January 25, 2021
De parte de El Miliciano
911 puntos de vista


Los empleados afectados por un despido colectivo finalizado con acuerdo no tienen por qu茅 asumir sus consecuencias. Los trabajadores descontentos pueden acudir a los tribunales para impugnar el cese si consideran que este fue injusto. As铆 lo establece una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de las Islas Baleares, en la que da la raz贸n a dos trabajadoras de un centro deportivo que llevaron a juicio a su exempresa. Seg煤n concluye el tribunal, la mercantil no ten铆a derecho a despedirles porque la situaci贸n de cierre la provoc贸 ella misma al incumplir la normativa urban铆stica, lo que paraliz贸 gran parte de las actividades del gimnasio.

El fallo (cuyo texto puede consultar aqu铆) da un giro de 180 grados al criterio seguido hasta ahora por el Tribunal Supremo, seg煤n el cual, si hay acuerdo entre patronal y trabajadores se presume que la causa del despido es v谩lida. En consecuencia, estos ya no pueden reclamar individualmente. Sin embargo, para el tribunal balear, esta interpretaci贸n es contraria al Convenio n煤mero 158 de la OIT ratificado por Espa帽a en 1985. La v铆a judicial no puede limitarse en estos casos, afirma la Sala, 鈥渁 la existencia de fraude, dolo, coacci贸n o abuso de derecho鈥 en la negociaci贸n.La soluci贸n otorgada, recuerda el tribunal, viene impuesta por el art铆culo 96 de la Constituci贸n, que insta a cualquier magistrado a aplicar preferentemente estos convenios en detrimento de la ley espa帽ola o su interpretaci贸n jurisprudencial en caso de conflicto

Obras ilegales


Seg煤n recoge el relato de los hechos probados de la sentencia, la empresa inici贸 el ERE (que afectaba a 73 trabajadores) el 30 de mayo de 2018. La causa que lo motiv贸 fue una resoluci贸n del Ayuntamiento de Palma que les obligaba a cerrar diversas superficies y a paralizar actividades en el gimnasio por no ajustarse a las condiciones de la licencia. La situaci贸n motiv贸 el cierre del negocio.

Las negociaciones con los representantes elegidos por los trabajadores se llevaron a cabo en el mes de junio, finalizando con un acuerdo por el que se indemnizaba a los empleados cesados con 25 d铆as por a帽o trabajado. La Inspecci贸n de Trabajo denunci贸 mala fe del empresario y fraude de ley, pero la compa帽铆a result贸 absuelta.

Dos de las trabajadoras afectadas decidieron entonces recurrir su despido, que consideraban injustificado. Sin embargo, la primera sentencia, del juzgado de lo social, rechaz贸 la demanda. En s铆ntesis, el juez afirma que estas no pod铆an cuestionar la causa del despido una vez que se hab铆a firmado con el acuerdo de los representantes legales de los trabajadores. Permitir pleitos individuales en estas circunstancias, explica, dar铆a lugar a una 鈥渆norme inseguridad jur铆dica鈥.
No obstante, las empleadas recurrieron la resoluci贸n del juzgado, consiguiendo que el TSJ balear les diera finalmente la raz贸n y les indemnizara por despido improcedente, esto es, con 33 d铆as por a帽o trabajado y no con 25.

Tutela judicial

El derecho de los afectados por un ERE a acudir a los jueces para impugnar su situaci贸n es, seg煤n el tribunal balear, una exigencia de la tutela judicial que garantiza concretamente el Convenio n煤mero 158 de la OIT.

Los magistrados rechazan, en este sentido, el criterio seguido en una sentencia de 2018 por el Tribunal Supremo respecto de aquellos expedientes que finalizan con acuerdo entre las partes. El hecho de que los representantes de los trabajadores hayan admitido la causa que justifica el despido no significa que esta exista, argumentan los jueces baleares. Se trata de una presunci贸n que debe poder refutarse en juicio.

Es decir, seg煤n argumentan, tras un despido colectivo pactado, los pleitos individuales no pueden limitarse a casos de mala fe en la negociaci贸n. Es cierto, reconocen, que el acuerdo final tiene un valor reforzado (en tanto que se ha consensuado), pero no absoluto, por lo que se puede revisar en juicio.

En el caso concreto, argumentan los magistrados, la mercantil no ten铆a un motivo justificado para iniciar el ERE. El cierre de las instalaciones y la paralizaci贸n de actividades se produjo por una actuaci贸n il铆cita de la empresa, no por una causa ajena a ella. 鈥淭anto en los supuestos de fuerza mayor como en los supuestos de causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n, la procedencia de la medida extintiva requiere que nos encontremos ante circunstancias independientes de la voluntad del empresario鈥, afirman.


Por este motivo, el tribunal concluye que el despido de las trabajadoras es improcedente, y condena a la compa帽铆a a readmitirlas o a pagarles la diferencia respecto de la indemnizaci贸n que realmente les corresponde.




Fuente: Elmilicianocnt-aitchiclana.blogspot.com