May 15, 2022
De parte de SAS Madrid
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Según los datos del Defensor del Pueblo, 524 miembros de las FCSE han recibido una condena por delitos contra la integridad moral, un tipo atenuado de tortura.

El Estado español deberá indemnizar con 3.000 euros a E.L.G., víctima de torturas por parte de agentes de la Policía Nacional. Así lo ha establecido la Audiencia Nacional en una sentencia que se hizo pública el pasado 10 de mayo por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la organización que ha acompañado a la denunciante durante el largo proceso judicial. 

El caso comenzó a finales de 2013, cuando E.L.G. fue detenida en Córdoba. A la salida de la comisaría, tuvo que llamar ella misma a los servicios sanitarios tras sufrir una rotura de los huesos nasales. «Ni el Juzgado de Instrucción sobre el que recayó el caso, ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Constitucional reconocieron vulneraciones de derechos», explican desde la APDHA. A finales de 2019, sin embargo, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) estimó la denuncia planteada por la entidad andaluza y determinó lo siguiente: «El Estado parte (España) no proporcionó información suficiente que permita concluir que las lesiones no fueron causadas durante la detención».

En el dictamen se instó a que el Estado efectuara una reparación plena que incluyese indemnización y rehabilitación, además de tomar las medidas necesarias. A pesar de ello, denuncian desde la APDHA, “el Estado decidió no dar cumplimiento, así como no responder a las peticiones efectuadas por la víctima”. Ante esto, la Audiencia Nacional ha emitido esta condena, que todavía no es firme y podría ser recurrida.

Como apuntan desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, “la práctica de torturas y malos tratos no es algo esporádico o accidental» en España. lamarea.com ha recopilado los datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) condenados por este tipo de prácticas y publicados en los diferentes informes del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención en España desde 2010 hasta 2020. En esos once años, 52 policías y guardias civiles han sido condenados por un delito de torturas, recogido en el artículo 174 del Código Penal, que establece que comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, “la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales”.

El siguiente, el artículo 175, castiga los delitos contra la integridad moral, un tipo atenuado de tortura. En la última década, 524 funcionarios han sido condenados por ello.

Por detención ilegal o secuestro han sido condenados nueve miembros de las FCSE, según se recoge en las estadísticas.

Como indica el Defensor del Pueblo en su último informe en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención, España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 19 de enero de 2021 a indemnizar con 20.000 euros a Íñigo González Etayo, antiguo miembro de Ekin. No se trata de una condena por malos tratos, sino que el TEDH consideró que no se había investigado de manera contundente la denuncia de González Etayo en la que aseguraba que había sufrido torturas estando bajo custodia policial cuando fue detenido en enero de 2011.

Los indultos

Desde 2014 hasta la actualidad, ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido indultado por ninguno de los delitos nombrados anteriormente. Sin embargo, entre 2010 y 2013, hasta 43 policías fueron exonerados de manera parcial de las penas impuestas.

De ellos, 15 fueron indultados de un delito de torturas, 12 de un delito contra la integridad moral, 6 de un delito de lesiones en cualquiera de sus modalidades, 9 del delito de detención ilegal y 1 de un delito de coacciones.

Enlace relacionado LaMarea.com 13/05/2022.




Fuente: Sasmadrid.org