July 5, 2021
De parte de SAS Madrid
282 puntos de vista


La mayor铆a de las comunidades no inspeccionan los centros ni una vez al a帽o desde 2014. La sanci贸n m谩s com煤n por faltas graves es 5.000 euros, y una cuarta parte de las multas es por falta de personal. El sector pide transparencia al evaluar la calidad de los centros en un modelo que es una anomal铆a en Europa.

Con la pandemia, cuando murieron unos 30.000 ancianos que viv铆an en residencias de mayores, estos centros se convirtieron en una prioridad y un motivo de preocupaci贸n. Al acercarse a ellos emerge un modelo sin ninguna transparencia que oculta la falta de control que las rige. Un sistema con inspecciones insuficientes, que impone sanciones a menudo irrisorias y, por 煤ltimo, deja frecuentemente en la indefensi贸n a los usuarios, que ven deso铆das sus quejas. Muchos ciudadanos se desesperan ante el estado de sus familiares, ven que denunciar no sirve de nada y se sienten abandonados por las instituciones: han eclosionado decenas de organizaciones que cuestionan el sistema y piden claridad sobre las residencias. Una investigaci贸n de EL PA脥S arroja luz sobre todo ello. Una de las claves, el punto de partida, es la dudosa supervisi贸n del modelo: antes de la irrupci贸n del coronavirus, de 2014 a 2019, la mayor铆a de las comunidades aut贸nomas, 10 en total, no inspeccionaban las residencias ni una vez al a帽o de media. En total, 11 territorios si se suma Bizkaia, pues en el Pa铆s Vasco la competencia est谩 repartida entre las tres diputaciones. Suman el 51% de todas las residencias de Espa帽a. En 2020, a煤n con un refuerzo de las inspecciones por la pandemia, todav铆a fueron siete las que no mandaron un control a ninguna de ellas.

Una inspecci贸n al a帽o es el m铆nimo que los expertos consideran necesario y la norma en pa铆ses del entorno europeo. Hay comunidades que lo imponen 鈥擬adrid establece dos anuales鈥; otras, no. Pero a menudo el objetivo es inviable: no hay inspectores suficientes. En Asturias, con 232 residencias para seis inspectores, a cada uno le toca controlar 39; en Catalu帽a, 33. El c谩lculo es solo orientativo porque estos funcionarios tambi茅n se ocupan de la supervisi贸n de otros muchos centros sociales, como los de menores o los de discapacidad. No dan abasto. Pero adem谩s el resultado de su trabajo no es p煤blico, al contrario que en otros pa铆ses occidentales: el ciudadano debe elegir a ciegas. Quien ingresa en una residencia en Espa帽a no puede saber si ha sido sancionada y por qu茅. Las multas, en todo caso, son muy bajas: la media por infracciones graves es de 5.000 euros. Un cuarto de ellas son por falta de personal, con penalizaciones por un importe mucho menor que lo que cuesta contratar a alguien, por ejemplo.

“Los verdaderos inspectores somos los familiares, en nuestra residencia, si no hubi茅ramos estado los familiares, no se habr铆an realizado la mitad de las inspecciones”, asegura Ester Pascual, 44 a帽os, que ten铆a a su madre en una residencia de Elche donde ha presentado 10 denuncias, sin respuesta, y que logr贸 cambiarla de centro hace apenas unos meses. “En muchas habitaciones no hay cortinas, no pueden dormir bien. Los aparatos del aire acondicionado est谩n rotos. El a帽o pasado hubo dos plagas de chinches. Ahora por fin han comprado una b谩scula, 驴pero sabes lo que nos ha costado? Meses. Tambi茅n pierden la ropa. Mi madre ten铆a llagas en la boca, el dentista me dijo que no le estaban limpiando los dientes y la directora me dijo que no me pod铆a garantizar que se los lavaran una vez al d铆a. Yo entr茅 en una asociaci贸n de denuncia al ver estas cosas”, relata.

