September 24, 2021
De parte de Nodo50
168 puntos de vista


Creando oportunidades… pero para los grandes capitales

‚ÄúEsta es la t√©cnica est√°ndar de la privatizaci√≥n: cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen. La gente se molesta y se usa de excusa para pasarlo a manos del capital privado‚ÄĚ

‚ÄďNoam Chomsky

El mundo da vueltas, y m√°s a√ļn el Ecuador: naci√≥n que a veces parece un trompo (peonza), pero de cabeza. Como ya ha sucedido varias veces en la historia del pa√≠s, pasamos fluctuando entre crisis profundas y desperdicios de coyunturas favorables. El per√≠odo corre√≠sta de 2007-2017 es un buen ejemplo: transitamos de ser el ‚Äújaguar latinoamericano‚ÄĚ a entramparnos en un serio estancamiento econ√≥mico.1 Luego, vendr√≠a el morenismo y un manejo econ√≥mico aletargado y desastroso entre 2017-2019, que no solo ahond√≥ el estancamiento, sino que hasta exacerb√≥ la tragedia del coronavirus en 2020.

Entre el desperdicio y la
tragedia, el país ha vuelto al punto de partida, pues hasta en el
aire se percibe cierta sensación de retorno a las décadas de los 80
y 90. Así, ni hemos resuelto nuestros problemas estructurales ni
hemos superado las viejas recetas. Las discusiones y las “soluciones
milagrosas‚ÄĚ se repiten casi tanto como los Buend√≠a en Macondo‚Ķ
Ni la peor crisis de las √ļltimas d√©cadas ha sido suficiente para
replantearnos las cosas. Basta con ver el ‚Äúrenovado‚ÄĚ debate de
las privatizaciones abierto desde las iniciales declaraciones del
presidente Guillermo Lasso.

¬ŅDe verdad no se cansan de
presentar a la privatización de las empresas y activos estatales y a
la reducci√≥n del tama√Īo del Estado como la panacea para los
problemas que nos aquejan? Tan tozudos son algunos defensores de
estos dogmas, que hasta serían capaces de recomendar la
privatización del propio infierno en el día del juicio final.
Imbuidos del espíritu privatizador, con un fervor inigualable,
varios ‚Äúprofetas‚ÄĚ siguen insistiendo en la misma cantaleta. Ni
siquiera tienen creatividad para adornar sus viejos discursos. Para
colmo, los grandes medios de comunicación retruecan como caja de
resonancia el mensaje. Y por supuesto muchos empresarios criollos y
extranjeros se frotan las manos haciendo n√ļmeros de los potenciales
negocios que podrían hacer.

Con este empuje, el af√°n
privatizador irrumpe ‚Äďde nuevo y con enorme fuerza‚Äď en la
sociedad ecuato­riana. Gracias a ese afán, ahora nos toca la
tediosa tarea de volver a discutir una noveler√≠a t√≠pica de los a√Īos
noventa, cuando el dogma neoliberal se expandía aceleradamente en
Nuestra América y en otras partes del planeta.2
Pero bueno, no podíamos esperar nada diferente de este gobierno (y
quiz√° de ning√ļn otro gobierno siendo francos). El propio Guillermo
Lasso anunció horas antes de asumir el poder presidencial su
desespero por privatizarlo todo.3

Seg√ļn nuestros economistas
ortodoxos, la opción privatizadora ofrece varios beneficios a través
de empresas privadas que superarían la ineficiencia natural y
crónica de las empresas estatales. El dogma se completa con la
expectativa de un seguro y positivo resultado en el rendimiento de
las empresas privatizadas que modernizarían su capacidad de ges­tión
y eliminar√≠an los subsidios y los d√©ficits del sector p√ļblico,
creando posibilidades para atraer nuevos recursos internos y
externos.

