May 4, 2021
De parte de SAS Madrid
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Hasta doce provincias, junto a Ceuta y Melilla, no han notificado interrupciones voluntarias del embarazo en los 煤ltimos cinco a帽os, a las que hay que sumar los territorios que solo hacen una parte de las intervenciones.

Las expertas ven en ello un incumplimiento de la Ley del Aborto de 2010, que reconoce “a todas las mujeres por igual el acceso a la prestaci贸n, con independencia del lugar donde residan”.

100, 200 o incluso m谩s son los kil贸metros que separan a muchas mujeres de su derecho al aborto en Espa帽a. De Ja茅n a Granada o M谩laga. De Soria a Valladolid. De Toledo a Madrid o de Huesca y Teruel a Zaragoza. Miles de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo son obligadas cada a帽o a desplazarse a otra provincia e incluso cambiar de comunidad aut贸noma debido a que los servicios de salud no llevan a cabo esta pr谩ctica sanitaria en los lugares en los que viven. Una discriminaci贸n geogr谩fica que se da de diferentes formas y a la que la opacidad institucional dificulta poner cifras exactas, pero que constituye uno de los obst谩culos del acceso al aborto en nuestro pa铆s incluso m谩s de diez a帽os despu茅s de la puesta en marcha de la Ley del Aborto.

Seg煤n los informes estad铆sticos anuales que publica el Ministerio de Sanidad, hay hasta 12 provincias que no han notificado ni una sola interrupci贸n voluntaria del embarazo en los 煤ltimos cinco a帽os, a pesar de que en ellas ha habido mujeres que las han solicitado. Son Ja茅n en Andaluc铆a; Toledo, Cuenca y Guadalajara en Castilla-La Mancha; Huesca y Teruel en Arag贸n; Palencia, Segovia, 脕vila, Zamora y Soria en Castilla y Le贸n y C谩ceres en Extremadura. Tambi茅n las ciudades aut贸nomas de Ceuta y Melilla. Esto implica que dentro de sus fronteras no se han realizado y que derivan a las mujeres a otros territorios, seg煤n confirman varias consejer铆as de Sanidad a elDiario.es. A ellas hay que sumarles algunas islas de Canarias y Baleares y otros territorios que solo realizan una parte de las intervenciones y desplazan a las mujeres en determinados circunstancias.

Las razones que se帽alan las consejer铆as apuntan especialmente a que, en estas provincias, “no existen cl铆nicas privadas” con las que concertar la prestaci贸n, dicen fuentes del Departamento de Sanidad de Arag贸n en referencia a Huesca y Teruel. “Hay cl铆nicas en todas las provincias salvo en Ja茅n, pues ninguna empresa licit贸 en su momento. Las mujeres tienen que desplazarse a otra”, a帽ade la Consejer铆a de Salud andaluza. Y lo mismo en Castilla-La Mancha, cuya Consejer铆a de Sanidad argumenta que las mujeres “eligen libre y voluntariamente” su destino de entre los convenios que mantiene el gobierno auton贸mico, es decir, las mujeres de Cuenca, Toledo y Guadalajara deben ir a Albacete, Ciudad Real, Madrid, Valencia o Murcia para abortar.

La dificultad de ponerle cifras

El de las cl铆nicas es el modelo imperante para la prestaci贸n del servicio en Espa帽a e implica que la Administraci贸n lo concierta con ellas y las mujeres no pagan por la intervenci贸n, pero incluso si en un territorio no hay centros, tampoco los hospitales p煤blicos asumen los abortos. “Un incumplimiento”, seg煤n las expertas consultadas para este reportaje, de la Ley del Aborto de 2010, que en su art铆culo 19 reconoce que las administraciones p煤blicas deben garantizar “a todas las mujeres por igual el acceso a la prestaci贸n con independencia del lugar donde residan”. Las cl铆nicas, cree Raquel Hurtado, coordinadora del 脕rea de Intervenci贸n social de la Federaci贸n de Planificaci贸n Familiar Estatal (FPFE), “tienen un nivel de especializaci贸n alt铆simo y hacen una excelente labor” pero “la ley tiene que cumplirse y es el Estado el que debe asegurarlo”.

La situaci贸n no es nueva, ocurre desde que este derecho se despenalizara en Espa帽a, en 1985, y hasta en ocho provincias se ha extendido desde entonces, seg煤n public贸 Newtral. Pero la cifra concreta de mujeres afectadas “es muy dif铆cil de conocer” con los datos disponibles, denuncia Silvia Aldavert, coordinadora de L’ Associaci贸 drets sexuals i reproductius de Catalunya. La organizaci贸n ha publicado recientemente un ambicioso estudio en el que identifica numerosas “barreras” en el ejercicio del derecho al aborto en Espa帽a, entre las que est谩 precisamente “la inequidad de acceso territorial”. A pesar de su extensa investigaci贸n, “el caos y la falta de transparencia es tal que es imposible hacer un recorrido preciso” m谩s all谩 de aproximaciones, denuncia.

