January 24, 2022
De parte de Nodo50
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El pasado 15 de enero, la costa de Perú se tiñó de negro. Las playas de Ventanilla, cerca de Lima, se vieron cubiertas de chapapote a causa de un vertido de petróleo de la multinacional española Repsol, que realizaba una descarga de crudo en su refinería La Pampilla desde el buque de bandera italiana Mare Dorium. El vertido, que el Gobierno peruano calcula en unos 6.000 barriles, tiene una dimensión mucho mayor de la reportada por Repsol, que culpa al oleaje provocado por el volcán de Tonga. Lima afirma que el plan de contingencia de la petrolera no funcionó. Los daños son cuantiosos, tanto en el plano ecológico como en el económico y humano.  

Paradójicamente, la información sobre el ecocidio, el peor desastre ecológico ocurrido en Perú, es muy escasa en España. Pocos medios de comunicación han dado cuenta de la magnitud del accidente, y el Gobierno de coalición ha tardado una semana en reaccionar. Teresa Ribera, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, confirma a CTXT que se puso en contacto el sábado 22 de enero con el ministro y el viceministro del Ambiente de Perú y que España ha ofrecido medios, ayuda y la experiencia del Prestige para colaborar en el abordaje de la crisis. 

Mirtha Vásquez (Cajamarca, Perú, 1975), presidenta del Consejo de Ministros de Perú y responsable del Comité de Crisis que gestiona el vertido, comenta en esta entrevista con CTXT, realizada el domingo 23 a través de videollamada, las dificultades del Estado peruano para afrontar la situación en un momento marcado por la tercera ola de la pandemia. Vásquez deplora la actitud “poco responsable” de Repsol, asegura que nadie le ha comunicado oficialmente la llamada del Gobierno español y lamenta las dificultades legislativas y jurídicas que impiden que las empresas transnacionales se hagan cargo de indemnizar a las víctimas y los Estados por las consecuencias negativas de su actividad. 

Cuéntenos por favor cómo es la situación del derrame en este momento. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para intentar reparar los daños causados y cómo está siendo la relación con Repsol, si la hay?

En este momento todo el país está consternado. Es verdad que en nuestro país ha habido accidentes ambientales, y eso se ha dado con petróleo en la zona de la selva. Pero ninguno de la magnitud del que ha sucedido ahora. Y claro, probablemente llama mucho más la atención porque ha sido en el mismo Lima, en playas, digamos, principales. Y sí, hemos tenido serios cuestionamientos con Repsol, porque creo que la empresa está con una actitud poco responsable desde que sucedió el accidente el día 15. Es cierto que lanzaron una alerta, pero minimizando totalmente el hecho. Anunciaron que había habido un derrame de petróleo que estaba afectando a 2,5 metros cuadrados y que se trataba de un vertido de 0,6 barriles de petróleo. Al siguiente día vimos que la extensión de la mancha de petróleo ya empezaba a ocupar kilómetros y kilómetros de playa. Y lo que se ha llegado a determinar es que el derrame no podría ser menos de 6.000 barriles de crudo. La empresa, desde nuestro punto de vista, no ha tenido la capacidad de aplicar su plan de contingencia, que según me dicen desde el Ministerio de Medio Ambiente era un plan bastante desactualizado.

En nuestro país ha habido accidentes ambientales, y eso se ha dado con petróleo en la zona de la selva. Pero ninguno de la magnitud del que ha sucedido ahora

¿Tenía Repsol un plan para actuar ante posibles vertidos?

Lo que tenemos claro es que la empresa no tenía capacidad para implementarlo. No, porque cuatro días después dijeron que iban a contratar a otras empresas para que puedan limpiar y atender el desastre. Nosotros hablamos el lunes 17 con ellos. Y en principio no reconocían la responsabilidad del accidente. Dijeron que no se sienten responsables. Su directora de comunicaciones lo dijo públicamente en medios, que no sabía quién es el responsable, pero que ellos no lo eran. Luego dijeron que tenían 700 hombres trabajando en la limpieza, y claro, 700 hombres, cuando tienes kilómetros y kilómetros de zona contaminada es absolutamente insuficiente. Ahora, como Estado, nosotros estamos tratando de cubrir toda esta falencia, no podemos quedarnos pasivos frente a esta situación. Pero sentimos también que el Estado está cargando con la responsabilidad que le tocaría a la empresa. Estamos buscando equipos para poder limpiar. Ya tenemos dos Skinners que se consiguieron gracias al Ministerio de Medio Ambiente, que son los que están sacando y recuperando más petróleo.