En este escenario, al Estado sólo
le correspondería hacer respetar las reglas del juego de los
intereses privados, facilitar el flujo de capitales y bienes
nacionales e internacionales, vigilar la libre fijación de los
precios, garantizar la propiedad privada, controlar el
desen­volvimiento de los salarios, contribuir a una mayor
apertura de la propiedad accionar√≠a y mantener el orden p√ļblico. El
Estado, por tanto, se mantendría al margen de la actividad económica
para evitar distorsiones, sosteniendo, eso si, el ambiente propi­cio
para ‚Äúel comportamiento racional‚ÄĚ ‚Äďen t√©rminos de la propiedad
privada‚Äď de los individuos. Aqu√≠ emergen con fuerza el tema de los
arbitrajes nacionales e internacionales con los que el gobierno
quiere favorecer las inversiones privadas. El funcionamiento del
mer­cado estaría protegido por esta actitud estatal que, en
forma anónima e imparcial, equilibraría las fuerzas contrapues­tas.
Hasta allí llega la poesía.

Sin duda que el problema de la
eficiencia o ineficiencia estatal no es simple, de modo que no se lo
puede asumir cual dato inequ√≠voco y proceder a la b√ļsqueda de
pragm√°ticas soluciones. Es m√°s, recordemos que el Estado puede ser
ineficiente pero solo hasta cuando toca aplicar alg√ļn salvataje al
propio sector privado en tiempos de crisis… Por ejemplo, en las
crisis financieras, los Estados se han vuelto hasta una boya de
salvación ante las graves pérdidas financieras privadas. Además,
¬Ņcu√°l es la evidencia de que las privatizaciones / concesiones /
monetizaciones de activos estatales realmente van a aumentar la tasa
de crecimiento de la economía e inclusive asegurar la
gobernabilidad?

En definitiva, el planteamiento
privatizador ‚Äďtan af√≠n a los esquemas fondomone¬≠taristas y tan
propio de envejecidas ideas librecambistas‚Äď merece un an√°lisis m√°s
detenido y contextualizado. Por ende, hay que evitar la
trivialización de esta cuestión, en la medida que se intenta
reducir el tema del Estado a un dilema simplista: m√°s Estado o m√°s
mercado, aterrizándolo en estatización o priva­tización.
¡Estas no son épocas como para seguir entrampados en estas viejas
novelerías!

El
Estado: un instrumento inseparable del sistema capitalista

Las campa√Īas privatizadoras son
tan dogmáticas que hasta pretenden avasa­llar como
atrasa-pueblos a quienes se oponen y a√ļn a aquellos que desean
conocer algo m√°s sobre el tema y que cuestionan ciertos elementos de
su propuesta. Pero m√°s all√° del dogma, cabe destacar que el
problema no es s√≥lo el simple traspaso de la propiedad p√ļblica a la
esfera de la propiedad privada o el mantenimiento de algunas empresas
y actividades en manos estatales. Los problemas estructurales, m√°s
a√ļn en tiempos de crisis profundas, no pueden reducirse a la
simpleza de cu√°nto Estado y cu√°nto mercado deben participar en la
economía.

En primer término, no hay la
contra­dicción radical que se quiere presentar entre el Estado y
el sector privado. El Estado, por su composición social no
representa un actor antagónico, sino que refleja la propia
correlación de las fuerzas sociales internas, incluyendo, cada vez
m√°s, la presencia influyente de capitalistas for√°neos e inclusive
en la pr√°ctica de organismos internacionales como el FMI. Adem√°s,
en ning√ļn pa√≠s, en circunstancia alguna, el discurso que impulsa el
retiro del Estado de la economía ha eliminado su participación. La
presencia estatal o su ausencia relativa se ajusta a determinadas
rela­ciones sociales que buscan defender uno u otro grupo o marco
de privile­gios.

