July 21, 2021
De parte de CGT-LKN Euskal Herria
241 puntos de vista


La prueba son los miles de desahucios, las colas del hambre, la congelación del SMI, la no derogación de las reformas laborales, los cortes y los precios de la energía por las nubes, etc. No hay política económica y social progresiva ante la debacle económica y la emergencia social que no pase por atacar los intereses de los grandes capitales y las empresas del IBEX 35. Algo que, ha dejado claro, no está dispuesto a hacer este gobierno.

La semana pasada se hacía viral la imagen de una niña de dos años que en pleno desahucio atravesaba el umbral de la que había sido su casa para ir al encuentro de los antidisturbios que acaban de derribar la puerta, mientras uno de ellos le ponía la mano en la espalda para facilitarle la salida. Esa imagen impactante puede también ser un símbolo de la política social del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Una postal que desnuda la realidad y la impostura de un gobierno social liberal –por mucho que cuente con ministras y ministros de Unidas Podemos– que se ha autoproclamado “el más progresista de la historia”, pero que no está dispuesto a adoptar las medidas necesarias, pese a sus falsas promesas de erigir un “escudo social”, que eviten la crisis social desencadenada por la covid-19 y los coletazos todavía no superados de la crisis de 2008.

Porque más allá de las migajas del llamado Ingreso Mínimo Vital, un subsidio de cuantía miserable y que apenas ha llegado a un tercio de la población prevista, y de los ERTE destinados a maquillar las cifras del paro –pero que en realidad son una ayuda empresarial que facilita la explotación y la precariedad laboral al extremo–, el resto de las ayudas supermillonarias facilitadas por el Gobierno para atajar los efectos de la covid-19, han ido sobre todo dirigidas para las empresas. Básicamente para las grandes empresas del IBEX 35.

A través de avales financieros del Estado con el ICO (120 mil millones), más las exoneraciones y moratorias de las cuotas de la Seguridad Social, las ayudas directas a empresas (21.000 millones) y los fondos europeos que irán llegando (70.000 millones a fondo perdido) que se van a vincular a grandes proyectos locomotora, se ha inyectado o se inyectará una cuantía ingente de recursos para los grandes capitalistas que pagaremos entre todos.

Es decir, un trasvase histórico de rentas para las grandes fortunas, las grandes empresas y entidades financieras, a costa de las y los trabajadores que verán reducir sus derechos sociales con futuros recortes en sanidad, educación, políticas sociales, pensiones, etc., cuando haya que pagar la factura. Así, son ya claros ejemplos la no derogación de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, o la no subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Sin olvidar los próximos recortes a medio plazo en políticas sociales, mencionados antes, que se avecinan en cuanto empiece el ajuste fiscal exigido desde Bruselas, dado que la deuda pública está por encima del 120% y el déficit público se cerró en 2020 con el 10,97% y se vaticina que a partir de finales de 2022 o 2023 habrá que comenzar de nuevo a cumplir con la disciplina presupuestaria y fiscal exigida por la UE.

Mientras a las empresas se las trata con guante de seda, la crisis la volvemos a pagar los trabajadores y trabajadoras.

Los desahucios y la pobreza desatadas pese al “escudo social” del Gobierno “progre”.

La foto de la niña de dos años desalojada de su domicilio junto a sus tres hermanos también menores, así como el suicidio de un inquilino en el barrio barcelonés de Sants en junio no han movido un ápice la hoja de ruta del Gobierno “progre” en política de vivienda. La supuesta prohibición de los desahucios –con límites evidentes y una maraña burocrática indescifrable– es un ostensiblemente fracaso y demuestra el fiasco de la política de vivienda social del Gobierno. La realidad es que, más allá de los discursos, siguen sin hacer nada que solucione radicalmente la cuestión, como podría ser tomar las viviendas vacías de los grandes tenedores sin indemnización alguna o utilizar las viviendas vacías de la SAREB que son propiedad del Estado. El “escudo social” de la pandemia no sirvió a la familia de la niña desahuciada, pese a reunir los requisitos, como no ha servido durante la pandemia a miles de familias más.

La cuestión es que el decreto antidesahucios que legisló el Gobierno de coalición dejó todo el proceso en manos de la voluntad de los juzgados, es decir, no se prohibieron los desahucios de oficio y taxativamente como exigía la crisis social pandémica. En cambio, quedó al albur de la demostración, algo muy complicado de hacer en plena pandemia, de la vulnerabilidad social con documentos que debían ratificar los servicios sociales, como si eso fuera posible en todos los casos, tomando en cuenta que los servicios sociales públicos están infradotados y extenuados de trabajo durante la pandemia.

Así, los desahucios por impago de alquileres se han disparado durante la pandemia y superan con mucho a los hipotecarios. Es por ello por lo que solo en la Comunidad de Madrid, según los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial durante el primer trimestre del año 2021 se han ejecutado 847 órdenes de desahucio, es decir, un 6% más que en el mismo período de 2020. Pero es que para ese mismo periodo a escala nacional se han incrementado los desahucios un 14% de media e incluyendo los hipotecarios que también han crecido durante la pandemia, pese a la moratoria existente. Los desahucios han aumentado en 29 de las 50 provincias, suponiendo un total de 10.961 lanzamientos en el conjunto del Estado español.