Las inspecciones y las multas que se imponen son p煤blicas ahora por primera vez a nivel nacional gracias a los datos conseguidos por EL PA脥S, que revela que un 21% han sido sancionadas desde 2014. Pueden verse en el buscador creado que permite consultar todas las multas impuestas. Salvo en Catalu帽a y Baleares, que no han facilitado los nombres de los centros. Espa帽a es una rareza entre otros pa铆ses occidentales, porque esta labor en Alemania, en el Reino Unido o en Estados Unidos la hacen las autoridades. Tienen sistemas de estrellas como los hoteles, o notas de evaluaciones en la puerta o en la web. En Espa帽a, gran parte del sector, tambi茅n empresas y entidades sociales, est谩n a favor de cambiar a una transparencia total. Saben que la desconfianza hacia las residencias nace del secretismo vigente hasta ahora. Un dato: nadie sabe siquiera cu谩ntas residencias y usuarios hay en Espa帽a, no hay un censo general. EL PA脥S ha contado un total de 5.463 centros, recopilando los datos de cada comunidad. El CSIC y el Imserso cuentan 133 y 113 m谩s, respectivamente. El Gobierno ha emprendido este a帽o la elaboraci贸n del primer censo oficial.

Antes de la pandemia, un suceso daba que hablar de las residencias de cuando en cuando. Por ejemplo, en 2017 un anciano de 80 a帽os muri贸 en el jard铆n de una residencia de Alcorc贸n, de 220 residentes, pero no lo encontraron hasta el d铆a siguiente. Los familiares denunciaron falta de personal y control. Mariv铆 Nieto ten铆a all铆 a su madre: “Pensamos: 驴qu茅 clase de control hay? Si no va a cenar, si no se acuesta… Luego todo el mundo te contaba una historia, todos ten铆amos los mismos problemas en todas las residencias, protestabas y nadie hac铆a nada”. En el sector se discute un cambio de modelo desde hace a帽os, pero a ra铆z de la covid, el debate es m谩s profundo. “Ha habido mucho abandono institucional, est谩bamos olvidados. As铆 nos fuimos organizando”, explica Nieto, que ahora forma parte de Marea de Residencias, nacida en 2019. Otro colectivo, laPlataforma, agrupa en el nivel estatal a 15 asociaciones que llevaban a帽os trabajando en casi todas las autonom铆as. Estas organizaciones canalizan un descontento que ha estallado con la pandemia.

驴C贸mo est谩 organizado el sistema? Siete de cada 10 residencias son privadas, seg煤n el CSIC, aunque muchas plazas se conciertan. Los servicios sociales son competencia auton贸mica y no hay un marco estatal que fije c贸mo debe ser el control a estos centros: hay tantos modelos como comunidades, e incluso se subdivide a煤n m谩s en el Pa铆s Vasco, en sus tres diputaciones, y en Baleares, en los tres consejos insulares. Total, 21 sistemas. Para esta investigaci贸n ha llevado siete meses recabar todos los datos, utilizando la Ley de Transparencia y con peticiones a las consejer铆as, y aun as铆 son incompletos. El Ministerio de Derechos Sociales y las autonom铆as acordaron, en el marco de un plan de choque para la dependencia, reforzar las inspecciones. Y el ministerio financiar谩 con fondos europeos un estudio para proponer un sistema de evaluaci贸n estatal. Cada regi贸n realiza inspecciones a trav茅s de las consejer铆as de pol铆tica social antes de autorizar la apertura de un centro, de forma peri贸dica y cuando recibe quejas.

Beatriz Cano, que vive en una residencia de Usera, Madrid, tiene un r茅cord: m谩s de 900 denuncias en 10 a帽os. Por la comida, el personal, las instalaciones… “Y no me han dado la raz贸n nunca, ni una. Dicen que todo est谩 bien. Digo yo que al menos alguna vez ser铆a verdad lo que dec铆a”. Muestra una carta que le escribi贸 la Comunidad de Madrid ech谩ndole en cara lo mucho que protestaba. “Pero es que yo no lo hago por gusto, como si no tuviera otra cosa que hacer. Sigo denunciando porque lo que est谩 mal sigue igual, y yo soy peleona”. Cuando hay deficiencias y sanciones, la inspecci贸n comprueba que se subsanan, con documentos o con una nueva visita, aunque no suele haber plazos fijados. Normalmente se prioriza a las residencias sancionadas en los planes de inspecci贸n. Las empresas aseguran que suele haber una al a帽o y, en algunas comunidades, controles extra en caso de tener plazas concertadas. Tambi茅n hay visitas anuales de Sanidad y ocasionales de Trabajo.

