July 10, 2022
De parte de Briega
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El 4 de julio unas 200 personas y decenas de medios de comunicaci贸n, se agolpaban en la puerta de una vivienda de Fuenlabrada (Madrid) en solidaridad con Blanca y Miguel, dos personas mayores de edad con un precario estado de salud. Aunque a primera vista podr铆a parecerlo, no se trataba de un stop desahucio. Era m谩s bien lo contrario, el reflejo invertido y deformado de una acci贸n por el derecho a la vivienda. 

Blanca y Miguel son los propietarios de la vivienda y los desahuciados una madre siria refugiada y sus cuatro hijos que reciben ayuda alimentaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada. La concentraci贸n era para solidarizarse con Desokupa, la agencia de desalojos express contratada por los propietarios, y tambi茅n para apoyar el desalojo de la familia que no pudo seguir pagando el alquiler y se convirti贸, seg煤n el neologismo inventado por los medios de extrema derecha, en 鈥渋nquiokupa鈥.

Algunas de las personas que vitoreaban al fundador de Desokupa, Daniel Esteve, eran vecinos del barrio, cuenta a El Salto un activista del Colectivo Antifascista de Fuenlabrada, pero la mayor铆a proven铆a de grupos de extrema derecha de la zona y del resto de Madrid: integrantes de Suburbios Firm, escisi贸n hom贸foba y racista del Frente Atl茅tico, de la pe帽a ultra del CF Fuenlabrada y sobre todo gente de Vox de la localidad.

Los gritos de 鈥淒ani, Dani, Dani鈥, en homenaje al l铆der de Desokupa, que hablaba de s铆 mismo en tercera persona subido a un banco, y los de 鈥淚sabel presidenta鈥 鈥攅n referencia a Isabel P茅rez, coordinadora de Vox en la zona鈥, dicen mucho sobre este stop desahucios del mundo del rev茅s. El listado de medios que acudieron a cubrir la concentraci贸n 鈥擡stado de Alarma, Libertad Digital o Telemadrid鈥 aporta tambi茅n mucha informaci贸n sobre el momento. Los abrazos emocionados de los concentrados cuando se conoci贸 que la familia aceptaba irse a un piso transitorio que le daba el Ayuntamiento dicen el resto.

Algunas de las personas que vitoreaban al fundador de Desokupa, Daniel Esteve, eran vecinos del barrio, cuenta a El Salto un activista del Colectivo Antifascista de Fuenlabrada, pero la mayor铆a proven铆a de grupos de extrema derecha de la zona y del resto de Madrid

La concentraci贸n fue difundida en redes sociales por Desokupa, quien hab铆a convertido el caso en otro escaparate para dar a conocer sus servicios, especialmente despu茅s de que Twitter bloqueara su cuenta por incitaci贸n al odio un d铆a antes. Otra oportunidad de publicidad gratis, se帽alaba en un v铆deo el fundador de Desokupa. En pocas horas, el hashtag #YoApoyoDesokupaOficial se convert铆a en Trending Topic y el caso de los ancianos de Fuenlabrada contra los 鈥渋nquiokupas鈥 ya era viral.

En este stop desahucio del mundo del rev茅s la Polic铆a Nacional colabor贸 en todo momento con los concentrados y seis agentes acompa帽aron a los representantes de Desokupa al interior del edificio, seg煤n cuenta el activista del Colectivo Antifascista de Fuenlabrada. La colaboraci贸n de la polic铆a y la Guardia Civil con las agencias de desokupaci贸n ya ha sido denunciada en m煤ltiples casos y pone en evidencia la normalizaci贸n de una pr谩ctica que en el mejor de los casos es extrajudicial y en la mayor铆a suplantan a la justicia y privan de derechos a las personas implicadas. En muchos otros, sus t谩cticas son directamente ilegales y las querellas presentadas implican a帽os de c谩rcel y multas de decenas de miles de euros.

