April 8, 2021
De parte de La Haine
167 puntos de vista


A cuatro a帽os de la victoria de Moreno, el ‘lawfare’ desplegado contra el corre铆smo ha pr谩cticamente destruido el Estado de Derecho

En este informe los autores analizan sus caracter铆sticas y etapas.

El lawfare en Ecuador es una realidad. Ha tenido una evoluci贸n particular, mostrando distintas fases y formas de aplicaci贸n desde 2017, cuando el Poder Ejecutivo, en cabeza de Len铆n Moreno, impuls贸 la proscripci贸n del movimiento pol铆tico que lo llev贸 al Gobierno como parte de la disputa geopol铆tica regional de las derechas por la restauraci贸n neoliberal en sinergia con los EE. UU. La persecuci贸n personal contra el expresidente Rafael Correa fue la primera fase del lawfare, con una activa participaci贸n de los medios de comunicaci贸n y de un sector del Poder Judicial, se iniciaron 40 procesos judiciales con una condena a priori impuesta por periodistas, por las agencias de los EE. UU. y por el propio arco pol铆tico-econ贸mico que consolid贸 una coalici贸n de gobierno en torno a Moreno, con el Partido Social Cristiano (PSC) y la Alianza CREO, de Guillermo Lasso.

Esa primera fase concluy贸 con la proscripci贸n pol铆tica de Correa al ser sentenciado en un proceso judicial irregular llamado primero 鈥淎rroz verde鈥 y posteriormente, con un nombre m谩s medi谩tico, 鈥淐aso sobornos鈥, luego de condenar al vicepresidente Jorge Glas a seis a帽os de prisi贸n. Sin embargo, esta persecuci贸n personal no acab贸 con el proyecto de la Revoluci贸n Ciudadana. Ese movimiento tuvo buenos resultados en las elecciones locales de 2019, imponi茅ndose en la prefectura de las provincias de Manab铆 y de Pichincha, dos grandes distritos electorales.[1] Adem谩s, Correa ya se hab铆a medido en el refer茅ndum/consulta popular de 2018, convocando a votar en contra de las modificaciones constitucionales y logrando aglutinar cerca del 32 % de los votos.[2] La persecuci贸n y proscripci贸n de Correa y Glas no fueron suficientes para enterrar el proyecto pol铆tico progresista.

La permanencia de Correa en la escena pol铆tica, con un respaldo de m谩s de un tercio de la poblaci贸n, desencaden贸 una nueva fase de lawfare orientada a perseguir a la nueva generaci贸n de l铆deres y lideresas de la Revoluci贸n Ciudadana y a borrar de las instituciones cualquier tipo de influencia pol铆tica de dicho proyecto pol铆tico, consolidando una verdadera cacer铆a auspiciada por Moreno, Lasso, el PSC y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, nombrada en ese cargo con el objetivo expreso de profundizar la guerra judicial, impulsando un 鈥lawfare recargado鈥 [3].

En la reinstauraci贸n del neoliberalismo, Moreno y el circulo restaurador acordaron un nuevo endeudamiento de Ecuador con el FMI, recortaron salarios y facilitaron aumentos a la gasolina que desataron movilizaciones sociales de gran envergadura. En octubre de 2019, trabajadores, ind铆genas y poblaci贸n en general tomaron las calles en contra de las medidas de ajuste del Gobierno. En este contexto, se gener贸 una nueva narrativa de la guerra judicial, ya no centrada en la corrupci贸n, sino que se judicializ贸 a la prefecta de Pichincha, Paola Pab贸n, y a otros l铆deres del proyecto de la Revoluci贸n Ciudadana, bajo la acusaci贸n de rebeli贸n. Una situaci贸n que provoc贸 el exilio de otras y otros l铆deres de esa extracci贸n pol铆tica, como Gabriela Rivadeneira, al quedar expuesta la decisi贸n estatal de detener y proscribir a las nuevas generaciones de progresistas, identificadas con el expresidente Rafael Correa.

