February 2, 2022
De parte de ANRed
240 puntos de vista

Foto: Huayra de Brigada Chiviquin

Mientras los gobiernos atribuyen las inundaciones y los incendios solo a fen贸menos clim谩ticos extremos, Dar铆o Avila 鈥 abogado especializado en derecho ambiental 鈥 precisa las responsabilidades pol铆ticas, judiciales y empresarias que posibilitan el avance sobre el monte nativo. El rol del agronegocio, la ganader铆a y la especulaci贸n inmobiliaria. Por Dar铆o 脕vila* (Agencia Tierra Viva).


鈥淯n tsunami que nos cay贸 del cielo鈥. As铆 se refiri贸 el ex gobernador cordob茅s Jos茅 Manuel De La Sota en ocasi贸n de las inundaciones ocurridas en la zona de Sierras Chicas el 15 y 16 de febrero de 2015. Por ese hecho fallecieron siete personas. Seis a帽os despu茅s, el gobernador Juan Schiaretti dijo a trav茅s de Twitter -en relaci贸n a los incendios acontecidos en 2021 en C贸rdoba-: 鈥淓l clima nos castiga por ser un a帽o tan seco y con mucho viento鈥 . La frase circunstancial procur贸 dar una respuesta espasm贸dica ante el amplio cuestionamiento social y a la afectaci贸n de 700 mil hect谩reas entre 1999 y 2017, el equivalente a doce veces la superficie de la ciudad de C贸rdoba.

Ambas frases, dichas por los gobernadores de turno, podr铆an ser adjudicadas a cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, a la luz de acontecimientos notorios que sucedieron en la provincia y que tienen a las inundaciones y a los incendios como principales protagonistas. Pero estas palabras adquieren otra dimensi贸n cuando quienes las profieren tienen a su cargo el dise帽o, la planificaci贸n y la ejecuci贸n de las pol铆ticas p煤blicas en general y de las ambientales en particular. Quienes se expresaron de esta manera vienen gobernando C贸rdoba de manera ininterrumpida desde hace m谩s de 20 a帽os. Por lo tanto, m谩s all谩 de las atribuciones clim谩ticas que realizan los gobernantes y que despojan los hechos de toda responsabilidad humana, corresponde indagar sobre las pol铆ticas que hoy generan inundaciones y un desmonte feroz en tierras cordobesas.

La competencia provincial en la protecci贸n del ambiente

La Reforma Constitucional de 1994 en Argentina estableci贸 un nuevo marco competencial entre la Naci贸n, las provincias y los municipios en materia ambiental. Esta reforma se dio en un contexto de fortalecimiento de las autoridades locales, (provincias y municipios). A esto alude la Constituci贸n Nacional cuando menciona que las normas de presupuestos m铆nimos a cargo del Congreso de la Naci贸n no pueden alterar las jurisdicciones locales. Adicionalmente, la Constituci贸n vigente establece, en su Art铆culo 124, la potestad de las provincias para gestionar los recursos naturales existentes en su territorio.

Esta delegaci贸n de potestades deber铆a haber generado nuevos andamiajes institucionales que permitieran llevar adelante el cumplimiento de ese mandato constitucional. La pregunta es: 驴hubo modificaciones en las estructuras org谩nicas del Estado cordob茅s para atender estos asuntos?

Como resultado de las pol铆ticas p煤blicas implementadas desde el Estado provincial, podemos afirmar que C贸rdoba exhibe un pronunciado, acelerado y creciente proceso de degradaci贸n ambiental. Esto se evidencia en la p茅rdida de masa boscosa, en inundaciones, en la p茅rdida de fertilidad de los suelos y en la contaminaci贸n de suelos, agua y aire.

Desde las organizaciones socioambientales, acad茅micos, investigadores y ciudadanos en general coinciden en se帽alar la responsabilidad pol铆tica de la dirigencia que hace dos d茅cadas gobierna la provincia. Este se帽alamiento se fundamenta en las decisiones desacertadas que se vienen adoptando en materia de gesti贸n de los recursos naturales.

