July 24, 2021
De parte de Sare Antifaxista
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“La entrada de grupos fascistas a intervenir frente a quienes ocupan las viviendas vacías es parte de la guerra contra los pobres”

“Hace 6 meses, el Gobierno Vasco y el Obispado, sabedores de que se aprobaría un nuevo decreto en torno a las viviendas deshabitadas, decidió recompensar al Obispado con la compra de 14 viviendas en el bloque donde vive Carlos, pero dejando a éste fuera. No es el primer pelotazo urbanístico”

“Se ha generado una falsa ilusión en contra de la tasa de concentración de la vivienda. El proceso impulsado por fondos de inversión, bancos y otras empresas existe y es presente en Bilbao”

“Desde 2013 se ha organizado en torno al alquiler la forma de sacar rentabilidad en torno a la vivienda, a través de modalidades muy variadas: pisos turísticos, alquileres clásicos, viviendas gestionadas desde instituciones públicas, viviendas gestionadas desde SOCIMIs (las que no pagan impuestos)”

“El equilibrio entre demanda y oferta, como en otros muchos mercados, es falso, no funciona”

“El último decreto contra los desahucios mantiene de una manera la actual posición precaria de los inquilinos, pero sin meter mano al sector inmobiliario” 

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Iñigo Santxo, miembro de Maizterrak Bilbo/Sindicato de Inquilinas, afirma que “es una herramienta popular que ha tomado la forma de sindicato para hacer frente a las agresiones del capital en torno al derecho a la vivienda”, centro en el alquiler donde “Creemos que ahí está, en este momento, la clave de la rentabilidad del mercado de la vivienda”. Admite que la pandemia “ha acelerado el problema” y reconoce que en la capital bizkaitarra se pone el foco los intereses del capital especulador. 

Desvela que el caso de Carlos, que el Obispado quiere desahuciar y que está pendiente de los jueces, “es muy paradigmático. Carlos lleva viviendo 61 años en la Vivienda que habita a día de hoy, nació ahí y lucharemos para que ahí siga”.

Añade que “durante los últimos 10 años, el Obispado ha mantenido 14 viviendas vacías en el bloque donde vive Carlos. Pero hace 6 meses, el Gobierno Vasco y el Obispado, sabedores de que se aprobaría un nuevo decreto en torno a las viviendas deshabitadas, decidió recompensar al Obispado con la compra de 14 viviendas en el bloque donde vive Carlos, dejando fuera de esa operación la única vivienda que estaba habitada: la de Carlos”. Por lo que denuncia “este nuevo trasvase de dinero público a una entidad privada como la Iglesia demuestra cuáles son las verdaderas intenciones de las instituciones; seguir enriqueciendo al especulador en detrimento del pobre. No es el primer pelotazo urbanístico que se realiza entre las instituciones y el Obispado de Bilbao”.

¿Qué es Maizterrak Bilbo/Sindicato de Inquilinas? ¿Cuando surgió? ¿Qué base social tiene?

El Sindicato de Inquilinas Maizterrak de Bilbao es una herramienta popular que ha tomado la forma de sindicato para hacer frente a las agresiones del capital en torno al derecho a la vivienda.

Nuestra aportación se sitúa, sobre todo, en el ámbito de los alquileres y las inquilinas. Creemos que ahí está, en este momento, la clave de la rentabilidad del mercado de la vivienda. Sin embargo, creemos que la lucha por la vivienda debe estar basada en muchas prácticas múltiples y heterogéneas. Es decir, es un asunto poliédrico con un único objetivo y creemos que hay que tratarlo así, trabajando en forma de red.

Vamos bastante despacio, de hecho tenemos claro que es una lucha a largo plazo. La crisis económica generada en el contexto del COVID19 ha acelerado y agravado las situaciones, pero la cuestión de la vivienda no acaba con esto. Si la vivienda es, en este momento, una de las claves de la lucha obrera, es, además, uno de los eslabones más débiles del modelo de ciudad que cruza nuestras luchas, donde se acumula la mayor parte de los beneficios y la riqueza.

