requerida. En ella han incluido “todas las evidencias” de lo sucedido: “Hacer derivaciones hospitalarias nos result贸 imposible”. En el segundo procedimiento que tienen abierto impulsado por el Ministerio P煤blico para dilucidar lo sucedido en el centro de Patones aseguran que por ahora no han “recibido ninguna comunicaci贸n del juzgado” que confirme su admisi贸n a tr谩mite.

Entre los procedimientos abiertos impulsados por Marea de Residencias, se est谩 investigando lo sucedido en dos centros p煤blicos, el de Alcorc贸n y la Gran Residencia de Carabanchel, como confirman desde la Consejer铆a de Pol铆ticas Sociales. En la primera causa el juez de primera instancia ha llegado a citar a declarar como testigo al geriatra del Hospital Universitario de Alcorc贸n, seg煤n informa Europa Press. Con la instrucci贸n de estos casos, los familiares esperan que los responsables de los centros “aporten explicaciones y expliquen por qu茅 cumpl铆an el protocolo”, asegura L贸pez.

Enlace relacionado ElDiario.com 10/08/2021.




Fuente: Sasmadrid.org