El 鈥榝lame鈥 de Tenerife

No es la primera vez que Daniel Esteve utiliza las redes y los v铆deos para promocionar su negocio y, de paso, amenazar veladamente o no tan veladamente a las personas a las que debe desalojar. El 4 de mayo, llegaban cuatro agentes de Desokupa a un bloque ocupado por familias humildes en el barrio de San Isidro, en Granadilla (Tenerife), acompa帽ados por agentes de la Guardia Civil y la Polic铆a local, seg煤n denunci贸 entonces el Sindicato de Inquilinos de la Isla. 

Despu茅s de que los vecinos del bloque rechazaran la incursi贸n, Esteve amenaz贸 en un v铆deo de Instagram con volver a la isla con 40 trabajadores de Desokupa a terminar el trabajo iniciado: 鈥Os acord谩is lo que pas贸 en Ibiza, primero enviamos un equipo, salieron los okupas, los amenazaron, los intentaron agredir, pues bueno, no pasa nada, a los diez d铆as volv铆 yo, con 40 de mis equipos, 20 por la ma帽ana y 20 por la noche, y en diez d铆as recuperamos. Aqu铆 va a pasar absolutamente lo mismo. Queridos okupas, se ha acabado el buen rollo鈥.

La jugada no debi贸 de salirle como pensaba porque, a d铆a de hoy, nada de eso ha pasado y la justicia le ha dado, al menos en parte, la raz贸n a las familias del bloque de Granadilla. Seg煤n una nota del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, el tribunal ha considerado acreditado que son hogares que se encuentran en situaci贸n de exclusi贸n social, lo que justifica que no acrediten la propiedad de las casas en las que viven, ya que las viviendas nunca han sido registradas oficialmente. Pocos despu茅s del intento de desalojo, las familias del bloque denunciaron a Desokupa por 鈥渃oacci贸n鈥, 鈥渁menazas鈥 y 鈥渆xtorsi贸n鈥. Ese 4 de mayo, con el apoyo de los agentes de polic铆a, los miembros de esta empresa accedieron a la azotea, colocaron una puerta blindada y 鈥rompieron varias placas solares, adem谩s de desconectar los tanques de agua鈥, seg煤n las familias afectadas. M谩s de un mes despu茅s, las 48 familias siguen sin tener agua.

Las amenazas, las intimidaciones, el se帽alamiento y la publicaci贸n de datos personales a trav茅s de las redes sociales dan resultados, tal como reconoc铆a el propio Esteve en El Diario. Unas t谩cticas que resultan ilegales, seg煤n cuenta a El Salto Daniel Amelang, abogado de Red Jur铆dica, aunque es muy 鈥dif铆cil de demostrar frente a un juzgado鈥. Seg煤n explica, 鈥cualquier tipo de amenaza, aunque sea en redes, es un acto delictivo鈥, lo problem谩tico, contin煤a, es 鈥acreditar ante un juez la intencionalidad que subyace detr谩s de una amenaza鈥. Salvo que la amenaza 鈥sea muy expl铆cita, del estilo 鈥榦 sales de la casa o te pegamos鈥, resulta muy complicado que se condene la expresi贸n realizada como un delito de amenazas鈥, matiza Amelang.

La legalidad de estas empresas no reside 鈥en su existencia por s铆 misma, sino en lo que hagan en cada caso concreto鈥, apunta este abogado. 鈥No es ilegal que una empresa intente negociar con los ocupantes de un inmueble para que se marchen, pero s铆 lo es que lo hagan con amenazas o coacciones, como ha ocurrido con algunos clientes m铆os a los que miembros de alguna empresa de este tipo les han dicho que les van a reventar o matar cuando salgan鈥, contin煤a.

Una de las pr谩cticas m谩s comunes y controvertidas de estas empresas, acceder al interior de una vivienda aprovechando que sus habitantes est谩n fuera y cambiar la cerradura, es ilegal, afirma Amelang

Los desahucios deben realizarlos autoridades judiciales y policiales, quienes deber铆an asegurar que se cumplen los derechos de las personas implicadas, entre otros la moratoria de desahucios del escudo social, el acceso a los servicios sociales o una alternativa habitacional para las familias m谩s vulnerables en funci贸n de la legislaci贸n de cada comunidad aut贸noma. Una de las pr谩cticas m谩s comunes y controvertidas de estas empresas, acceder al interior de una vivienda aprovechando que sus habitantes est谩n fuera y cambiar la cerradura, es ilegal, afirma Amelang, 鈥減ues no se puede violentar el derecho a la inviolabilidad del domicilio de los moradores, que prevalece sobre el derecho a la propiedad del due帽o鈥.

