La
militarización de la policía y policización del ejército es una
problemática
bastante documentada a nivel de América Latina y en Colombia tiene
sus propios matices por ser un país que ha vivido uno de los
conflictos armados más largos de la historia de las guerras
contemporáneas.

El
contexto de la pandemia del Covid 19, no ha sido la excepción en
relación a casos de violencia policial. En el marco de las protestas
populares que se han motivado para rechazar las condiciones de
pobreza y desigualdad que refleja la emergencia sanitaria, diferentes
organizaciones de Derechos Humanos han documentado
por lo menos 39 asesinatos a manos de la policía, en contra de
personas participantes de las protestas solo en el tiempo que lleva
la pandemia.

Durante
los primeros días de septiembre esta situación se ha agudizado de
forma dramática. En la madrugada del 9, mientras se conmemoraba el
Día Nacional de los Derechos Humanos, nos despertaron con la noticia
del asesinato del joven abogado Javier Ordoñez, quien fue víctima
de reiteradas descargas eléctricas con un arma Táser, quien después
de suplicar por su integridad fue conducido por los policías a una
estación de policía, ubicada en el occidente de Bogotá y allí
recibió más golpes y acciones de tortura. Javier solo fue llevado
al centro médico después de la exigencia permanente de su familia,
llegando sin vida, a causa de las secuelas que dejaron en su cuerpo
los “agentes del orden”.

En
horas de la noche, mientras familiares y amigos de Javier se
encontraban realizando un acto ritual en su memoria, algunos policías
se pasearon por el lugar haciendo sonar con fuerza las pistolas
Táser, las mismas con las que fue asesinado Javier y que se
convierten hoy en un símbolo más de la impunidad y la sevicia.

La indignación acumulada por éstas y otras numerosas acciones de
represión y abuso de poder, desencadenaron en protestas masivas que
se extendieron por diferentes lugares de Bogotá y otras ciudades,
acudiendo a convocatorias masivas frente a las estaciones de policía
de diferentes barrios. En medio de la represión y los
enfrentamientos, varias estaciones de policía fueron incineradas
como acto de protesta, que nos recuerda lo ocurrido en Estados Unidos
en tiempo reciente.

Durante
las movilizaciones existe una situación recurrente que describe una
de las forma de acción de la policía: En muchos de los puntos de
protesta, hubo momentos donde todos los policías abandonaban el
lugar, dejando que las personas atacaran directamente las estaciones,
motocicletas u otros objetos que simbolizan esa autoridad; después
de algunos minutos, al lugar regresaba un gran operativo con
policías en motocicletas, ocultando sus uniformes con prendas (o
policías de civil), y disparando indiscriminadamente en contra de la
gente que se encontraba en la protesta y posteriormente abandonando
el lugar de forma rápida e impune. Esto ocurrió así en diferentes
lugares, con algunas diferencias pero la estrategia se repite en lo
esencial.

Si bien aún es difícil calcular las consecuencias de lo ocurrido la noche del 9 de Septiembre, la masacre ha sido consumada y según información de organizaciones de derechos humanos, al final del día del 10 de Septiembre se confirmaron 140 personas heridas de las cuales 60 son por arma de fuego, cerca de 45 personas se encuentran detenidas, y se denuncian por lo menos 9 casos de homicidios por parte de la Policía Nacional, entre ellas dos jóvenes menores de edad. Si algo ha quedado claro es que cuando el pueblo colombiano se levanta para rechazar una masacre, una nueva masacre recae sobre su historia, y cada vez con más formas de consolidar la impunidad.

Más
allá de los números, que siempre son relativos, es importante
señalar que la violencia policial hace parte de las estrategias de
militarización que se expresa con más fuerza y presenta mecanismos
de impunidad y difícil acceso a la justicia para las víctimas,
donde se ven involucradas otras instituciones como la fiscalía, la
procuraduría y las alcaldías, pues se ha demostrado que los
policías involucrados en actos criminales, tan solo son cambiados de
su puesto de trabajo, pero la mayoría no tienen en curso ninguna
acción disciplinaria o condenatoria.

Los
medios de comunicación han criticado sistemáticamente las acciones
de protesta, pero lo que no quieren mencionar, es que muchas de las
estaciones de policía que fueron incineradas tienen denuncias en su
contra por acciones relacionadas con torturas, detenciones
arbitrarias, alianzas con bandas de tráfico de drogas, entre otras.
El engranaje del ocultamiento y la desmemoria están ala merced en
este país.

Este
texto es apenas un gesto de denuncia y un llamado para que desde las
organizaciones y comunidades de América Latina se haga presión y
que en Colombia pare el Genocidio en curso, que paren la guerra
contra el pueblo.

Desde las latitudes del continente enviamos un abrazo lleno de fortaleza y memoria para los familiares y amigxs de Julieth Ramírez, Christian Hernandez, Jaider Fonseca, Germán Fuentes, Christian Hurtado, Julián Gonzalez, Javier Ordoñez, Andres Felipe Rodriguez, Alexander Fonseca, y todas las víctimas de la violencia policial en la historia de Colombia.

TEXTO COLECTIVO | DE RAMALC COLOMBIA

Fotografía: Nathalia Carolina Angarita Silva | @nathalianph

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