Foto: Irma Montiel /cbri

驴Qu茅 hizo el gobierno de C贸rdoba para proteger los bosques?

Comenzaremos por analizar el accionar del Poder Ejecutivo, que detenta la competencia para dise帽ar, planificar y ejecutar la pol铆tica p煤blica ambiental local en el marco de la autonom铆a provincial y del sistema republicano y federal de gobierno establecido en la Constituci贸n Nacional. Como regla general, la administraci贸n p煤blica provincial -a trav茅s de sus 贸rganos espec铆ficos- es la primera obligada a velar por la tutela ambiental. A ella est谩 dirigida toda la normativa ambiental preventiva y precautoria.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo de C贸rdoba es el que menos se adapt贸 a los cambios que impuso la Reforma Constitucional de 1994. La actividad ambiental en la provincia se centraliza a trav茅s de la Secretar铆a de Ambiente. Su tarea es llevar adelante el procedimiento t茅cnico-administrativo de evaluaci贸n de impacto ambiental, debiendo garantizar la participaci贸n ciudadana y el acceso completo, veraz, adecuado, oportuno y gratuito a la informaci贸n p煤blica ambiental, en forma previa a cualquier decisi贸n.

Es alarmante la falta de profesionalizaci贸n de varios de sus funcionarios. Pero m谩s preocupante a煤n es que muchos de ellos est谩n siendo investigados penalmente por la presunta comisi贸n de delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios p煤blicos, tras haber autorizado actividades, obras o proyectos violando la normativa ambiental vigente.

Basta con analizar la estructura org谩nica para advertir la marcada l铆nea productivista que alienta el gobierno cordob茅s. Mientras el 谩rea de Agricultura y Ganader铆a adquiere el rango de Ministerio, el sector de Ambiente asume la modalidad de Secretar铆a, dependiente del Ministerio de Coordinaci贸n. Es decir: una menor jerarqu铆a administrativa, que implica menos recursos presupuestarios.

Leyes que profundizan el agronegocio

La manifiesta orientaci贸n productivista se robustece con la sanci贸n de leyes sectoriales que profundizan el modelo extractivo del agronegocio. A eso se suma el desarrollismo inmobiliario, la miner铆a y la ganader铆a intensiva. Todo esto en detrimento del patrimonio natural ambiental en general y de los bosques nativos en particular.

En este sentido, se destaca la sanci贸n en 2019 de la Ley 10.663, que crea el Programa de Buenas Pr谩cticas Agropecuarias (BPAs). Esta legislaci贸n es la primera en su tipo en el pa铆s. Algunos de los objetivos que plantea son generar un cambio cultural en el sistema productivo incorporando la medici贸n de variables productivas, sociales y ambientales, concientizar que el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos debe acompa帽ar el desarrollo productivo y promover la generalizaci贸n en la adopci贸n regular y sistem谩tica de las BPAs. Todo ello a cambio de un incentivo o aporte econ贸mico no reintegrable que recibir谩 el productor que desee voluntariamente adherir al programa. La autoridad de aplicaci贸n de esta norma es el Ministerio de Agricultura y Ganader铆a de la provincia.

La implementaci贸n del programa de BPAs implica la profundizaci贸n del modelo del agronegocio. La ley tiene una marcada visi贸n productivista, desatendiendo totalmente la mirada ambiental y sanitaria. En el programa no se plantea la reducci贸n de agrot贸xicos: muy por el contrario, alienta su uso a trav茅s de lo que llaman la agricultura de precisi贸n. La Ley de BPAs contrar铆a los objetivos de la Ley Nacional 26.331 de Protecci贸n Ambiental de los Bosques Nativos, en tanto promueve la expansi贸n de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo.

La misma cr铆tica puede hacerse en relaci贸n a la Ley 10.467, que crea el Plan Provincial Agroforestal. Dentro de sus objetivos procura promover y complementar la producci贸n, en el marco de las BPAs, ayudando a prevenir y evitar los procesos de erosi贸n e贸lica o h铆drica, favoreciendo la infiltraci贸n, reducci贸n y consumo de excesos h铆dricos. El plan comprende acciones de forestaci贸n o reforestaci贸n de predios p煤blicos y privados, para la protecci贸n ambiental y la producci贸n foresto industrial. En esa ley est谩n comprendidos los predios destinados a la producci贸n agropecuaria.