Otra de las t谩cticas m谩s comunes de Desokupa y de otras empresas del ramo es hacer guardias en el exterior de los inmuebles, 鈥con un n煤mero elevado de personas musculadas鈥. Aunque no se produzcan amenazas verbales o agredan f铆sicamente a nadie, 鈥se podr铆a discutir si su mera presencia en la puerta de la vivienda supone alg煤n tipo de coacci贸n para los habitantes de la misma鈥, afina Amelang. De hecho, hay varias sentencias, como la de Aturem el Parlament, en donde los magistrados manejan el concepto de 鈥渋ntimidaci贸n ambiental鈥, circunstancias psicol贸gicas que producen el 鈥doblegamiento de la voluntad de la v铆ctima鈥, pese a no haber recibido una amenaza expl铆cita. 鈥Tener a un grupo de personas en el exterior de tu vivienda, observ谩ndote fijamente mientras entras y sales, aunque sea en silencio, puede generar una sensaci贸n de amenaza que terminar铆a por ser constitutiva de un delito de coacciones鈥, sostiene Amelang.  

鈥淐af茅 rodeada de nazis鈥

Me estaba tomando un caf茅 y de repente me vi a empujones por la escalera rodeada de neonazis鈥, contaba una de las personas que fue v铆ctima de sus servicios de 鈥mediaci贸n鈥 en el barrio sevillano de Nervi贸n. Sin orden judicial, armados con bates y machotas 鈥攎azos鈥, los trabajadores de Desokupa Expres (DSKE) entraron en la vivienda utilizando la t茅cnica del butr贸n, 鈥渄estrozando puertas y mobiliario鈥, relataban las seis ocupantes que denunciaron las agresiones y amenazas recibidas. Una de ellas contaba que la tiraron por las escaleras sin dejar que coja su documentaci贸n. En octubre de 2021, un juez anul贸 el desahucio al considerarlo ilegal y orden贸 la vuelta de las personas desahuciadas. La investigaci贸n por 鈥la posible existencia de una infracci贸n penalfue archivada poco despu茅s por defectos de forma. 

La peor noticia para el negocio de las desokupaciones extrajudiciales lleg贸 de Valencia. El 26 de enero de 2022, la Fiscal铆a Provincial pidi贸 12 a帽os de c谩rcel para Doka Desokupamos SL por echar por la fuerza a cuatro personas que hab铆an ocupado dos viviendas. Para el propietario, la Fiscal铆a ped铆a una multa de 14.000 euros por contratar los servicios de una empresa que cometi贸 en su nombre y beneficio dos delitos de allanamiento de morada, cuatro de coacciones, uno de abuso sexual y cuatro de lesiones. El 29 de septiembre de 2021, los empleados de esta empresa entraron en dos pisos ocupados con pasamonta帽as, rompieron por la fuerza una de las entradas y despu茅s de tirar al suelo y amenazar de muerte a los habitantes les hicieron firmar un documento por el que renunciaban a seguir viviendo en el piso. En la otra vivienda ocupada, fingieron ser polic铆as para que les abrieran la puerta y forzaron a punta de navaja la firma del mismo documento, todo seg煤n el relato del Ministerio P煤blico.

La peor noticia para el negocio de las desokupaciones lleg贸 de Valencia. El 26 de enero de 2022, la Fiscal铆a pidi贸 12 a帽os de c谩rcel para Doka Desokupamos por echar por la fuerza a cuatro personas que hab铆an ocupado dos viviendas. Y multaron con 14.000 euros al propietario

 

Los casos de denuncias de abusos, intimidaciones y agresiones son incontables. En febrero de 2018, la entonces concejala de Ciutat Vella (Barcelona), Gala Pin, describi贸 el caso como 鈥el m谩s bestia de brutalidad inmobiliaria鈥 de todos los que han visto por parte de Desokupa: un matrimonio denunci贸 a la justicia a la empresa acus谩ndola de haberle provocado un aborto tras meses de acoso inmobiliario.

