April 17, 2022
De parte de Nodo50
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La utilización de los tribunales de justicia para tareas que sobrepasan sus competencias legalmente reconocidas es la principal estrategia empleada por las derechas para lograr los objetivos que no pueden obtener mediante las vías legales y parlamentarias convencionales. La denominada lawfare constituye actualmente la mayor amenaza a la separación de poderes, especialmente en un Estado como el español, donde las altas instancias de la judicatura se encuentran fuertemente mediatizadas por el poder político, con una sobrerrepresentación de las derechas, y donde politización de la justicia y judicialización de la política son anverso y reverso de la misma moneda. En el caso español, el activismo judicial ha tenido y tiene su máxima expresión en la defensa de la unidad política del Estado por encima de cualquier otro criterio, aun al precio de vulnerar toda suerte de derechos fundamentales (especialmente el principio de legalidad penal, la inviolabilidad, la autonomía y la inmunidad parlamentarias, el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad de expresión y los derechos de manifestación y de participación política) en el conflicto con el independentismo catalán. Con la paradoja de que han sido precisamente los órganos cuya función constitucional es garantizar la protección de los derechos quienes han amparado su vulneración o los han vulnerado ellos directamente.

Difícilmente puede entenderse el activismo judicial en la cuestión lingüística en Cataluña sin tener en cuenta el alineamiento de las altas instancias del poder judicial y del Tribunal Constitucional (TC) con los principios del nacionalismo español; en este caso, partiendo del supuesto mecanicista e idealista que pretende deducir la identificación nacional y aun la posición ante una cuestión concreta como es la propuesta de independencia de las competencias o preferencias lingüísticas de la ciudadanía, soslayando que el descenso del uso social de la lengua catalana durante las últimas décadas(1) no ha sido óbice para el crecimiento del apoyo a la opción independentista en el último decenio, hasta el punto de haberse convertido en mayoritaria entre los votantes. Igualmente, la quiebra del principio de legalidad penal y la aplicación extensiva del delito de desobediencia (art. 410 CP) están en la base de una creciente autocensura por parte de la presidencia y la secretaría general del Parlament de Catalunya que ha llevado a la vulneración de derechos de los parlamentarios y de la propia cámara.

Lawfare en la enseñanza

Como ya comentamos en un artículo anterior, la consideración por parte del TC como conforme a Constitución del derecho del alumnado catalán a recibir enseñanza en lengua catalana con el argumento de que dicho derecho no era incompatible con recibirla también en castellano (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 24), fue inmediatamente aprovechada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) para ordenar a varias escuelas el uso vehicular del castellano, en respuesta a demandas interpuestas en este sentido por progenitores de alumnos de dichos centros, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había desestimado (SSTS 6628/2010, de 9 de diciembre; 6629/2010, de 13 diciembre, y 6632/2010, de 16 de diciembre). Con ello, como apuntaron los constitucionalistas Eva Pons y Agustí Pou, el alto tribunal español pretendía forzar un cambio legislativo,(2) ya que toda la legislación vigente establecía el catalán como idioma vehicular (y el occitano en Arán), con la única excepción de las materias de lengua castellana y otras lenguas (art. 11 de la Ley del Parlament de Catalunya 12/2009, de 10 de julio, de educación; art. 13.1 de la Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés, en Arán, y art. 8.1.c de la Ley 1/2015, de 5 de febrero, de régimen especial de Arán), ni tampoco figura en la Constitución disposición alguna sobre lenguas vehiculares en la enseñanza, toda vez que su artículo 3 se limita a reiterar la oficialidad del castellano y anunciar la doble oficialidad en las comunidades con idioma propio distinto, cuyo alcance remite a lo que establezcan los Estatutos de Autonomía. En ese contexto de incipiente lawfare, las Cortes españolas controladas por el PP con mayoría absoluta declararon al castellano “lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado” y ordenaron a las “Administraciones educativas garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano” (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, artículo único, apartado 99, que da nueva redacción a la disposición adicional 38ª de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación). Ante la inaplicación por parte de la Generalitat de dicho precepto, que contravenía toda la legislación lingüística catalana, en abril de 2015 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, encabezado por José Ignacio Wert, interpuso conflicto negativo de competencias ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC. Ésta impuso a su vez, en ejecución de las sentencias del TS de diciembre de 2010, un porcentaje de uso docente del castellano del 25% en los centros en cuestión (Auto de 30 de enero de 2014), que, en diciembre de 2020, extendió a todo el “sistema educativo” de Cataluña y se dirigió al Departamento de Educación de la Generalitat para ordenarle que diera cumplimiento a dicho mandato (STSJC 5201/2020, de 16 de diciembre). Posteriormente ha seguido imponiendo ese porcentaje de enseñanza en castellano en otros centros, en respuesta a sendos recursos contencioso-administrativos interpuestos por progenitores de alumnos, en algunos casos vinculados a Ciutadans. Sin embargo, la reciente reforma de la Ley de educación (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, artículo único, apartado 89) ha suprimido las menciones al castellano como “lengua vehicular” de la disposición adicional 38ª, por lo que las pretensiones del TSJC carecen nuevamente de fundamento jurídico. Asimismo, cabe recordar que, en el Instrumento de ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992 y ratificada por el Reino de España el 2 de febrero de 2001, éste se comprometió a posibilitar la enseñanza en las lenguas “regionales o minoritarias” (que en el propio Instrumento son consideradas como tales las lenguas oficiales distintas del castellano) en los niveles de enseñanza preescolar, primaria, técnica y profesional, y secundaria (art. 8 de la Carta). Por ello, el establecimiento obligatorio de un porcentaje tan alto de uso docente de la lengua del Estado podría vulnerar dicho tratado internacional.