Nuestro prisma de trabajo es el sindicalismo social. Es decir, sería el mismo conjunto de prácticas que se utilizan en la esfera del empleo, pero aplicadas a otras opresiones que sufre la clase trabajadora y popular de Bilbo. En este sentido, creemos que  el sindicalismo social aúna dos actuaciones:

Resolución de problemas de personas concretas que son problemas colectivos y la autodefensa colectiva de las casas donde habitan las inquilinas. 

Y, por otro lado, poner sobre la mesa la cuestión de la vivienda y trabajarla políticamente de forma amplia, así como disputar el modelo de ciudad mercantilista y elitista que se esta construyendo desde el Ayuntamiento de Bilbao en colaboración estrecha con el capital.

La creación del sindicato esta muy relacionada con situación de la vivienda en Bilbo. Entender esta realidad es imprescindible para entender el movimiento en torno a la vivienda y analizar la situación actual. La vivienda ha pasado por crisis y tiempos muy diferentes.

En la versión industrial de Bilbao la vivienda pasa de ser un elemento secundario de reproducción de capital a una primera línea. Esto significa que las operaciones económicas y urbanísticas que se producen en la ciudad están relacionadas con la revalorización del suelo y de la vivienda. Uno de los principales ejemplos es la operación de Abandoibarra.

Además, en la CAPV se ha reforzado especialmente la clase media, a la que se le dice que la vivienda es una inversión. Este rol de la propiedad ha generado dos escenarios:

1. Estratificación del mercado, más que en otros lugares del Estado. Esto ha provocado una corriente social a favor del valor por la vivienda, en contra del valor de uso. Se ha creado un modelo de vivienda basado en la propiedad.

2. Por otro lado, se ha generado una falsa ilusión en contra de la tasa de concentración de la vivienda. El proceso impulsado por fondos de inversión, bancos y otras empresas existe y es presente en Bilbao.

En este sentido, la ruptura de este círculo y la activación de nuevas y desobedientes prácticas ligadas a la vivienda son hoy en día imprescindibles.

En 2008 estalló la burbuja inmobiliaria y sufrimos una profunda crisis hipotecaria. De esa época proceden, sobre todo, movimientos como la PAH. Ahí se da el primer gran boom en torno a la defensa del derecho a la  vivienda.

Desde 2013 se ha organizado en torno al alquiler la forma de sacar rentabilidad en torno a la vivienda. La cuestión del alquiler amplía este prisma, ya que las modalidades son muy variadas: pisos turísticos, alquileres clásicos, viviendas gestionadas desde instituciones públicas, viviendas gestionadas desde SOCIMIs (las que no pagan impuestos).

En 2015 se aprobó la ley de vivienda de la CAPV, lo que supuso una especie de parálisis en diversos movimientos populares. Algo similar ocurrió con la legislación sobre hipotecas.

Existe una especie de acuerdo entre las instituciones públicas y las grandes empresas financieras en el que se pone como base la construcción de viviendas nuevas y la restauración de viviendas antiguas. Supuestamente, con un aumento de la oferta se abriría el mercado y se reducirían los precios. 

Pero está claro que no es así. El equilibrio entre demanda y oferta, como en otros muchos mercados, es falso, no funciona. También va por ahí el último decreto contra los desahucios, es decir, mantener de una manera la actual posición precaria de los inquilinos, pero sin meter mano al sector inmobiliario.

El movimiento por la vivienda digna en Bilbao ha sido y debe ser muy diverso. Ha sido un movimiento que ha incluido un conjunto muy variado de prácticas. Se trata de un movimiento que ha incluido prácticas clásicas e innovadoras (Asociaciones de Vecinos, Movimientos por la Vivienda Digna y Movimiento Ocupa…).

Sin embargo, nos parecía imprescindible reactivar la dinámica social relacionada con este último ciclo y por eso creamos el Sindicato de Maizter de Bilbao.

¿Qué objetivos tiene a corto plazo, medio y largo plazo?

A corto plazo, tenemos 2 objetivos concretos:

РExpandir el sindicato a diferentes barrios de Bilbo, e implantar el Sindicato en esos territorios para ir construyendo una fuerza politica a trav̩s de asambleas populares para tener un espacio de encuentro y defensa de los derechos de las inquilinas.