La mayor铆a de las denuncias en los tribunales tienen que ver con casos de agresiones o t茅cnicas expl铆citamente violentas. Para Amelang, 鈥渓o interesante ser铆a que alg煤n juzgado genere un precedente y se pronuncie sobre las actuaciones menos expl铆citas de este tipo de organizaciones, como la intimidaci贸n ambiental por la presencia en el exterior del inmueble de los desokupadores鈥.

驴Es un delito contratarlos? 驴Y ayudarlos?

Seg煤n explica este abogado de Red Jur铆dica, la contrataci贸n de servicios de empresas de desalojos express puede ser constitutiva de delito, aunque no siempre. 鈥Depende de la finalidad con la que se contratan los servicios o las directrices que se dan鈥, explica Amelang. 鈥Si se contrata para negociar, sin abuso de superioridad o prevalimiento, una salida pac铆fica y pactada 鈥攁 veces pagada鈥 de la vivienda, no es delictivo鈥, dice. En cambio, si se contratan estos servicios para que los ocupantes se marchen 鈥cueste lo que cueste鈥, incluyendo t谩cticas coactivas o 鈥desalojos por la v铆a de los hechos鈥 cuando se encuentran fuera de casa, 鈥entonces la parte contratante es part铆cipe de los delitos que se cometan鈥. Casi todas las empresas de desokupaciones aseguran desahucios en menos 72h y con 鈥渞esultados asegurados al 100%鈥, eso s铆, por supuesto, con m茅todos tambi茅n 鈥100% legales鈥. 

La colaboraci贸n de la polic铆a o la Guardia Civil con empresas como Desokupa tambi茅n podr铆a acabar en los tribunales. Si la polic铆a ayuda a estas empresas a entrar en una vivienda a cambiar la cerradura o a abrir la puerta sin autorizaci贸n judicial, 鈥渆star铆an cometiendo una prevaricaci贸n y un allanamiento de morada, am茅n de una cooperaci贸n necesaria en un delito de realizaci贸n arbitraria del propio derecho鈥, apunta Amelang. 

Para Amelang, 鈥lo interesante es que alg煤n juzgado genere un precedente y se pronuncie sobre las actuaciones menos expl铆citas de este tipo de organizaciones, como la intimidaci贸n ambiental por la presencia en el exterior del inmueble de los desokupadores鈥

 

En Catalunya, origen de la empresa Desokupa, el papel de los Mossos d鈥橢scuadra en los desalojos extrajudiciales oblig贸 al ex conseller de Interior, Miquel Buch, a dar explicaciones sobre la actuaci贸n policial en febrero de 2019. La diputada de la CUP Mar铆a Sirvent acus贸 a los Mossos de 鈥渁bsoluta complicidad con la mafia y ponerse al servicio de los matones鈥. En abril de 2021, el Sindicat de Barri denunci贸 la connivencia de la polic铆a catalana con Desokupa en el desalojo de una madre y su hija menor en el barrio de Poble Sec de Barcelona. Al ser representantes de la propiedad, seg煤n los Mossos, los agentes permitieron a los representantes de Desokupa que se saltasen el per铆metro policial. En cada v铆deo, el propio Esteve se deshace en elogios a las fuerzas policiales y destaca su colaboraci贸n en los desalojos extrajudiciales llevados a cabo por su compa帽铆a. 

Para Amelang, el crecimiento de este tipo de empresas y el apoyo de ciertos sectores sociales y medi谩ticos extiende la normalizaci贸n de una especie de 鈥justicia paralela para ricos鈥, sin las garant铆as de respeto a los derechos humanos que deber铆a caracterizar a la justicia p煤blica. 鈥Hay personas que se erigen en una especie de polic铆a privada para quienes se lo puedan permitir, pero sin la formaci贸n, la estructura y los mecanismos de control que tienen, o deber铆an tener, los agentes de polic铆a鈥, dice.




Fuente: Briega.org