El Instituto Multidisciplinario de Biolog铆a Vegetal (Imbiv), perteneciente a la Universidad Nacional de C贸rdoba (UNC) y el Conicet, present贸 un reclamo al Ministerio de Agricultura y Ganader铆a por esta ley. Solicitaron la eliminaci贸n, del listado de especies forestales recomendadas, de las especies del g茅nero eucalyptus y pinus en las zonas serranas y de pedemonte de la provincia por su alto consumo de agua.

Otra decisi贸n pol铆tica desacertada involucra a la Ley Provincial 8751, que crea el Plan Provincial de Manejo del Fuego, sancionada en 1999. Esta ley estableci贸 las acciones, normas y procedimientos para el manejo del fuego (prevenci贸n y lucha contra incendios) en 谩reas rurales, forestales y urbanas en el 谩mbito del territorio de la provincia. Proh铆be el uso del fuego en el 谩mbito rural y/o forestal, salvo en aquellos casos en que se cuente con autorizaci贸n emanada de la autoridad de aplicaci贸n. Establece la obligaci贸n de toda persona, que tenga conocimiento de un foco 铆gneo, de formular la denuncia ante la autoridad m谩s pr贸xima.

Adem谩s, esta ley determina la obligaci贸n de elaborar un Plan Anual de Prevenci贸n y Lucha contra el fuego y un mapa de zonificaci贸n de riesgos. Para poder llevar a cabo estas acciones, principalmente de prevenci贸n, la ley provincial cre贸 el Fondo para la Prevenci贸n y Lucha contra el Fuego cuya vigencia estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2019. Ese fondo estaba integrado por un aporte que se abonaba juntamente con la facturaci贸n por el consumo de energ铆a el茅ctrica en el territorio de la provincia. Recaudaba 98 millones de pesos mensuales, para la adquisici贸n de aviones hidrantes y tareas de educaci贸n y prevenci贸n sobre la problem谩tica. Sin embargo, en julio de 2017, y en plena campa帽a electoral, el gobernador Schiaretti anunci贸 p煤blicamente la finalizaci贸n de este fondo, procediendo a su derogaci贸n mediante el Decreto 1155/17, manifiestamente inconstitucional.

Actualmente, el financiamiento que estaba previsto por ley, depende de una partida incluida discrecionalmente en el presupuesto del Ministerio de Gobierno.

Foto: T茅lam

Sin presupuesto no hay prevenci贸n

La primera tarea que se abandona, como consecuencia del desfinanciamiento es la prevenci贸n. Se dio de baja el sistema de alerta temprana y se desactiv贸 la funci贸n vig铆a que desarrollaban los cuerpos de bomberos voluntarios. Seis bomberos en cada uno de los 62 cuarteles de zonas de riesgo (el 谩rea serrana y el noroeste provincial) durante a帽os, cumplieron esta funci贸n vig铆a, en torres especialmente ubicadas, para detectar a distancia cualquier inicio de humo y dar alerta al sistema. Este cuerpo cumpl铆a un rol preventivo fundamental: mientras funcion贸, el plan fue un 茅xito. Las estad铆sticas del momento dan cuenta de ello.

La 煤ltima medici贸n disponible corresponde al a帽o 2010. All铆, el coordinador del 脕rea de Prevenci贸n daba cuenta que durante ese a帽o se hab铆an registrado un total de 210 incendios, con una superficie afectada de 10.298 hect谩reas. Se advierte claramente una abrupta disminuci贸n de incendios que abarcan extensiones entre 100 y 1000 hect谩reas (2009-2010).

Por otro lado, la Ley Provincial 6964 declara de inter茅s p煤blico la conservaci贸n de los ambientes naturales y sus recursos. Establece distintas categor铆as: Parques Naturales Provinciales, Monumentos Naturales Provinciales, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Provinciales de Uso M煤ltiple y Reservas H铆dricas Naturales. Seg煤n datos oficiales, actualmente, la Provincia -a trav茅s de la Secretar铆a de Ambiente- tiene a su cargo 17 谩reas naturales protegidas y dos corredores biogeogr谩ficos creados por decreto.

