LA
HAINE – 10/02/2022

  Aportado a este blog por
PRAKTIKA

¿Por nuestra salud?
Sobre la gestión oficial del Covid-19

No, no son por nuestra
salud medidas que, disfrazadas de “salud pública” han
cronificado el pánico, destruido empleos, incrementado la pobreza y
cercenado derechos

Cuando hace 12 años
colaboramos en la edición del
libro con este título, teníamos claro que aquello que los
políticos nos prometían era falso. Con el tiempo, hasta aquella
“izquierda institucional” que guardó silencio mientras la
sanidad madrileña sufría la agresión más grave de su historia y
nos equiparaba con los “talibanes”, acabó reconociendo -en
privado- que lo que habíamos denunciado en aquel momento se había
quedado incluso corto. Desgraciadamente, el desmantelamiento y
privatización se produjeron mientras parte de la población y la
inmensa mayoría de los trabajadores del sector miraban hacia otro
lado. En gran parte, la situación actual de colapso del sistema
sanitario es resultado de aquellas políticas, por cierto, legales
mientras el gobierno central mantenga las leyes que las sustentan.

Hoy una década después,
podemos afirmar que tampoco son por nuestra salud las medidas que el
tándem políticos-industria farmacéutica han tomado en estos
dos últimos años. La inoculación cuasiobligatoria de medicamentos
con permiso de emergencia; los encierros y confinamientos;
las mascarillas (ahora sí, ahora no) en exteriores; los pasaportes
Covid; el pacto de silencio respecto a lo ocurrido en las
residencias-apartheid de nuestros mayores; la virtualización y
jibarización del sistema sanitario; la prohibición en la práctica
de la aplicación de tratamientos tempranos -que parecen haber
funcionado en otras zonas del planeta–; el trasvase de miles de
millones de € –que pagaremos como deuda– hacia los bolsillos de
los de siempre en lugar de hacia el sistema sanitario, etc., no han
incidido positivamente en la salud de la población, sino al
contrario. Durante estos dos largos años de “crisis sanitaria”
han pasado cosas impensables antes, y como apunta Romeo
Quijano, “en Covid-19 no sólo se pierde el sentido del olfato,
sino también el sentido común”. Ese sentido que se perdió en las
últimas semanas de abril de 2020 cuando recibimos una llamada de uno
de los técnicos cercanos al equipo de Fernando Simón, anunciándonos
que habían sido convocados…para comunicarles que las decisiones
dejaban de ser técnicas desde ese momento, hecho este corroborado
con posterioridad
y que nos vimos obligados a silenciar por razones obvias.

No, no son por nuestra
salud las medidas que, disfrazadas de “salud pública” –apoyadas
por todos los partidos del aparato del Estado–, han cronificado el
pánico, destruido miles de empleos, incrementado la pobreza
–mientras se ha concentrado la riqueza en unas decenas de
empresas–, y se han cercenado derechos fundamentales. Nunca el
Estado se ha preocupado por la omnipresencia de todo tipo de tóxicos
ambientales, residuos de pesticidas, plásticos, disruptores
endocrinos, o de medicamentos en los alimentos, el medio ambiente, el
agua y el aire. Nunca se ha actuado, pese a estar identificados,
contra los productores de enfermedad: industria del tabaco y del
azúcar, de los alimentos procesados,…aquellos que son el origen de
las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, de los cánceres,
etc., y que representan una gran parte de la mortalidad. Así, la
deficiente
alimentación derivada del modelo agroindustrial podría ser
responsable del 36% de las muertes en Francia, directa o
indirectamente, de las cuales el 10% se deben a cánceres atribuibles
a los pesticidas. Todos estos elementos producen millones de muertos
desde hace décadas entre la población,…mientras los servicios de
salud pública estatales han mirado para otro lado. Definitivamente
no les interesa nuestra salud. Estas medidas liberticidas disfrazadas
de “salud pública” no nos protegen. Es más bien biofascismo.