Solo en 2019, 4.300 mujeres que viv铆an en la docena de provincias sin abortos quisieron acceder a la prestaci贸n y fueron trasladadas. Son 20.800 desde 2015. A ellas hay que a帽adirles otras tantas que se han visto obligadas a desplazarse entre islas, en el caso de los archipi茅lagos canario y balear, “donde solo algunas los realizan”, se帽ala el informe catal谩n. Y tambi茅n los territorios que solo hacen una parte de las intervenciones, por ejemplo, solo de menos de nueve semanas de gestaci贸n; o los que derivan a las mujeres embarazadas de m谩s de 14 semanas.

Sin embargo, no es f谩cil saber con exactitud cu谩les son porque no hay un mapeo p煤blico al respecto. Los informes de Sanidad incluyen un anexo en el que detallan qu茅 centros de cada territorio han notificado abortos el a帽o anterior, es decir, los han realizado. Y en ese listado falta desde 2015 la docena de provincias citada, pero las que s铆 aparecen solo especifican el centro, no cu谩ntos realizaron y qu茅 tipolog铆a. Por eso se dan casos como el de Burgos, que s铆 est谩 en los informes de Sanidad como provincia que notifica, pero 煤nicamente el hospital de Miranda de Ebro. Con la informaci贸n p煤blica disponible, no es posible saber si todos los abortos de la provincia se hacen en ese centro, pero el exjefe de servicio de Ginecolog铆a, Abel Renuncio, que es actualmente ginec贸logo del Hospital Universitario de Burgos, explica a elDiario.es que all铆 se realizan 煤nicamente los del 谩rea sanitaria correspondiente, y que el resto de mujeres de la provincia “son trasladadas a una cl铆nica de Valladolid”.

Teniendo en cuenta todas las formas de exclusi贸n, L’ Associaci贸 drets sexuals i reproductius ha intentado ponerle una cifra “aproximada” al problema: “Un m铆nimo de 6.407 mujeres y personas gestantes debe desplazarse cada a帽o fuera de su provincia, su isla o, incluso, su comunidad o ciudad aut贸noma para poder acceder a la interrupci贸n voluntaria del embarazo”. Son una minor铆a de los abortos practicados al a帽o en Espa帽a, no suponen ni el 7% del total, pero “no pueden considerarse excepciones teniendo en cuenta que el impacto que supone para las mujeres esta vulneraci贸n es muy importante”, reza el estudio. “Si nadie tiene que desplazarse fuera de su provincia para parir, 驴por qu茅 s铆 tenemos que hacerlo para abortar?”, se preguntan las investigadoras.

Sin aborto m谩s all谩 de la semana 14

Adem谩s de las doce provincias que no hacen ning煤n aborto, hay lugares que solo realizan una parte, entre ellos Lleida o La Rioja. El caso de la provincia catalana lo conoce bien Aldavert: “Sabemos que en Lleida no hay cl铆nicas y que hay algunos centros p煤blicos que realizan abortos, pero solo farmacol贸gicos 鈥揷on medicamentos鈥 hasta la semana 9. Es decir, a partir de ese momento de gestaci贸n y aquellas mujeres que eligen m茅todo instrumental 鈥搎uir煤rgico鈥 tienen que desplazarse”. En La Rioja tampoco hay cl铆nicas acreditadas, y el 煤nico centro que notific贸 en 2019 interrupciones del embarazo fue el hospital de Logro帽o, pero un reportaje de la revista Pikara revel贸 hace escasos meses que las riojanas tienen que salir a Zaragoza, Pamplona o Bilbao a abortar. “Lo que nos llega de all铆 es que no se hace casi nada, puede que lo poco que se notifica sean casos ya graves, en los que est茅 en riesgo la salud de la madre y este tipo de circunstancias”, se帽ala Aldavert.