Primera fase: lawfare teledirigido

Cuarenta procesos judiciales en contra del expresidente Rafael Correa explican una sistem谩tica persecuci贸n con el objetivo espec铆fico de proscribir su acci贸n pol铆tica y su movimiento. Una guerra judicial que no cesa y que cumpli贸 su cometido. El expresidente no pudo postularse a la Vicepresidencia en las elecciones de 2021, tras ser sentenciado por el 鈥淐aso sobornos鈥, un proceso judicial lleno de irregularidades y actos expr茅s del Poder Judicial, que dejan dudas de su objetividad y de las garant铆as judiciales. Est谩 claro que la decisi贸n del poder econ贸mico, medi谩tico y pol铆tico de la derecha ecuatoriana se expres贸 en esos fallos. No quieren a Correa en competencia. Una decisi贸n antidemocr谩tica con repercusiones a煤n imposibles de determinar.

En esa persecuci贸n teledirigida, los principales aliados del expresidente Correa se convirtieron en blancos de la Justicia y de arbitrariedades. El vicepresidente Jorge Glas fue borrado de la escena pol铆tica. Le retiraron los fueros como vicepresidente, aceleraron o alargaron los tiempos procesales de forma an贸mala y la condena lleg贸 con el concurso de testigos protegidos, arrepentidos de dudosa procedencia y poniendo la carga de la prueba sobre el imputado. Jorge Glas estaba condenado desde el pronunciamiento p煤blico de Len铆n Moreno se帽al谩ndolo por corrupci贸n. Ni sus enfermedades que conllevan riesgo de vida han sido consideradas para otorgarle la prisi贸n domiciliaria o uso de tobillera. Todo indica que cumplir谩 su condena antes que las cortes internacionales vean el expediente y remedien la injusticia.

Para el 2018 ya el expresidente Correa era procesado en m谩s de trece causas judiciales, que inclu铆an desde acusaciones por supuesta persecuci贸n a funcionarios, sobornos, secuestro, asociaci贸n il铆cita, mal manejo de la deuda p煤blica. En esta nueva indagaci贸n se encuentran abiertas nuevas causas, y una sentencia en firme a ocho a帽os de prisi贸n para el expresidente por el 鈥淐aso sobornos鈥, cuya caracter铆stica est谩 sintetizada en el uso de la inteligencia del Estado para construir la informaci贸n y arreglar apremios contra personas para construir testimonios falsos. La informaci贸n supone la participaci贸n de integrantes de servicios de seguridad anticorre铆stas y sectores vinculados a inteligencia, asociados a EE. UU.

Se ejecut贸 la proscripci贸n judicial de Correa con un concierto orquestado por militares, pol铆ticos, medios de comunicaci贸n, jueces y asamble铆stas, con la ayuda de terceros pa铆ses. Queda clara la intencionalidad de apuntar a Correa con procesos teledirigidos, con un efecto racimo expandiendo hacia sus aliados o integrantes del Poder Ejecutivo. El objetivo fue judicializar a una gran porci贸n de funcionarios del anterior Gobierno, en especial aquellos y aquellas que no se plegaron a las nuevas reglas de la gesti贸n del presidente Moreno.

La larga lista de perseguidos y procesados empez贸 a ser engrosada por corre铆stas que no fueron alcanzados por los proyectiles de la primera ronda de la guerra judicial. Luego del cambio en las reglas democr谩ticas producidas por el Refer茅ndum y la Consulta Popular de 2018, la guerra judicial se encamin贸 a cerrar la democracia. Ning煤n corre铆sta puede estar en funciones en el Estado, ni por elecci贸n popular, ni por concurso de m茅ritos.

Esta lista resume el tama帽o de la guerra judicial. A las y los funcionarios del Gobierno se les acusa de varios tipos de delitos penales: peculado, asociaci贸n il铆cita, enriquecimiento il铆cito, cohecho, entre otros, incluyendo algunas pol茅micas o extravagantes, como los procesos por la irregularidad en la deuda p煤blica, aunque el Gobierno de Correa logr贸 desendeudar al Ecuador y ten铆a saneada la deuda con el FMI. Cuatro de los funcionarios mencionados se encuentran encarcelados, y siete de ellos est谩n exiliados. Rafael Correa est谩 condenado, pero en libertad, por residir en B茅lgica, aunque el Gobierno de Moreno insisti贸 a la Interpol para su ubicaci贸n y detenci贸n internacional. Ese pedido fue desestimado por el organismo policial internacional.

