May 17, 2021
De parte de Grup Antimilitarista Tortuga
283 puntos de vista


Julio González Reyero

Yay@flautas – Madrid

Desde la niñez hemos sido educados en la obediencia como valor que garantiza el buen funcionamiento general y nos evita, a la vez, el complicado ejercicio de tener que pensar y decidir uno mismo. No en vano la cultura cristiana que nos envuelve sitúa el comienzo del dolor y de todos los males en una desobediencia, comer la fruta prohibida, el pecado original. Hoy, las normas, la ley y la Constitución son consideradas poco menos que intocables cuando en realidad no deberían ser ni más ni menos que instrumentos para la convivencia que hay que cambiar cuando dejan de ser útiles al bien común.

En nombre de la seguridad los estados se reservan zonas opacas, los secretos oficiales, materiales sensibles, fondos reservados, y deciden qué informaciones ocultar a la sociedad y por cuánto tiempo. Así mismo, sobre todo en las fuerzas y cuerpos de seguridad y en las instituciones fuertemente jerarquizadas se establece como principio la obediencia debida. Y cada vez es más frecuente que al firmar un contrato de trabajo tengamos que firmar también cláusulas de confidencialidad.

¿Debemos obedecer leyes sabiendo que son injustas? ¿Debemos mantener la boca cerrada cuando nuestra empresa trabaja fraudulentamente o viola los derechos de los consumidores? ¿Debe callar un periodista cuando le llegan informaciones de abusos de poder, o crímenes por parte del estado u otras corporaciones? ¿Debe un funcionario cumplir órdenes que violan los Derechos Humanos? Más allá del debate sobre obediencia o desobediencia debería centrarse todo en el ejercicio de la responsabilidad, personal, profesional y colectiva.

Se recogen aquí algunas reflexiones sobre personas de nuestro tiempo que no se callaron, arriesgando su seguridad y bienestar, sobre quienes cae todo el peso de la ley, y también mucha represión ilegal. Merecen nuestra consideración y apoyo, como modelos para la construcción de sociedades más justas, informadas y protegidas frente al imperio de la ley, cuando encubre los abusos de los distintos poderes.

Máxima represión para denunciantes de delitos militares

Impacta el proceso y situación de Julian Assange. Criminalizado, tratado cruelmente, encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, en aislamiento y con vigilancia extrema a pesar de ser un preso preventivo y no estar condenado aún por ningún delito. Tras 7 años de reclusión en la embajada de Ecuador en Londres, con acusaciones falsas de violación, desmentidas posteriormente, y pendiente de extradición a Estados Unidos, con riesgo de una condena de hasta 175 años de prisión. ¿Por qué? Por difundir crímenes de guerra en Irak y Afganistán, pendiente de cargos por violar la Ley de Espionaje americana de 1917 y múltiples delitos sobre información clasificada.

Assange es fundador de WikiLeaks, organización de periodistas e informáticos premiada por Amnistía Internacional, ha publicado cientos de documentos y videos sobre crímenes de guerra en Irak y Afganistán, ejecuciones extrajudiciales, bombardeos a civiles, sobre los métodos de tortura e interrogatorios de la CIA en Guantánamo, sobre armamento. No se han desmentido los crímenes denunciados. Pero es implacable el castigo y aniquilación progresiva del denunciante.

En 2010 fue detenida en Irak la actual exsoldado Chelsea Manning, analista de inteligencia del ejército americano, por filtrar a WikiLeaks miles de documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán, cables con informaciones y órdenes de diversas embajadas de Estados Unidos y el vídeo Collateral Murder de la matanza de varios civiles y dos periodistas de Reuters, grabado desde el helicóptero desde el que se disparaba.

Tras tres años de prisión preventiva en cárceles militares, con un trato inhumano, que llevó a Amnistía Internacional a reclamar condiciones de detención ajustadas a la legalidad internacional, fue condenada a 35 años por violar la ley de Espionaje de 1917. En 2017, unos días antes de su cese, Obama le concedió el indulto presidencial al considerar exagerada su condena. Aunque no termina ahí su persecución: encarcelada de nuevo en 2019 por negarse a testificar ante un gran jurado sobre una investigación a WikiLeaks, fue liberada tras un intento de suicidio.

“No quiero vivir en un mundo donde se registre todo lo que hago y digo”. Bien conocido es el caso de Edward Snowden, especialista en ciencias de la computación, consultor tecnológico, empleado de la CIA y la NSA. Con un altísimo nivel de vida y protección, tras un proceso de concientización personal hizo públicos, desde Hong Kong, documentos clasificados de alto secreto sobre los Programas de Vigilancia Masiva PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) americana, difundidos por WikiLeaks, en julio de 2013.

Considerado por Estados Unidos como asunto criminal, comienza su persecución. Se le invalida el pasaporte. Pide asilo político en 21 países, España entre ellos, pero se le deniega en todos por presiones americanas. Con conflictos diplomáticos en algunos aeropuertos, consigue huir a Moscú, donde se le ha concedido un permiso de residencia temporal. El semanario alemán Der Spiegel le premió incluyéndole entre “las personas que mejoran el mundo”. Desde el primer momento renunció al anonimato permitiendo que The Guardian publicara su identidad, explicando que no había hecho nada malo.