La incidencia aumenta en zonas muy dependientes del turismo y la hostelería: Castellón (46%), Tenerife (42%), Baleares (35%), entre otras. Catalunya se encuentra a la cabeza de los desahucios por impago de alquiler con 1.835 lanzamientos, el 23,35% de todo el Estado español. En segundo lugar, está Andalucía con 1.109, la Comunidad Valenciana con 1.025 y Madrid con los 847 mencionados antes. En el año 2020, durante los momentos más duros de la pandemia, hubo nada menos que 29.406 desahucios, es decir, más de 80 diarios.

Respecto a los índices de pobreza y su evolución durante la pandemia, este ha sido otro de los aspectos de la crisis a la que el Gobierno “progre” no ha dado respuesta por no estar dispuesto a atacar los intereses de las clases poseedoras.

Recientemente se ha publicado a cargo del INE la denominada “Encuesta de Condiciones de Vida” que toma datos de 2019, pero que incluye datos de un indicador de situación socioeconómica que se elabora a partir datos del cuarto trimestre de 2020. Por lo tanto, posibilita una radiografía del tremendo golpe sufrido por las clases populares por la crisis de la pandemia durante el primer año. Y, en consecuencia, permite evaluar las políticas sociales que se han recibido. La verdad es que no resulta precisamente favorable la valoración que se puede hacer, sobre todo de la única política social desarrollada a este respecto que es el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que, supuestamente, debería servir para que los índices de pobreza desciendan.

Lo cierto es que los datos son demoledores en sentido inverso. Así la pobreza grave en 2020 según la encuesta citada aumentó hasta el 7% de la población, es decir, afectó a unos 3,3 millones de personas y supone, por lo tanto, casi un incremento del 50% respecto de 2019. Partíamos de un 4,7% de la población afectada por pobreza grave en 2019, por lo tanto, el crecimiento ha sido de 2,3 puntos porcentuales y eso con el IMV en funcionamiento. Situándose además muy ligeramente por debajo del máximo histórico logrado en 2014, en los momentos más álgidos de la crisis financiera de 2008, que alcanzó al 7,1% de la población.

Para entender bien lo que supone en términos de penuria esta situación de pobreza grave hay que valorar que se analizan nueve variables básicas de necesidad social para determinarla y supone que en cuatro de ellas existe fuerte privación. La lista incluye como indicadores: graves dificultades para llegar a fin de mes (afecta a un 10% con un incremento de 3 puntos sobre el año pasado), incapacidad para asumir gastos imprevistos (35,4% con dos puntos más), retrasos en el pago de gastos de vivienda o en compras a plazos (13,5% y el doble que en 2019), la imposibilidad de disfrutar una semana de vacaciones (34,4% y un punto más que el año pasado), sufrir pobreza energética (10,9% respecto al 7,6% el año pasado), no poder comer carne o pescado durante al menos dos días a la semana (5,4% respecto al 3,8% ), y no poder disponer de un automóvil, un televisor o una lavadora.

Si a esto le sumamos el incremento sufrido en el número de hogares que tiene todos los miembros en situación de paro, que ha aumentado en 150.000 hogares entre el primer trimestre de 2020 y el equivalente de 2021, surge una imagen de lo duro que ha golpeado la crisis de la covid-19 en los hogares más vulnerables.

Una situación que no ha sido paliada por una medida, calificada como estrella, el IMV, que apenas ha llegado de facto a un tercio de las familias previstas, sobre 850.000 que se preveían. Además, se trata de ayudas que son una auténtica miseria, entre 461,5 euros para adultos solos y 1.015 euros para hogares de cinco miembros, por lo que es evidente que no sirven para atender ninguna necesidad real de esas capas sociales. De hecho, la población con grandes problemas para llegar a fin de mes ha crecido hasta afectar a casi el 30% de la población en 2020, siendo este aumento casi el doble para los retrasos en pagos relacionados con la vivienda lo que implica un aspecto crítico de la situación de pobreza y un enorme riesgo de perder la vivienda.

La denominada tasa Arope que evalúa la tasa de riesgo de pobreza y está elaborada por la Comisión Europea ya venía indicando en 2019 que un 26,4% de la población estaba en riesgo de pobreza, incrementándose sobre el 25,3% del año anterior. En la UE este dato indicador de desigualdad era bastante inferior, un 21,9%. Estos datos sin duda se han visto incrementados fuertemente en 2020 y 2021, partiendo de los obtenidos en la encuesta del nivel de pobreza del INE para 2020.

Es vital hacer frente a la emergencia social que sufrimos como consecuencia del parón económico de la covid-19 y las políticas social liberales del Gobierno “progre” del PSOE y Unidas Podemos. Estas, como ya explicamos, priorizan el desvío de ingentes cantidades de recursos para las empresas del IBEX 35, abandonando a su suerte a amplias capas de población vulnerable. Al mismo tiempo, grandes empresas pretenden despedir masivamente, como es el caso de Airbus Puerto Real.

Es necesario luchar decididamente contra los ataques que ya se están produciendo y aquellos que vendrán en el corto plazo ante los compromisos con Bruselas como el pensionazo, la congelación del SMI, la profundización de la reforma laboral, o posibles recortes futuros en sanidad, educación o políticas sociales, etc.. Para eso hay que prepararse: para imponer a las burocracias sindicales que rompan con su apoyo al pacto social del gobierno y convoquen un plan de lucha unitario. Porque tenemos que conseguir una lucha unitaria y masiva, para esta vez la crisis la paguen los capitalistas.

https://www.izquierdadiario.es/Los-desahucios-y-la-pobreza-se-disparan-durante-la-pandemia-pese-a-los-anuncios-del-gobierno-progre

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Fuente: Cgt-lkn.org