Segunda etapa del lawfare: de la corrupci贸n a la rebeli贸n

El presidente Moreno coloc贸 todo su capital pol铆tico y constituy贸 alianzas con las coaliciones de derechas lideradas por Jaime Nebot y Guillermo Lasso con el prop贸sito de cambiar la Constituci贸n, derogar el mandato del Consejo de Participaci贸n Ciudadana y Control Social (CPCCS), con el objetivo de nombrar un consejo af铆n y desvincular a toda la estructura institucional que pudiera estar en contacto o ser cercana al expresidente Correa. El CPCCS transitorio destituy贸 a 28 funcionarios de alto nivel: fiscal, contralor, Consejo de la Judicatura, entre otros, y nombr贸 de forma definitiva los funcionarios destinados a reemplazar a los defenestrados de esas instituciones (violando la Constituci贸n, pues su car谩cter transitorio se lo imped铆a). Fueron juicios sumariales, donde los funcionarios no tuvieron forma de defensa, recibieron acusaciones medi谩ticas (sin pruebas), y tuvieron que abandonar los cargos. Un tiempo despu茅s, esa manera antidemocr谩tica de proceder develar铆a la verdadera raz贸n: la proscripci贸n definitiva de Correa y la persecuci贸n general del corre铆smo.

La Constituci贸n de Montecristi cre贸 al CPCCS como un poder 鈥溍bitro鈥 destinado a garantizar el equilibrio de poderes, un poder participativo e incluyente de la sociedad civil con atribuciones innovadoras orientadas a resolver las fallas estructurales de la divisi贸n de poderes, por las que el Poder Judicial termina reproduciendo su correlaci贸n de fuerzas en relaci贸n sin茅rgica con las mayor铆as de turno instaladas en los poderes Legislativo y Ejecutivo, sin que la ciudadan铆a tenga formas de incidir en la elecci贸n de magistrados, fiscales, procuradores, jueces, aunque representen el poder del desequilibrio.

As铆 las cosas, el CPCCS se convirti贸 en ese 谩rbitro de la democracia, en el experimento democratizador del Poder Judicial. Raz贸n fundamental para que Moreno y sus aliados socialcristianos centraran su estrategia en destruir dicha instituci贸n. Primero revocando el mandato de quienes hab铆an ganado el concurso de m茅ritos establecido por la Constituci贸n y luego nombrando de forma discrecional (sin contemplar m茅ritos) un CPCCS transitorio con mandato destituyente. El CPCCS transitorio destituy贸 a 28 funcionarios de alto rango en las principales instituciones judiciales del pa铆s, y nombr贸 en su reemplazo a un grupo de funcionarios afines al nuevo Gobierno.

La situaci贸n no concluy贸 con esta maniobra. En el 2019 el Gobierno se vio obligado a convocar elecciones del CPCCS aplicando el nuevo mecanismo establecido por la reforma del Refer茅ndum y la Consulta Popular, en un momento pol铆tico donde resultaba insostenible la transitoriedad de los consejeros. Las elecciones resultaron para Moreno un gran fracaso. Se eligieron los consejeros del CPCCS con un resultado independiente y su mayor铆a de integrantes result贸 distante al proyecto de restauraci贸n de Moreno y de los socialcristianos. Un hecho que dio inici贸 a otro abrupto proceso de destrucci贸n democr谩tica. La Asamblea Nacional (AN) abri贸 procesos sumarios, en forma de juicio pol铆tico, en contra de cuatro consejeros y los destituy贸. Los medios acompa帽aron el juicio pol铆tico justificando la acci贸n de la AN con el argumento de una falta grave de las y los consejeros al revisar los nombramientos del CPCCS transitorio, y porque los editorialistas consideraban que los consejeros estaban contaminados de corre铆smo. Una verdadera razzia antidemocr谩tica que le dio la estocada final al proyecto democratizador de la Constituyente de Montecristi. En ese proceso fueron destituidos las y los cuatro consejeros porque los partidos sospechaban que eran corre铆stas por pretender cumplir con una de sus funciones principales: la transparencia y el Control Social.

Con las manos atadas y con la velada amenaza de juicio pol铆tico por sus actuaciones, el actual CPCCS qued贸 en firme en agosto de 2019. Para el 2020, Moreno decidi贸 desfinanciarlo; no recibi贸 el presupuesto solicitado para desplegar su acci贸n de control ciudadano, s贸lo para sostener lo m铆nimo de su n贸mina. Su funci贸n como el poder de transparencia y control social qued贸 por completo desinstalado. Como resultado, el CPCCS no pudo seguir siendo el centro de la estrategia anticorrupci贸n y control de la actuaci贸n del Poder Judicial; la pandemia dej贸 al descubierto la colosal corrupci贸n de distintas instituciones, mostrando las causas estructurales de dicha acci贸n delincuencial, sin que el CPCCS pudiera articular la lucha en contra de ese c谩rtel de la corrupci贸n, ni contribuir a cuidar el dinero de las y los ecuatorianos.