En la presentación de la
ortodoxia librecambista, reembalsamada en los √ļltimos a√Īos en
varios países de la región, nada se dice sobre los factores que han
ge­nerado que se retome la discusión. Incluso descuidan el hecho
de que la presencia activa del Estado en el proceso de busqueda del
‚Äúdesarrollo‚ÄĚ fue im¬≠pulsada por los mismos organismos
internacio­nales, que ahora arremeten en contra de la
inter­vención estatal. No se menciona para nada la crisis del
sistema, que ha motivado una severa crítica al papel del Estado
interventor como promotor y garante del sistema capitalista;
inter­vención impulsada por John Maynard Keynes como
consecuencia de la crisis de los a√Īos treinta, parad√≥jicamente
nacida a raíz de los excesos del librecambismo.

Tam­poco se mencionan las
presiones a reducir el gasto p√ļblico provocadas por el creciente
peso del servicio de la deuda externa; deuda que, por cierto,
beneficia en gran medida a los mismos grandes agentes privados, por
ejemplo, con obras p√ļblicas, compras p√ļblicas y dem√°s pagos
estatales al sector privado financiados con dicho endeudamiento. Y
mucho menos se habla de los ingentes subsidios obtenidos por el
sec­tor privado con el acceso a bienes y servicios producidos por
entidades y empresas p√ļblicas, hasta el punto de que varias de
dichas corporaciones p√ļblicas terminen al borde de la desaparici√≥n
o sufren la acumulación de déficits permanentes. Asimismo, nunca se
discuten las razones que impiden capitalizar a las empresas estatales
empleando sus utilidades cuando, por el contrario, sobran los casos
donde se las ha obligado a contratar créditos externos que luego no
se destinan a dichas empresas.

Para el caso ecuatoriano, en este
momento se debería tener en cuenta las renovadas demandas al Estado
para enfrentar los retos derivados de la pandemia del coronavirus.
Pero no, lo que interesa es monetizar algunos activos del Estado para
intentar salir del ‚Äúactual bache‚ÄĚ ‚Äďla mayor crisis de la
historia econ√≥mica del pa√≠s4‚Äď
sobre todo para atender las enormes demandas del servicio de la deuda
externa, que desde 2021 a 2025 demandar√°n m√°s de 20 mil millones de
dólares.

As√≠, a esta campa√Īa en contra
de la acción estatal, no le interesa que el Estado ecuatoriano haya
transferido a lo largo de las √ļltimas decadas millonarios recursos a
los empresarios priva¬≠dos, a trav√©s de m√ļltiples v√≠as
incluyendo la omnipresente corrupción (inducida en varias veces por
los propios agentes económicos privados). Para nada importa que el
Estado garan­tice con un sistema complejo de subsi­dios
implícitos y poco transparentes la tan socorrida “eficiente
privada‚ÄĚ.

Igualmente, no se puede olvidar
que los Estados suelen invertir en diversos proyectos que, por su
baja rentabilidad de corto plazo y por los enormes reque­rimientos
de capital involucrados, no pueden ser asumidos por el empresario
privado. En el caso ecuatoriano, particularmente en los dos auges
petroleros, el Estado asumió cada vez más tareas en beneficio de
grupos monopólicos y oligopóli­cos, cuando adicionalmente éstos
usu­fructuaban de fáciles negocios. Ahora, en medio de la
crisis, surge el af√°n privatizador para ampliar o al menos mantener
las tasas de ganancia del capital.

Anotemos un punto adicional.
Inclusive quienes cuestionan la ideología dominante, sustentada en
la filosofia liberal, pretenden presentar al Estado como un ente
fuera de la so¬≠ciedad, que est√° sobre ella y que act√ļa en forma
neutra para normarla. Así, los defensores de estas visiones
estatistas quieren desconocer las relaciones sociales existentes en
el Estado, en cuyo seno se expresan tendencias diversas, como
producto de m√ļtiples correlaciones de fuerzas econ√≥micas y sociales
prevalecien­tes en la sociedad. Y por eso simplemente creen que
es preciso ‚Äúasaltar‚ÄĚ el Estado para desde all√≠ administrar el
capitalismo provocando las transformaciones que consideran
necesarias. Vaya ingenuidad de esta lectura tan propia de √°mbitos
progresistas.