Sin embargo, de los testimonios recogidos con personal vinculado al funcionamiento de este sistema, todos indican que, a la fecha, el sistema de 谩reas protegidas no cuenta con presupuesto propio para su funcionamiento. No se designaron guardaparques para su atenci贸n, a pesar de que la Universidad Provincial posee la carrera de guardaparques y ya han egresado de la misma m谩s de 70 profesionales. De todos las 谩reas creadas por decreto y por ley, solo dos tienen guardaparque: las reservas de Cerro Colorado y Pampa de Achala.

Tampoco se elaboraron los planes de manejo de las distintas 谩reas. A la fecha, ni siquiera se cre贸 el Servicio Provincial de 脕reas Naturales, que es la autoridad de aplicaci贸n de la ley.

Quemar el monte: un delito que no se persigue

El C贸digo Penal argentino establece penas por la comisi贸n de los delitos de incendios y otros estragos. Un reciente relevamiento realizado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales sobre las causas que ingresaron a la Justicia de C贸rdoba da cuenta de que en los 煤ltimos cinco a帽os se sustanciaron 25 causas, en las cuales se investigan y juzgan supuestos hechos de incendio. En esas causas hubo 44 personas imputadas, de las cuales 28 son a t铆tulo doloso (intencionales, deliberados, queridos) y 16 son a t铆tulo culposo (negligencia, imprudencia o impericia). Hubo s贸lo un imputado condenado, 11 sobrese铆dos, 31 imputados sin resoluci贸n y 19 sentencias dictadas en los 煤ltimos cinco a帽os. Las causas corresponden a hechos anteriores al a帽o 2015, en 16 de ellas se declar贸 extinta la acci贸n penal por el transcurso del tiempo.

La incidencia de estas causas alcanza el 0,01 por ciento de la materia penal sujeta a investigaci贸n por a帽o. Es decir, un delito de incendio cada 10.000 delitos comunes investigados e imputados.

Si comparamos estos datos relevados por el Poder Judicial provincial con los datos sobre incendios ocurridos en C贸rdoba que surgen del trabajo realizado por las y los investigadores del Instituto Gulich (Conae-UNC), en el per铆odo 2015-2017, se advierte que se registraron 432 incendios en las sierras cordobesas. Es decir, la cantidad de incendios registrados no se condicen con las 25 causas penales iniciadas. Esto evidencia una gran inacci贸n judicial que acompa帽a el curso de las pol铆ticas p煤blicas y la decisiones pol铆ticas adoptadas en materia de gesti贸n de los recursos naturales.

La cuesti贸n se agrava cuando se advierte que los incendios son hechos p煤blicos y notorios, que obligan a los representantes del Ministerio P煤blico Fiscal a intervenir de oficio, tal como ocurre en el caso de cualquier otro tipo de delito perseguible mediante acci贸n p煤blica. Es decir: no hace falta la existencia de denuncias penales para actuar en concreto.

No fue un tsunami, fue el desmonte

Seg煤n un estudio recientemente publicado por el Instituto Gulich (UNC-Conae), en las sierras de C贸rdoba, se produjeron 5358 incendios 鈥揺ntre 1999 y 2017鈥 afectando 700.385 hect谩reas. Es decir, lo equivalente a 12 ciudades de C贸rdoba.

En ese lapso temporal, el a帽o en que se registr贸 el mayor n煤mero de incendios fue 2003, con un total de 364 incidentes que perjudicaron una 102.992 hect谩reas. Sin embargo, el r茅cord de superficie quemada se alcanz贸 en 2013, con 106.206 hect谩reas consumidas por 153 focos de fuego.

Llamativamente, y tal como lo refleja la publicaci贸n de los investigadores de la UNC, Sierras Chicas es el 谩rea donde se produjo la mayor cantidad de incendios. Esa zona es, a la vez, el sector donde se acentu贸 el desarrollismo inmobiliario y donde se registr贸 la inundaci贸n m谩s importante, en 2015. Aquella que De la Sota defini贸 como 鈥渦n tsunami que cay贸 del cielo鈥.