Ya es evidente que las
inoculaciones no han cosechado los resultados que nos habían
anunciado. Desde Biden a Fauci –replicados obedientemente por sus
aprendices españoles–, se nos prometió que no enfermaríamos, no
ingresaríamos en la UCI, no nos contagiaríamos y no contagiaríamos
a nuestros cercanos. Hoy la realidad es otra. Los alumnos aplicados
como Israel están sufriendo en estos días, mientras aplican la
cuarta dosis, las cifras más
elevadas de contagios y mortalidad, y curiosamente han decidido
abandonar el EuroMomo. Aunque los inoculados con tres dosis siguen
ingresando en los hospitales, Países Bajos anuncia ya seis
dosis en una carrera quizás por superar a Israel. Mientras, uno
de los creadores de la vacuna de Astra Zeneca advierte de que no
podemos vacunar al planeta cada seis
meses. Curioso que comiencen a aparecer noticias sobre
incrementos de mortalidad no esperable en países con amplios
sectores de población inoculados, y los gobiernos no investiguen. No
obstante, se continua con la letanía del vacúnate, vacúnate.

Ya comienzan a aparecer
estudios que dejan entrever la posibilidad de que incluso los
vacunados tengan más
probabilidades de contagiarse con las nuevas variantes. Los datos
de efectos
adversos, a pesar de ser ocultados por los medios de propaganda,
ya son incuestionables: en un año más
fallecimientos que en 30 años el resto de las demás vacunas
juntas. Eso sin contar con que los sistemas de vigilancia de VAERS o
EudroVigilance solo recogen entre el 1-10 % de los efectos adversos
en el mejor de los casos. Los propios sistemas de vigilancia de los
servicios de epidemiología del ejército de EEUU (DMED) alertan de
un aumento
astronómico en varias enfermedades graves, entre ellas abortos
espontáneos, cáncer y otras
afecciones médicas. En el denominado “escandalo Vioxx” se
pudieron producir alrededor de 500.000
o más muertes prematuras en Estados Unidos, en los 5 años de uso
generalizado entre los ancianos, una cifra considerablemente mayor
que las 3.468 reconocidas por Merck durante el acuerdo de su demanda.

Respecto a los posibles
daños, como la “potenciación dependiente de anticuerpos”, que
las inoculaciones pueden producir en el sistema inmunológico, esto
fue probado hace pocos años con la vacuna de tecnología de
ingeniería genética contra el dengue
(Dengvaxia, Sanofi-Pasteur), lanzada en base a afirmaciones de
seguridad y eficacia del fabricante –sin contrastar por técnicos
independientes–. Este debilitamiento del sistema inmunitario puede
estar en la base de la explicación del aumento en la incidencia de
enfermedades graves tras la vacunación de los niños en comparación
con la incidencia en ausencia de vacunación. Además, muchas de
estas enfermedades pueden manifestarse mucho más tarde y, para
entonces, es prácticamente imposible demostrar su relación.

Eso sí, lo que no cesa
es la campaña de los medios de propaganda y la censura a los
disidentes. Ya nos advirtió hace décadas Marschal Mc.Luhan sobre la
capacidad de los medios de formación de masas para poner los focos
en un determinado lugar y dejar el resto en penumbra. Lo que no
alcanzó a conocer Mc.Luhan fue la explosión de “verificadores”,
en nómina de los mismos que nos venden las pócimas y controlan los
medios de propaganda, que han decidido enviar al pozo de los
apestados a relevantes científicos como Doshi, Ioannidis, Acevedo,
Vanden Bossche, Montaigner, Wodarg, Sunetra Gupta, Yeadon,
McCullough…y por ende a los más de 60.000 médicos firmantes de la
declaración de Great
Barrington, mientras se eleva a los tertulianos a la categoría
de sabelotodo. En el estado español, La Sexta ha llegado a calificar
a Joan Ramon Laporte, experto internacional en farmacovigilancia, de
negacionista
tras su intervención en
la Comisión de investigación sobre las “vacunas” Covid-19 en el
Congreso.

Todo lo anterior no
acumula suficientes pruebas para que la izquierda despierte. El que
se difame a quienes mantienen posturas criticas con la gestión de la
sindemia; que la carga de la prueba recaiga en los críticos o las
víctimas, en lugar de en las farmacéuticas que han firmado acuerdos
secretos con los gobiernos, además de eximirse de cualquier
responsabilidad; que se habilitara en apenas 48 horas la utilización
de la RT-PCR en base a una publicación no
revisada por pares y con evidentes conflictos de interés de sus
firmantes; que Fauci tardara meses en reconocer que las PCR arrojaban
falsos
positivos; que se haya demostrado la falsificación
de datos en el ensayo de Pfizer…¿Por qué la izquierda acepta
esas diferentes varas de medir?