De la misma manera, qued贸 en evidencia el deterioro del consenso social en torno a la Constituci贸n de Montecristi y la ruptura democr谩tica. El poder delegado por la Constituci贸n para el control ciudadano y de interinstitucionalidad en la lucha contra los delitos relacionados con el detrimento patrimonial del Estado result贸 fracturada. Moreno, con la destrucci贸n del CPCCS y el nombramiento de allegados en los altos cargos del Poder Judicial, concentr贸 en la Fiscal铆a General del Estado todo el poder, ya no ciudadano, sino punitivo, con el cual se sojuzgan opositores y se determinan las prioridades para los procesos judiciales. Las causas de fuga de capitales, para铆sos fiscales, los inapapers, los panam谩papers, est谩n engavetados en la oficina de la todopoderosa fiscal general Diana Salazar, aliada incondicional del presidente Moreno.

En esas condiciones, la acci贸n judicial del Estado ecuatoriano pas贸 de ser un arma en contra de los opositores corre铆stas en la restauraci贸n neoliberal a un arma para la instalaci贸n de un r茅gimen represivo de tipo conservador/punitivo. En las movilizaciones sociales y populares del 2019 qued贸 demostrado. Cuando la sociedad se expres贸 en contra del gasolinazo y las organizaciones ind铆genas, campesinas y sindicales se movilizaron, la acci贸n estatal fue en extremo represiva y punitiva. El resultado fueron 1.152 personas detenidas, 7 fallecidas, y cerca de 1.320 heridas. A esas causas las lleva la fiscal Salazar de una forma arbitraria, apuntando en contra de las y los integrantes del corre铆smo que lograron esca帽os de importancia en las prefecturas de Manab铆 y Pichincha y la f茅rrea oposici贸n al Gobierno de Moreno desde la Asamblea Nacional.

Esta segunda ola de guerra judicial fue menos sofisticada que la primera. Los funcionarios, funcionarias y asamble铆stas perseguidos ya no tienen causas por corrupci贸n, sino por rebeli贸n o instigaci贸n. Bajo esa persecuci贸n tuvieron que asilarse cuatro emblem谩ticos asamble铆stas encabezados por Gabriela Rivadeneira, y la prefecta de Pichincha junto a su equipo fueron detenidos acusados por el presunto delito de 鈥渞ebeli贸n鈥 (Art. 336 del C贸digo Org谩nico Integral Penal), un absurdo jur铆dico que luego corrigieron, acus谩ndoles por el delito de 鈥渋nstigaci贸n鈥, fundado la acci贸n penal en las protestas ciudadanas que convocaron desde diferentes sectores sociales. Moreno recarg贸 el ca帽贸n del lawfare con la proscripci贸n y los estatutos de seguridad, y regres贸 al Ecuador a los peores a帽os del neoliberalismo y el conservadurismo.

Este 煤ltimo listado de perseguidos y perseguidas por la nueva modalidad de lawfare, centrado en la acusaci贸n a pol铆ticos de los delitos de 鈥渋ncitaci贸n鈥 y 鈥渞ebeli贸n鈥, adem谩s de dejar al descubierto el car谩cter pol铆tico de las causas judiciales, demostr贸 el contubernio con los medios de comunicaci贸n. Los allanamientos espectaculares en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pab贸n y de su equipo de colaboradores, como Virgilio Hern谩ndez y Christian Gonz谩lez, fueron grabados y transmitidos en vivo por canales de televisi贸n y por redes sociales, violando los derechos de los detenidos y generando un efecto de instigaci贸n al buen nombre y a la presunci贸n de inocencia. La gravedad jur铆dico-institucional motiv贸 la intervenci贸n de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, que solicit贸 a Len铆n Moreno la adopci贸n de las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de Paola Pab贸n, Virgilio Hern谩ndez y Christian Gonz谩lez, al considerar que la detenci贸n revest铆a car谩cter de gravedad, urgencia e irreparabilidad.