Al momento de la sanci贸n de la ley provincial, en 2010, exist铆an -seg煤n datos de la Secretar铆a de Ambiente Provincial- 532. 964 hect谩reas de bosque cerrado, 1.300. 014 hect谩reas de bosque abierto, 2.037.989 hect谩reas de bosques secundarios y arbustales y 11.593.711 de hect谩reas de superficie cultural (agricultura, urbanizaciones).

Un nuevo Informe de 2015-2016 da cuenta de la existencia de 1.986.158 hect谩reas de bosque Categor铆a I y 4.002. 062 de bosque Categor铆a II (seg煤n las clasificaciones de la Ley de Bosques nacional). Comparando estas superficies con las existentes en 2008, se puede observar que en menos de una d茅cada se destruyeron por desmontes ilegales, representados por cambios de uso del suelo, 232.777 hect谩reas de bosque abierto en muy buen estado de conservaci贸n y 434.206 hect谩reas de bosque nativo abierto en muy buen estado de conservaci贸n. En total, en siete a帽os, se destruyeron ilegalmente 666.983 hect谩reas de bosques en muy buen estado de conservaci贸n, a raz贸n de 100.000 hect谩reas por a帽o. 

Hoy no existen datos actualizados, pero se estima que en C贸rdoba subsisten 300.000 hect谩reas de bosque nativo en buen estado de conservaci贸n y 3.500.000 de bosque nativo en diferente estado de conservaci贸n.

La f贸rmula es muy perversa pero simple de entender: desmontes, desarrollismo inmobiliario, inundaciones. Seg煤n la doctora Alicia Barchuk 鈥渓as urbanizaciones en Sierras Chicas, tanto las antiguas como las actuales, est谩n ubicadas en las zonas de mayor riesgo de inundaci贸n. A esto contribuy贸 el desmonte de bosque nativo鈥.

La investigadora agrega que, seg煤n estimaciones del propio equipo del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) 鈥en un estudio publicado en 2008鈥 en siete a帽os se perdieron 2000 hect谩reas de bosque en esa zona. 鈥淟os mayores riesgos de inundaci贸n recaen sobre las ciudades, porque el agua tiene pocos obst谩culos en su recorrido. Y lo opuesto sucede en la zona de mayor cobertura vegetal鈥, explica Barchuk. 鈥淟a zona de las Sierras Chicas se convierte en una especie de 鈥榯obog谩n鈥 por el que se desliza el agua de las lluvias, lo que se ve potenciado por la escasa cobertura boscosa y la gran presencia de piedras y superficie urbanizada que facilitan el escurrimiento del agua. En las zonas de baja pendiente, ubicadas mayormente en las ciudades, el agua tiende a estancarse鈥, a帽ade.

El ordenamiento territorial: una urgencia postergada

En cuanto a las decisiones pol铆ticas, sobresale la falta de actualizaci贸n de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) N掳 9814, conforme lo establece la Ley Nacional 26.331. El ordenamiento debe verificarse cada cinco a帽os, mediante un proceso participativo. La situaci贸n de los bosques nativos es muy cambiante, muy din谩mica. Existen m煤ltiples factores antr贸picos que afectan a su conformaci贸n o estructura (desmontes, incendios, desarrollismo inmobiliario, ganader铆a intensiva); de all铆 la necesidad de ajustar esa informaci贸n cada cinco a帽os y en base a ello revisar las pol铆ticas p煤blicas protectoras del bosque.

C贸rdoba orden贸 territorialmente sus bosques a partir de la sanci贸n, en 2010, de la Ley Provincial 9814. Debi贸 actualizar su OTBN en dos oportunidades, en 2015 y en 2020.  La Secretaria de Ambiente provincial es la encargada de llevar adelante la convocatoria para que se proceda a la mencionada actualizaci贸n. Nada de esto ocurri贸. 驴Cu谩les son los motivos? La respuesta es sencilla: la decisi贸n pol铆tica de no convocar a la ciudadan铆a para que, a trav茅s de un proceso participativo que involucre a todos los actores sociales, se proceda al debate y discusi贸n sobre la situaci贸n de los bosques cordobeses.

