December 22, 2020
De parte de SAS Madrid
158 puntos de vista


Beatriz Cano Bombín tiene 71 años y ha atravesado la pandemia dentro del Centro de Atención a Personas Mayores de Usera (Madrid), gestionado por el fondo de inversión DomusVi. Vive en esta residencia desde hace 11 años y afirma que “detrás de cada plaza hay un drama personal”. Pasó la primera ola aislada, como todos los residentes en España y hoy, tras la aparición de diferentes protocolos para ir flexibilizando las salidas, sólo puede pasear fuera de las dependencias del geriátrico una hora dos veces a la semana.

“De lunes a jueves, de 11 a 14 y de 16 a 19. Y si quiero salir en fin de semana, ¿qué pasa? Y si quiero irme a andar a las 8 de la mañana nada más despertarme, ¿qué pasa? ¿Ves alguna lógica a que no sea yo la que decida en qué hora puedo salir?”, se queja al otro lado del teléfono. Además, no puede alejarse de las rejas del centro. “Yo mentalmente estoy estupendamente, físicamente no tanto. Y me siento como en una jaula. En una cárcel tendría más derechos”, se queja.

“Aquí la comida no me gusta y yo además necesito una dieta especial. Soy vegana e intolerante a la lactosa. Estuve dos días sin comer”, denuncia

Beatriz no tiene anticuerpos y ha dado negativo al covid-19 hasta en cuatro ocasiones. Es consciente de que vive en una comunidad con personas de riesgo, pero pide flexibilizar su día a día siguiendo las medidas de precaución “que sigue todo el mundo con distancias de seguridad, mascarilla y gel”. Además, su lucha por salir persigue un objetivo más alto: poder alimentarse. Es vegana, tiene problemas de colesterol, osteoporosis y presenta intolerancia a la lactosa. Hasta ahora siempre había seguido una dieta especial que le enviaban supermercados y restaurantes hasta la puerta de la residencia. Pero en verano, y con la excusa de la pandemia, afirma que el director prohibió esta práctica. “Aquí la comida no me gusta y yo además necesito una dieta especial. Estuve dos días sin comer”, denuncia. Por ello elevó una queja hasta la Junta Municipal de Usera. 

“La libre circulación de personas es un derecho. Si me puedo contagiar en la calle, me puedo contagiar aquí. El covid puede entrar a lomos de los trabajadores. Yo no me junto con los residentes y a día de hoy no me he contagiado. Si estás viendo que me cuido, qué menos que hablar conmigo para negociar mis salidas”, se queja enviando un mensaje a la dirección del centro. Mientras atiende a El Salto, mueve folios y prepara una demanda porque considera que se está vulnerando este derecho.

A vueltas con los protocolos

La Comunidad de Madrid ha ido actualizando los protocolos que rigen las visitas y las salidas de las residencias a medida que iban cambiando las circunstancias epidemiológicas. El último es del 26 de noviembre y recoge que, en una situación como la actual (más de 80 casos por cada 10.000 habitantes) los residentes que son inmunes pueden salir libremente y los que no lo son tienen las salidas más limitadas. En las residencias con nivel de inmunidad medio, como es el caso de la de Beatriz, estas deben ser “de corta duración (inferior a una hora y no más de dos salidas a la semana) y en los alrededores del centro”.

“Protección es que medicalices la residencia, que tomes medidas que cuestan dinero. La residencia sigue sin estar medicalizada y si hay un brote puede volver a pasar lo de la primera ola. Pero prohibirnos salir no cuesta nada, es gratis”

“Con estas medidas vienen a protegernos. Pero protección es que medicalices la residencia, que tomes medidas. Protección son EPI para los trabajadores, eso es tomar medidas. Pero estas cuestan dinero. La residencia sigue sin estar medicalizada y si hay un brote puede volver a pasar lo de la primera ola. Pero prohibirnos salir no cuesta nada, es gratis”, advierte.