En estos dos años el
debate científico serio ha sido prohibido de facto. Tiene que haber
una explicación del silencio y la aceptación de todas las medidas
liberticidas. ¿puede el miedo explicarlo todo? Para aquellos que
estuvieron en primera línea –con el desgaste personal que
conlleva– ¿es imposible reconocer que con el pánico inicial
aceptaste medidas arbitrarias no valoradas por investigadores
neutrales?

Esto es lo que ocurre
cuando la sanidad se rige por las fuerzas del mercado y no por las
necesidades reales de salud de las personas: el principio de
precaución es enterrado en la primera cuneta. Los sistemas
sanitarios están secuestrados por los intereses corporativos, de
forma que se ha demostrado que el “primum non nocere” no
estaba precisamente en la mente de quienes impulsaron el experimento
inoculatorio. Es urgente e indispensable, nos va la vida en ello,
luchar por una movilización masiva, transversal en base a la idea de
un sistema sanitario al margen del lucro y para todxs.

★

LOS
DE ABAJO A LA IZQUIERDA – 13/02/2022

Intervención de
Joan-Ramón Laporte en la Comisión de Investigación de las Vacunas

Señorías:

Agradezco a esta Comisión
su invitación a comparecer para comentar aspectos relativos a la
campaña de vacunación contra la covid-19 en España.

En primer lugar, me
presentaré. Inicié la Farmacovigilancia en España y el Servicio
Español de Farmacovigilancia en los años ochenta, fui director del
centro coordinador del Servicio Español de Farmacovigilancia miembro
de la Comisión Nacional de Servicio Español de Farmacovigilancia
hasta la creación de la Asociación Española del Medicamento y
Productos Sanitarios en 1999, y desde esta fecha hasta la actualidad
he sido experto externo de esta institución (durante un tiempo
miembro de su consejo asesor). Fui presidente del Comité de
Medicamentos Esenciales de la OMS en 2004. He publicado más de 250
trabajos originales de investigación en farmacología clínica,
farmacovigilancia y farmacoepidemiología, y dirigí el Centro
Colaborador de la OMS en FE hasta 2017. En la actualidad soy también
experto externo de la EMA, en materia de farmacovigilancia y formo
parte del Comité Científico del GIS EPI-PHARE de la Agencia
Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Salud de Francia.

No tengo conflictos de
intereses relacionados con la industria farmacéutica o de productos
sanitarios.

Se me ha convocado a
opinar sobre «problemas y dificultades que se hayan producido hasta
la fecha en el proceso de vacunación, y en la aplicación por parte
de las administraciones públicas competentes de la Estrategia de
vacunación frente a la COVID-19 en España y sus posteriores
actualizaciones».

He podido escuchar gran
parte de las comparecencias ante esta Comisión, y he pensado que
puedo aportar comentarios sobre tres cuestiones:

• La farmacovigilancia
de las vacunas y el papel de las agencias reguladoras (la AEMPS en
España y la EMA en la UE),

• algunos aspectos de
la campaña de vacunación y

• derechos de propiedad
intelectual sobre las vacunas.

PRIMERO:
Farmacovigilancia, AEMPS y EMA

En materia de
farmacovigilancia, los comparecientes en esta Comisión
representantes de la AEMPS han descrito los complejos procedimientos
y mecanismos de coordinación que han desarrollado para hacer frente
a la epidemia de SARS-CoV-2: reuniones, coordinación entre
diferentes organismos de la administración, con otros estados
miembros de la UE y la EMA, y con las CCAA. Procedimientos, pero
escasos resultados, se si exceptúan los relativos a la alta tasa de
vacunación alcanzada.

Análogamente, los
Informes de Farmacovigilancia de la AEMPS (el último, el 12º,
publicado el 26 de enero de 2022, informan de más de 55.000
notificaciones de efectos adversos hasta el 9 de enero de 2022. De
estas, 375 tuvieron desenlace mortal, y más de 11.000 fueron
calificadas como graves, (cito) «entendiéndose como tal cualquier
acontecimiento adverso que requiera o prolongue la hospitalización,
dé lugar a una discapacidad significativa o persistente, o a una
malformación congénita, ponga en peligro la vida o resulte mortal,
así como cualquier otra condición que se considere clínicamente
significativa» (fin de la cita).

La publicación de estos
datos puede ser vista como un ejercicio de transparencia, pero la
realidad es que a falta de detalles son difícilmente interpretables.

Por ejemplo, a pesar de
que en esta fecha se estaba iniciando la vacunación infantil y de
adolescentes, y de que se citan 872 efectos adversos en menores de 20
años, el Informe no comenta los casos en este grupo de edad,
precisamente el que concita mayores incertidumbres sobre la
conveniencia de la vacunación.

