March 8, 2021
De parte de ANRed
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Una nueva marcha desde el 15 de diciembre, como cada domingo que ha estado permitido por el contexto de covid, congregó en la localidad de Puan a las familias de los 14 jóvenes detenidos. Por corresponsal popular para ANRed


Son días de grandes avances en la causa en el marco de un operativo policial, que por orden del juez Guillermo Mércuri a partir de una investigación del fiscal Mauricio Del Cero, que da inicio a la investigación en base a una declaración fraguada con Kevin Torres tomada supuestamente por el Comisario Tevez y en testimonios del Sargento Arguello, basado en una supuesta conversación con Kevin Torres, también falsa.

Esto se supo esta semana, tal como lo manifiestan los familiares de los jóvenes detenidos en Villa Floresta en un comunicado del dia viernes 5 de marzo que compartimos. A partir de esta declaración los abogados defensores estarían pidiendo la nulidad de la causa, puesto que el inicio de la investigación sería a partir de un acto fraguado.

Kevin Torres es un joven de 23 años de la localidad de Puan, este viernes 5 se presentó ante la fiscalía de turno y ante la fiscalía de Mauricio Del Cero para denunciar que él nunca declaró contra los chicos, jamáz manifestó que algunos de los jóvenes, a quienes ni siquiera conoce trasladaban nada desde Guatraché, jamás manifestó absolutamente nada de lo que dice sus supuesta declaración.

Kevin es un joven de 23 años, trabajador municipal, estudió en la escuela agropecuaria de 17 de agosto y terminó los estudios secundarios recientemente en el plan FINES. Kevin y los 14 jóvenes, como la gran mayoría de los jóvenes de la provincia, son criminalizados, hostigados y perseguidos por la policía boneaerense.

Kevin viajó con su padre a Bahía Blanca, distante a 160 km de Puan a declarar. Lo hizo ante la propia fiscalía de Mauricio Del Cero pero también en una fiscalía de turno. La enorme valentía e integridad de familias de trabajo, que no tienen nada que perder.

Criminalización de los jovenes

Estamos ante un caso más que tiene que ver con las problemáticas de las juventudes en general, y lo es su creciente criminalización.

En este caso estamos ante la juventud rural. Puan, es localidad cabeza de distrito y tiene 5000 habitantes; la población vive mayoritariamente de las actividades agrícolo ganaderas.

Estamos viviendo una problemática social como en todos los contextos pero con particularidades en las zonas rurales, que es la dificultad de los jóvenes para insertarse laboralmente, la dificultad para estudiar por la poca diversificación de carreras, la dificultad para diseñar proyectos de vida que se sostengan.

Hay jóvenes de quienes se encuentran detenidos que cultivaban por razones de salud y tienen sus certificaciones. Hay jóvenes que les hallaron 3 plantines, a otros más o menos, en casi ningún allanamiento otra sustancia. Las practicas por las que están detenidos son sin duda estrategias de consumo. En casos en que estemos ante adicciones y se generen estas estrategias de consumo, nada tienen que ver con la comercialización o las bandas narcos tal como Berni lo definió o como el propio fiscal y juez han afirmadono podemos pensar que la cárcel es la solución.

Estamos ante una práctica social que es el consumo de cannabis que está siendo regulado en varios países y Argentina va en camino a ello, estamos en todo caso ante un problema social o de salud pública más que ante un caso de banda o cartel de narcotráfico. Aquí había estrategias aisladas individuales y aisladas, eventuales, para poder consumir y sostener el consumo. La única declaración que hablaría de transporte con vehículos desde Guatrache se acaba de caer porque Kevin Torres jamás dijo eso.

El plano psico social y criminológico es un grave riesgo asociar consumo drogas con delincuencia, alejándolo del plano de lo socio cultural, de la salud mental o de la salud integral.

Detención de los jóvenes y vulneración de los derechos humanos

Estamos ante un problema de derechos humanos. Hay antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuestionan la prisión preventiva usada como regla, y no como excepción.

La Comisión Provincial por la Memoria ha mencionado instrumentos internacionales de la CIDH que denuncian la aplicación regular de la prisión preventiva y la reducción constante de las medidas alternativas al encierro. Todo esto en complejos penitenciarios que alojan personas por encima de su capacidad.