El
Estado: una suerte de ‚Äúempresa reparadora‚ÄĚ del sistema

Sin negar la presencia muchas
veces masiva e indignante de ineficiencia y burocratismo en el
aparato estatal, en el Ecuador no ha habido una experiencia
estatizante como en otros paises latinoamericanos. Aunque esto no
significa que las cosas deben seguir como est√°n.

Para comprender el alcance de la
ingerencia estatal en la economía, cabría analizar la incidencia de
las actividades en que par¬≠ticipan las empresas p√ļblicas, as√≠
como los impactos ‚Äďincluso potencialmente multiplicadores‚Äď que
pueden tener dentro de varios sectores tanto la obra p√ļblica como
las compras estatales. Salvo algunos sectores como los estratégicos
‚Äďen especial petr√≥leo, electricidad, comunicaciones‚Äď la
participación de las empresas estatales es suma­mente limitada
como para ejercer una influencia profunda en la din√°mica de las
respectivas ramas y subramas de la economía. Además, de ninguna
manera se puede concluir que la eficiencia en el sector privado
ecuatoriano es siempre mayor que en el estatal. Mucho depende el
contexto, los objetivos de las empresas p√ļblicas (donde la
prestación de servicios puede ser más relevante que maximizar la
rentabilidad), e incluso la actividad concreta realizada.

Para colmo, los problemas de una
empresa estatal no son fácilmente gene­ralizables para todo el
Estado. Empíricamente resulta muy dificil ase­verar que por
definición las empresas estatales no son más eficientes que las
privadas, puesto que habría que comparar en situaciones de
eficiencia y mercado similares cada caso concreto.

Tampoco podemos olvidar que el
Estado no solo asumió una y otra vez la tarea de apoyar el
funcionamiento del sector pri­vado, sino que incluso ha
intervenido como ‚Äúreparadora‚ÄĚ del sistema. La lista de ejemplos
es enorme: basta recordar lo sucedido desde la estatización de las
p√©rdidas del Banco ‚ÄúLa Previsora‚ÄĚ, en 1977, hasta el gran
salvajate bancario de fines del siglo XX. Podr√≠amos a√Īadir los
salvatajes en las décadas de los 80 y 90 con la famosa
‚Äúsucreti¬≠zaci√≥n‚ÄĚ de la deuda externa contratada libremente
por los ac­tores privados, el masivo financiamiento estatal de
todo el sistema financiero privado con
la compra de cuentas especiales en divisas

(aunque con ciertas preferencias para algunos bancos), con la
sobreprotección por décadas con aranceles y subsidios a grandes
grupos económicos…

Un caso luminoso es el
relacionado al sumi­nistro de electricidad de Guayaquil a cargo
de la empresa privada EMELEC, que pudo funcionar por décadas como
una empresa privada ex­tranjera sumamente rentable, sólo gracias
a la garantía estatal. Por contrato el Estado le aseguraba ganancias
mínimas y en dólares de 9,5% sobre activos fijos, a más de que no
pag√≥ por muchos a√Īos los com¬≠bustibles a CEPE (ahora
PETROECUADOR), y la energía eléctrica a INECEL, ente estatal que
generaba la casi totalidad de la electricidad que comercializa dicha
empresa privada. Y si bien esa situación se superó, a través de un
proceso abiertamente nocivo para el Estado, no podemos olvidar los
enormes beneficios que recibieron una serie de empresas de generación
térmica de electricidad en especial desde el gobierno de Sixto Durán
Ballén hasta llegar a varias empresas que en la actualidad
suministran electricidad generada con energía solar, gracias a
monumentales subsidos estatales.5