La transparencia no
consiste solamente en subir informes técnicos a la web (que
también), sino en iluminar, en ayudar a dirigir la mirada y ayudar a
comprender. De lo contrario, se siembra el terreno para que
proliferen la desconfianza y las suspicacias. Quién sabe si por una
intención de esconder la información en una montaña de datos, o
quizá porque se entiende (equivocadamente) que esta Comisión no es
el foro para debatir cuestiones técnicas, este tipo de datos no ha
sido presentado ante Sus Señorías, de modo que la propia Comisión
no ha tenido la oportunidad de preguntar sobre el uso que se hace de
ellos.

Señorías, les quiero
comentar algunas cuestiones técnicas que puede entender cualquier
ciudadano, que creo que les pueden ser útiles.

Doce consideraciones

1 • Las primeras
vacunas disponibles contra la covid-19 en España, y las más
utilizadas hasta el día de hoy, han sido Comirnaty de Pfizer (54M
dosis hasta el pasado 9 de enero) y Spikevax de Moderna (14 M dosis).
Estas dos vacunas se basan en una nueva tecnología. Así como las
vacunas tradicionales son gérmenes atenuados o porciones de ellos
que estimulan el sistema inmunitario, las vacunas de ARN mensajero
introducen un ácido nucleico que da instrucciones a células de la
persona vacunada para que fabrique una proteína del virus (la spike
protein), que a su vez estimulará el sistema inmunitario. Conviene
recordar que el DRAE define una vacuna como (cito) «preparado de
antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta
de defensa». Según esta definición, las llamadas vacunas de Pfizer
y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una
tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora, y menos en
campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un gran
experimento global, sin precedentes en la historia.

2 • Los
resultados de los primeros EC sobre las vacunas de Pfizer y de
Moderna, publicados en diciembre de 2020, mostraron valores de
eficacia preventiva de 90% o más. Parecían convincentes, y el mundo
comenzó a respirar (nunca mejor dicho) con la perspectiva de las
vacunas, y a suspirar por ellas. Pero debíamos ser conscientes de
que entrábamos en un experimento preventivo vacunal global, por su
extensión y por la nueva tecnología que entrañaba.

Un EC da información
preliminar, que debe ser comprobada en la práctica (esto es la FE).
Por ejemplo, en el EC sobre la vacuna Pfizer-BNT, de más de 43.000
participantes solo cinco fueron mayores de 85 años, y solo un 4%
mayores de 74 años. Sin embargo, como todos sabemos, la vacunación
comenzó en los mayores de 80 años; la primera persona vacunada en
España tenía 96 años.

3 • Los EC de
medicamentos y vacunas son diseñados, realizados e interpretados por
la compañía promotora. El control de calidad de los datos recogidos
también corre a cuenta del promotor, y el control de la gestión de
datos por las administraciones públicas se basa en inspecciones, que
son ocasionales. Recientemente el BMJ describió irregularidades en
el ensayo de Pfizer, conocidas como PfizerGate. El fraude es
habitual, a menudo en la catalogación y archivo de los
acontecimientos adversos. También se comete fraude en los EC sobre
vacunas.

Estoy autorizado a
contarles un ejemplo. El equipo RxISK, se autodescribe como un grupo
«de expertos médicos de alto nivel de reputación internacional en
la detección precoz de efectos adversos de medicamentos y en la
mitigación de sus riesgos, farmacovigilancia y atención de
pacientes». Fue constituido en 2012 y dirigido por el Profesor David
Healy, de la Universidad McMaster de Canadá. En colaboración con
RxISK, decía, hemos entrevistado y revisado hasta ahora la historia
clínica de tres participantes en ensayos clínicos (uno en Pfizer
adultos, uno en Pfizer pediatría y uno en el de adultos de AZ), que
han padecido efectos adversos graves e incapacitantes, y que han sido
literalmente «desaparecidos», de los informes de estos ensayos.
Puedo decir que no es cierto que no se registraran acontecimientos
adversos graves en los EC; por el contrario, comenzamos a tener
constancia de que algunos problemas fueron escondidos debajo de la
alfombra. Estos casos se harán públicos dentro de unas semanas en
la web de RxISK.

