February 1, 2021
De parte de Memoria Libertaria
214 puntos de vista


eldiario.es/Olga Rodr铆guez

Asociaciones de archiveros, de derechos humanos y de memoria han presentado enmiendas al borrador de la ley, en las que sugieren modificaciones para que se facilite el acceso a los archivos sobre la represi贸n franquista. Adem谩s plantean la eliminaci贸n de la disposici贸n referida a los archivos presidenciales.

https://www.eldiario.es/sociedad/40-colectivos-piden-nueva-ley-memoria-permita-acceso-archivos-faciliten-guerra-civil_1_7168558.html

Archivos recopilados por la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica ARMH

Hace unas semanas un investigador pidi贸 al presidente de la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica, Emilio Silva, que intentara lo que 茅l no hab铆a conseguido: acceder en el Archivo Regional de Madrid a datos que pudieran orientar sobre la cifra exacta de personas muertas a causa de las bombas franquistas en la capital espa帽ola entre 1936 y 1938.

Para ello Silva solicit贸 datos de los hospitales de aqu茅l entonces, pero la informaci贸n tambi茅n le fue denegada, con la excusa de que la Ley de Protecci贸n de Datos ampara la privacidad de las personas que aparecen en esos archivos. 鈥淢e dijeron que hab铆a unos pocos ingresados en los hospitales con problemas de salud mental, y que por tanto hab铆a que proteger su derecho a la intimidad鈥, explica a elDiario.es.

Ante la negativa al acceso, Silva escribi贸 a la Agencia de Protecci贸n de Datos, pidiendo que se apartara el nombre de esas personas, para poder acceder al resto del listado. 鈥淓stamos hablando de personas que en su gran mayor铆a ya han fallecido, probablemente todas, porque tendr铆an m谩s de cien a帽os鈥, a帽ade.

Este impedimento para acceder a informaci贸n valiosa no es aislado. Es habitual que la petici贸n de un documento sea denegada porque en el mismo hay referencias a personas que a煤n podr铆an estar vivas, aunque no lo est茅n. En la pr谩ctica muchas veces acceder o no a un archivo depende de la interpretaci贸n que un funcionario haga de la norma. Esta ley, junto con la de Secretos Oficiales de 1968, opera a menudo como obst谩culo para las familias de v铆ctimas del franquismo, para historiadores, investigadores y organizaciones de derechos humanos. Es decir, dificulta el derecho a la verdad.

Sala de investigadores del Archivo General Militar de 脕vila Patrimonio Cultural de Defensa

Evidencias de violaciones de derechos humanos

Miles de documentos contin煤an siendo inaccesibles, a pesar de que probablemente podr铆an suministrar evidencias de violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura, claves sobre lo ocurrido, historias de personas, datos sobre las desaparecidas. Es decir, a d铆a de hoy sigue sin haber garant铆a de acceso a la verdad, un derecho contemplado como tal por Naciones Unidas, clave para la reparaci贸n.

Ante esta situaci贸n las asociaciones de archiveros han seguido de cerca el desarrollo del anteproyecto de la Ley de Memoria Democr谩tica elaborado por el Gobierno. Su conclusi贸n es que existen algunos puntos que deben ser modificados, si el objetivo de la ley pretende ser facilitar el acceso a informaci贸n clave. Por eso 48 asociaciones de profesionales de los archivos, de investigadores, de familiares de v铆ctimas, de memoria y de derechos humanos han presentado enmiendas al borrador de la ley, elaboradas por la Asociaci贸n de Archiveros Espa帽oles en la Funci贸n P煤blica, confiando en que el Gobierno las tenga en cuenta.

Defienden la creaci贸n de un censo o cat谩logo, accesible online, 鈥渆n el que quede claro qu茅 fondos hay y qui茅n los puede tener鈥, explica Santiago Saborido, director del Archivo Hist贸rico Provincial de C谩diz. 鈥淧ara ello, se necesitan medios y equipos, hay que invertir tiempo en la b煤squeda, catalogaci贸n y digitalizaci贸n鈥, a帽ade. 