En 2016 escribió una especie de manifiesto con las razones para hacer su denuncia, aludiendo a razones políticas, de las que se entresacan estas frases: “La ley no reemplaza a la conciencia”, “Delatar es más que filtrar secretos; es un acto de resistencia política”, “En conciencia no puedo permitir al gobierno de EEUU destruir la privacidad, la libertad de Internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto”, “Los ciudadanos deciden sobre el poder que le otorgan al estado, y no los burócratas de turno”.

La violencia de los delitos económicos

Las modalidades de denuncia y desobediencia son diversas. Muy llamativas por su fuerte represión son las de ámbito militar. Pero no son menos graves las de asuntos económicos, ecológicos, o sobre la salud.

Así es la Lista Falciani, que vulnera el secreto bancario. En 2008 Hervé Falciani, ingeniero de sistemas, publica una lista de unos 130.000 evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal del banco británico HSBC en Ginebra, con una evasión de más de 100.000 millones de dólares. Fue denunciado en varios países, y reclamado en Suiza, donde es delito romper el secreto bancario. Encarcelado un tiempo en Barcelona, se denegó su extradición a Suiza y fue puesto en libertad en España, donde, a pesar de que nadie puede ser condenado judicialmente por informaciones de procedencia ilícita, la lista fue avalada por la fiscalía y el Tribunal Constitucional, al considerar que, al ser entregada a las autoridades y no a particulares, se estaba colaborando con la justicia.

Con el pseudónimo de John Doe, sin pedir nada a cambio, salvo preservar la fuente y proteger a los denunciantes, se filtraron en abril de 2016 los llamados “Papeles de Panamá”, once millones y medio de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca, que desde hacía 40 años trabajaba con los grandes bancos internacionales, y que desapareció a partir de estas filtraciones. Esta firma se dedicaba a crear empresas offshore, empresas fantasma, sin actividad, sin impuestos, en paraísos fiscales, para ocultar la identidad de los propietarios. La documentación se entregó encriptada a un periódico alemán, para ser difundida después por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), red internacional creada en 1997, y que muestra la importancia de un periodismo independiente, tan necesario hoy.

Muchas otras personas han ejercido este tipo de desobediencia civil de denuncia, más bien de carácter individual. Así, el camionero alemán M. Strecker, que en 2007 denunció la venta de carne en mal estado a fabricantes de kebab de Berlín, por lo que tuvo que dimitir el ministro de medio ambiente de Baviera. O Klaus Förster, también alemán, inspector de impuestos y abogado fiscal que denunció la corrupción y sobornos del empresario alemán Flick, por lavado de dinero en la sede de los Misioneros del Verbo Divino.

En 2009 Gianluigi Nuzz publicó el libro Vatican AG, con el que hace públicos los “Papeles del Vaticano” y el escándalo del Banco Ambrosiano que Renato Dardozzi tenía preparados para que se conocieran después de su muerte, porque temía ser asesinado.

Mordechaí Vanunu, técnico nuclear israelí, en 1986 denunció la investigación nuclear secreta de su país. Secuestrado en Roma, trasladado en secreto a Israel y condenado a 18 años de prisión. Pasó once años en aislamiento. Fue liberado en 2004, pero con la prohibición de utilizar teléfono e internet.

La gran denuncia sobre los efectos perjudiciales del tabaco la inició Jeffrey Wigand, directivo e investigador de la corporación tabaquera americana B&W, con una entrevista en la cadena de televisión CBS en 1993 explicando la manipulación intencionada de nicotina y otros componentes adictivos y cancerígenos.

La obediencia pasiva y callada de cada ciudadano es la fuerza y el soporte sobre el que se apoya la arbitrariedad y se construye el totalitarismo.

Sigue de actualidad Daniel Ellsberg, economista americano que, en los años 70 difundió los Papeles del Pentágono denunciando las verdaderas intenciones de la guerra de Vietnam, que a pesar de que el gobierno sabía que no se podría ganar esa guerra, la prolongó, con cientos de muertos evitables. El gobierno prohibió su publicación al New York Times, pero él tenía preparadas copias, que entregó a 17 periódicos hasta su total publicación. Acusado de espionaje. En la actualidad, con casi noventa años, ha testificado en el reciente juicio a favor de Assange, en Londres y, en su día, organizó grupos de apoyo a Manning y declaraciones en favor de Snowden.

El derecho a denunciar sin ser perfecto

¿Importan las ideas, la orientación política, los apellidos o la historia delictiva de quien denuncia, o la veracidad de lo denunciado? Es delicado presentar casos cercanos porque parece que la denuncia, para ser valorada como desobediencia civil, requiere de algunos valores en el denunciante, y no solo de intereses, como pueda parecer en los casos de J. L. Peñas, concejal de Majadahonda, que entregó las grabaciones y destapó la Gürtel, una de las mayores tramas de corrupción política y empresarial de este país; o A. Garrido, denunciante de la misma trama desde el ayuntamiento de Boadilla, y fuertemente perseguida y desprestigiada durante estos diez años.