La sobrepoblación genera hacinamiento y vulnera derechos básicos como el acceso a educación, trabajo, salud, visitas familiares, alimentación y crea condiciones para que ocurran los hechos de violencia y tortura penitenciaria; los números arrojados en materia sanitaria dan cuenta que la desatención de la salud es una práctica recurrente y extendida en todo el sistema penitenciario provincial.

En el actual contexto de pandemia tanto Naciones Unidas, como la OMS plantean que resulta insoslayable que en el actual contexto de pandemia, la crisis humanitaria que atraviesa el sistema carcelario provincial se agrava exponencialmente. En virtud de los problemas estructurales de las cárceles bonaerenses, la propagación del virus es una amenaza concreta y extrema para la salud y la vida de las personas privadas de su libertad.

La CIDH recomendó la adopción de medidas para enfrentar el hacinamiento en las unidades: Entre ellas, instó a reevaluar los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad.

El Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura.

Mediante el dictado de una serie de recomendaciones, instó a los

Estados a reducir las poblaciones penitenciarias. El Comité Nacional de Prevención de la Tortura emitió un documento de medidas concretas y efectuó recomendaciones para abordar la problemática.

Existe un habeas corpus colectivo presentado por Defensores Generales de la Provincia de Buenos Aires a favor de las personas privadas de su libertad donde también refieren a esto. Esas condiciones en contexo del Covid-19 constituyen un cóctel explosivo que es preciso desactivar, con la mayor diligencia, a través de medidas de carácter excepcional y urgente, desde la desprisionización (en todos aquellos casos en que el encierro carcelario riguroso pueda ser sustituido por otro medio menos aflictivo), hasta las mejoras sanitarias en las cárceles y comisarías que son, por excelencia, focos de propagación de enfermedades, manifiestan.

Asimismo preocupa en materia de derecho penal y de derechos humanos, al momento de dictar una coerción personal como lo es la prisión preventiva, cuestionada por los defensores públicos y abogados intervinientes, la Comisión Provincial por la Memoria planteaba en su escrito de presentación de Amicus Curiae en enero pasado, que no solo debe valorarse la pena en expectativa, sino bien como reza el articulado, “realizar un análisis concreto respecto a si hay reales “peligros de fuga y entorpecimiento”. Considerar las condiciones personales del imputado, la posibilidad de la declaración de reincidencia por delitos dolosos, si hubiere gozado de excarcelaciones anteriores que hicieren presumir fundadamente que el mismo intentará eludir la acción de la justicia entorpecer las investigaciones

En dicho escrito planteaba la CPM que la prisión preventiva, como medida cautelar, sólo puede tener fines procesales. Su carácter procesal significa que la coerción se utiliza para garantizar «la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal» . No se puede recurrir a la detención preventiva para obtener alguna de las finalidades propias de la pena.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha consagrado, dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9°.3), pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia (8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal el dictado de la prisión preventiva no puede fundarse exclusivamente en la gravedad del delito imputado, sino que el tribunal debe atender las circunstancias objetivas que en el caso concreto permitirán formular un juicio sobre la existencia del peligro que genera la necesidad de la medida de coerción”

Estamos ante jóvenes sin antecedentes. Sin peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa. Jóvenes que en dos casos se entregaron. Y ahora ante una situación que estaría solicitándose la nulidad de la causa.

Por otro lado estamos ante un contexto de Covid y de sobrepoblación de las cárceles.

El derecho penal y las leyes de estupefacientes y el uso y abuso “político” de las drogas

Por otro lado en términos de derecho penal, hay un serio cuestionamiento de las leyes de estupefacientes. Hay fallos que la han declarado inconstitucional. El fallo Loyola que está actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional. Hay ocho proyectos para modificarla.

Como hemos señalado, hay una desproporción en las penas, con mínimos muy altos. En otros países se está avanzando en la regulación del consumo y comercialización como Uruguay, incluso Argentina está avanzando mucho en este sentido, en debate, discusión y regulación incluso de su industrialización.

Este caso confirma la práctica del uso del encarcelamiento de consumidores o de los eslabones más débiles. A diario vemos en las ciudades y zonas rurales, un abuso de judicialización problemáticas sociales que hacen a la salud integral.

Esto todo se inscribe en el discurso de la guerra contra las drogas, discurso que entraña peligro, tal como se ha dicho, genera muertes en el sur y las armas para combatirlas que vienen del norte.