Tomando como referencia esta
realidad, francamente no convendría tanto hablar de privatizaciones;
lo lógico sería más bien buscar la desprivatización
del Estado
entendida
como una real
eliminación
de la estructura
estatal al servicio de monopolios y oligopolios tanto nacionales como
transnacionales
. En
definitiva, lo lógico sería replantear al Estado para que deje de
servir de instrumento de acumulación del capital (tarea sin duda
compleja y que puede requerir el inicio de una transformación de la
propia sociedad). Adem√°s, en muchos casos, el tema no se resuelve
con la estatizaci√≥n de servicios p√ļblicos, como el suministro de
agua, por ejemplo, sino con su comunalización.
Empero, antes a√ļn de ana¬≠lizar estas contrapuestas posiciones y
de pensar en redimensionar el Estado, es necesario que se discuta
cual debe ser su función. Repensarlo es ponerlo al día en función
de las demandas de la sociedad y no a gusto de las demandas del
capital sea en tiempos neoliberales
o progresistas.

Impulsos
e intentos privatizadores correistas

Antes de desmenuzar muy
r√°pidamente los objetivos privatizadores propuestos por el gobierno
de Lasso, cabe tomar en cuenta que el proceso privatizador en el país
no es un mero capricho de una u otra corriente política o económica.
Hace varios a√Īos que la crisis econ√≥mica del Ecuador trasciende a
las formas y apariencias políticas de los gobiernos. Particularmente
desde 2015, la economía ecuatoriana muestra un serio estancamiento
pese a haber recibido miles de millones de dólares sobre todo las
exportaciones de petróleo y de endeudamiento externo; y del
estancamiento pasamos directamente al colapso gracias al coronavirus
y a un manejo gubernamental desastroso. Es m√°s, podemos decir que la
crisis del capitalismo ecuatoriano es tan severa que la situación
que actualmente vivimos quizá no sería muy diferente si la victoria
electoral de 2021 llegaba para alguien distinto a Lasso. ¬ŅO acaso
alguna corriente política poseía la varita mágica para resolver la
crisis estructural de inmediato?

Vivimos una crisis capitalista en
toda su magnitud. Una crisis donde las clases dominantes -m√°s all√°
de sus formas particulares- necesitan con urgencia la libertad
suficiente para sobreexplotar a trabajadores y Naturaleza. En ese
sentido, el proceso privatizador es otro elemento adicional que busca
brindar a los grandes capitales ‚Äďlocales y transnacionales‚Äď la
oportunidad de reactivar o fortalecer sus posibilidades de lucro. Al
formar parte de un proceso más dentro de la dinámica de acumulación
capitalista, no debe sorprendernos que las pretensiones
privatizadoras ya ven√≠an haciendo ruido desde hace algunos a√Īos,
incluso en tiempos del progresismo correísta.

Recordemos que al final de su
gobierno, Rafael Correa disolvió empresas estatales y arrancó con
el impulso privatizador al se√Īalar las intenciones de vender varias
empresas p√ļblicas, incluso a ratos de forma camuflada.6
Dentro del arranque
privatizador correísta

destaca la Empresa P√ļblica de F√°rmacos ENFARMA, creada en diciembre
de 2009, la cual se dedicaría a producir medicamentos genéricos e
incluso a la investigación farmacéutica. La producción de esta
empresa proveería a los hospitales y centros de salud administrados
por el Ministerio de Salud, el IESS, el ISSFA y el ISSPOL. De hecho,
el mercado cautivo de la empresa era de aproximadamente 500 millones
de d√≥lares al a√Īo. Finalmente, la empresa termin√≥ por ser
liquidada vía decreto por el propio Correa en 2016. Aquí no podemos
dejar de pensar en el aporte que pudo haber dado esta empresa en
tiempos de pandemia, ni en el negocio que terminó garantizándose a
los importadores privados de medicamentos…

