March 17, 2021
De parte de SAS Madrid
225 puntos de vista


Nos cita en el Big Mat, una cadena de materiales de construcción que da empleo, según su web, a más de 8.500 personas en toda Europa y que factura unos 2.500 millones de euros anualmente. La visión que rodea a la fachada de su establecimiento en Linares es deprimente: casas humildes encaladas de dos plantas, un descampado donde algunos coches permanecen aparcados entre matorrales, y el suelo de barro ocre, agrietado y compactado a fuerza de ser camino y estacionamiento.

En una esquina, el cuartel de la Guardia Civil; al otro, un bar con terraza donde tres hombres beben unas cervezas a las cinco y media de la tarde. La luz del sol, demasiado dura, blanca y templada para ser apenas principios de marzo.

Apoyado en el escaparate de la cadena comercial, una de las referencias empleadas por todos para orientarse en la ciudad, casi camuflado tras la gorra, la mascarilla y la sudadera negra, espera Adrián Vergara Lepage, que a sus 20 años acaba de asistir a su primera y, lamenta, última manifestación, después de que presuntamente sufriera una paliza por parte de dos agentes de la Policía Nacional de la ciudad. 

“Yo fui a la manifestación porque yo qué sé, vi muy mal eso para ser policías, y cómo iban también, más yendo sin uniforme”. Adrián se refiere a la paliza que dos policías nacionales –uno de ellos, subinspector jefe de la comisaría local– le dieron a un padre y a su hija el 12 de febrero, después de que discutieran en un bar. Las imágenes de los agentes, aparentemente borrachos, fuera de servicio golpeando al hombre y zarandeando a la adolescente de 14 años, que fueron grabadas por un vecino y subidas a Internet, provocaron una indignación inmediata entre parte de los linarenses.

A las 17 horas del sábado, cuando los agentes tenían que acudir a los juzgados de Linares para prestar declaración por estos hechos, cientos de personas se agolpaban frente a la entrada, gritando no solo contra los dos presuntos agresores, sino contra el cuerpo nacional cuyos miembros, según varios testimonios, suelen mostrarse chulescos e intimidatorios en los habituales controles que realizan en las calles de la ciudad.

“Sin placa no sois nadie” fue uno de los numerosos insultos que aquella tarde se dirigieron a los policías que rodeaban los tribunales de una ciudad de 57.000 habitantes que, desde 2017, encabeza los índices de paro nacional: el 32,8%. Aquel año, como recuerda el periodista linarense Pedro J. Ortega, más de 40.000 de sus habitantes se manifestaron para pedir a las instituciones que interviniesen antes de que el éxodo que había comenzado en 2011, con el cierre de la planta de Santana Motor, los obligase a todos a marcharse. Desde entonces, la crisis social solo ha hecho empeorar, y la única respuesta oficial ha sido la creciente represión policial. 

Aquella tarde de sábado del 13 de febrero, Adrián se acercó a la manifestación con su tío y su primo. “Por la noche, cuando empezaron a tirar piedras contra la comisaría decidimos que había llegado el momento de marcharse. Eran las diez y fue cuando nos cogieron. A ellos dos los llevaron a un lado y los soltaron, pero a mí me llevaron a comisaría, me metieron en una sala y ahí me pegaron: guantazos, patadas, en las costillas, en la cara…”. Adrián cuenta que durante unos segundos se quedó inconsciente y que, cuando volvió en sí, dos agentes con el rostro tapado seguían golpeándole. Él, según explica, intentaba cubrirse la cara.

Según su abogada de oficio, Marianela Núñez Ariza, aquella noche la policía le comunicó en las dependencias policiales que le denunciaban por resistencia y desobediencia a la autoridad, así como por desórdenes públicos. Añade que le propuso interponer una denuncia por las lesiones que se le veían, pero que él no parecía tenerlo claro en aquel momento. Lo haría después en los juzgados, por su cuenta, una vez que tuvo el parte de lesiones que le hicieron en el centro de salud local.

Sentados en medio del descampado, espeta con amargura la razón por la que finalmente interpuso la denuncia: “En realidad, (los agentes) se estaban cachondeando de mí porque no tenían ninguna prueba de lo que me acusaban. Yo no hice nada, pero no paro de darle vueltas a qué van a hacer de mí con esto”. Le preocupa a él y a toda su familia, que prefiere no hacer declaraciones públicas.

“Cuando llegué a casa esa noche mi tía no se lo creía. Me dejaron mucha marca en verdad”, explica aún incrédulo este joven que dejó de estudiar en 3º de la ESO – “Estuve haciendo un módulo de electricidad, pero por desgracia no lo acabé”–. 

Adrián llegó hasta esta ciudad fronteriza entre Andalucía y Castilla-La Mancha junto a su madre y sus tres hermanos, procedentes de un pueblo de Cuenca. “Ahora mismo no me dedico a nada, busco trabajo por todos lados, pero en Linares muy poco voy a encontrar. En mi pueblo trabajaba en una granja de gallinas y me iba bien. Pero aquí llevo un año y pico, y nada”. 