El Estado está cargando con la responsabilidad que le tocaría a la empresa

¿Cuánta gente calcula que hace falta para limpiar el vertido? 

Repsol dice que ya subieron a unos 1.300 o 1.500 efectivos. Nosotros tenemos que movilizar también tropas del Ejército, los batallones de ingeniería. No arriesgar a la gente que no tiene capacidad. Pero estamos invirtiendo no solamente en equipos, sino incluso en gente que pueda ayudar a contener. El petróleo se sigue extendiendo y ya llegó a otros distritos. Lo que estamos verificando es que el derrame ha sido de tal magnitud que los esfuerzos que se hacen no son suficientes, porque no se puede lograr contener la expansión, y mientras va expandiéndose va generando la muerte de flora y fauna. Es impresionante la cantidad de animales y aves que uno se encuentra en el litoral totalmente bañados de petróleo. La empresa nos ha presentado un cronograma de limpieza que alcanza los 45 días. No estamos de acuerdo con el plazo, porque no sabemos hasta dónde puede haber llegado el desastre. Creemos que se podría optimizar tiempos y haría falta más inversión, no solamente en hombres sino también en equipos. Y bueno, la empresa se muestra muy tranquila.

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Trabajos de limpieza en la zona afectada por el vertido en Ventanilla. Foto: Presidencia de Perú.

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Trabajos de limpieza en la zona afectada por el vertido en Ventanilla. Foto: Presidencia de Perú.

¿Ha hablado usted personalmente con ellos?

Sí, yo hablé con los directivos y ellos, bueno, lamentaban el accidente, no reconocían que fueran responsables, pero dijeron que aún así iban a asumir supuestamente la limpieza y la mitigación del daño. Pero claro, están mirando un poco cómo se organizan, y no nos pueden asegurar cómo van a hacer la reparación, pero presentimos que como señalan que no son responsables, no van a querer encargarse de la indemnización, más allá de la limpieza y la mitigación del daño. Porque hay un daño a diversos niveles. No solamente es el daño ambiental, ecológico, sino que hay un daño económico, social, porque tenemos a miles de pescadores artesanales que viven de esa actividad y que probablemente en meses o años no van a poder volver a trabajar en eso. Se ha perdido fauna, peces y mariscos que se comercializan. Y luego está el factor turismo. El ministro de Turismo calcula que hay 200 millones de dólares en pérdidas en ese sector. Y la empresa simplemente calla cuando les decimos que estamos calculando el nivel del daño para que ellos reparen. Respecto a la indemnización, no nos han dicho absolutamente nada.

¿Tiene el Estado peruano herramientas para poder perseguir a Repsol por delito ecológico?

Somos un Estado que no ha trabajado el tema ambiental; siempre se ha minimizado el riesgo, eso hay que aceptarlo. No tenemos un sistema de fiscalización y de sanción ambiental fuerte, y no estábamos preparados para un accidente de esta magnitud. Ahora tenemos que desplegar todos los esfuerzos para mitigar un poco el impacto. El Ministerio de Inclusión Social está repartiendo alimentos y hay que pensar en alguna política más sostenida de atención. La empresa lo que ofreció en un principio es insertar a los pescadores en una bolsa laboral para que trabajen en la limpieza. Pero esos trabajos son altamente peligrosos. Algunos pescadores en su desesperación han aceptado, pero no puedes exponer a personas no calificadas para eso a un daño a la salud. En cuanto a las sanciones, somos un Estado débil, no podemos aplicar sanciones inmediatas por daño ecológico, y por ejemplo no tenemos garantías para ejecutar y asegurar que la empresa pueda mitigar. Ahora, si pensamos en alguna medida concreta, hay que iniciar acciones judiciales. Pero ese camino demora mucho. El tema de la indemnización, el daño ecológico, está pensado para el Estado, no para las víctimas directas. Somos un gobierno bastante joven, y ahora nos toca asumir también lo que otros gobiernos no hicieron. Y claro, hay muchísima presión de la población con justa razón de que algo tenemos que hacer. Ahora estamos tratando de ser muy creativos, respondiendo en todo lo que podemos, y hemos formado no solamente un comité de crisis, sino que hemos reactivado un sistema de respuesta a emergencias. 

No tenemos un sistema de fiscalización y de sanción ambiental fuerte, y no estábamos preparados para un accidente de esta magnitud

¿Han pedido ayuda internacional? ¿Qué ha dicho España?