Tener cuidado de hablar de ciudades narcos, regiones narcos porque lo que sucede en verdad es que se inflan causas, se inventan como en este caso, y el riesgo de este discurso, es que habilita como en la ley de desfederalización a darle un poder superlativo a las fuerzas de seguridad: el claro ejemplo mexicano, donde hay miles, miles de muertes y no resolvió el problema. Hay muchos más muertos desde 2006 que se libró esta “guerra contra las drogas” de los que hubieran muerto por sobredosis….. se dice.

Algo es claro con esta causa en la que Berni hizo un spot vergonzoso, un fiscal como Del Cero se exibe horondo como adalid de la guerra contra las drogas y un juez como Mercuri se le pasan.

COMUNICADO:

GRAVISIMA DENUNCIA DE FALSIFICACION POR LA POLICIA DE PUAN DE UNA SUPUESTA DENUNCIA EN LA CAUSA DE NUESTROS CHICOS

Queremos comunicar por este medio a la comunidad que esta semana mientras solicitábamos una reunión con los jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal II y mientras estamos a la espera de la definición de esta Cámara, nos enteramos que Kevin Torres, quien hiciera una supuesta denuncia de los chicos, afirmando que comercializaban estupefacientes desde Guatraché, dando nombres e incriminando chicos en el comercio de estupefacientes, NUNCA HIZO ESA DECLARACION. Kevin ni siquiera conoce a algunos de los chicos que se nombra en esa supuesta denuncia.

La situación esta es muy grave porque se está poniendo en duda a partir de esto el origen de la investigación. Con la declaración de Kevin queda claro que ha sido falsa también la declaración del Sargento Andrés Arguello, primer denunciante, que admite tener conocimiento de que los chicos comercializaban estupefacientes siendo Kevin Torres quien le informa cómo la transportaban y cómo la distribuían, todo esto falso. Además también esta denuncia falsa expone que la declaración se la habría tomado a Kevin el comisario Víctor Tevez. Asimismo está implicado el comisario Gómez quién no le dio conocimiento ante insistentes pedidos de Kevin de esta supuesta denuncia. No solo eso sino que a partir de esto patearon la puerta de su casa y continuaron los hostigamientos policiales.

Kevin Torres con enorme valentía viajó con su papá a Bahía Blanca en el día de hoy 5 de marzo a declarar y lo hizo ante dos sedes de la fiscalía. Una ante un fiscal de turno donde denunció el hostigamiento que viene sufriendo de parte de la policía y su preocupación al enterarse casualmente y por una familiar de uno de los chicos que su supuesta denuncia los incriminaba y que nunca en la comisaría de Puan se la mostraron cuando ha ido a preguntar preocupado por ese rumor, que nosotros como familiares habíamos leído en la causa. La otra declaración la realizó ante la fiscalía de Mauricio Del Cero, fiscal que empieza en base a esa denuncia la investigación.

Queremos poner en conocimiento que se pedirá la nulidad del procedimiento y por ende la nulidad de las detenciones y de la causa y se pedirá que investiguen y tomen las medidas necesarias para esta situación tan grave. Nuestros abogados defensores ya están preparando las presentaciones correspondientes.

Queremos hacer público esto para protección de Kevin Torres, si algo le sucediera a él hacemos responsables a la policía de Puan quienes están involucrados ahora en la causa por haber falsificado una denuncia. La Comisión Provincial por la Memoria está acompañándonos desde diciembre y también ahora a Kevin quien solicitó asesoramiento y protección por esta denuncia que iba a hacer.

En una reunión extensa hoy de algunos familiares en representación de todos y la Catedra de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur que se tuvo de modo virtual con la Cámara de Apelaciones hoy se puso ya en conocimiento a estos jueces de esto y les pedimos a los que levanten las prisiones preventivas y que los chicos esperen en libertad la investigación. Las prisiones preventivas deben ser medidas excepcionales cuando hay antecedentes penales, peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación pero al ser una pena máxima no debe ser aplicada como regla general como sucede.

Nuestros chicos , compañeros, hermanos no son narcotraficantes!!!!!

Basta de criminalizar a los jóvenes y de armarles causas!!!

Libertad ya a los 14 chicos!!!!

FAMILIARES DE LOS 14 CHICOS DE PUAN DETENIDOS EN BAHIA BLANCA

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Fuente: Anred.org