Joseba Zalakain, director del Centro de Documentaci贸n y Estudios SiiS y experto en servicios sociales, cree que en Espa帽a “se hacen pocas inspecciones y se hacen mal”. “En pa铆ses como Alemania y Estados Unidos hay una evaluaci贸n anual obligatoria”, apunta, “que no se basa tanto en las regulaciones y procedimientos sino en la calidad de vida de los mayores, y se publica centro por centro; tienes derecho a saber”. En Estados Unidos hay un sistema de estrellas, como los hoteles, basado en las inspecciones. En Alemania hay una placa en la puerta de cada residencia con la nota de cada inspecci贸n, cada centro puede poner al lado otra de una auditor铆a privada, y tambi茅n la evaluaci贸n de los usuarios.

Miguel V谩zquez, presidente de Pladigmare, asociaci贸n de Madrid que forma parte de laPlataforma, cuenta que no hacen m谩s que denunciar, pero las quejas de residentes y familiares no sirven de casi nada: “Las inspecciones son un aut茅ntico parip茅. Denuncia una familia o un trabajador, mandan una inspecci贸n, pero solo pregunta a la direcci贸n del centro, no al que ha denunciado. Y luego simplemente se creen lo que les dicen y se acab贸”. Explica que en Madrid la ley de 2002 establece sanciones fuertes, permite la intervenci贸n de una residencia o prohibir la financiaci贸n p煤blica de un centro, pero “nunca se ha hecho”. “En una residencia en Madrid, p煤blica de gesti贸n privada, al menos desde 2010 no funciona el sistema de climatizaci贸n. Llevamos a帽os pidiendo una intervenci贸n temporal, que lo solucione y luego pidan da帽os y perjuicios. Pero no se hace nada”. Paulino Campos, presidente de la federaci贸n gallega Rede, otra integrante de laPlataforma, coincide: “Con el cuerpo de inspectores que hay, es imposible vigilar con eficacia y calidad”, dice. “Es frustrante denunciar y muchas familias lamentan el tiempo perdido. Si existiera un cuerpo de vigilancia como debiera, significar铆a que algunas de las lesiones graves y vulneraciones de derechos humanos en residencias se evitar铆an”, apunta.

Cuando Josep de Mart铆 鈥攋urista, geront贸logo y profesor de materias jur铆dicas relacionadas con residencias鈥 era inspector, una anciana le pregunt贸 desolada: “驴Ya nunca volver茅 a comer pescado que no sea congelado?”. “Pues a lo mejor no”, respondi贸 茅l. “Est谩 pagando lo que est谩 pagando y cumple la ley, en cantidades, prote铆nas… En muchas quejas pueden tener raz贸n, pero no es ilegal”. Fue inspector durante 18 a帽os, hasta 1998, y luego jefe de inspecci贸n en Catalu帽a. Opina que “el problema de las quejas es que muchas veces no tienen nada que ver con la ley. Dos quejas t铆picas son que no hay personal, porque no ven a nadie, y que la comida es mala. Pero va la inspecci贸n y todo es legal”. De Mart铆 cree que en Espa帽a domina el secretismo. “La pregunta es: 驴para qui茅n se inspecciona? Si se paga con impuestos, es para todos y deber铆a ser p煤blico”. Ha estudiado el sistema en 13 pa铆ses 鈥”En todos se hacen p煤blicas las inspecciones, ser铆a inconcebible que no fuera as铆”鈥 y cre贸 en 2000 la web inforesidencias.com para arrojar luz sobre un mundo muy oscuro: esa plataforma ofrece a los centros colgar sus actas de inspecci贸n, n煤mero de personal, el contrato que se firma, precios. Solo un tercio de las residencias ha aceptado colaborar, y solo un 2% da todos los datos.

“Cuando todo sea p煤blico, alucinaremos. Ser谩 duro al principio, porque demostrar谩 que no todos inspeccionan igual, que las residencias p煤blicas no se inspeccionan igual”, apunta De Mart铆. La investigaci贸n de EL PA脥S tambi茅n despeja esta duda planteada por parte del sector privado, convencidos de que hay un doble rasero: un 15% de las residencias sancionadas son p煤blicas, dato que es aproximado porque en un centenar de casos la informaci贸n no aclara la titularidad del centro.