Junto con esta empresa p√ļblica
caída en desgracia, el correísmo ejecutó otros procesos
privatizadores: ejemplo de ello es el ingenio azucarero Ecudos (antes
Aztra), el cual pasó a manos del Estado en 2008 luego de ser
incautado a la familia Isaías, y que en 2011 se lo vendió al Grupo
Gloria de Per√ļ. La venta del ingenio se hizo a pesar de que la
empresa generó utilidades netas en 2008 de 3,5 millones, en 2009 de
2,4 millones y en 2010 de 7,1 millones de dólares. Para colmo, las
condiciones de la venta fueron cuestionables: se vendió 70% del
paquete accionario por 133,8 millones de dólares, cuando se debía
obtener 174 millones (pérdida aproximada de 40 millones); además
que el grupo peruano apenas pagó el 10% al contado, mientras que el
90% se pagó con un crédito de la Corporación Financiera Nacional a
una tasa de 5% (recordemos que al Ecuador le cobran, en promedio, un
9% en la emisión de bonos de deuda).

Además de Aztra/Ecudos, también
se promovió la privatización de las cementeras Chimborazo y Guapán.
Cementos Chimborazo desde su creación perteneció al Estado,
mientras que Guapán originalmente pertenecía al IESS, pero luego la
cementera fue adquirida por el Ministerio de Industrias. Ambas
empresas se fusionaron y conformaron la Unión Cementera Nacional, la
cual pas√≥ a ser manejada por la Empresa P√ļblica Cementera del
Ecuador (EPCE) en 2010. Aunque la cementera generó en 2014
utilidades de aproximadamente 25 millones de dólares, más del 60%
del paquete accionario se vendió a fines de 2014 al mismo Grupo
Gloria de Per√ļ que, dicho sea de paso, se encontrar√≠a entre los
grupos económicos más poderosos del vecino del sur.

En esta lista correista de
concesiones de activos del sector p√ļblico no puede faltar la entrega
de los puertos más grandes del país al capital transnacional,
alíado con grupos oligárquicos locales. Nos referimos a las
concesiones por 50 a√Īos, sin licitaci√≥n, de los puertos de Posorja,
Puerto Bolívar, Manta… Y por cierto no se puede ocultar el empuje
que se otorgó durante el correismo a los capitales petroleros,
llegando inclusive a entregar el capo petrolero Sacha y otros campos
petroleros a empresas privadas transnacionales en su gran mayoría.7
El festín minero del siglo XXI es por supuesto otra clara
manifestaci√≥n de c√≥mo en el gobierno corre√≠sa ‚Äďde vac√≠o
discurso soberanista‚Äď se abr√≠a la puerta a los capitales
transnacionales.

A su vez, al final de su
gobierno, Correa se√Īal√≥ una larga lista de intenciones
privatizadoras: Fabricamos Ecuador (Fabrec), GamaTC, TC Televisión,
Banco del Pacífico, Diario El Telégrafo y Televisión y Radio de
Ecuador (RTV Ecuador), los Correos del Ecuador, la Flota Petrolera
Ecuatoriana, la liquidación de la Gran Nacional Minera Mariscal
Sucre. Incluso se propuso la apertura a capitales privados para que
administren las hidroel√©ctricas Sopladora, Manduriacu y Oca√Īa, y
hasta la participación de capitales privados en grandes empresas
p√ļblicas como la Corporaci√≥n Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ‚Äď
una de las empresas con el patrimonio más grande del país.

Fueron se√Īales muy claras de que
se pretendía un nuevo desmantelamiento del Estado al puro estilo
neoliberal. Y todo bajo el argumento de obtener liquidez para el
gobierno y afrontar el difícil momento de la economía ecuatoriana,
argumento hasta indolente si recordamos todos los despilfarros del
correísmo. Por ejemplo, para citar apenas dos casos, recordemos la
fallida construcción de la Refinería del Pacífico y la costosa
rehabilitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas.

