Imaginemos un bonito día de sol: decidimos salir a pasear por el campo, respirar aire limpio, y escuchar el trino de los pájaros que anidan en los árboles. Tras esa caminata revitalizante, volvemos a casa en un estado de plenitud envidiable. Imaginemos el mismo día, pero con acontecimientos diferentes: se desata un incendio que arrasa la vegetación del lugar, mata a los animales o los obliga a huir, y cubre el cielo de un humo espeso y contaminante. El primer supuesto no implicaría, en principio, ningún valor económico; el segundo sería beneficioso para el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), ya que la devastación genera actividad productiva, como la de los seguros, o la industria maderera que aprovecha los troncos calcinados.

Esta es una de las críticas que, a lo largo de los años, se le han hecho a un indicador, el PIB, considerado por los economistas clásicos como medida fiable de bienestar y progreso, pero que se encuentra cada vez más en el punto de mira. Sin ir más lejos, recientemente el gobierno español se vanagloriaba de que el país ha crecido un 5,5% en 2022, datos juzgados como favorables que a menudo engrosan titulares y se instrumentalizan para ganar elecciones. Sin embargo, el PIB, que mide el valor monetario total de los bienes y servicios de un territorio y es utilizado para comparar el tamaño de economías nacionales y calcular la idoneidad de su deuda, presenta muchas carencias que, en un mundo amenazado por crisis como la climática o la de biodiversidad, deben ser recalcadas. ¿Es hora de abandonar este indicador? ¿Qué alternativas existen?

Un indicador insuficiente

Si hay un evento que marque un antes y un después en la consideración del PIB es el discurso dado por Bobby Kennedy en la Universidad de Kansas en 1968, meses antes de su asesinato. El senador estadounidense destacó cómo el PIB contaba el napalm y las ojivas nucleares, los carros blindados y rifles, pero dejaba atrás “la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación”, la integridad de los políticos, la sabiduría y el aprendizaje; en definitiva: “Mide todo, excepto lo que hace que la vida valga la pena”.

Estas enseñanzas han sido señaladas por muchos investigadores, como el profesor británico especializado en economía medioambiental Tim Jackson, quien, en su libro Postgrowth, enfatiza la influencia en Kennedy de la reconocida bióloga Rachel Carson, ecologista pionera que dio la voz de alarma sobre el abuso de los pesticidas. El doctor en biodiversidad Andreu Escrivà avisa en Contra la sostenibilidad de ese número que “cuelga sobre nuestras cabezas como una guillotina” y subraya que, pese al aumento del PIB mundial, en los países occidentales ha habido una reducción de derechos, libertad personal y servicios sociales, entre otros factores.

Y es que, al margen de no medir el bienestar, y pese a su prestigio a la hora de valorar el nivel de vida, omite también el cuidado de los niños y la realización de las tareas domésticas, ambos desempeñados mayormente por mujeres, y no registra la distribución de los activos económicos, disfrazando así la desigualdad.

No es de extrañar que hasta el premio Nobel Angus Deaton, catedrático de la Universidad de Princeton, se encuentre entre sus detractores. Deaton, conocido por su investigación sobre las “muertes por desesperación” –aquellas provocadas por los suicidios, el alcohol y las drogas, causantes de una caída de la esperanza de vida en Estados Unidos–, afirmó hace poco en relación a la epidemia de opiáceos, de la que se han lucrado sobremanera algunas empresas farmacéuticas: “Tenemos un sistema que está matando a la gente, y contamos ese dinero como parte del PIB. Eso tiene que ser una locura”.

Alternativas al PIB

Pero quizá quien haya abordado los defectos del PIB de manera más propositiva sea la economista británica Kate Raworth. En su aclamado libro Economía rosquilla traza una genealogía de este indicador para después delinear un modelo económico alternativo que ya no lo necesite. Según Raworth, el PIB tenía sentido cuando, en la década de 1930, el expatriado ruso nacionalizado estadounidense Simon Kuznets acuñó este cálculo, llamado entonces Producto Nacional Bruto, pues permitió monitorizar la eficacia del paquete de medidas contra el crack del 29 que había implementado Roosevelt –el New Deal –. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, se demostró su utilidad a la hora de poner a disposición de la maquinaria bélica el tejido industrial del país.

No obstante, ya en los años setenta, fue el mismo Kuznets quien se rebeló contra su invento usado como estimador de progreso social, a pesar de que el PIB había sido incluido por la ONU en su Sistema de Cuentas Nacionales, y gozaba de gran legitimidad. Raworth no duda en afirmar su insuficiencia y, partiendo de la herencia del informe Meadows, Los límites del crecimiento (1972), presenta un sistema diferente, la “economía del dónut”, que se caracterizaría por un círculo exterior, correspondiente al techo ecológico, y uno interior integrado por una base social alineada a los derechos humanos. En dicho paradigma económico se haría un uso responsable de los recursos naturales y se satisfarían las necesidades de las personas, tales como la sanidad, la educación, la igualdad de género, el acceso al alimento y al agua.

La economía del dónut, aunque ha suscitado un debate nada desdeñable sobre la urgencia de frenar la devastación medioambiental y efectuar una redistribución de la riqueza en sintonía con objetivos de justicia social, continúa aún en el reino de lo utópico. Otras formas más inmediatas para desafiar la primacía del PIB han venido de la mano de propuestas como el uso del Índice de Progreso Real, que corrige al anterior teniendo en cuenta factores como la pobreza o la contaminación, y se emplea en algunos lugares como el estado de Maryland.

Por otra parte, cada vez son más quienes abogan por sustituir el PIB con análisis centrados en la felicidad humana. Es el caso del científico del CSIC y ecologista Fernando Valladares, que asevera que por esta vía se obtendrá “una sensación muy clara y perceptible de desarrollo”, al tiempo que se incide en la preservación y mejora de los espacios naturales, pues éstos impactan directamente en el bienestar de la ciudadanía, incluyendo su salud mental.

Una contrapartida de este enfoque sería la estudiada por el psicólogo Edgar Cabanas y la socióloga Eva Illouz en Happycracia: los índices de felicidad, subjetivos y difícilmente cuantificables, fueron popularizados por algunos gobiernos en los años más duros de la crisis financiera (2008-2012) con el propósito de desviar la atención de distintas cifras (de desempleo, etc.) que apuntaban al incremento de la desigualdad.

Sea como fuere, lo que resulta indudable a estas alturas es que el PIB es inadecuado como medida de progreso social; que choca frontalmente con una aproximación más equitativa a problemas como la debacle climática o la discriminación de género; que el paradigma del crecimiento infinito en que se ampara se ha tornado completamente obsoleto ante los retos de este siglo.

La desigualdad enquistada desnuda las carencias del PIB como vara de medir la economía española (09/08/2022). Más allá del primitivismo: Hacia una teoría y praxis anarquistas para la ciencia en el siglo XXI ️️El comité de empresa informa El siglo XXI es el siglo de la revolución de las mujeres. Más allá de Hamás y la AP, un desafío: “cómo mantener este levantamiento popular más allá de las estructuras de liderazgo actuales” América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”. Más allá del feminismo, más allá del género ¡ En las ruinas del infierno del siglo XXI celebraremos la fiesta más hermosa! “Sinjar nace de la necesidad de saber cómo se puede vivir en pleno siglo XXI siendo esclava” Las guerras de EEUU y OTAN dejan más de 350.000 civiles muertos y 38 millones de desplazados en el siglo XXI (28/06/2022). Del Everest al Pirineo, el claroscuro del alpinismo en el siglo XXI Jinwar: la primera aldea de mujeres del siglo XXI