4 • En las
publicaciones de los EC se ofrecen solo datos muy generales, y de
forma agrupada. Además del fraude, también es habitual la
presentación tendenciosa de los resultados de los EC. Tendenciosidad
que consiste por ejemplo en expresar la eficacia en términos
relativos, y no absolutos. Por ejemplo, en el ensayo de Pfizer, se
registraron 162 casos de covid-19 en el grupo placebo, comparado con
8 en el grupo vacunado, una diferencia de 95% en términos relativos.
No obstante, la realidad fue que la incidencia de PCR positiva (ni
tan solo enfermedad clínica) había sido de menos de 1% en el grupo
placebo, comparado con 0,04% en el grupo vacunado, una diferencia de
menos de 0,9% en términos absolutos.

5 • O
consistente en ocultar determinados resultados en el artículo
publicado. Por ejemplo, en los EC con la vacuna Pfizer se registraron
14 muertes en el grupo placebo, y 15 en el grupo vacunado. En el de
Moderna se registró el mismo número de muertes (14) en cada grupo.
(No Señorías, los EC no han demostrado que las vacunas salven
vidas). El número de fallecimientos registrados en cada grupo no fue
ni tan solo mencionado en sendos artículos publicados en el NEJM, y
solo se podía encontrar después de revisar decenas de páginas del
material suplementario.

6 • No dispongo
del tiempo necesario para aburrirles extendiéndome en otros
detalles. Pero les aseguro que los resultados de los EC promovidos
por las compañías farmacéuticas deben ser considerados más bien
como indicios, y de ningún modo como «evidencias». Según el DRAE,
es «evidente» lo que es «cierto, claro, patente y sin la menor
duda». Triste ironía, que expertos y dirigentes de instituciones
sanitarias sigan insistiendo en evidencias ante una enfermedad nueva
y por tanto poco conocida, imprevisible en su evolución epidémica y
en las secuelas que va a dejar. Las llamadas evidencias sobre las
vacunas no tenían nada de cierto, nada de claro, y, sí, muchas
patentes.

En cualquier caso, los
resultados obtenidos en cualquier EC deben ser revisados con detalle
por expertos en la materia, lo que requiere tiempo, sin duda, pero
también transparencia. Pfizer, por ejemplo, anunció que haría
pública la totalidad de los resultados de su EC principal sobre la
vacuna en 2025. Pues bien, parece que ni esta fecha era cierta. El
pasado mes de enero, a petición de varias organizaciones civiles por
la transparencia, un juez federal de EEUU obligó a la FDA y Pfizer a
hacer públicos estos resultados en un lapso de meses, en lugar de
los 75 años que pretendía la compañía y que había pactado con la
FDA.

7 • Además, los
resultados de los EC deben ser confirmados por la práctica, y esto
requiere un muy cuidadoso seguimiento epidemiológico del experimento
global de la vacunación contra la covid-19. De ahí la necesidad de
la farmacovigilancia. A pesar de los resultados aparentemente
optimistas de los EC sobre las vacunas contra la covid-19, había en
enero de 2021 por lo menos cinco áreas de incertidumbre:

– Duración. Disminución
de 20-30% de la eficacia relativa en 6 meses. En lugar de tomar nota
de esta insuficiencia de las vacunas, los fabricantes acogieron esta
noticia con subidas de su cotización en bolsa: si el producto es
ineficaz, habrá que ir repitiendo dosis, si es posible durante toda
la vida, el sueño de cualquier vendedor de medicamentos para el
colesterol o la osteoporosis, o de crecepelos. La realidad es que
necesitamos mejores vacunas, en términos de eficacia protectora.

– Variantes. La eficacia
de las vacunas frente a la cepa Delta fue inferior a su eficacia
frente a la cepa Alfa. La experiencia reciente ha mostrado que las
vacunas no han funcionado frente a la cepa Omicron.

Por ejemplo, los datos
oficiales reproducidos por el Prof. Luis Carlos Silva relativos a
Cataluña muestran que entre el 23/12 y el 12/01/22, se registraron
37.200 diagnósticos de covid-19 por PCR en personas vacunadas, y
30.350 en no vacunadas.

8 • ¿Evitan la
transmisión o contagio? Está claro que las vacunas no evitan la
transmisión de la enfermedad, de modo que el pasaporte o certificado
COVID carecía de base científica, y además puede haber contribuido
a aumentar el número de casos, puesto que daba una falsa sensación
de seguridad a quienes lo obtenían.

9 • Efectos
adversos.