Por lo menos conmigo, que asumo la responsabilidad del gabinete de crisis ministerial, no ha habido ningún intento siquiera de comunicación. Hay otros gobiernos que se comunicaron, gente de Naciones Unidas, del Gobierno de Finlandia. Pero del Gobierno de España yo no he recibido ninguna llamada. Podría ser con Cancillería, pero aun no tenemos información oficial. 

La vicepresidenta española Teresa Ribera asegura que el sábado habló con el ministro y el viceministro de Ambiente y que espera una lista con peticiones suyas para poder empezar a ayudar.

He visto una publicación en medios de comunicación que decía que el Gobierno español muestra su preocupación. No sé a quién le mostró su preocupación. El presidente no me ha comentado nada, y el canciller no me ha comunicado todavía que el Gobierno se haya puesto en contacto, al menos de manera oficial.

El canciller no me ha comunicado todavía que el Gobierno español se haya puesto en contacto, al menos de manera oficial

En España casi no se habla del incidente. Suponemos que en Perú los medios estarán presionando y la oposición estará apoyando lealmente al Gobierno…

Este es el asunto político: lo político determina qué conviene sacar a la luz y qué no conviene internacionalmente. No hemos visto efectivamente que haya ningún tipo de interés, ni siquiera de los medios españoles, siquiera para preguntarnos qué pasó. Y supongo que eso obedece a esta política de tratar de invisibilizar un hecho tan grave, ¿no? Internamente la dinámica es como dicen ustedes, hay mucha presión de los opositores, y precisamente contra el Gobierno; dicen que no hacemos nada, que somos ineficientes, pero no reclaman contra Repsol, curiosamente no han salido, como en otras ocasiones, a tratar de buscar un culpable. Hay que recordar que Repsol estuvo comprometido en el caso Lava Jato. Un alto ejecutivo brasileño confesó que Repsol iba a aportar, o terminó aportando, una cantidad muy importante para la campaña de Keiko Fujimori. Todo tiene que ver con estos temas, de quiénes son estas empresas, con quiénes se han relacionado: son los grupos de oposición que ahora no reclaman a Repsol. Han llamado por supuesto al Congreso, a comisiones, a los ministros, al de Medio Ambiente, al de Energía y Minas. Pero no llaman a la empresa, por supuesto.

Usted era activista ambiental antes de ser presidenta del Consejo de Ministros con Pedro Castillo. ¿Por qué el país no legisló en su día contra los delincuentes ecológicos?

Cada vez que levantábamos la voz por estos temas, ellos nos silenciaban. No es la primera vez que hay un derrame de petróleo; en la selva ha habido muchísimos otros, y se ha dejado que la gente se contamine, que los ríos se contaminen. Nadie decía nada. Y cuando levantábamos la voz, estos grupos les decían a los grupos anti inversión que iban contra los intereses del país. Hace algunos años hicieron un gran lobby para rechazar,  por ejemplo, la norma que les obligaba a tener un aporte por regulación ambiental. Fueron incluso a los tribunales. Y en 2014 se inventó una modalidad escandalosa en la que se decía que cuando se comete un daño ambiental en ciernes, basta con aplicar una medida correctiva, una suerte de llamado de atención. Y que si la empresa no cumple de manera reiterada, ya se las sanciona con una multa. Esa norma tuvo que ser revertida después  en el Congreso, producto de la lucha  de varios grupos defensores de los derechos humanos y ambientales que, incluso, tuvieron que ir a los tribunales. Y se volvió a retomar la norma que al menos establecía que se podría multar. Pero las empresas, siempre de la mano de ciertos actores políticos, han tratado siempre de debilitar nuestro sistema de protección ambiental.

¿Qué fama tienen las empresas españolas en Perú? 

Hay un cuestionamiento a algunas empresas españolas, acá siempre lo ha habido. Con la telefonía hubo un escándalo por el tema de las deudas tributarias que no quieren pagar. Y ahora con Repsol es evidente que la empresa española actúa de una manera, digamos, muy poco responsable.

¿Hay algún mecanismo internacional que pueda obligar a que Repsol, en este caso, se haga responsable? 

