July 8, 2022
De parte de SAS Madrid
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El 4 de julio unas 200 personas y decenas de medios de comunicación, se agolpaban en la puerta de una vivienda de Fuenlabrada (Madrid) en solidaridad con Blanca y Miguel, dos personas mayores de edad con un precario estado de salud. Aunque a primera vista podría parecerlo, no se trataba de un stop desahucio. Era más bien lo contrario, el reflejo invertido y deformado de una acción por el derecho a la vivienda. 

Blanca y Miguel son los propietarios de la vivienda y los desahuciados una madre siria refugiada y sus cuatro hijos que reciben ayuda alimentaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada. La concentración era para solidarizarse con Desokupa, la agencia de desalojos express contratada por los propietarios, y también para apoyar el desalojo de la familia que no pudo seguir pagando el alquiler y se convirtió, según el neologismo inventado por los medios de extrema derecha, en “inquiokupa”. 

Algunas de las personas que vitoreaban al fundador de Desokupa, Daniel Esteve, eran vecinos del barrio, cuenta a El Salto un activista del Colectivo Antifascista de Fuenlabrada, pero la mayoría provenía de grupos de extrema derecha de la zona y del resto de Madrid: integrantes de Suburbios Firm, escisión homófoba y racista del Frente Atlético, de la peña ultra del CF Fuenlabrada y sobre todo gente de Vox de la localidad.

Los gritos de “Dani, Dani, Dani”, en homenaje al líder de Desokupa, que hablaba de sí mismo en tercera persona subido a un banco, y los de “Isabel presidenta” —en referencia a Isabel Pérez, coordinadora de Vox en la zona—, dicen mucho sobre este stop desahucios del mundo del revés. El listado de medios que acudieron a cubrir la concentración —Estado de Alarma, Libertad Digital o Telemadrid— aporta también mucha información sobre el momento. Los abrazos emocionados de los concentrados cuando se conoció que la familia aceptaba irse a un piso transitorio que le daba el Ayuntamiento dicen el resto.

Algunas de las personas que vitoreaban al fundador de Desokupa, Daniel Esteve, eran vecinos del barrio, cuenta a El Salto un activista del Colectivo Antifascista de Fuenlabrada, pero la mayoría provenía de grupos de extrema derecha de la zona y del resto de Madrid

La concentración fue difundida en redes sociales por Desokupa, quien había convertido el caso en otro escaparate para dar a conocer sus servicios, especialmente después de que Twitter bloqueara su cuenta por incitación al odio un día antes. Otra oportunidad de publicidad gratis, señalaba en un vídeo el fundador de Desokupa. En pocas horas, el hashtag #YoApoyoDesokupaOficial se convertía en Trending Topic y el caso de los ancianos de Fuenlabrada contra los “inquiokupas” ya era viral.

En este stop desahucio del mundo del revés la Policía Nacional colaboró en todo momento con los concentrados y seis agentes acompañaron a los representantes de Desokupa al interior del edificio, según cuenta el activista del Colectivo Antifascista de Fuenlabrada. La colaboración de la policía y la Guardia Civil con las agencias de desokupación ya ha sido denunciada en múltiples casos y pone en evidencia la normalización de una práctica que en el mejor de los casos es extrajudicial y en la mayoría suplantan a la justicia y privan de derechos a las personas implicadas. En muchos otros, sus tácticas son directamente ilegales y las querellas presentadas implican años de cárcel y multas de decenas de miles de euros.

El ‘flame’ de Tenerife

No es la primera vez que Daniel Esteve utiliza las redes y los vídeos para promocionar su negocio y, de paso, amenazar veladamente o no tan veladamente a las personas a las que debe desalojar. El 4 de mayo, llegaban cuatro agentes de Desokupa a un bloque ocupado por familias humildes en el barrio de San Isidro, en Granadilla (Tenerife), acompañados por agentes de la Guardia Civil y la Policía local, según denunció entonces el Sindicato de Inquilinos de la Isla. 

Después de que los vecinos del bloque rechazaran la incursión, Esteve amenazó en un vídeo de Instagram con volver a la isla con 40 trabajadores de Desokupa a terminar el trabajo iniciado: “Os acordáis lo que pasó en Ibiza, primero enviamos un equipo, salieron los okupas, los amenazaron, los intentaron agredir, pues bueno, no pasa nada, a los diez días volví yo, con 40 de mis equipos, 20 por la mañana y 20 por la noche, y en diez días recuperamos. Aquí va a pasar absolutamente lo mismo. Queridos okupas, se ha acabado el buen rollo”.