Los asamble铆stas no tuvieron ese mismo tratamiento, porque lograron refugiarse en la embajada de la Rep煤blica de M茅xico en la ciudad de Quito, solicitando asilo para ellos y sus familias. Luego de un conflicto diplom谩tico, los asamble铆stas recibieron salvoconductos por el Estado ecuatoriano para permitir su salida del pa铆s. Se configur贸 un nuevo modus operandi de la guerra judicial mucho m谩s frontal, con el amedrentamiento y hostigamiento policial para perseguir a los opositores pol铆ticos. La segunda fase de la persecuci贸n alcanz贸 a familiares de los asamble铆stas, siendo el caso m谩s evidente la acusaci贸n y encarcelamiento del padre de la Asamble铆sta Gabriela Rivadeneira. Pedro Rivadeneira Sandretti fue procesado por enriquecimiento y asociaci贸n il铆cita, fue capturado y luego de dos meses fue sobrese铆do debido a que el juez de la causa no encontr贸 ning煤n m茅rito.

En la actualidad, la estrategia es condicionar a Andr茅s Arauz, el candidato del corre铆smo a la Presidencia. Siete d铆as antes de las elecciones presidenciales en Ecuador, la Revista Semana, un medio de comunicaci贸n colombiano perteneciente al segundo grupo econ贸mico m谩s importante de ese pa铆s (de la familia Gilinsky) y con una l铆nea editorial conservadora, public贸 como tema central y en primera p谩gina 鈥淟os explosivos archivos de Uriel鈥, una informaci贸n de organismos de la inteligencia militar colombiana sobre los supuestos contenidos del computador de un guerrillero del ELN muerto en una operaci贸n de las Fuerzas Militares. En la publicaci贸n aseguran que el guerrillero ten铆a en su poder una carta donde informaba la entrega de 80 mil d贸lares a la campa帽a presidencial de Andr茅s Arauz.

Esta acci贸n de la Revista Semana condujo a la apertura de un proceso judicial por parte de la Fiscal铆a General del Estado de Ecuador por esos supuestos hechos: 驴por qu茅 se publica primero en la Revista Semana y dos semanas despu茅s el fiscal general de Colombia viaja a Ecuador a entregar supuestas evidencias de los hechos? Si la Fiscal铆a colombiana conoc铆a esos supuestos documentos 驴por qu茅 no inform贸 al Gobierno de Ecuador antes de la publicaci贸n? El timing pol铆tico fue clave en esta acci贸n.

Conclusi贸n: lawfare recargado

Len铆n Moreno encabez贸 una restauraci贸n neoliberal en lo econ贸mico y conservadora en lo pol铆tico. Destruy贸 el poder de Transparencia y Control Social creado en la Constituci贸n de Montecristi, y retrotrajo al pa铆s a la idea punitiva centrada en la acci贸n de la Fiscal铆a, en cabeza de una persona cercana a sus intereses. Concentraci贸n de poder y destrucci贸n de la participaci贸n en la lucha contra los delitos de corrupci贸n. Usaron la lucha contra la corrupci贸n como excusa para acabar con la lucha contra la corrupci贸n.

Aparecieron nuevas modalidades de lawfare en Ecuador: hostigamiento a familiares de pol铆ticos para obligarles a exiliarse, allanamientos transmitidos en vivo a mitad de la noche para aumentar el sojuzgamiento medi谩tico, y destituci贸n por juicio pol铆tico a los consejeros/as del Consejo de Participaci贸n Ciudadana y Control Social.

La captura de la prefecta de Pichincha y su equipo dej贸 al descubierto que estaban siendo objeto de escuchas ilegales. Sus tel茅fonos estaban intervenidos de forma ilegal, y con esos audios la Fiscal铆a General del Estado est谩 estructurando los procesos judiciales. Esta l铆nea est谩 relacionada con la ciberseguridad, el regreso de las operaciones de la base militar de los EE. UU. en Manta, y la compra de equipamiento tecnol贸gico con el aumento del presupuesto militar.

El show judicial en contra de la f贸rmula presidencial Arauz-Rabascall, con casos manufacturados y sin pruebas, parece orientado a interferir en la voluntad de los y las electoras. Existen antecedentes de este tipo de acciones con timing pol铆tico, iniciadas por la justicia colombiana, que se conocen como 鈥渇alsos positivos鈥 judiciales.

—-

[1] https://www.celag.org/informe-postelectoral-ecuador-seccionales-cpccs/

[2] https://www.celag.org/informe-post-electoral-consulta-popular-ecuador/

[3] https://www.celag.org/el-lawfare-puro-cuento/

celag.org




Fuente: Lahaine.org