¿Reculada del Parlament?

Tras la inadmisión a trámite del recurso de casación interpuesto por el Departamento de Educación de la Generalitat ante la Sala Tercera del TS contra la STSJC 5201/2020 (Providencia de 18 de diciembre de 2021), el pasado 20 de enero la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC declaró firme la sentencia recurrida y dio un plazo de diez días al Departamento de Educación para ejecutarla, pudiendo instar las partes a la ejecución forzosa en un plazo de dos meses. En ese contexto, el 24 de marzo los grupos parlamentarios del Partit dels Socialistes de Catalunya-Units per Avançar (PSC-Units), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat) y En Comú Podem (ECP) registraban en el Parlament una propuesta de reforma de las Leyes 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística (LPL), y 35/2010, en que se dispone que el castellano sea también “lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo […] en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro”, teniendo en cuenta “la situación sociolingüística” (nueva redacción del art. 21.1 LPL).

En primer lugar, resulta absurdo apelar a la “situación sociolingüística” para introducir más castellano en la enseñanza cuando el uso social del catalán no ha hecho más que recular durante las últimas décadas. En efecto, a los datos globales ya mencionados (véase nota 1), agreguemos que, según la citada Encuesta de usos lingüísticos de la población, entre 2003 y 2018 el porcentaje de encuestados de entre 15 y 29 años que dicen tener el catalán como lengua habitual ha descendido del 42,2% al 35,2%. Igualmente, entre 2003 y 2013 las cifras de competencia pasiva en catalán de este grupo de edad habían bajado del 97,7% al 96,4%; del 92,6 al 92, en expresión oral; del 95,9 al 92,8, en comprensión lectora, y del 90 al 88,8, en expresión escrita. En lo tocante al conocimiento del castellano, en cambio, una encuesta del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo del Departamento de Educación de la Generalitat realizada en 2006 a alumnos de 4.º curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) concluía que los porcentajes eran más altos en todas las competencias en esta lengua que en catalán.(3) Otro informe del mismo organismo constata que, en el curso 2020-2021, cualquiera que fuera el nivel socioeconómico de la familia de los alumnos, todos ellos obtenían de media mejores resultados en lengua castellana que en catalán. Segmentando al alumnado por nivel de uso de catalán, sólo el grupo de máximo nivel obtenía igual resultado en ambas lenguas.(4)

Huelga decir que la verdadera razón de la reforma es la voluntad de evitar el conflicto con el poder judicial, que podría acarrear nuevas condenas por desobediencia, en este caso a los responsables del Departamento de Educación, soslayando que, si bien es escasamente probable que prospere en la jurisdicción interna la alegación de eximente de responsabilidad penal por la ausencia de base jurídica que ampare lo ordenado por el TSJC (art. 410.2 CP), este argumento tendría mayores posibilidades de éxito en la subsiguiente demanda contra el Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por vulneración del principio de legalidad penal (art. 7.1 CEDH).