La jugada no debió de salirle como pensaba porque, a día de hoy, nada de eso ha pasado y la justicia le ha dado, al menos en parte, la razón a las familias del bloque de Granadilla. Según una nota del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, el tribunal ha considerado acreditado que son hogares que se encuentran en situación de exclusión social, lo que justifica que no acrediten la propiedad de las casas en las que viven, ya que las viviendas nunca han sido registradas oficialmente. Pocos después del intento de desalojo, las familias del bloque denunciaron a Desokupa por “coacción”, “amenazas” y “extorsión”. Ese 4 de mayo, con el apoyo de los agentes de policía, los miembros de esta empresa accedieron a la azotea, colocaron una puerta blindada y “rompieron varias placas solares, además de desconectar los tanques de agua”, según las familias afectadas. Más de un mes después, las 48 familias siguen sin tener agua.

Las amenazas, las intimidaciones, el señalamiento y la publicación de datos personales a través de las redes sociales dan resultados, tal como reconocía el propio Esteve en El Diario. Unas tácticas que resultan ilegales, según cuenta a El Salto Daniel Amelang, abogado de Red Jurídica, aunque es muy “difícil de demostrar frente a un juzgado”. Según explica, “cualquier tipo de amenaza, aunque sea en redes, es un acto delictivo”, lo problemático, continúa, es “acreditar ante un juez la intencionalidad que subyace detrás de una amenaza”. Salvo que la amenaza “sea muy explícita, del estilo ‘o sales de la casa o te pegamos’, resulta muy complicado que se condene la expresión realizada como un delito de amenazas”, matiza Amelang.

La legalidad de estas empresas no reside “en su existencia por sí misma, sino en lo que hagan en cada caso concreto”, apunta este abogado. “No es ilegal que una empresa intente negociar con los ocupantes de un inmueble para que se marchen, pero sí lo es que lo hagan con amenazas o coacciones, como ha ocurrido con algunos clientes míos a los que miembros de alguna empresa de este tipo les han dicho que les van a reventar o matar cuando salgan”, continúa.

Una de las prácticas más comunes y controvertidas de estas empresas, acceder al interior de una vivienda aprovechando que sus habitantes están fuera y cambiar la cerradura, es ilegal, afirma Amelang

Los desahucios deben realizarlos autoridades judiciales y policiales, quienes deberían asegurar que se cumplen los derechos de las personas implicadas, entre otros la moratoria de desahucios del escudo social, el acceso a los servicios sociales o una alternativa habitacional para las familias más vulnerables en función de la legislación de cada comunidad autónoma. Una de las prácticas más comunes y controvertidas de estas empresas, acceder al interior de una vivienda aprovechando que sus habitantes están fuera y cambiar la cerradura, es ilegal, afirma Amelang, “pues no se puede violentar el derecho a la inviolabilidad del domicilio de los moradores, que prevalece sobre el derecho a la propiedad del dueño”.

Otra de las tácticas más comunes de Desokupa y de otras empresas del ramo es hacer guardias en el exterior de los inmuebles, “con un número elevado de personas musculadas”. Aunque no se produzcan amenazas verbales o agredan físicamente a nadie, “se podría discutir si su mera presencia en la puerta de la vivienda supone algún tipo de coacción para los habitantes de la misma”, afina Amelang. De hecho, hay varias sentencias, como la de Aturem el Parlament, en donde los magistrados manejan el concepto de “intimidación ambiental”, circunstancias psicológicas que producen el “doblegamiento de la voluntad de la víctima”, pese a no haber recibido una amenaza explícita. “Tener a un grupo de personas en el exterior de tu vivienda, observándote fijamente mientras entras y sales, aunque sea en silencio, puede generar una sensación de amenaza que terminaría por ser constitutiva de un delito de coacciones”, sostiene Amelang.  

“Café rodeada de nazis”

“Me estaba tomando un café y de repente me vi a empujones por la escalera rodeada de neonazis”, contaba una de las personas que fue víctima de sus servicios de “mediación” en el barrio sevillano de Nervión. Sin orden judicial, armados con bates y machotas —mazos—, los trabajadores de Desokupa Expres (DSKE) entraron en la vivienda utilizando la técnica del butrón, “destrozando puertas y mobiliario”, relataban las seis ocupantes que denunciaron las agresiones y amenazas recibidas. Una de ellas contaba que la tiraron por las escaleras sin dejar que coja su documentación. En octubre de 2021, un juez anuló el desahucio al considerarlo ilegal y ordenó la vuelta de las personas desahuciadas. La investigación por “la posible existencia de una infracción penal” fue archivada poco después por defectos de forma. 