Seg煤n la investigaci贸n de EL PA脥S, un 25% de las sanciones impuestas en los 煤ltimos a帽os son por falta de personal, un s铆ntoma claro de uno de los principales problemas de las residencias, con ratios fijadas hace a帽os y que no se adaptan al nivel de dependencia con el que los usuarios llegan ahora a los centros. Un m茅dico que prefiere mantenerse en el anonimato y acaba de dejar la residencia de Madrid en la que trabajaba indica: “He estado m谩s de a帽o y medio, me com铆 toda la pandemia, y no pod铆a m谩s, no quiero volver a pasar por eso, no voy a volver a una residencia en mi vida. Est谩s sin personal de enfermer铆a suficiente, y lo haces t煤, que a veces ni sabes, o un auxiliar, que no tiene formaci贸n ni t铆tulo para ello, y t煤 eres el 煤ltimo responsable si pasa algo”. En marzo de 2019 en Avil茅s, Asturias, una patrulla de polic铆a encontr贸 de madrugada a un anciano desorientado por la calle, en pleno centro. Hab铆a salido de una residencia y los agentes comprobaron que no hab铆a ning煤n empleado por la noche, los usuarios estaban solos. Fue cerrada.

El 75% de las sanciones son por faltas graves o muy graves, pero aunque la media de las sanciones para ellas supera los 20.000 euros en la mayor铆a de comunidades, la multa real m谩s com煤n se sit煤a en 5.000 euros. Las multas se mueven en la gama baja de la horquilla legal. En Bizkaia, la media es la m谩s baja, 400 euros, porque se puede reducir al m铆nimo la sanci贸n si se subsana el fallo.

En 2019, en un v铆deo grabado por un familiar con c谩mara oculta en la residencia Los Nogales Hortaleza de Madrid se ve铆a a tres auxiliares ri茅ndose e insultando a dos residentes, y trat谩ndolas con violencia. “Como me muerdas, es que te arranco la cabeza”, se escuchaba decir a una trabajadora. Una de esas residentes era la madre de Francisco Polonio, que hab铆a colocado la c谩mara porque tem铆a malos tratos. “Al poco de que ingresara en el centro con una plaza concertada, en 2015, ya ten铆a sospechas. Aparec铆a con la rodilla hinchada o la patilla de las gafas rotas, por ejemplo. Presentaba escritos a la directora y me dec铆a que estaba todo bien”, cuenta este abogado. “Incluso denunci茅 al juzgado en 2016, pero se archiv贸”. Dice que, tras el v铆deo, empez贸 a buscar otra residencia pero a los pocos meses su madre muri贸. La Comunidad anunci贸 que el centro se enfrentaba a una multa de hasta 600.000 euros, pero en realidad los datos oficiales indican que se ha quedado en 78.622,86 euros, por “deficiencia o desatenci贸n en la prestaci贸n del servicio que implica situaci贸n de peligro, grave incomodidad o abandono notorio en el cuidado y protecci贸n”. Fuentes de Los Nogales aseguran que fue un hecho aislado, al margen de la empresa y de la direcci贸n, y que los tres empleados fueron despedidos.

En 2019, Polonio present贸 tres v铆deos en la Fiscal铆a. El caso est谩 a煤n en fase de investigaci贸n, explican las fuentes de la compa帽铆a, con los tres trabajadores y la directora (que sigue trabajando en la empresa, pero ya no est谩 al frente de la residencia) investigados, no as铆 la compa帽铆a. Estas fuentes explican que recurrieron la sanci贸n de la Comunidad y que est谩 “en suspenso”, a la espera de la decisi贸n judicial. Un 8% de las sanciones contabilizadas por EL PA脥S, un total de 131, han sido por maltrato f铆sico o ps铆quico o trato degradante.