Por otra parte, además de suprimir, sin razón aparente, el apartado que ordena la prestación de “apoyo especial y adicional” al “alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo de Cataluña” (art. 21.8 LPL), la propuesta resulta técnicamente confusa, porque la introducción del castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña exigiría la reforma también de la mencionada Ley 12/2009, que sólo exceptúa a las materias de lengua y literatura castellanas y de “lengua extranjera” al principio del uso vehicular del catalán (art. 11.2) y, previa autorización del Departamento, a otros contenidos y actividades, pero solo para que se impartan en “alguna de las lenguas extranjeras” (art. 12.3).

Con todo, lo más grave de esta reforma es que conferiría base jurídica a las intromisiones del poder judicial, con lo que el objetivo de que advertían Pons y Pous respecto a las sentencias de diciembre de 2010 del TS se habría cumplido, consumando la inversión del principio de separación de poderes: el poder judicial abandona su función de interpretación y aplicación de la ley, mientras que el legislador renuncia a su competencia legislativa soberana, aceptando una función subalterna consistente en la reelaboración de su propia legislación a partir de los dictados de un poder carente de competencia legislativa ni de legitimación democrática.

En el caso de una de las escuelas a cuya dirección el TSJC requirió cautelarmente el 14 de octubre de 2021 para que estableciera el 25% de clases en castellano en el grupo del hijo del recurrente, la escuela Turó del Drac, de Canet de Mar (Maresme), un grupo de familias se ha personado en la causa en defensa del modelo actualmente vigente. Se trata de la primera vez que la defensa jurídica del modelo de escuela catalana se realiza desde la sociedad civil, en este caso las familias de los alumnos, directamente afectados por el litigio, sin que ninguna de las partes les haya informado, incluido el propio Departamento de Educación. De aprobarse la mencionada propuesta de reforma legislativa, no obstante, la iniciativa de defensa jurídica del modelo de escuela catalana emprendida por dichas familias quedará “a la intemperie jurídica”, tal y como ha advertido su abogado, Benet Salellas. Una regulación más ambigua de los usos lingüísticos en la enseñanza sólo anuncia más litigios promovidos por los peones del nacionalismo español en el sector, especialmente vista la receptividad judicial a sus planteamientos. Como advierte Salellas, la delegación a los centros de la determinación de los porcentajes lingüísticos “contribuirá aun más a la fragmentación del modelo”, cuya defensa “quedará ya extramuros del Departamento”, de modo que la “variedad de proyectos podrá generar sistemas diferenciados y, probablemente, la centralidad dejará de tenerla” el modelo con el catalán como lengua vehicular, y se irá imponiendo en su lugar la opción paritaria entre catalán y castellano. Con ello, la lengua propia de Cataluña perderá uno de los escasos ámbitos de relativo predominio que le quedan.

Notas:

(1) Según la Encuesta de usos lingüísticos de la población, elaborada por la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat y el Institut d’Estadística de Catalunya, en 2003 el 46% de los entrevistados declaraba tener el catalán como lengua de uso habitual. En 2018, la cifra había bajado al 36,1%.

(2) Véase su crónica jurisprudencial del segundo semestre de 2010 en Eva Pons y Agustí Pou, “Tribunal Suprem”, Revista de Llengua i Dret, 56, 2011.

(3) Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya. Avaluació de l’educació secundària obligatòria 2006. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, 2008, pp. 43 y 35. Agradezco a Natxo Sorolla que me facilitara una copia de este estudio.

(4) Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya. 2006-2013-2021. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, 2021, pp. 176 y 146. Agradezco a Marina Massagué que me hiciera llegar el informe.




Fuente: Sinpermiso.info