La peor noticia para el negocio de las desokupaciones extrajudiciales llegó de Valencia. El 26 de enero de 2022, la Fiscalía Provincial pidió 12 años de cárcel para Doka Desokupamos SL por echar por la fuerza a cuatro personas que habían ocupado dos viviendas. Para el propietario, la Fiscalía pedía una multa de 14.000 euros por contratar los servicios de una empresa que cometió en su nombre y beneficio dos delitos de allanamiento de morada, cuatro de coacciones, uno de abuso sexual y cuatro de lesiones. El 29 de septiembre de 2021, los empleados de esta empresa entraron en dos pisos ocupados con pasamontañas, rompieron por la fuerza una de las entradas y después de tirar al suelo y amenazar de muerte a los habitantes les hicieron firmar un documento por el que renunciaban a seguir viviendo en el piso. En la otra vivienda ocupada, fingieron ser policías para que les abrieran la puerta y forzaron a punta de navaja la firma del mismo documento, todo según el relato del Ministerio Público.

La peor noticia para el negocio de las desokupaciones llegó de Valencia. El 26 de enero de 2022, la Fiscalía pidió 12 años de cárcel para Doka Desokupamos por echar por la fuerza a cuatro personas que habían ocupado dos viviendas. Y multaron con 14.000 euros al propietario

Los casos de denuncias de abusos, intimidaciones y agresiones son incontables. En febrero de 2018, la entonces concejala de Ciutat Vella (Barcelona), Gala Pin, describió el caso como “el más bestia de brutalidad inmobiliaria” de todos los que han visto por parte de Desokupa: un matrimonio denunció a la justicia a la empresa acusándola de haberle provocado un aborto tras meses de acoso inmobiliario.

La mayoría de las denuncias en los tribunales tienen que ver con casos de agresiones o técnicas explícitamente violentas. Para Amelang, “lo interesante sería que algún juzgado genere un precedente y se pronuncie sobre las actuaciones menos explícitas de este tipo de organizaciones, como la intimidación ambiental por la presencia en el exterior del inmueble de los desokupadores”.

¿Es un delito contratarlos? ¿Y ayudarlos?

Según explica este abogado de Red Jurídica, la contratación de servicios de empresas de desalojos express puede ser constitutiva de delito, aunque no siempre. “Depende de la finalidad con la que se contratan los servicios o las directrices que se dan”, explica Amelang. “Si se contrata para negociar, sin abuso de superioridad o prevalimiento, una salida pacífica y pactada —a veces pagada— de la vivienda, no es delictivo”, dice. En cambio, si se contratan estos servicios para que los ocupantes se marchen “cueste lo que cueste”, incluyendo tácticas coactivas o “desalojos por la vía de los hechos” cuando se encuentran fuera de casa, “entonces la parte contratante es partícipe de los delitos que se cometan”. Casi todas las empresas de desokupaciones aseguran desahucios en menos 72h y con “resultados asegurados al 100%”, eso sí, por supuesto, con métodos también “100% legales”. 

La colaboración de la policía o la Guardia Civil con empresas como Desokupa también podría acabar en los tribunales. Si la policía ayuda a estas empresas a entrar en una vivienda a cambiar la cerradura o a abrir la puerta sin autorización judicial, “estarían cometiendo una prevaricación y un allanamiento de morada, amén de una cooperación necesaria en un delito de realización arbitraria del propio derecho”, apunta Amelang. 

Para Amelang, “lo interesante es que algún juzgado genere un precedente y se pronuncie sobre las actuaciones menos explícitas de este tipo de organizaciones, como la intimidación ambiental por la presencia en el exterior del inmueble de los desokupadores”

En Catalunya, origen de la empresa Desokupa, el papel de los Mossos d’Escuadra en los desalojos extrajudiciales obligó al ex conseller de Interior, Miquel Buch, a dar explicaciones sobre la actuación policial en febrero de 2019. La diputada de la CUP María Sirvent acusó a los Mossos de “absoluta complicidad con la mafia y ponerse al servicio de los matones”. En abril de 2021, el Sindicat de Barri denunció la connivencia de la policía catalana con Desokupa en el desalojo de una madre y su hija menor en el barrio de Poble Sec de Barcelona. Al ser representantes de la propiedad, según los Mossos, los agentes permitieron a los representantes de Desokupa que se saltasen el perímetro policial. En cada vídeo, el propio Esteve se deshace en elogios a las fuerzas policiales y destaca su colaboración en los desalojos extrajudiciales llevados a cabo por su compañía. 

Para Amelang, el crecimiento de este tipo de empresas y el apoyo de ciertos sectores sociales y mediáticos extiende la normalización de una especie de “justicia paralela para ricos”, sin las garantías de respeto a los derechos humanos que debería caracterizar a la justicia pública. “Hay personas que se erigen en una especie de policía privada para quienes se lo puedan permitir, pero sin la formación, la estructura y los mecanismos de control que tienen, o deberían tener, los agentes de policía”, dice.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (08/07/2022).




Fuente: Sasmadrid.org