Las empresas del sector, tambi茅n fragmentadas en cuatro grandes patronales, explican que son las primeras interesadas en acabar con las malas praxis. Aseguran que la mayor铆a de las residencias trabajan correctamente. En realidad hay consenso general en la necesidad de inspecciones rigurosas y de transparencia. Cinta Pascual, presidenta del C铆rculo Empresarial de Atenci贸n a las Personas (CEAPs), la que agrupa m谩s centros, apunta: “Llevo 26 a帽os en esto y nos hemos pasado la vida pidiendo unos indicadores comunes y una lista de chequeo com煤n para toda Espa帽a, y que haya un retorno, que nos digan el resultado de las inspecciones, las sanciones… Nos sirven como auditor铆a. Estamos a favor de la objetividad, con indicadores de calidad, y de la transparencia total, es la 煤nica manera de que la gente vea que en una residencia se trabaja bien”.

La Asociaci贸n de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), otra patronal que re煤ne a los grandes grupos, propuso al Gobierno, junto a CC OO y UGT, entre otros, revisar “el control p煤blico de la calidad de los servicios”. Ignacio Fern谩ndez, de la Federaci贸n de Empresas de la Dependencia (FED), puntualiza que estar铆a de acuerdo en que se cambie el modelo, pero “para que las inspecciones reflejen lo bueno y lo malo”. “No hace falta m谩s control porque recibimos inspecciones muy habitualmente, lo que hace falta es mejorar y modernizar el sistema”. Juan Vela, presidente de la Federaci贸n Lares, de residencias sin 谩nimo de lucro, cree que el modelo no est谩 bien planteado: “Hist贸ricamente est谩n muy centrados en el cumplimiento de la norma. Podr铆a parecer que est谩 bien, si se necesita poner una toalla m谩s o una toalla menos o la anchura de los pasillos, pero esto no mejora en gran medida la atenci贸n a los mayores”. “Conozco inspecciones en las que no se ha preguntado nada a los residentes, solo han mirado si tienes el men煤, si est谩 bien hecha una cama… no contamos con las personas mayores para hablar de c贸mo les gustar铆a vivir a ellos”, explica.

驴C贸mo se hace una inspecci贸n? Los modelos son dispares y el grado de detalle al que entran var铆a en cada autonom铆a. En Arag贸n, por ejemplo, fuentes del Departamento de Ciudadan铆a y Derechos Sociales detallan que las visitas de inspecci贸n deben durar de cuatro a ocho horas y en ellas se debe interactuar con todos los residentes, para comprobar su estado f铆sico, las condiciones higi茅nico-sanitarias y posibles lesiones. Tienen que recorrer todo el centro y comprobar los equipamientos, dimensiones de las estancias, estado de las camas y barras de seguridad, llamadores, interruptores, almacenamiento de medicaci贸n… adem谩s de revisar documentaci贸n. “Las inspecciones no son complacientes, son bastante exhaustivas y es muy dif铆cil que de una no salga un acta con observaciones”, apunta Andr茅s Rueda, miembro de la Asociaci贸n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Cree, eso s铆, que las normativas son “tan generalistas que no hay suficiente tipificaci贸n”, algo que en su opini贸n les genera inseguridad jur铆dica. Explica que las residencias deben tener registros de la higiene diaria, de ca铆das, de alimentaci贸n, de la medicaci贸n, de las 煤lceras, y que los inspectores los revisan siempre. “Pero luego hay cosas, como por ejemplo la percepci贸n del estado de bienestar del residente, que son muy subjetivas”. Puntualiza que el fallo no est谩 en los funcionarios, “sino en los procedimientos, con herramientas desfasadas, y en que la Administraci贸n dispone de plantillas de inspectores insuficientes”.

Alejandro Gonz谩lez, consultor, dirigi贸 durante 12 a帽os una residencia de mayores en Gipuzkoa. Considera que el sistema “no funciona”. “No son garantistas”, explica. “驴C贸mo se percibe el cuidado? Dif铆cilmente. Al final son evidencias procedimentales. 驴Tienen ustedes tal protocolo? Y lo tienes, pero 驴c贸mo se comprueba que se aplica?”, sostiene. “Adem谩s, depende mucho de la persona que te vaya a inspeccionar, la carga de subjetividad es enorme”. Es una de las principales quejas de directores de centros y empresarios.

Hay otro punto pol茅mico: entre usuarios y familiares domina la convicci贸n de que los inspectores a menudo avisan antes de que van a ir. “En la residencia donde estaba mi madre una semana antes pintaban la cafeter铆a, arreglaban un ba帽o, pon铆an flores en recepci贸n”, relata Mariv铆 Nieto. Para la patronal es una leyenda, algo que nunca ocurre, aunque es cierto que Gipuzkoa s铆 dispone de visitas planificadas que se preavisan, si bien nunca en caso de denuncia o queja.