鈥淓ste borrador de ley vuelve a repetir las vaguedades de la Ley de Memoria Hist贸rica de 2007, que no aport贸 mayores facilidades para acceder a los archivos

Las 48 asociaciones firmantes de las enmiendas se帽alan la importancia de garantizar 鈥渆l acceso a la verdad鈥, es decir, a archivos y documentos sobre la Guerra Civil y la represi贸n franquista, tanto a personas investigadoras como a familiares de v铆ctimas de la represi贸n franquista.

Consideran que el borrador de la ley 鈥渧uelve a repetir las vaguedades de la Ley de Memoria Hist贸rica de 2007 que, lamentablemente, no aportaron ni un mayor uso de los archivos para las v铆ctimas de la represi贸n ni mayores facilidades para consultar los documentos que pueden suministrar evidencias de violaciones de los derechos humanos鈥, y por ello plantean una propuesta alternativa.

El otro asunto que preocupa a los archiveros es el punto del anteproyecto referido a los archivos presidenciales, que 鈥減retende dar carta de naturaleza a una Fundaci贸n que se crear铆a para gestionar los archivos de los presidentes constitucionales, totalmente al margen del Sistema Espa帽ol de Archivos鈥, algo que consideran 鈥渞edactado ad hoc para facilitar las cosas a la Fundaci贸n Felipe Gonz谩lez鈥, encargada de gestionar los archivos del expresidente.

Dep贸sito del Archivo General Militar de Guadalajara Patrimonio Cultural de Defensa

鈥淨ue sean accesibles de forma libre鈥

Las asociaciones firmantes proponen una alternativa al art铆culo 26 del anteproyecto de la Ley de Memoria Democr谩tica, para que los archivos relacionados con la represi贸n 鈥渟ean accesibles de forma libre, independiente de la Ley de Protecci贸n de Datos, y que en ese censo se puedan ir incorporando todos aquellos documentos que el Consejo de Memoria Democr谩tica pueda considerar de inter茅s鈥, se帽ala el presidente de la Asociaci贸n de Archiveros Espa帽oles de la Funci贸n P煤blica, Antonio Gonz谩lez Quintana, en conversaci贸n con elDiario.es.

鈥淓sta ley no parece atender las tareas urgentes que tienen los archivos por delante, es decir, facilitar un mayor acceso a los archivos y garantizar el acceso a la verdad鈥, indica Sergio G谩lvez, archivero e historiador. 鈥淗ay una contradicci贸n en el anteproyecto entre el pre谩mbulo y alg煤n art铆culo. El pre谩mbulo dice que la ley se basar谩 en recomendaciones del Consejo Internacional de Archivos y de la Unesco, lo cual est谩 muy bien porque eso ser铆a un avance en la pol铆tica de derechos humanos. La sorpresa es cuando vamos a los art铆culos. Son pr谩cticamente lo mismo que los de la Ley de Memoria de 2007 en lo referido a los archivos鈥, a帽ade.

鈥淧ongamos un ejemplo: En un expediente del a帽o 1952 aparece una direcci贸n postal de un antiguo notario. Eso implica que tienes que, como archivero anonimizar esa direcci贸n, y eso lleva tiempo, porque tienes que digitalizarlo, pasarlo a Adobe, etc. La Ley de Protecci贸n de Datos protege unos derechos, pero no hay ninguna disposici贸n que piense en los derechos humanos, contemplados por el Consejo Internacional de Archivos, que se帽ala que hay que garantizar el acceso a cuestiones vinculadas a cr铆menes de lesa humanidad鈥, prosigue.

Creemos que la situaci贸n de la Fundaci贸n Felipe Gonz谩lez es lo que ha generado este punto final del borrador de la ley, al que nos oponemos.

Necesidad de m谩s recursos

G谩lvez subraya que hay que 鈥渋ncluir la pol铆tica de archivos en primera l铆nea de la agenda pol铆tica de este pa铆s, porque est谩 en juego acceder al pasado y a los derechos de verdad, justicia y reparaci贸n. No hablamos de pasado, tambi茅n de presente y de futuro鈥. Se帽ala adem谩s la importancia de garantizar v铆as espec铆ficas de acceso a la informaci贸n para las v铆ctimas 鈥渆n los casos en los que se han conculcado los derechos humanos鈥.