Comienzan a aparecer en España asociaciones y grupos que reconocen y defienden las denuncias de estas personas, con premios y títulos como en Alemania o Francia, y se está en proceso de aprobar en España la Directiva Europea 2019/1937 Whistleblower de protección de los denunciantes. Así, se ha valorado públicamente a la mencionada A. Garrido, y a A. Peralta y su equipo, ingeniera de Acuamed que en 2014 se negó a firmar sobrecostes de 40 millones en el proyecto de descontaminación del embalse de Flix, del Ebro, denunciando a su empresa FCC, que la despidió, hasta que la justicia falló en su favor en 2017. También a L. Gonzalo Segura, exteniente del ejército de tierra, expulsado por publicar en dos libros un importante fraude de facturas falsas del ejército del aire, despilfarro de presupuestos, armamento y materiales defectuosos, y negligencia en su conservación. Pendiente de los tribunales europeos.

Significativa ha sido la decisión de I. Robles, bombero foral de la Diputación de Vizcaya, al negarse a participar en el dispositivo de vigilancia de la operación de embarque de armamento para Arabia Saudí, en plena guerra con Yemen. Con ello ayudó a que se conociera la realidad de la venta de armamento en España, séptimo exportador mundial. Desde la plataforma “La guerra empieza aquí” y con la idea de que participar nos hace cómplices, sigue denunciando cómo se ha incrementado en la actualidad la exportación de armamento.

Pocas denuncias han contribuido tanto a remover los cimientos del orden social patriarcal establecido como las presentadas por mujeres contra sus poderosos agresores sexuales. El documental Nevenka, presentado estos días, recuerda la primera condena por acoso sexual en España, al entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por la denuncia en 2001 de la concejal de Hacienda agredida, nos muestra hoy el poder transformador de las denuncias.

No podemos olvidar como desobediencia civil la realizada por objetores e insumisos contra el servicio militar obligatorio ni la actual lucha de la PAH y otros grupos por el derecho a la vivienda digna, cargada de razones, sentencias judiciales favorables, desobediencias, y apoyo mutuo, y donde tampoco faltan la criminalización y represión por parte de quienes debieran garantizar el derecho a la vivienda y de quienes se benefician de que no se garantice.

Represión y transformación social

Denominador común a todos los casos de denunciantes, delatores, reveladores de secretos o desobedientes civiles es la represión. Los poderes no soportan que alguien descubra su podredumbre, desvele turbios negocios o denuncie abiertamente su criminalidad, activando sus mecanismos de defensa con respuestas tales como

Rebuscar en su vida privada para presentarlo como un ser indeseable, intentando así eliminar su credibilidad y esconder la verdad de lo denunciado. Con la ayuda de una buena parte de la prensa mercenaria, da resultado.

Aplicar leyes o inventar delitos que permitan su encarcelamiento. Con la privación de libertad, en algunos casos, se abre la veda a todo tipo de abusos.

Destruirlo psíquicamente haciéndolo pasar por loco para limitar su credibilidad, cuando la locura, a veces real, es producto de una selecta represión.

Hundirlo económica y moralmente con demandas judiciales millonarias.

En ocasiones el desobediente acaba hasta perdiendo la vida a manos de sicarios, fuerzas del orden o por suicidio simulado.

No debemos abandonar a su suerte a los denunciantes. Acciones individuales pueden tener una gran repercusión colectiva y ayudar a construir sociedades más transparentes, democráticas, justas y solidarias. Es importante tener el valor de denunciar, pero no lo es menos tener la inteligencia de organizar grupos de apoyo que saquen a la luz la verdad, denuncien los abusos y presiones, y contrasten el relato con los medios.

Es importante tener el valor de denunciar, pero no lo es menos tener la inteligencia de organizar grupos de apoyo que saquen a la luz la verdad y contrasten el relato con los medios.

Con frecuencia nos encontramos con relatos heroicos de personas que en la Alemania nazi o en la resistencia ayudaron a salvar la vida a miles de perseguidos. El nazismo no se hubiera impuesto sin la intoxicación de los medios y la colaboración obediente de millones de ciudadanos. Nos gustaría que todo aquello no hubiera sucedido, que se hubieran negado a criminalizar, a desposeer, a detener, a transportar, vigilar y gasear a millones de inocentes, pero fueron educados en la obediencia – como nosotros- sin que nadie les dijera que hay situaciones en la vida en las que la única conducta responsable es la desobediencia. Como dice J, M, Muller, activista noviolento francés, la historia nos enseña que la democracia está amenazada por la obediencia servil de los ciudadanos y no por su desobediencia civil. Realmente la obediencia pasiva y callada de cada ciudadano es la fuerza y el soporte sobre el que se apoya la arbitrariedad y se construye el totalitarismo.

Proteger a quienes denuncian violaciones de Derechos Humanos, abusos de poder, corrupción o crímenes de guerra es todavía asignatura pendiente para democracias maduras.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane…




Fuente: Grupotortuga.com