En 2014, el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios P煤blicos cre贸 la Unidad Ejecutora del Proceso y Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Resoluci贸n N掳 100/14), la que funcion贸 dentro de la 贸rbita de la Secretar铆a de Ambiente, y que ten铆a, entre otras funciones, elaborar la propuesta de actualizaci贸n del OTBN, incluyendo los documentos t茅cnicos, como as铆 tambi茅n, los mapas pertinentes. Esta Unidad Ejecutora dej贸 de funcionar por pedido del Coordinador de la Unidad Ejecutora, Sergio Nirich, sin haber cumplimentado con ninguno de los objetivos y fines planteados en la citada resoluci贸n. La tarea qued贸 inconclusa hasta la fecha.

A partir de all铆, el gobierno de C贸rdoba intent贸 sacar ese debate del 谩mbito administrativo, para trasladarlo a otro que no es el previsto por la normativa vigente: el 谩mbito legislativo. Fue as铆 que los legisladores oficialistas provinciales de Uni贸n por C贸rdoba (UPC) presentaron un proyecto de ley por el que se propon铆a regular 鈥揺n reemplazo de la actual Ley Provincial 9814- el ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes. Esta iniciativa fue paralizada mediante una acci贸n de amparo promovida por la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa).

Responsabilidades pol铆ticas y humanas

La actividad antropog茅nica degradante del ambiente y la naturaleza ha alcanzado l铆mites realmente peligrosos, de no retorno, donde se evidencia da帽os ambientales graves e irreversibles. Atravesamos un umbral muy peligroso donde la naturaleza ve colmada su capacidad de resiliencia, de recuperaci贸n natural y de reacci贸n frente al da帽o. En C贸rdoba, el Estado provincial se ha desentendido de la obligaci贸n de brindar protecci贸n a los bosques nativos.

Ni 鈥渆l tsunami que cay贸 del cielo鈥 ni 鈥渆l clima que nos castiga鈥 son los responsables de las inundaciones y los incendios ocurridos en C贸rdoba. Por el contrario, estos fen贸menos naturales extremos son el resultado del dise帽o, la planificaci贸n, y ejecuci贸n de pol铆ticas p煤blicas que durante m谩s de 20 a帽os vienen profundizando un modelo productivo que arras贸 con los bosques nativos, ocasionando un grave desequilibrio ecol贸gico. Este modelo alter贸 los ciclos biol贸gicos, con p茅rdida de flora, fauna, biodiversidad y suelos. Tambi茅n gener贸 un escenario propicio para la aparici贸n de enfermedades (pandemias) vehiculizadas por el contacto de los seres humanos con los animales silvestres (zoonosis).

Frente a este escenario, resulta imperioso que el Estado provincial asuma definitivamente su deber constitucional de preservar el ambiente y de manera urgente proceda a dise帽ar, planificar y ejecutar pol铆ticas p煤blicas espec铆ficas para el cuidado del ambiente, con real y efectiva participaci贸n ciudadana.

En esta tarea, el rol de los municipios y las comunas es clave. Es necesario pensar globalmente y actuar localmente. Por una cuesti贸n de cercan铆a, de inmediatez, entre funcionarios y ciudadanos, los gobiernos locales se encuentran en inmejorables condiciones para generar espacios de debate que permitan decidir colectivamente qu茅 producir y c贸mo, c贸mo vivir y habitar el territorio, en qu茅 lugares hacerlo, qu茅 actividades se van a permitir y cu谩les no. En este sentido, el ordenamiento ambiental del territorio es la herramienta adecuada para alcanzar los objetivos se帽alados. S贸lo falta la decisi贸n pol铆tica y el inter茅s ciudadano de querer llevarlo a cabo.

*Abogado especializado en derecho ambiental.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/las-responsabilidades-politicas-de-los-desmontes-en-cordoba/





Fuente: Anred.org