March 15, 2021
De parte de Grup Antimilitarista Tortuga
890 puntos de vista

Las organizaciones de derechos humanos advirtieron en reiteradas ocasiones a los sucesivos Gobiernos sobre el riesgo de que determinadas operaciones acabaran en manos de paramilitares o grupos delictivos. Desde abril pasado está vigente un protocolo de actuación para esos casos, aunque de momento no se ha aplicado a ninguna venta de material militar.

Danilo Albin

La incertidumbre acompa├▒a a la opacidad en el comercio de armas. Entre 2008 y 2020, la Junta Interministerial que estudia las ventas de material militar espa├▒ol al exterior autoriz├│ un amplio n├║mero de operaciones sin aclarar qu├ę garant├şas exist├şan en torno a posibles desv├şos en destino a grupos paramilitares o bandas criminales. En este caso, el secretismo habitual ├║nicamente dio lugar a unas m├şnimas explicaciones oficiales que no convencieron a los organismos de derechos humanos.

“El riesgo es considerable; nos preocupa que el Gobierno considere este control post venta como algo excepcional”, resume Alberto Est├ęvez, portavoz sobre comercio de armas de Amnist├şa Internacional (AI). Desde hace al menos 12 a├▒os, esta organizaci├│n ha participado en la elaboraci├│n de distintos informes en los que se alertaba sobre los riesgos que entra├▒aban determinadas ventas de armamento. Aquellas recomendaciones fueron remitidas a los distintos Ejecutivos para intentar ÔÇôsin ├ęxitoÔÇô que las tuvieran en cuenta a la hora de autorizar nuevas operaciones. Tampoco hubo investigaciones oficiales.

Ghana es uno de los destinos que aparece con frecuencia en esos informes. “Es urgente que el Gobierno explique qu├ę garant├şas tiene en la pr├íctica de que efectivamente el uso final de estas armas es el que alega, y de que no corren el riesgo de ser desviadas a los pa├şses de la zona, algunos de ellos envueltos en conflictos o con un alto grado de violencia”, expresaban AI, FundiPau, Greenpeace e Interm├│n Oxfam en un informe sobre las exportaciones autorizadas en 2008.

Espa├▒a hab├şa autorizado entonces la venta de escopetas y cartuchos a Ghana por 2,8 millones de euros. En solo cuatro a├▒os las exportaciones a ese pa├şs sumaban 15 millones de euros, lo que le convert├şa en uno de los mayores receptores de armas de caza y tiro deportivo con sus correspondientes municiones.

Frente a los cuestionamientos de los organismos de derechos humanos sobre la falta de control en torno a esas ventas, la Secretar├şa de Estado de Comercio lleg├│ a defender en 2010 en el Congreso que se trataba de “una exportaci├│n que se destina a la poblaci├│n local para satisfacer sus necesidades alimenticias y, b├ísicamente, es para poder cazar pajarillos e incluso monos, que sabemos que son una base de la alimentaci├│n local”.

En enero de 2015, la organizaci├│n Conflict Armament Research (CAR) denunci├│ que armas fabricadas en distintos pa├şses europeos ÔÇôentre los que figuraba Espa├▒aÔÇô hab├şan sido introducidas de contrabando en la convulsa Rep├║blica Centroafricana, escenario de cr├şmenes de lesa humanidad. La munici├│n espa├▒ola hab├şa sido exportada a Camer├║n en 2014, y desde all├ş fue “desviada” a la Rep├║blica Centroafricana.

El Gobierno de Mariano Rajoy aleg├│ entonces en el Congreso que el control de la exportaci├│n de aquellos cartuchos era responsabilidad de las autoridades camerunenses, y que la responsabilidad espa├▒ola se limitaba a “garantizar que esa operaci├│n llegue a quien tiene que llegar, como efectivamente ocurri├│”.

Este caso, unido a otro desv├şo de armas exportadas a Arabia Saud├ş que acabaron en manos de rebeldes huz├şes, sirvi├│ para que distintos organismos de derechos humanos presionaran al Ejecutivo para que adoptase un mecanismo de seguimiento de las armas una vez exportadas. “En algo m├ís de un a├▒o se dispon├şa ya de un sistema sobre el papel”, recuerda Est├ęvez.

En efecto, en abril de 2020 el Consejo de Ministros dej├│ sentado por escrito que la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnolog├şas de Doble Uso (JIMDDU, encargada de analizar y conceder las licencias de exportaci├│n) “podr├í establecer, de manera excepcional, mecanismos de verificaci├│n, seguimiento y colaboraci├│n respecto de la mercanc├şa exportada en determinadas operaciones con la colaboraci├│n del gobierno del pa├şs importador, para lo cual deber├í iniciar un expediente en el que se definir├ín todos los t├ęrminos de la verificaci├│n”.

“Esta era una demanda de las ONG desde hac├şa m├ís de una d├ęcada y conseguimos convencer al Gobierno de la necesidad de disponer de un sistema para comprobar sobre el terreno, en el pa├şs de destino de la exportaci├│n, que las armas no son objeto de desv├şo ni usadas de forma contraria al derecho internacional”, se├▒al├│ Est├ęvez a P├║blico.

“Nos hubiera gustado que hubiese sido aprobado antes de los casi tres a├▒os que tard├│ en ver la luz ÔÇôsubray├│ÔÇô, pero lo importante es que ya existe, aunque hasta diciembre de 2020 no se hab├şa aplicado a ning├║n caso”. “Lo importante es que al menos hay un proyecto piloto y se pueden extraer lecciones para futuros casos, evitando desv├şos o uso de las armas para cometer violaciones graves de derechos humanos”, a├▒adi├│.

Exportaciones sensibles

En los informes elaborados desde 2008 por las organizaciones de derechos humanos que trabajan en este ├ímbito tambi├ęn aparecen otras exportaciones sensibles, como las efectuadas a Colombia o M├ęxico, pa├şses marcados por altos ├şndices de violencia y ÔÇôprincipalmente en el primer casoÔÇô por intervenciones de bandas paramilitares, “ya fuera actuando solos o con la connivencia o aquiescencia de sectores de las fuerzas de seguridad”, se├▒ala uno de los estudios realizados por AI, Greenpeace, Interm├│n Oxfam y FundiPau.

En otro informe se denunciaba la venta de “cartuchos de caza a Guatemala, donde la violencia contra las mujeres y las ni├▒as segu├şa siendo sist├ęmica y los defensores y defensoras de los derechos humanos eran objeto de amenazas, agresiones, hostigamiento e intimidaci├│n”. Tambi├ęn hicieron hincapi├ę en las exportaciones de armas de caza y tiro deportivo a Honduras “en un contexto general de delincuencia y violencia, un elevado ├şndice de delitos violentos e impunidad generalizada por los abusos contra los derechos humanos”.

Desv├şos a Yemen

Con esos antecedentes, el portavoz de AI considera que el Gobierno “deber├şa hacer investigaciones independientes de los casos denunciados en los informes de la plataforma Armas Bajo Control en los ├║ltimos a├▒os y hacer p├║blicas sus recomendaciones”, as├ş como “aplicar el protocolo adoptado de forma prioritaria a las exportaciones de armas a Egipto, Arabia Saud├ş y Emiratos ├ürabes Unidos”, ya que en esos tres casos “hay informes cre├şbles de fuentes fidedignas como Grupos de expertos nombrados por Naciones Unidas y ONG fiables que documentan desv├şos de armas a Libia, Yemen o Siria”.

P├║blico




Fuente: Grupotortuga.com