A todo esto hay que sumarles los territorios que no hacen abortos m谩s all谩 de la semana 14, que es el l铆mite que impone la ley al aborto libre. A partir de entonces, solo es legal abortar si hay riesgo para la vida o salud de la embarazada o de “graves anomal铆as en el feto”, establece la norma aprobada en 2010. Eva Rodr铆guez, vicepresidenta de la Asociaci贸n de Cl铆nicas Acreditadas para la Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo (ACAI) explica que son intervenciones “que requieren de unas t茅cnicas, formaci贸n e infraestructura que no todas las cl铆nicas tienen”, por lo que algunas regiones derivan estos casos. Son una m铆nima parte de las mujeres que cada a帽o abortan en Espa帽a, pero “est谩n muy afectadas emocionalmente, suelen ser embarazos deseados que dejan de serlo y se tienen que desplazar para ello”.

En Andaluc铆a, por ejemplo, esta intervenci贸n solo se realiza en Sevilla, M谩laga y C谩diz. En Catalunya se hace en Girona y Barcelona. Y Castilla y Le贸n asume los abortos hasta la semana 22, confirma Renuncio, pero tras ese momento, que es muy excepcional y solo se permite por circunstancias m茅dicas muy graves, las mujeres deben ir a Madrid 鈥揺n 2019, fueron once castellanoleonesas鈥. “Supone una discriminaci贸n” hacia mujeres “que en muchos casos est谩n en situaciones delicadas y se les hace trasladarse muchos kil贸metros, lejos de su residencia y su entorno, con todo lo que eso implica”, cree Mar Mart铆n, de la Asociaci贸n Gallega para la Salud Sexual (AGASEX).

En Galicia, aseguran fuentes del Servizo Galego de Sa煤de (Sergas), se hacen todos los abortos “con los supuestos incluidos en la ley en todos los tiempos de gestaci贸n” y especifican que en Vigo y Ourense est谩n los hospitales que realizan todas las intervenciones, “incluidas las superiores a 22 semanas”. No obstante, dejan en el aire si desde A Coru帽a y Lugo deben trasladarse en estos casos particulares. El caso de esta 煤ltima provincia, adem谩s, es confuso: seg煤n los informes de Sanidad ha notificado abortos en 2016, 2017 y 2018, pero no en 2015 ni 2019. Y los a帽os en los que s铆, solo los notifica un centro, en concreto el Centro de Orientaci贸n Familiar, donde seg煤n varios medios en 2017 comenzaron a ofrecerse abortos, pero solo farmacol贸gicos. Fue precisamente en esa provincia donde un a帽o antes una mujer perdi贸 el 煤tero tras ser obligada a viajar 500 kil贸metros para interrumpir su embarazo, en el que hab铆an surgido enormes complicaciones tras la semana 32. El Sergas fue condenado.

Pero no es el 煤nico caso que ha trascendido a la opini贸n p煤blica. Un a帽o m谩s tarde, en 2017, Women’s Link denunci贸 el de una mujer que tuvo que ir de Murcia a Madrid para abortar tras detectarle una grave anomal铆a fetal. Para Estefany Molina, abogada de la organizaci贸n, estas situaciones “evidencian que aunque tenemos una ley muy buena en t茅rminos de despenalizaci贸n”, a d铆a de hoy “existen obst谩culos para acceder al aborto en condiciones de igualdad”. Y pone el foco en dos efectos: “No siempre y no todo el coste del viaje est谩 cubierto por la sanidad p煤blica”, y aunque lo est茅, tienen que adelantarlo, lo que “impacta en las mujeres con escasos recursos”. Por otro lado, “est谩n las consecuencias para las migrantes en situaci贸n irregular que viven en Ceuta y Melilla” y que “s铆 o s铆 para abortar tienen que ir a la pen铆nsula”, por lo que “sabemos que muchas no van a hacerlo porque deben pasar necesariamente por Polic铆a, que probablemente las detengan y encierren en un CETI”.

El aborto, ante la falta de voluntad pol铆tica

Las consejer铆as de Sanidad de las distintas comunidades afectadas se帽alan la inexistencia de cl铆nicas con las que concertar el servicio el motivo de este obst谩culo, pero desde L’ Associaci贸 drets sexuals i reproductius Aldavert aluden a “una falta enorme de voluntad pol铆tica” para solucionar el problema. Tambi茅n Women’s Link recuerda que “es el Estado el que debe asegurarse de que las mujeres acceden al aborto sin discriminaci贸n” y si no hay posibilidad de hacer conciertos, “los hospitales p煤blicos deber铆an tener la obligaci贸n de hacerlo y no forzar a las mujeres a viajar”. Hurtado, de la FPFE, recuerda que la ley estipula que los abortos se hagan en la red sanitaria p煤blica, y contempla como “excepcional” el hecho de hacerlo en centros acreditados, sin embargo, esta es una de las peculiaridades del aborto en Espa帽a: el servicio p煤blico apenas realiza interrupciones voluntarias del embarazo.