Por cierto, cabe mencionar que en
el gobierno de Moreno no prosperaron esas intenciones privatizadoras.
Lo que se produjo es la disolución de varias empresas estatales,
incluso de indudable importancia para la vida de una sociedad como
Correos del Ecuador. En todo caso, hasta para la ejecución de las
ambiciones privatizadoras, el gobierno de Moreno resultó un
desastre.

El
país del encuentro… privatizador

Llegados
a este punto, cuando el gobierno de Lasso ha declarado su interés de
abrir la puerta a privatizaciones y concesiones ‚Äďa las que el
gobierno anterior eufem√≠sticamente llamaba monetizaciones‚Äď bien
vale establecer algunas diferencias y por cierto adentrarse en la
materia desde una lectura de economía política. Empecemos pues
destacando a quiénes les interesa las privatizaciones, más allá de
quienes las aceptan como una verdad revelada.

El discurso privatizador tiene
interesados a nivel nacional e internacional. En este sentido, los
capitales transnacionales est√°n entre los primeros empe√Īados en que
los Estados nacionales se deshagan de sus patrimonios, para
obtenerlos por la vía de la inversión extranjera directa normal.
Los capitales nacionales, muchas veces estrechamente vinculados al
capital externo, también aspiran hacerse cargo de una tajada de
posibles negocios, casi siempre muy lucrativos. Y por si esto fuera
poco, estas preten­siones reciben el respaldo abierto de los
organismos multilaterales de crédito o de gobiernos como los EEUU
que en repetidas ocasiones se ha pronunciado a favor de sus
connacionales, como en el mencionado caso de Emelec, o recientemente
al otorgar una línea de crédito condicionada a privatizaciones y
concesiones.

Ahora, con el gobierno de
Guillermo Lasso parece que la intención privatizadora a ultranza se
haría realidad. En este punto cabría discutir algunas de las áreas
que aparecen en la mira de las privatizaciones y concesiones
lassistas.

  • Venta del Banco del Pac√≠fico

Empecemos por la pretendida venta
del Banco del Pacífico, que tiene una possición preponderante en el
mercado financiero del país y que realiza importantes utilidades.
¬ŅQu√© hace el Estado manejando un banco que era privado?, es una
pregunta de cajón. La respuesta está en línea con lo que
manifestamos anteriormente: este banco formó parte de las entidades
financieras salvadas por el Estado. Y ahora, su venta ser√≠a ‚Äďseg√ļn
una lectura muy superficial‚Äď un paso necesario para que vuelva a
sus orígenes.

El asunto es m√°s complejo. No se
trata solo de impulsar un proceso transparente y de obtener el mejor
precio posible. Lo que interesa es averiguar las consecuencias que
podría tener dicha venta y cuáles podrían ser algunas alternativas
para conseguir un objetivo m√°s trascendente que el obtener un
ingreso monetario m√°s o menos significativo, pero con una mera
perspectiva cortoplacista.

Basta recordar que en 2019 solo
cinco bancos (Pichincha, Produbanco, Guayaquil, Internacional y
Bolivariano) concentraron un 64 % de los cr√©ditos y 67 %
de los depósitos. Si se concreta la venta del Banco del Pacífico
‚Äďpor su tama√Īo, el segundo del mercado, actualmente en manos del
Estado‚Äď el poder del oligopolio bancario crecer√≠a a√ļn m√°s.
Difícilmente se puede aceptar el argumento de que un propietario
privado mejoraría los niveles de competencia en el mercado. Si ese
es el objetivo, ¬Ņpor qu√© no impulsar un frente de banca p√ļblica y
comunitaria ‚Äďbancos estatales (Banecuador, CFN, Banco del Pac√≠fico)
y BIESS‚Äď en estrecha alianza con las cooperativas de ahorro y
créditos, así como con las cajas comunales y otras entidades de la
Economía Popular y Solidaria?