“Lo que estamos observando es que las guías y los protocolos sí tienen por objetivo flexibilizar el régimen de visitas pero el margen de discrecionalidad que tienen los centros es alto y están siendo excesivamente restrictivo. El caso de Beatriz parece evidenciar esta situación”, explica Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, quienes publicaban recientemente una investigación sobre los mayores en las residencias de Madrid y Catalunya, que acumulan la mitad de decesos en geriátricos durante la pandemia. En ella documentan hasta cinco violaciones de derechos humanos. El derecho a la vida privada y familiar es uno de ellos.

Canales celebra la aparición de protocolos que flexibilizan la vida de los residentes, pero pide que las comunidades realicen inspecciones para comprobar cómo se están implementando. “Se ha llegado al consenso de que el aislamiento al 100% no es lo adecuado por todo el impacto a nivel anímico y emocional que acarrea, pero pedimos más supervisión para asegurar que estos regímenes de visitas y salidas cumplen con los estándares internacionales y permiten el disfrute de las relaciones familiares y sociales”, advierte el investigador. “Beatriz tiene la suerte de poder decidir por ella misma, de poder reclamar. Pero no todos los residentes pueden hacerlo”, alerta.

Hacer piña para vigilar los protocolos

“Hemos conseguido que se cumplan los protocolos de visitas y salidas en unas 10 pero no podemos llegar a las 465 residencias que hay en Madrid. Imagínate cuanta gente se queda sin ver a los mayores”. Laura Espallardo es hija de una residente del geriátrico Vitalia Home de Leganés (Madrid) y ha hecho piña junto con otros familiares para crear la Unión Residencias Leganés (URL). Juntas vigilan la situación de cada centro y confirman que se cumplan las medidas tal y como vienen en los protocolos, “pues no siempre se hace así y suelen tirar a ser más restrictivas”, asegura.

“Aún hay residentes que no han visto a ningún familiar desde marzo. En las residencias los protocolos se los están saltando continuamente”

“Aún hay residentes que no han visto a ningún familiar desde marzo. En las residencias los protocolos se los están saltando continuamente”, prosigue, mientras asegura que desde su asociación hacen presión para que esto no pase. “Si hay un grupo de familiares que están detrás, nos conocemos los protocolos y tenemos contacto con las instituciones, como es nuestro caso, al final las residencias reculan”, asegura.

Para tal fin desde URL mantienen reuniones periódicas con el director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Martínez Peromingo, quien ocupa su plaza desde la reestructuración que sucedió en el área. El pasado dos de octubre dimitía el consejero de Políticas Sociales, máximo responsable de las residencias, Alberto Reyero (Cs), y previamente habían dimitido tres cargos del área. Reyero, quien llegaba a esta cartera a través del acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y PP, denunció en repetidas ocasiones durante la pandemia que las residencias no se estaban medicalizando, pese a la versión del gobierno regional, capitaneado por el PP.

“Entiendo que tenga que haber unas normas, pero muchos no se van a morir de covid, se van a morir de pena y de depresión. Algunos de ellos llevan más tiempo en confinamiento que cualquiera de nosotras

“Entiendo que tenga que haber unas normas, pero muchos no se van a morir de covid, se van a morir de pena y de depresión. Algunos de ellos llevan más tiempo en confinamiento que cualquiera de nosotras”, advierte Espallardo, mientras celebra que, gracias al último protocolo y a la presión que realizaron sobre Vitalia Home Leganés, hoy ya puede tocar a su madre.

Además, durante estas navidades, un nuevo protocolo permitirá a los mayores inmunes salir libremente “sin más limitaciones que las dispuestas para la población general y las que cada centro disponga a efectos organizativos”. Los residentes que no son inmunes podrán salir, pero se les imponen más barreras. “Nos castigan por cuidarnos y no contagiarnos”, ironiza Beatriz. “En el yoga dicen que no se puede empujar al río, pues yo empujo al río y con un poco de suerte se moverá. Y no voy a parar hasta conseguir más libertad”, concluye.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (22/12/2020).




Fuente: Sasmadrid.org