La cuesti贸n viene de lejos. Fueron las cl铆nicas las que asumieron la tarea de practicar abortos hace m谩s de 30 a帽os ante la dejadez institucional, y en un momento de enorme estigma, los profesionales que las dirigen a煤n todav铆a hoy decidieron formarse en el extranjero “y dar un paso adelante” en una prestaci贸n que casi nadie quer铆a hacer, explica Rodr铆guez, de ACAI: “Supon铆a un problema y fuimos capaces de enfrentarnos a las inseguridades y toda la presi贸n que hab铆a”. Una vez que la ley actual entr贸 en vigor, las comunidades, en vez de crear circuitos espec铆ficos en el seno de la sanidad p煤blica, optaron por seguir manteniendo la v铆a de los conciertos. Y entre las razones, las consejer铆as aluden a varios motivos: a que es el modelo imperante, a que en las cl铆nicas las mujeres “tienen privacidad y anonimato” o a la objeci贸n de conciencia.

As铆 lo especifica el Gobierno castellanomanchego que, al ser preguntado por la posibilidad de que la sanidad p煤blica asuma los abortos donde no hay cl铆nicas, alude a que “existe objeci贸n de conciencia en la totalidad de los servicios implicados” y tambi茅n la Consejer铆a de Salud de Andaluc铆a, que apunta a que “se considera lo m谩s seguro para las mujeres desde que el Tribunal Constitucional reconoci贸 el derecho a la objeci贸n de conciencia de los m茅dicos”. Y sigue: “La Junta no puede preguntar a priori a un m茅dico si est谩 a favor o en contra de practicar abortos para organizar los servicios de un hospital”.

Un uso de la objeci贸n de conciencia “ilegal” y sin relevo generacional

Sin embargo, la ley reconoce el derecho de los m茅dicos a la objeci贸n de conciencia, pero tambi茅n que debe “manifestarse anticipadamente y por escrito” precisamente para que “el acceso y la calidad asistencial de la prestaci贸n no puedan resultar menoscabadas” por el ejercicio de este derecho. As铆 lo recuerda Renuncio, ginec贸logo del Hospital de Burgos: “La objeci贸n de conciencia puede jugar un papel en la dificultad de asumir este servicio en la sanidad p煤blica, pero no puede ser una decisi贸n colectiva. La trampa est谩 en que tampoco desde la Administraci贸n se recaba esa informaci贸n porque no hay una voluntad de ver a las claras qu茅 grado de objeci贸n hay y con cu谩ntos profesionales cuenta el sistema para poder ponerlo en pr谩ctica o no”.

Por eso desde Women’s Link hablan de un uso de la objeci贸n de conciencia “ilegal”, debido a que es un derecho fundamental reconocido por la norma, pero solo individualmente. En la pr谩ctica, dice Molina, “nos encontramos con una objeci贸n de conciencia institucional. Y me refiero a que un hospital entero no puede ser objetor de conciencia”. Aldavert cree lo mismo y apunta a que “al final tiene que ver con la falta de voluntad pol铆tica porque reorganizar los circuitos en la sanidad p煤blica es mucho m谩s costoso”. En ACAI, donde est谩n los profesionales expertos, apuntan tambi茅n a otro motivo: “El aborto sigue siendo una pr谩ctica estigmatizada y no normalizada que no se ense帽a, a pesar de que la formaci贸n est谩 incorporada en la ley sin que se haya cumplido en diez a帽os”, denuncia Rodr铆guez.

Esto conlleva que las cl铆nicas se est茅n viendo “sin relevo generacional” de profesionales, dice la vicepresidencia de ACAI, para la que “muchas veces” la objeci贸n de conciencia “no se est谩 haciendo por una cuesti贸n ideol贸gica o moral”, sino que “tiene mucho que ver con que dentro de la profesi贸n, de la carrera profesional de un ginec贸logo son temas que no suman, no dan prestigio en la trayectoria profesional”. Algo que para la L’ Associaci贸 drets sexuals i reproductius est谩 “muy vinculado” con “la principal barrera en el acceso al aborto” que hay en Espa帽a: “la falta de informaci贸n” y la ausencia “de una apuesta clara y contundente” por tomar el asunto “realmente como lo que es: un derecho, y despojarlo del estigma, los tab煤s y los t贸picos que siguen repiti茅ndose generaci贸n tras generaci贸n”.

Reportaje elaborado con informaci贸n de Daniel Cela, Laura Cornejo, Francisca Bravo, Gonzalo Cortizo y Candela Canales.

Enlace relacionado ElDiario.es 02/05/2021.




Fuente: Sasmadrid.org