Los informes del Defensor del Pueblo advierten desde hace a帽os sobre las inspecciones. En 2020 se帽alaba de nuevo que “las comunidades aut贸nomas deben reforzar los servicios de inspecci贸n para que est茅n suficientemente dotados y puedan llevar a cabo su funci贸n de forma eficaz”. Las autonom铆as comienzan a mover ficha. En Navarra est谩n impulsando un nuevo modelo residencial y los centros tienen cuatro a帽os para adaptarse. En Castilla y Le贸n, un anteproyecto de ley contempla que los informes de evaluaci贸n y las sanciones sean p煤blicos, y “una puntuaci贸n global que sintetice el nivel de calidad de los servicios”. En Gipuzkoa tambi茅n estudian un cambio en la inspecci贸n, m谩s centrado en la calidad de la atenci贸n. Varias autonom铆as han dado un impulso a la inspecci贸n en los 煤ltimos a帽os y muchas comunidades han reforzado sus plantillas.

En la lista de sanciones se observan muchas residencias reincidentes, sin que tenga demasiadas consecuencias. El r茅cord de acumulaci贸n de multas es de la residencia de Villanueva de la Ca帽ada en Madrid, casi todas durante la gesti贸n de Sanyres, hasta 2016, cuando fue comprada por Orpea: suma 12 sanciones desde 2014, la mayor铆a por falta de personal, por un total de 191.192 euros. Es la novena m谩s sancionada de Espa帽a por importe acumulado. Aunque la legislaci贸n contemple sanciones altas, en absoluto es la norma. La multa m谩s elevada de los 煤ltimos siete a帽os ha sido a Las Pe帽uelas, en Madrid, residencia p煤blica de gesti贸n privada, que en 2016 fue multada con 499.799 euros. La comunidad aut贸noma se lo cobr贸 del aval que hab铆a depositado Eulen, la empresa que lo gestionaba, al finalizar el contrato. La compa帽铆a llevaba 14 a帽os en el centro y fuentes de la empresa explican que “no hubo un problema de servicio”, sino una discrepancia sobre el mantenimiento de las instalaciones.

Pero incluso en ocasiones en que la Administraci贸n hace su trabajo es dif铆cil llegar a adoptar medidas dr谩sticas. El Gobierno de la Comunidad Valenciana mult贸 tres veces desde 2014 a la residencia Sant Lloren莽, de Vila-real (Castell贸n), un total de 43.915 euros, por falta de personal, el trato a los usuarios y no disponer de autorizaci贸n administrativa. Hasta que en 2019 le impuso 140.000 euros y orden贸 su cierre temporal en agosto de 2020. Pero choc贸 con las familias y el Ayuntamiento, que recurrieron la medida y el Tribunal Superior de Justicia lo paraliz贸. La Comunidad Valenciana ha dado un giro estos a帽os. Seg煤n datos de la Generalitat, en 2015 el PP hab铆a dejado un sistema con siete inspectores y ahora hay 32. En 2019 aprob贸 una ley que endurec铆a las sanciones.

En el registro de sanciones que ha recopilado EL PA脥S constan 22 cierres de residencias por ser ilegales o como medida cautelar. Pero no todos los que se han producido est谩n recogidos en el listado, dado que no todos se conciben como sanciones. En 2015, un incendio provocado por una usuaria en la residencia de mayores de Santa Fe, en Zaragoza, caus贸 nueve muertos y empuj贸 al reci茅n elegido Gobierno socialista a poner en marcha un plan de inspecci贸n. Desde entonces ha cerrado 43 residencias, que no figuran en el listado obtenido por EL PA脥S a trav茅s de Transparencia. Justo cuando estallaba la pandemia, en abril de 2020, la Xunta de Galicia cerraba una residencia en A Fonsagrada, Lugo, por s铆ntomas de maltrato y por sus “deplorables” condiciones. Viv铆an en ella 29 ancianos y cab铆an 23.

Enlace relacionado ElPa铆s.com 04/07/2021.




Fuente: Sasmadrid.org