November 24, 2021
De parte de Memoria Libertaria
120 puntos de vista


eldiario.es/Jacinto Lara y Manuel Oll茅

Art铆culo de los abogados de DDHH sobre la impunidad del franquismo

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/ley-amnistia-principio-legalidad-prescripcion_129_8513893.html

  • El efecto pr谩ctico de esta enmienda para poder investigar y enjuiciar los cr铆menes del pasado es nulo. La propuesta legislativa no pasa de ser un desider谩tum te贸rico de c贸mo debe interpretarse la ley. Advertencia que se formula a pesar de que la funci贸n del legislador no es ense帽ar a los jueces a interpretar la norma
  • La aplicaci贸n directa del Derecho internacional penal para enjuiciar cr铆menes internacionales de primer grado invita a modificar el C贸digo Penal para introducir la modulaci贸n del principio de legalidad conforme a los est谩ndares internacionales y, en modo alguno, puede materializarse a trav茅s de la Ley de Memoria Democr谩tica

Concentraci贸n contra la impunidad del Franquismo, frente al Congreso de los Diputados, a 18 de julio de 2021.Concentraci贸n contra la impunidad del Franquismo, frente al Congreso de los Diputados, a 18 de julio de 2021. Alberto Ortega / Europa Press

En los 煤ltimos d铆as asistimos al interesante debate p煤blico que se desarrolla principalmente en t茅rminos pol铆ticos en relaci贸n con una enmienda introducida, por el PSOE y Unidas Podemos, en el texto que se tramita actualmente en el Parlamento sobre el Proyecto de Ley de Memoria Democr谩tica. El texto de la enmienda exige que todas nuestras leyes, incluida la Ley de Amnist铆a 1977, se interpreten y apliquen 鈥渄e conformidad con el Derecho Internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, seg煤n el cual los cr铆menes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideraci贸n de imprescriptibles y no amnistiables鈥.

Vaya por delante que este texto no deja de ser una consecuencia directa de la previsi贸n de nuestra Constituci贸n, que proclama que los tratados internacionales v谩lidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en Espa帽a, forman parte de su ordenamiento jur铆dico interno (art铆culo 96.1); y que las normas relativas a derechos fundamentales se interpretar谩n de conformidad con la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados en esta materia (art铆culo 10.2).

Esta previsi贸n constitucional tambi茅n se incorpor贸 en el a帽o 2014, en la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Ley que, como no puede ser de otra forma, declara que, en caso de conflicto entre una norma contenida en un tratado internacional y otra interna prevalecer谩 la internacional, salvo que la nacional sea de rango constitucional. Es lo que se denomina control de convencionalidad, esto es, la obligaci贸n de los jueces de desplazar o inaplicar la norma interna en caso de conflicto normativo entre ambas.

Una de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contra铆da por el Estado espa帽ol es la investigaci贸n y enjuiciamiento de los cr铆menes internacionales de primer grado, como, entre otros, los cr铆menes contra la humanidad, si se han cometido en nuestro territorio. Y, si est谩 obligaci贸n que impone el Derecho internacional 鈥攜 que Espa帽a ha asumido con la firma de diferentes tratados o instrumentos internacionales鈥 y la norma internacional prevalece sobre la nacional, 驴por qu茅 se ha presentado esta enmienda?

La respuesta la encontramos en las diferentes resoluciones judiciales dictadas por los juzgados y tribunales espa帽oles que en los 煤ltimos cinco a帽os han interpretado que la Ley de Amnist铆a es un obst谩culo jur铆dico para investigar y enjuiciar los cr铆menes franquistas. As铆, ante la constatada resistencia de los jueces espa帽oles, en m谩s de 80 resoluciones, a observar la prevalencia del Derecho internacional, el mensaje de la enmienda es claro: el poder legislativo advierte expresamente al judicial que el Derecho internacional existe y que, de una vez, interpreten la ley nacional en consonancia con los imperativos del Derecho internacional, del Derecho internacional de los derechos humanos, y del Derecho internacional penal.

Por ello, el efecto pr谩ctico de esta enmienda para poder investigar y enjuiciar los cr铆menes del pasado es nulo. La propuesta legislativa no pasa de ser un desider谩tum te贸rico de c贸mo debe interpretarse la ley. Advertencia que se formula a pesar de que la funci贸n del legislador no es ense帽ar a los jueces a interpretar la norma. Estos deben aplicar la ley de acuerdo con los criterios hermen茅uticos que ofrece el ordenamiento jur铆dico y que se presupone que, por su formaci贸n jur铆dica acreditada, al superar la prueba de acceso a la carrera judicial, conocen.