En los mecanismos internacionales que tenemos, donde se tratan temas de empresas, simplemente está el CIADI, pero es un tribunal creado más bien para que las empresas demanden al Estado. Ahí vemos una situación de desventaja, porque los Estados, los ciudadanos, debiéramos tener un tribunal donde pudiéramos recurrir para más bien demandar este tipo de casos. No sé si eso lo vamos a ver. Esta semana hemos convocado a un grupo de juristas para ver qué mecanismo podríamos utilizar. Tenemos el sistema interamericano. Pero acuérdense que el sistema interamericano, también de derechos humanos, finalmente lo que juzga son a Estados, no a empresas. Aquí será también difícil porque los procesos judiciales son muy largos, muy tediosos en temas ambientales. Lo digo porque yo he defendido estos casos. En el caso de Choropampa se produjo el derrame de mercurio en el año 2000, estamos en 2022 y la gente todavía no ha recibido su indemnización. Creo que, a partir de estos accidentes, tendríamos que buscar una alianza internacional, porque esto no solo le puede pasar al Perú, le puede pasar a cualquier Estado. Hace algunos años hablamos de un tribunal ambiental, ecológico, internacional, pero todo el mundo nos veía como locos. Para las empresas transnacionales, cuando cometen este tipo de daños, es muy fácil decir yo no soy responsable y saben que poco les puede pasar. Y eso se debe a cómo es la caracterización de la empresa, que no tiene un propietario o unos accionistas, es una multinacional que contrata y subcontrata a otras, y así es muy difícil establecer de quién es la responsabilidad…

Estructural y políticamente aún tenemos dificultades para ser un Estado que se muestra fuerte frente a las trasnacionales

Los ecologistas llaman a eso la arquitectura de la impunidad.

De hecho Repsol decía que el buque que estaba descargando no era de su propiedad, que era un buque de bandera italiana con acciones brasileñas… Entonces van a buscar diluir la responsabilidad, teniendo en cuenta que es una transnacional con una composición que no nos permite claramente identificar y señalar que hay un solo responsable. Lo que sí hemos podido hacer es inmovilizar el buque. Y les hemos puesto una carta fianza de varios millones para asegurar que no lo mueven. Entonces dijeron: bueno, preferimos dejar el buque. Nosotros esperamos una actitud más responsable de esta empresa. Y Repsol como que se lavó las manos. Dijeron: “Hablaremos con la empresa italiana a ver qué podemos hacer”. Como diciendo, “no es un asunto nuestro”. 

Imaginamos que la Fiscalía ha abierto una investigación penal. ¿Prosperará?

La Fiscalía ha iniciado la investigación penal, pero puedo identificar claramente los problemas que se van a suscitar. Se inicia la investigación y primero tendríamos que tener un informe técnico contundente de la autoridad competente, que en este caso no va a haber problema porque nosotros, como Estado, podríamos emitir un informe del Ministerio de Medio Ambiente, sucedió en otros desastres, por ejemplo en Choropampa. Pero lo cierto es que en nuestra legislación, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal de las empresas son un gran problema. La persona jurídica sabe que no van a procesar al gerente de la empresa porque no es el responsable directo. Entonces los jueces empiezan a buscar un responsable menor, y finalmente no llegan a establecer ningún tipo de identificación de quién es el responsable. Y luego, si es que se da una sanción penal, las sanciones acá son de vergüenza. Se han impuesto unas condenas que no sobrepasan los seis años en casos muy graves. Y si no pueden señalar, incluso tres años, que no es efectivo. Y las penas accesorias también son cualquier cosa. Entonces, si hacemos todo el esfuerzo por identificar a un responsable de esta persona jurídica, pues la sanción va a ser cualquier cosa y no se va a hacer efectiva. Y si acaso llegas a un responsable directo, la empresa te dice, bueno, a ver, yo tengo mis subcontratas y son ellos los responsables. Eso pasó en Choropampa. Le trasladaron la responsabilidad a la subcontratista, y el interventor le trasladó la responsabilidad a los gerentes, los gerentes a los trabajadores, los trabajadores al chofer del carro que transportaba. Entonces, finalmente todo se termina concentrando en la parte más débil de la cadena. Una posibilidad es la sanción a quien estaba al mando del buque. ¿Cómo va a pagar esa persona los millones que cuesta reparar todo este daño? No hay manera. Creo que ahí hay una una situación muy difícil para nosotros. 

Lo que muestra este caso es cómo está organizado el capitalismo para que todo o casi todo quede impune. Y lo débiles que son los Estados pobres ante las empresas grandes…

Es así. Las trasnacionales tienen mucho poder y los gobiernos tienen unas debilidades evidentes. Estructural y políticamente aún tenemos dificultades para ser un Estado que se muestra fuerte frente a las trasnacionales y para imponer los derechos ambientales antes que los económicos; hay un reto por hacer cambios pero seguro encontrará fuertes resistencias del empresariado. 




Fuente: Ctxt.es