– Por otro lado, a día de hoy son ya varias las compañeras que se han acercado al Sindicato para trabajar conjuntamente las problemáticas que están padeciendo. Estas problemáticas tienen diferentes caras pero todas ellas están vinculadas por la violencia inmobiliaria que esta amparada por las diferentes leyes autonómicas en vigor. Desde casos de mobbing inmobiliario a familias monoparentales y personas racializadas, presiones por parte de los propietarios a las inquilinas para que abandonen las casas, la no devolución de fianzas hasta casos extremos de desahucios a corto plazo. 

A medio plazo y largo plazo queremos ser un referente social para las vecinas que tengan cualquier problemática de la Vivienda unida al alquiler y por otro lado disputar el modelo de ciudad antes mencionado.

Pero somos realistas y vamos paso a paso intentando construir redes de apoyo comunitarias para responder colectivamente a las agresiones que sufren las inquilinas que acuden al Sindicato

¿Cuántas personas están ahora en procesos de desahucio, según vuestros datos?

Nosotras no manejamos datos oficiales. Los datos oficiales los dan las instituciones y sabemos que dentro de esos datos hay muchos procesos de desahucio que no están yendo por la vía jurídica, con lo que no sabríamos dar una respuesta a ello. Si denunciar los procesos de desahucio extra-judiciales de empresas privadas muchas ellas de carácter fascista que están desocupando violentamente a familias de las casas, sean estas ocupadas o no. Actualmente en el sindicato hay varias familias que están en proceso de desahucio y que después del verano están en grave riesgo de ser expulsadas de las viviendas que habitan. 

No es casualidad, que el 75% de las inquilinas que han recibido una demanda de desahucio sean grandes tenedores, entre ellos podemos encontrar al fondo Buitre Blackstone, Banco Santander, el obispado…

Precisamente, el pasado  15 de julio se vió el caso de Carlos y el desahucio del Obispado, “a Dios rogando y con el mazo dando”, ¿podéis hacer un resumen de éste u otros casos que tengan que ver con el Obispado?

El caso de Carlos es muy paradigmático. Carlos lleva viviendo 61 años en la Vivienda que habita a día de hoy, nació ahí y lucharemos para que ahí siga. 

Durante los últimos 10 años, el Obispado ha mantenido 14 viviendas vacías en el bloque donde vive Carlos. Pero hace 6 meses, el Gobierno Vasco y el Obispado, sabedores de que se aprobaría un nuevo decreto en torno a las viviendas deshabitadas, decidió recompensar al Obispado con la compra de 14 viviendas en el bloque donde vive Carlos, dejando fuera de esa operación la única vivienda que estaba habitada: la de Carlos. 

Este nuevo trasvase de dinero público a una entidad privada como la Iglesia demuestra cuáles son las verdaderas intenciones de las instituciones; seguir enriqueciendo al especulador en detrimento del pobre. No es el primer pelotazo urbanístico que se realiza entre las instituciones y el Obispado de Bilbao. Sin ir muy lejos en el tiempo, la operación realizada entre el Obispado-Mutualia y la constructora Murias en Abando, gracias a la recalificación de terreno concedida por el Ayuntamiento de Bilbao, deja patente la ofensiva política contra los intereses vecinales y populares de miles de bilbaínas. 

El Obispado en vez de optar por negociar un alquiler social con duración de 7 años como estipula la Ley de Arrendamientos Urbanos, ha decidido interponer una demanda de desahucio en los juzgados de Bilbao para desahuciar a nuestro compañero. Y la alternativa que le ofrece es un alquiler de un año, con una renta alta y tutelado por la Fundación Eguzkilore, lo que conllevaría la absoluta pérdida de autonomía y libertad de Carlos a parte de ser un contrato ilegal ya que la iglesia al ser un gran tenedor esta obligado según la Ley de Arrendamiento urbano a proponer un alquiler de 7 años de duración.

Sin olvidar, que en el 2019, el Obispado y el Gobierno Vasco firmaron un acuerdo donde el Obispado cedería el uso de sus viviendas vacías a Etxebide para introducirlas dentro del programa Bizigune. Y este acuerdo es el que han incumplido las dos partes, por eso decimos que el Obispado desahucia, pero que el Gobierno Vasco es culpable de esta situación.

Aunque los datos indican una cierta ralentización de desahucios, éstos siguen produciéndose por lo menos con los datos oficiales. ¿Qué valoración hacéis de los datos existentes?