La nada

La nada es la que también empujó a miles de linarenses a salir a las calles, y a una minoría de estos a quemar contenedores y tirar piedras contra la policía, que además de ser considerada abusiva por muchos, era la única representación de la institucionalidad que se encontraron en su camino. La respuesta fue la que recibieron durante buena parte de los años 80 y 90 cuando los trabajadores de la planta de Santana Motor cortaban carreteras con la quema de neumáticos, marchaban a Sevilla y Madrid para pedir a la Junta de Andalucía y a los sucesivos Gobiernos de España que no permitieran el cierre de una industria que daba de comer, entre empleos directos e indirectos, a miles de familias.

Pero el conocimiento de los métodos de la lucha obrera venía de antes: Linares había sido territorio minero de plomo, hasta que los pozos se agotaron y en 1967 dejó de resultar rentable seguir arañando el subsuelo buscando vetas. Linares es la quintaesencia jienense: tierra de paso de la autovía que comunica Sur y Norte por Despeñaperros, montes que se pierden en el horizonte plagados de los olivos que producen el líquido que se vende a precio de oro y a cuyos recolectores apenas les reporta unos 50 euros el día por jornal. Y solo durante algunos meses al año. Después la nada, o lo que es lo mismo, sobrevivir unos meses gracias al vilipendiado subsidio agrario –el PER–, buscarse la vida, volver unos meses al olivar… El horizonte, en realidad, no lo delimita los montes de aceitunas, sino los puntos ciegos que señala la autopista que circunvala la ciudad. 

Cuántos siglos de aceituna,

Los pies y las manos presos,

Sol a sol y luna a luna

Pesan sobre vuestros huesos.

Jaén levántate, brava,

Sobre tus piedras lunares,

No vayas a ser esclava

Con todos tus olivares,

Andaluces de Jaén.

En 1937, el poeta alicantino Miguel Hernández alentaba en su descomunal poema Andaluces de Jaén a la rebelión de un pueblo pobre, aislado, esclavizado y menospreciado por la clase política. A lo largo de este siglo, lo ha intentado una y otra vez; la penúltima, hace unas semanas, cuando miles de personas se manifestaban después de que cerrara sus puertas El Corte Inglés. Se trataba del último símbolo del hundimiento económico de una ciudad que, salvo su centro histórico, se ha convertido en un gran barrio deprimido de hombres y mujeres que pasan sus lunes sentados al sol. Parcos en palabras, esta pobreza no está adornada de grandes discursos como el que desplegaba Santa, interpretado por Javier Bardem, sobre la hormiga y la cigarra en la película de Fernando León de Aranoa. Para entender esta miseria no hay que preguntar por ella, solo observarla.

De la pobreza a la exclusión social por la pandemia

Los edificios de arquitectura del triste desarrollismo español de los años 60 alojan a familias con altas tasas de pobreza: el 12,3% estaba en riesgo de pobreza en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística. En 2021, tras el primer año de pandemia, hay un 20% más: en total, el 32,3% según Cáritas Interparroquial de Linares. Es decir, uno de cada tres de sus habitantes. Se ha convertido así, según un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, en una de las diez ciudades más míseras de España. En este país, se estima que se está en la pobreza extrema si se tienen menos de 300 euros de ingresos al mes, 480 si el núcleo familiar son dos personas, y unos 600 en el caso en el que tengan un menor.

Como consecuencia de ello, las enfermedades más habituales son aquellas propias de los contextos socioeconómicos deprimidos: uno de cada 3 menores sufre obesidad infantil, así como una mayoría de los adultos, según un informe de 2012 de Ayuntamiento de Linares. Las enfermedades cardiovasculares aparecían como una de las principales causas de muerte entre su población, además del cáncer de pulmón, los accidentes de tráfico y los suicidios. 

Linares, cuando las prejubilaciones ya no dan para más

En el punto exacto en el que uno de estos barrios se extingue, difuminándose los bordes de la ciudad entre los olivares, un decena de personas hace cola en una gasolinera. A diferencia de los habituales surtidores de las autopistas, donde se suelen vender productos de consumo ocasional a precios desorbitados, este hace las veces de ultramarinos de productos básicos y de gama baja: latas de conservas de no más de un euro, patatas fritas de marcas poco conocidas y baratas, productos de higiene básica… Los compradores esperan con paquetes de comida basura en el regazo.

El pesado desvalimiento del escenario recuerda a ciudades como Flint, una de las más pobres de Estados Unidos, vaciada también por la deslocalización de la industria del motor del Estado de Detroit y el abandono de los sucesivos gobiernos estatales y federales. Flota en el ambiente la misma desazón, con la diferencia de que allí, una parte de su ingesta de calorías diarias la hacen gracias a los bonos de alimentos que impiden que la primera potencia mundial sufra hambrunas. Aquí, muchas familias subsisten gracias a las prejubilaciones de los mayores, con las que los gobiernos de PSOE consiguieron sofocar la fiereza con la que los trabajadores y sus familias defendían sus puestos de trabajo, como ocurrió en las Cuencas Mineras del Asturias y León, en los puertos de los grandes astilleros, como Cádiz o Gijón…

No muy lejos de aquí, en otra gasolinera, nos encontramos con Luis Alfonso Serrano, también de 20 años y nacido en Linares. Desde hace un par de semanas, tiene trabajo cortando los olivos y echando abono. Calcula que se acabará en un mes más o menos. Su padre trabaja como chatarrero, su madre es ama de casa y su hermano menor sigue en el colegio. Como Adrián, él tampoco se sacó la ESO. El desempleo juvenil aquí supera el 50%.