La 煤nica posibilidad real de que se juzguen esos hechos y a sus responsables reclama, en primer lugar, la intervenci贸n del legislador para abordar con rigor la nada f谩cil tarea de modificar la Ley de Amnist铆a. Es necesario sentar que su contenido no puede impedir la investigaci贸n y enjuiciamiento de cr铆menes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. No es lo mismo la modificaci贸n efectiva de una norma, que una mera pauta de c贸mo debe ser interpretada.

Y, en segundo lugar, uno de los escollos de mayor calado y controversia jur铆dica para impedir la investigaci贸n y enjuiciamiento de estos cr铆menes es la aplicaci贸n del principio de legalidad penal. As铆 se desprende del Auto del Tribunal Constitucional, del pasado 16 de septiembre. Esta resoluci贸n inadmiti贸 la demanda de amparo interpuesta por Gerardo Iglesias que denunciaba a los autores de las torturas infringidas, en un contexto de cr铆menes contra la humanidad, durante la dictadura franquista. El Auto justifica la inadmisi贸n de la demanda porque lo impide el principio de legalidad penal. El Tribunal Constitucional recuerda que este principio 鈥攓ue se configura como parte del contenido del derecho fundamental, enunciado en el art铆culo 25 de la Constituci贸n Espa帽ola鈥 es inherente al Estado de Derecho. Y explica que este principio exige como garant铆a para el ciudadano que el delito y la pena tienen que estar previstos en nuestra C贸digo penal antes de que se cometan los hechos subsumibles en ese delito.

Los 贸rganos judiciales espa帽oles, en aplicaci贸n del principio de legalidad, han impedido el acceso a la jurisdicci贸n de los diferentes denunciantes de los cr铆menes franquistas. En s铆ntesis, sostienen que, como el delito o crimen de lesa humanidad entr贸 en vigor en octubre de 2004, con su incorporaci贸n al C贸digo Penal, dicho tipo penal es inaplicable a hechos cometidos con anterioridad a esa fecha.

Por ello, descartada la posibilidad de enjuiciar los hechos y a sus autores por cr铆menes de lesa humanidad, 煤nicamente se podr铆a enjuiciar, inicialmente, esos hechos 鈥攄evaluando su verdadera calificaci贸n jur铆dica鈥 de acuerdo con la tipificaci贸n correspondiente en el momento de su comisi贸n: asesinato, secuestro, tortura (caso de Gerardo Iglesias), etc. Delitos que son de imposible persecuci贸n judicial por estar prescrita en el momento de la interposici贸n de la denuncia la acci贸n penal. Los cr铆menes de lesa humanidad, por el contrario, son imprescriptibles.

Esta interpretaci贸n, desde la perspectiva del derecho interno es correcta. Sin embargo, no lo es de acuerdo con el Derecho internacional de los Derechos Humanos. En concreto, la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos (art铆culo 11), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art铆culo 7), la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea (art铆culo 49) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos (art铆culo 15) promulgan, como fuentes del Derecho penal, tanto la norma nacional como la internacional.

Esto significa que si con anterioridad a la realizaci贸n de los hechos, existe en el Derecho internacional escrito (tratado internacional) o consuetudinario, una norma que proh铆ba su comisi贸n, ese hecho es un delito en el Derecho internacional penal, aunque la legislaci贸n interna no lo tipifique, con la exigencia de que la norma internacional describa con claridad los elementos del crimen correspondiente. La pena a imponer, al no preverla el Derecho internacional, ser谩 la prevista en el C贸digo Penal nacional para el delito subyacente (asesinato, tortura, secuestros, etc.) en el que se ha instrumentado el crimen internacional.

Los cr铆menes franquistas, en el momento de su comisi贸n, ya estaban considerados por los principios generales reconocidos por la comunidad internacional, especialmente por los principios de N眉remberg, como cr铆menes contra la humanidad. Se cumpl铆an y se cumplen, por tanto, con las garant铆as materiales del principio de legalidad para posibilitar su investigaci贸n y enjuiciamiento penal.

Por ello, la aplicaci贸n directa del Derecho internacional penal, para investigar y enjuiciar cr铆menes internacionales de primer grado, invita a modificar el C贸digo Penal para introducir la modulaci贸n del principio de legalidad conforme a los est谩ndares internacionales. Transformaci贸n que, en modo alguno, puede materializarse a trav茅s de la Ley de Memoria Democr谩tica. Al afectar a derechos fundamentales, debe ser mediante ley org谩nica.

Concluyendo, si finalmente se aprobara la Ley de Memoria Democr谩tica y se reformara la Ley de Amnist铆a, restar铆a mudar legislativamente el principio de legalidad penal, lo que constituir铆a un extraordinario reto jur铆dico y pol铆tico legislativo, imprescindible para combatir el modelo de impunidad espa帽ol frente a los cr铆menes del pasado.




Fuente: Memorialibertaria.org