Los datos son demoledores. No deberíamos de estar hablando de una ralentización del número de desahucios, sino de la desaparición de estos. 

A día de hoy, la clase popular y trabajadora vive inmersa en una guerra en la que se encuentra totalmente desamparada por parte de las instituciones las cuales deberían velar por el derecho a la Vivienda. 

Por ejemplo el Ayuntamiento de Bilbo solo actúa una vez se haya producido el desahucio, enviando un/a asistente social para dar como ellos llaman una alternativa habitacional a las personas desahuciadas que se implementa en llevarlas a un albergue o a una pensión durante un tiempo indeterminado. Ellos son una de las partes involucradas en esa guerra contra el pobre que comentábamos.

El “gobierno más progresista de la historia” dijo que se pondría fin a los desahucios mientras durase la pandemia, pero ¿no ocurre así? Y tampoco parece que avanzan en poner topes en el cobro de alquileres, ¿que creéis que ocurre?

Aquí se junta la falta de voluntad política y la presión que grandes fondos buitres, bancos y diferentes agentes inmobiliarios están ejecutando hacia el gobierno del Estado español.

No ocurre así, ya que estamos viendo como en Bilbao la semana pasada se realizaron un par de desahucios y estamos viendo como en grandes ciudades fuera de Euskal Herria se están produciendo desahucios todos los dias, como en Barcelona y Madrid.

En Catalunya, gracias a la presión realizada por cientos de Sindicatos de barrio y los Sindicatos de Llogateras, han conseguido regular el precio de la Vivienda en zonas altamente tensionadas. Es una gran victoria del movimiento por la vivienda que hay que ponerla en valor porque tras años de organización y lucha han conseguido arrebatar al capital una pequeña parte de sus beneficios y obligar a la Generalitat a legislar en favor de las inquilinas. 

Aunque como comentan las compañeras de Catalunya, la ley que regula el precio del alquiler de la vivienda es un pequeño paso para garantizar el derecho a la vivienda y todavía hay mucho por mejorar dentro de esa ley.

Aún así, hemos visto como desde el Gobierno del Estado español han intentado tumbar la ley dictada por la Generalitat tras las presiones que el sector inmobiliario les está realizando. Esta claro, que el movimiento por la defensa de la vivienda se tiene que mantener en pie de lucha para mantener los avances logrados y seguir profundizando en esa línea de trabajo abierta para no retroceder ni un paso.

La síntesis de nuestra lectura es que todo avance en la formulación del derecho a la vivienda estará vinculado a la capacidad de presión y movilización que consigamos realizar en los próximos meses/años y no al gobierno de turno que esté en el poder en ese instante. La presión social es la que tiene que abrir el camino para la recuperación del derecho a la vivienda.

En vuestro ámbito de Bilbao, ¿qué hace el Ayuntamiento si hace algo? O ¿qué debería de hacer?

El Ayuntamiento de Bilbo y el concejal de Vivienda Jon Bilbao tienen una actitud pasiva frente a la situación que cientos de vecinas tenemos.

Nosotras hemos tenido varias reuniones con ellas para plantearles diferentes casos muy unidos a operaciones económicas desarrolladas por el Ayuntamiento las cuales pueden conllevar lanzamientos de vivienda de nuestras compañeras.

Hemos comprobado como el concejal nunca ha cumplido con la palabra dada, como las dificultades con las que las personas en peligro de desahucio están encontrando en los servicios sociales de base para poder acceder a un informe de vulnerabilidad o como esos servicios de base actúan una vez se haya producido el desahucio.

Este engranaje es parte de la vulneración del derecho a la vivienda y se enmarca dentro de la estrategia contra las clases más desfavorecidas y empobrecidas que en muchos casos tienen cara de mujer, racializada y con pocos o ningún ingreso económico.

Eso sí, en los últimos años, el ayuntamiento en nombre de la participacion popular esta intentando instrumentalizar a los colectivos que trabajan en áreas concretas para proyectar que están trabajando codo a codo con los movimientos populares. Nosotras tenemos claro que a día de hoy no hay ningún tipo de margen para la colaboración.

Que haya personas sin poder acceder a una vivienda y haya pisos vacíos, ¿cómo se extiende? ¿Cómo valoráis los programas del Gobierno Vasco sobre el alquiler y los pisos vacíos?