– Ejemplo trombosis.
Respuesta deplorable de EMA. Señal a finales de enero. PRAC se reúne
a principios de marzo. Rueda de Prensa 31 de marzo: los responsables
de FV afirmaron que no disponían ni tan siquiera de cifras de
vacunación por edad y sexo en los estados miembros. Además, se
insistía en baja incidencia, sin distinguir la real de la
notificada. Infranotificación: Cataluña 1/1 a 18/4 2021: 53
notificados vs 540 en bases de datos sanitarias. No más con AZ que
con Pfizer o Moderna.

– Miocarditis y
pericarditis. Al igual que con las trombosis, las estimaciones de
incidencia han ido subiendo. Problemas cardíacos en atletas,
jugadores de futbol y espectadores vacunados. Acceso a escala global.
D Fernando Lamata.

10 • Por otra
parte, el seguimiento de la seguridad de las vacunas ha puesto de
manifiesto las deficiencias de la farmacovigilancia en la Unión
Europea. La EMA ha reaccionado tarde y de manera paquidérmica e
insuficiente ante las señales de efectos indeseados que han ido
surgiendo y sus vacilaciones no han ayudado a las autoridades de los
estados miembros a orientar la campaña de vacunación según los
resultados obtenidos. Han prevalecido los procedimientos y la
burocracia por encima de la ciencia, el sentido común y la atención
a las incertidumbres inherentes al experimento global emprendido.

11 • No se trata
(solamente) de un incidente o de la ineptitud de algún funcionario.
La EMA, financiada en más de un 80% con las tasas aportadas por las
compañías farmacéuticas, está concebida para autorizar la
comercialización de medicamentos y vacunas, pero no para interactuar
con los sistemas sanitarios de los estados miembros.

La pandemia ha hecho
evidente que la legislación europea sobre farmacovigilancia, basada
en la notificación voluntaria y en planes de gestión de riesgos
desarrollados por las propias compañías fabricantes, está más
concebida para proteger a estas últimas que para proteger a los
ciudadanos.

12 • En este
contexto, quisiera comentar también el escaso uso que se ha hecho de
las bases de datos sanitarias en España, para hacer un seguimiento
de la vacunación y de sus efectos beneficiosos e indeseados en el
contexto de la epidemia. Probablemente no se trata solo una
oportunidad desaprovechada y perdida, sino más bien del reflejo de
la falta de voluntad del sistema nacional de salud para ser un
verdadero productor de conocimiento, y no un mero receptor pasivo de
mensajes de clara intencionalidad comercial, un comprador ignorante
de tecnología, que a menudo paga humo a precio de oro. La pandemia
también ha puesto en evidencia la existencia de un enorme mercado de
explotación de bases de datos sanitarias para estudios
epidemiológicos, canalizado por la EMA de manera no democrática,
incluso colonialista, en connivencia con centros universitarios
«adictos».

SEGUNDO: Campaña de
vacunación

• Residencias. La
epidemia incidió especialmente en residencias de personas mayores,
sobre todo al principio. La mortalidad fue 57 veces más alta en las
residencias. Presumimos de sistema sanitario, pero dejamos a los más
vulnerables en manos de la iniciativa privada. ¿Cuáles son los
factores de riesgo de morir en una residencia? Sin duda la edad y la
pluripatología, pero también la mala atención y la polimedicación
innecesaria.

Una amplia variedad de
fármacos, que ya eran de consumo generalizado antes de la epidemia,
incrementan el riesgo de neumonía y la mortalidad por neumonía, de
modo que al comienzo de la epidemia era de esperar que también
incrementaran la mortalidad por Covid-19.

• Por ejemplo, hace
años que se sabe que los fármacos neurolépticos (antipsicóticos)
duplican o incluso cuadruplican el riesgo de neumonía. En Cataluña
unas 100.000 personas mayores de 70 años los consumen de manera
continuada, en la mayoría de los casos en indicaciones no
autorizadas. Al inicio de la pandemia consumían neurolépticos
22.000 de las 64.000 personas que vivían en residencias.

Muchos otros fármacos
que tienen efecto depresor del sistema nervioso central también
incrementan sensiblemente el riesgo de neumonía: analgésicos
opioides como tramadol o fentanilo, hipnóticos, sedantes (también
llamados ansiolíticos como loracepam, Orfida), antidepresivos como
el Prozac, fármacos con efecto anticolinérgico, gabapentina y
pregabalina (Lyrica). Los inhibidores de la bomba de protones
(omeprazol y similares) también incrementan sensiblemente el riesgo
de neumonía.