Explica que se acercó a la manifestación por la agresión policial “como mucha gente, como espectador”. También era su primera protesta. Recuerda que cuando la gente se fue de los juzgados a la comisaría, él decidió que había llegado el momento de volver a casa: “Fui a la cochera a por la moto de mi padre. Ya tenía el casco puesto cuando me cogieron por detrás, me llevaron a comisaría, me metieron en un cuartillo y uno de ellos, sin decir nada, se lió a porrazos conmigo. Sé quién es porque aquí hay muchos controles por el tema de la droga”. Según su relato, fue el mismo que golpeó a los otros tres jóvenes junto a los que le encerraron en otra habitación: “Nos pegaba a uno, nos echaba a esa sala y se llevaba a otro”. 

Como Adrián, Luis Alfonso ha interpuesto una denuncia contra los agentes que, ambos señalan, son de Linares. “Nos cogieron a los que no habíamos hecho nada, probablemente para desahogarse por no haber podido coger a los que sí quemaron contenedores y tiraron piedras”.  

En la comisaría de la Policía Nacional de Linares nos derivan a la provincial de Jaén para obtener su versión sobre estos hechos. Allí, y por vía telefónica, su responsable de comunicación confirma a La Marea que el jefe provincial de este cuerpo ha pedido un informe a sus compañeros de Linares después de «abrir una investigación para depurar responsabilidades». Ante la pregunta de si tenían constancia de otras denuncias por violencia policial en esa comisaría, solo menciona que hace «10 o 12 años hubo una agresión por parte de agentes en un bar».

La Fiscalía de Jaén investiga un posible «uso desproporcionado de la fuerza»

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Iridia y  la Plataforma Defender a Quien Defiende interpusieron conjuntamente una denuncia por «un uso desproporcionado de la fuerza durante algunas de las detenciones». En el escrito que hicieron público tras los hechos del 13 de febrero, las organizaciones se basaban en los vídeos que se habían publicado en las redes sociales para señalar al menos “tres intervenciones en las que se evidencia un desmedido e innecesario uso de la fuerza». Se referían a un «uso injustificado del bastón policial extensible, el empleo de la defensa de dotación –la conocida como porra– cerca de menores y el arrastre de una persona sobre el suelo». Esta última como resultado del “disparo de un proyectil de goma” que golpeó a un manifestante dejándole inconsciente. Pero además del uso de las pelotas de goma, exigen que se investigue el uso de una “escopeta de postas contra dos de los manifestantes», por lo que resultaron heridos de balines. 

A raíz de esta denuncia, la Fiscalía Provincial de Jaén ha abierto diligencias por unos hechos que «pudieran ser constitutivos» de infracción penal. Estas organizaciones también pidieron al Ministerio de Interior y al Defensor del Pueblo Español que “se activen los mecanismos internos de depuración de responsabilidades» y «que se determine qué agentes dieron las órdenes o autorización para el uso de material antidisturbios tales como bolas de caucho y armas de fuego y/o postas, y se lleve a cabo una investigación sobre el material utilizado y por parte de qué agentes, a fin y efecto de remitirlo al Juzgado si fuera necesario».

Las organizaciones exigen también que se remitan las comunicaciones realizadas por radio u otro dispositivo, «con el objeto de determinar qué órdenes se dieron en relación con el uso de material antidisturbios y qué agente o agentes lo autorizaron, ordenaron o permitieron». En su respuesta a las entidades, la Defensoría les comunicó que ya había abierto el 24 de febrero una investigación de oficio ante la Dirección General de la Policía y la Subdelegación del Gobierno en Jaén.

Linares, en búsqueda de una salida

Durante buena parte del camino al centro histórico de Linares, la mayoría de los comercios permanecen cerrados. Los bares tienen carteles en sus fachadas pidiendo ayudas para subsistir a las medidas dictadas para frenar la pandemia; el resto, ni eso: parece que llevan meses con las persianas echadas. Uno de los pocos que permanece abierto y que destaca por la iluminación de la fachada es un Escape Room, uno de esos espacios en los que se paga por resolver un misterio y así encontrar la salida. La población de Linares lleva décadas intentando lo mismo: deshacer la maldición que les ha condenado a perpetuar el mito del jornalero andaluz, tan del gusto del costumbrismo populista que romantiza la pobreza, y tan desesperante para quien lo ha de sufrir. “Hay mucho desempleo en este pueblo, están rabiosos, por eso salieron a tirar piedras y quemar contenedores”, opina Adrián. Queda por saber por dónde va a encontrar la salida tanta rabia.  

Enlace relacionado LaMarea.com (16/03/2021).




Fuente: Sasmadrid.org