Hay que situarlo dentro del proceso de especulación que sufre el derecho a la vivienda. Los pisos vacíos cumplen varias funciones:

Por un lado, al reducir la oferta de vivienda en el mercado y al ser tan grande la demanda esto conlleva una alza en los precios, Pero hemos podido comprobar que aquí la lógica oferta/demanda no funciona como en otros casos. En la vivienda se da un proceso de rentabilidad económica de un bien básico y universal por la patronal de la vivienda que son quienes controlan y determinan los precios del mercado.

No hay que olvidar, que la rentabilidad económica de la vivienda está siendo uno de los pilares para que fondos buitres, bancos e inmobiliarias sigan acumulando capital a un coste y riesgo muy bajos.  

Por otro lado, las viviendas vacías juegan un rol de oportunidad para grandes tenedores. Esto es, ayer, uno de los portales de vivienda más utilizados en el territorio español sacó una noticia comentando que los precios de la vivienda iban a subir, esto es, que la patronal de la vivienda iba a aumentar su margen de beneficio. Y seguramente veremos, como algunos de esos pisos vacíos salen al mercado por la rentabilidad económica que sus dueños le puedan sacar.

A día de hoy, mantener una vivienda vacía no supone ningún coste para el propietario, aunque en la Ley de Vivienda que en 2015 aprobó el Gobierno Vasco decretó que toda vivienda que se mantendría vacía durante dos años se le aplicaría una sanción.  Pero esta realidad está muy lejos de ser verdad, ya que son los ayuntamientos los responsables de aplicar este articulo o de manera subsidiaria el Gobierno Vasco. Nosotras tenemos claro que vivimos en una dictadura del propietario, esto es, a día de hoy, todavía ningún partido político se ha atrevido a implementar estas medidas en su localidad.

El programa del Gobierno Vasco de alquiler es insuficiente. Por un lado, la demanda de vivienda en Bilbao supera las 12.000 personas y las viviendas disponibles para ello son nulas. Hace años que el Gobierno Vasco tomó la decisión de no potenciar viviendas públicas en alquiler salvo el mínimo establecido por ley, eso ha acarreado que el parque público de viviendas se haya reducido y al potenciar viviendas de construcción privadas las colas entre los demandantes de viviendas públicas han ido en aumento.

En Bilbao vemos algo parecido, son unas 5.000 las personas que están dadas de alta como demandantes en viviendas municipales, pero esta institución lleva sin construir viviendas públicas para alquiler social muchos años y según conversaciones que hemos mantenido, una pequeña parte del parque de viviendas público de Bilbao se ha vendido para sanear las arcas públicas.

Para acabar, el Gobierno Vasco tiene la capacidad de resolver la problemática de las viviendas vacías si tuviese voluntad. Ya que podría legislar a través de medidas eficaces y contundentes para acabar con las viviendas vacías. 

Aún así, queremos dejar claro que haya viviendas vacías es parte de un gran todo que tiene como base la propiedad privada de un derecho universal. Esta propiedad conlleva la acumulación y revalorización del capital. Por ello, creemos que en el derecho a la vivienda debe de prevalecer el derecho al uso al de la clase propietaria.

¿Qué pensáis de la entrada de grupos fascistas a intervenir frente a quienes ocupan las viviendas vacías?

Es parte de la guerra contra los pobres. Pero los medios de comunicacion ponen en foco en que estos grupos vinculados a la extrema derecha sólo intervienen en casas que han sido recuperadas y esto es falso.

Somos conocedores, que muchos propietarios optan por contratar a estos grupos de matones en vez de comenzar un proceso judicial contra las inquilinas por el tiempo que estos procesos conllevan.

Aún así esta práctica mafiosa de acoso y derribo esta amparada por las mismas leyes que condenan a las jóvenes a alargar su proceso de emancipación, a personas racializadas que no logran un alquiler por su origen o inquilinas que son desahuciadas por no poder pagar la renta establecida.

Aún así, no creemos que deberíamos de darles ningún tipo de altavoz y sobre todo, tenemos claro que nosotras estamos organizadas para defender las casas de nuestras vecinas frente a este tipo de agresiones como hace poco pudimos comprobar en Alde Zaharra. 




Fuente: Sareantifaxista.blogspot.com