Un 75 por ciento de los
mayores de 70 años consume como mínimo uno de estos fármacos.

El 8 de abril de 2020
envié un informe sobre esta cuestión a la AEMPS. La respuesta fue
más o menos «Gracias, pero ¿qué podemos hacer?». La misma
Agencia que tiene la función legal de delimitar las indicaciones de
cada medicamento comercializado no es capaz de hacer cumplir sus
reglas. Repito lo dicho anteriormente cuando hablaba de FV:
procedimientos, muchos procedimientos, pero sin atención a los
resultados y en desconexión del sistema sanitario.

En los últimos meses se
han publicado numerosos estudios que confirman las previsiones que
hice al inicio de la pandemia. En particular, un estudio sobre la
totalidad de la población de Escocia, en el que se compararon algo
más de 4.000 casos de Covid-19 grave (ingreso en UCI o muerte) con
36.738 de Covid-19 leve, concluyó que un 38% de los casos graves
(ingreso en UCI) o mortales de Covid-19 hasta junio de 2020 serían
atribuibles a la exposición a estos fármacos.

Lo más preocupante de
esta cuestión es que numerosos estudios han mostrado de manera
repetida que como mínimo un 40% de las personas expuestas a estos
fármacos, los reciben sin justificación clínica alguna. Para
algunos medicamentos, el consumo injustificado puede ser del orden de
80%.

Enfermar o morir por
haber tomado un fármaco innecesario es una cruel ironía.

• El sistema sanitario
tiene una responsabilidad evidente en esta cuestión. Este parlamento
aprobó hace unos años la desgravación de los ingresos en especies
recibidos para “formación” por los profesionales sanitarios. Son
ingresos que proceden de la industria farmacéutica, que es el
principal suministrador directo o indirecto de formación continuada
en España. Me pregunto, Señorías, ¿qué empresa convencional
aceptaría como normal que sus trabajadores reciban regalos y dinero
del principal proveedor de materias primas?

Varios estudios y
análisis comparativos han mostrado que España es el miembro de la
UE más permisivo en materia de conflictos de intereses y relaciones
opacas de profesionales sanitarios con las compañías farmacéuticas.
Lo mismo ocurre con las sociedades médicas y sus expertos.

En este sentido, me ha
extrañado que ninguno de los comparecientes representantes de
corporaciones profesionales hiciera la más mínima alusión a los
conflictos de intereses de la mayoría de las sociedades médicas
españolas, de los miembros de sus juntas directivas y de sus grupos
de trabajo. Y me ha llamado la atención que ustedes no preguntaran
por los CI.

• Estrategias de
vacunación. La tan manida expresión relación beneficio/riesgo
favorable no tiene ningún significado concreto, si no se definen los
grupos de población para los que se propone un fármaco o vacuna. La
epidemia no afecta del mismo modo a todos los grupos de edad, y la
vacuna no tiene los mismos efectos adversos en todas las edades. En
consecuencia, la magnitud del efecto beneficioso y también la de los
riesgos varía con la edad. Existe consenso sobre el efecto protector
sobre la comunidad de las 1as y 2as dosis, pero no sobre 3as y 4as.
Falta de estudios, necesidad de examinnar los resultados en tiempo
real para resolver las principales incertidumbres.

No comentaré las medidas
de efectividad retórica, como el uso de mascarillas al aire libre, o
el pasaporte Covid). Ni tampoco las indemnizaciones por EI.

TERCERO: Derechos de
propiedad intelectual

Como dicen Hawksbee, el
profesor de salud pública Martin McKee y el profesor de economía
Lawrence King en un artículo recientemente publicado en BMJ, la
mayoría de los expertos concuerdan en que se debe poder vacunar al
máximo número posible de personas con la mayor rapidez posible.
Muchos debates se han centrado en los derechos de propiedad
intelectual: ¿deben las compañías que desarrollaron vacunas contra
la covid-19 ser obligadas a poner a disposición sus conocimientos
para que otros puedan producir estas vacunas? ¿O bien una exención
de los derechos de propiedad intelectual u otras reformas del sistema
actual de propiedad intelectual amenazan la futura innovación?

