El BOE del 23 de diciembre, amén de todo el jaleo escenificado y preelectoral que se han montado los del gobierno más progre de la historia y sus opositores más carcas de los últimos milenios, nos ha traído otros regalitos que, como de costumbre, pasan desapercibidos al personal.

El primero tiene que ver con esa ansia punitiva del poder y sus aspirantes, sean estos del PSOE y sus apoyos o del PP y los suyos, y en concreto lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta, que avanza un grado al hacer punible la protesta noviolenta de forma bastante explícita.

El artículo 557 bis ahora votado en el parlamento, como tantos otros, mantiene ciertos conceptos indeterminados, de forma que su interpretación puede ir de la falta de reproche al reproche sin falta, pero no hay nada como dar leña a un juez pirómano para que se monte un incendio, como hemos visto tantas veces en la experiencia del día a día.

Pero el regalito no sería completo si no nos referimos al segundo bombón envenenado con el que nos hemos indigestado en el desayuno.

Un regalo de 7,4 millones de euros para defensa desde el Ministerio de Trabajo

Vayamos al apartado III o«tras disposiciones» del BOE (puede consultarse pinchando aquí):

Se trata de un convenio (es decir, uno más de los más de 130 que llevamos suscritos entre defensa y diversos organismos en 2022) entre «el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., y el Ministerio de Defensa para la formación profesional para el empleo de los militares de tropa y marinería que mantienen una relación de servicios de carácter temporal con las Fuerzas Armadas y el colectivo de reservistas de especial disponibilidad de la categoría de tropa y marinería».

El convenio tiene como fin (Cláusula 1) « es canalizar las subvenciones que concede el Servicio Público de Empleo Estatal al Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), para la realización de acciones de formación profesional para el empleo que mejoren la cualificación y complementen los perfiles profesionales para la reincorporación al mundo laboral civil de los militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal y reservistas de especial disponibilidad de la categoría de tropa y marinería».

Apunten el dato: el SEPE subvenciona a Defensa. ¿No debe computarse esta partida como una porción más del gasto militar? Por más que miro los fulgurantes informes todocolor de algunas entidades célebres por informar del gasto militar, de esto (y de muchos más gastos tan evidentes como rastreables en el BOE y otros documentos oficiales igualmente accesibles) no dicen ni pío. ¿Será que no leen el BOE?

Pelillos a la mar. Vayamos al tema. Defensa es subvencionada por el SEPE para mejorar la empleabilidad de los militares de cara a su reincorporación al mundo laboral, precisamente algo que los militares de más de 45 años y sus sindicatos dicen que no ocurre y que los pobrecillos merecen seguir en el ejército porque acabado su contrato se quedan en la calle (algo que, dicho sea de paso, tampoco ocurre; primero, porque cuentan con un emolumento de la reserva y, segundo, porque el papanatismo de nuestros parlamentarios acompaña la reivindicación «sindical» de estos militares y ha arbitrado medidas para seguir alimentando el engendro).

La formación que se contempla es presencial, semipresencial y mediopensionista, ósea, a la carta y en centros militares que no necesitarán de una habilitación especial (es decir, se permite eximir de esta) y se destinará a «. . . tanto los militares profesionales de tropa y marinería con relación de servicios de carácter temporal como el personal de militares de tropa y marinería en situación de reservistas de especial disponibilidad» (clausula 3.3) La subvención del SEPE a Defensa se podrá también usar para cursos de formación de formadores (Cláusula 3.4) y «los costes de elaboración de estos recursos en los gastos a justificar por la ejecución de la actividad formativa objeto del convenio con cargo a la subvención concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal» (3.5).

Vamos a lo que tiene enjundia, la financiación.

¿cuánto se van a calzar en 2022 (porque la subvención se dará en 2023 se supone para cubrir la «formación» de 2022)?

La cláusula cuarta nos lo dice. Es una cláusula muy farragosa, pero les voy a ahorrar la lectura.

Dice, después de mucha hojarasca, que siete millones cuatrocientos mil euros, que se financian con cargo a la aplicación 19.101.000-X.401 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio de 2022

Más dinero por otras fuentes para el mismo fin

Esta cantidad además «será compatible con aquellas que se puedan percibir para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales».

Ojo al parche: además de los 7,4 milloncetes que se llevan (al menos) al año para «acciones formativas» pueden tener (de hecho, tienen y veremos si las podemos sacar a la luz en fechas posteriores) subvenciones para lo mismo de otras administraciones o entes privados e incluso de la Unión Europea.

¿Podría alguno de esos comprometidos diputados nuestros tener la delicadeza de preguntarles para que se haga público qué otras subvenciones, ayudas o como quieran disfrazarlas percibe Defensa para este tipo de acciones? ¿No justificaría una pregunta, aunque sólo sea para romper la monotonía de las aburridas sesiones de la comisión de defensa y aplausos que se tiene montado el parlamento?

En nuestra estimación de gasto militar 2022 ya hablábamos de la existencia de esta subvención y consignamos el importe estimado que coincide con lo ahora conveniado. No es que seamos unos genios, es que nos miramos los papeles, cosa conveniente cuando de dar datos estimados se trata.

Otros convenios de Defensa.

Durante 2022 Defensa ha firmado 146 convenios (falta una semana aún para cerrar el año y no podemos descartar la firma de otros cuantos más) con diversas entidades privadas y públicas.

Puede consultarse el listado de convenios aquí

Defensa no descansa ni en navidades. No se olviden y prepárense para lo que nos resta por conocer a lo largo de esta semana.

América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”. ️️El comité de empresa informa 1 abril, 2021 por Publicación Abierta Indymedia flyer contra campaña 2021 territorio perú agitación contra campaña politica territorio perú Publicado en Foto, Internacionales PrevPANORAMA DE LAS RECUPERADAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Deja un comentario Conectado como Publicación Abierta Indymedia. ¿Querés salir? 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