鈥淓l Estado, si quisiera, podr铆a dotar a los archivos de los recursos precisos para que en un plazo peque帽o de tiempo se pueda normalizar una situaci贸n que actualmente evidencia el d茅ficit democr谩tico de este pa铆s. Es una cuesti贸n de voluntad pol铆tica鈥, a帽ade.

Otro de los obst谩culos que actualmente dificultan el acceso a la informaci贸n es la falta de capacidad que hay en la red de archivos. As铆 lo denuncia Henar Alonso, archivera en el Archivo General de 脕vila: 鈥淣o hay capacidad ni material ni humana para gestionar y procesar toda la documentaci贸n que tenemos, sobre todo en los archivos judiciales militares鈥.

鈥淣os preguntan mucho por desaparecidos del bando republicano. De los republicanos no tenemos ni las listas ni los expedientes clasificados como los tenemos de los integrantes del bando sublevado, porque durante el franquismo se sobrevalor贸 la informaci贸n referida al bando propio y se escondi贸 la del bando republicano. Por lo tanto es mucho m谩s dif铆cil. Es informaci贸n que o no tenemos, o no est谩 bien descrita de origen, o ni siquiera hemos abierto las cajas donde puede estar鈥, explica Alonso.

Los archiveros consultados por elDiario.es coinciden en se帽alar la necesidad de una Ley General de Archivos, que regule todo lo referido a los mismos, y que se derogue la Ley de Secretos Oficiales, aprobada durante el franquismo. 

Archivos recopilados por la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica ARMH

Los archivos presidenciales

En las enmiendas presentadas, las 48 asociaciones proponen que se anule el punto del borrador de la Ley de Memoria referido a los archivos presidenciales. 鈥淐ontiene una falta de criterio archiv铆stico e incluso democr谩tico鈥, denuncia Santiago Saborido.

鈥淣o puede ser que los archivos de la mayor autoridad de nuestro sistema democr谩tico, el presidente, no vayan al sistema estatal correspondiente y se queden en manos de terceras personas del partido pol铆tico de turno, o de los sucesores de 茅stos鈥, comenta. 鈥淓stados Unidos, en ese sentido, es un ejemplo. Tiene un sistema de archivos presidenciales que contempla que se incluya hasta la llamada telef贸nica m谩s balad铆 o el 煤ltimo e-mail, y que est茅 custodiado en archivos p煤blicos鈥, se帽ala.

鈥淟a disposici贸n final sobre archivos presidenciales del borrador de la ley parece destinada b谩sicamente a resolver el problema legal de la Fundaci贸n Felipe Gonz谩lez, que es un problema serio鈥, apunta Sergio G谩lvez. 鈥淓l problema de esa Fundaci贸n es c贸mo se mont贸: Gonz谩lez se llev贸 los documentos de la Moncloa a diferentes ubicaciones que no conocemos. Es decir, en vez de que el Archivo Central del Ministerio de Presidencia se hiciera cargo de ellos, los tuvo retenidos. Y luego en la Fundaci贸n fueron public谩ndolos poco a poco. Esto vulnera toda la Ley de Patrimonio y la normativa de archivos, y podr铆a hasta incurrir en delitos tipificados en el C贸digo Penal. Es grave. Creemos que la situaci贸n de la Fundaci贸n Felipe Gonz谩lez es lo que ha generado esta disposici贸n final鈥, indica.

鈥淧lanteamos eliminar la Disposici贸n final s茅ptima, que articula mediante una Fundaci贸n p煤blica un incumplimiento de lo establecido en la Ley de Patrimonio Hist贸rico Espa帽ol. En democracia, la muerte de un presidente no puede ser un criterio sobre la documentaci贸n de su cargo p煤blico鈥, a帽ade Gonz谩lez Quintana.

鈥淣os oponemos a su inclusi贸n en la ley porque, de aprobarse, vendr铆a a avalar el expolio que pudieran haber cometido los expresidentes que se hubieran apropiado ilegalmente de la documentaci贸n producida como consecuencia del ejercicio de su funci贸n presidencial, incumpliendo as铆 gravemente lo estipulado en el art铆culo 54 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Hist贸rico Espa帽ol鈥, indican los 48 colectivos firmantes de las enmiendas presentadas.




Fuente: Memorialibertaria.org