El debate adquirió
grandes proporciones cuando el Presidente Biden manifestó su apoyo a
una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre
las vacunas contra la covid-19. Esta propuesta ha sido aprobada por
el Senado de EEUU, y se han adherido a ella la OMS, MSF e incluso el
Papa. A pesar de ello, meses después algunos países europeos siguen
oponiéndose obstinadamente a tal exención en el seno de la OMC. Más
de una docena de entidades de defensa de derechos humanos, entre
ellas Amnistía Internacional, y de pacientes se han dirigido a los
gobiernos de Canadá, Reino Unido, Alemania y Noruega para
advertirles que emprenderían acciones legales contra ellos si
obstruyen la adopción de la propuesta de exención.

Mientras tanto, el
mecanismo COVAX parece haber sido diseñado para preservar los
actuales mecanismos de mercado y de dinámicas de poder.

Los argumentos contrarios
a reformar el sistema de propiedad intelectual son que estos son
necesarios para compensar los riesgos financieros en que incurre una
compañía cuando invierte en la investigación y el desarrollo
necesarios para desarrollar nuevos productos. En el caso de las
vacunas contra la covid-19, la magnitud de este riesgo es discutible,
porque los gobiernos aportaron una parte sustancial de la
financiación en I+D y adquirieron grandes cantidades de vacunas por
adelantado. ¿Por ejemplo, merecen estos gobiernos un retorno de su
inversión en forma de precios más bajos o de mayor acceso a las
vacunas de los pobres en todo el mundo con el fin de aumentar la
inmunidad global? ¿O bien la exención de los derechos de propiedad
intelectual constituye una forma de robo de estado que pueda poner en
peligro investigación futura vital para la salud pública?

Como era de esperar, la
industria farmacéutica mantiene que la exención reduciría los
beneficios que incentivan el desarrollo de nuevos fármacos. Sin
embargo, la emergencia de nuevas variantes demuestra los riesgos del
statu quo: maximizar la vacunación no es solo una necesidad moral,
sino también un baluarte potencial contra la evolución de nuevas
variantes que podrían ser más contagiosas, más virulentas, o
podrían escapar más fácilmente a la respuesta inmunitaria.

Además, la exención no
amenazaría el futuro desarrollo de fármacos, principalmente porque
la relación entre beneficios e innovación es tenue.

Los argumentos de la
industria serían sólidos si existieran pruebas de que serían
incapaces de atraer a inversores para financiar I+D. Pero este no
parece ser el caso. Según los datos de Fortune 500, los beneficios
1954 netos de la industria farmacéutica fueron hasta 1999 de más
del doble que los de la media de los demás sectores (banca, energía,
construcción, alimentación, automoción, militar, etc.). A partir
de 2000 la diferencia se disparó al triple. El retorno sobre el
capital invertido es el más alto de todos los sectores. Los
beneficios netos llevan ya por definición descontados los costes de
I+D.

Se podrían justificar
unos beneficios altos con el argumento que las compañías
farmacéuticas producen las innovaciones más necesarias para mejorar
y proteger la salud pública. Pero la idea de que la industria se
concentra en los fármacos más necesarios está lejos de la
realidad. Por una parte, solo un 2 a 3% de los nuevos medicamentos
son avances importantes, y entre un 9 y un 11% ofrecen solo alguna
ventaja modesta sobre productos anteriormente disponibles; el resto
no aporta avances clínicos. Por otra parte, hay grandes necesidades
de investigación desatendidas por la industria, como el paludismo,
la tuberculosis multirresistente y la resistencia a antibióticos.

Al mismo tiempo, el papel
de la industria en el rápido desarrollo de vacunas ha sido
fundamental.

Sin embargo, la idea de
que la sociedad solo puede recoger los beneficios de la innovación
médica si los monopolios de propiedad intelectual producen
beneficios astronómicos a la industria ya no es sostenible. Los
beneficios récord no han dado origen a investigación sobre
resistencias a antibióticos o enfermedades desatendidas, y nunca han
garantizado el acceso a los medicamentos esenciales de los pobres del
mundo. Tampoco hay ninguna razón para creer que la búsqueda de
beneficios originará los incentivos adecuados para salvaguardar la
salud global en el futuro. Por el contrario, es necesario reformar la
estructura de incentivos sobre la que se basan la investigación y el
desarrollo de nuevos fármacos, con mayor liderazgo del sector
público, en la que las recompensas deben ser independientes del
tamaño del mercado originado.

Si alguna de Sus Señorías
tiene interés en consultar las fuentes de la información dada en
esta comparecencia, no duden en contactar conmigo, las tengo a su
disposición.

7 de febrero de 2022

Congreso de los
Diputados

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