Por supuesto que urge tomar
medidas para generar competencia en el mercado financiero y, por
ejemplo, reducir las tasas de interés. El Estado puede abrir líneas
de segundo piso para fondear (financiar) especialmente a las
cooperativas que son las que m√°s llegan a las localidades y
financian a los micro y peque√Īos emprendimientos. Es necesario
también fomentar la creación de más cajas de ahorro comunitarias
complementadas con un mayor uso de medios de pago alternativos que
dejen de depender del uso de dólares físicos para las
transacciones. Y por cierto urge también estimar y establecer
límites a la concentración de la banca: por ejemplo, impedir
legalmente que un solo banco concentre más del 10% de créditos y
depósitos. Aquí puede ayudar una ley antimonopolios que penalice
con impuestos extraordinarios a grupos económicos y financieros de
excesiva concentración.

  • Concesi√≥n de Corporaci√≥n
    Nacional de Telecomunicaciones (CNT)

Otro de los activos del Estado
que est√° en la mira privatizadora es la CNT. El patrimonio de esta
empresa debe bordear fácilmente los 1.700 millones dólares. Su
abierta privatización o concesión es muy probable que conlleve a la
transnacionalización de la Corporación, pues es muy difícil creer
que una empresa privada nacional pueda asumir el reto de transformar
a la CNT y ponerla a competir con las transnacionales telefónicas
Claro y Movistar que actualmente dominan el mercado. Por cierto, cabe
no olvidar los apoyos que el correísmo brindó a estas empresas
transnacionales para que sigan operando en el país cuando existía
la posibilidad de que la empresa p√ļblica se encargue totalmente de
las telecomunicaciones.

Sin que CNT sea una empresa que
brille por su eficiencia, es una empresa rentable. Y bien podría
transformarse en actor importante para ampliar sustantivamente el
servicio en todo el Ecuador, al tiempo que serviría para romper el
poder del oligopolio de la telefonía privada, que controlan el
grueso del mercado y que en algunos casos ‚Äďsobre todo Claro‚Äď
obtienen utilidades anuales superiores al 90% (noventa por ciento)
sobre su patrimonio neto.

  • Concesiones y
    privatizaciones en el sector hidrocarburífero

Una decisión de privatizar las
tres refinerías existentes tiene que considerar una serie de
elementos estratégicos y, en el caso pe­trolero, no se puede
olvidar la experien­cia de las décadas en que las
transnacio­nales dominaban toda la industria hidro­carburífera,
con escasos beneficios para el país. Incluso cabe traer a la memoria
los enormes subsidios que han recibido las empresas petroleras para
sostener rentables sus operaciones; una cuestión que surgió hace ya
muchísimas décadas cuando el Estado ecuatoriano subsidiaba las
exportaciones petroleras de la Anglo, que extaría el crudo de la
Península de Santa Elena. Y tampoco se puede menospre­ciar la
selección del momento oportuno para proceder a la venta de las
refinerias, puesto que cuando existe una sobre­oferta de
determinadas empresas o cuando el sector da clara muestras de
debilitamiento estructural8,
se otorgarían mayores beneficios al capital transnacional y no se
conseguirían todos los resultados espera­dos. En
este sentido, igualmente se propone transformar la mayor empresa del
país, Petroecuador, en una sociedad anónima, es decir abrir la
puerta para su paulatina privatización.

La viabilidad de una
privati­zación de empresas de areas estratégicas debería
depender de las posibilidades existentes para que ésta sirva de
palanca para garantizar la transferencia de tecnología por parte de
los inversionistas extranjeros, en campos donde sea indispensable. De
todas maneras, mejor ser√° crear condiciones adecuadas para que los
en¬≠tes estatales que act√ļan en campos estrat√©gicos puedan
desenvolverse en ambientes de mayor competividad. Reiteremos también
que el objetivo de las empresas p√ļblica no es necesariamente la
rentabilidad, m√°s a√ļn en el caso de sectores estrat√©gicos donde es
crucial garantizar al país al menos un mínimo de autonomía.

Asimismo, disponer de empresas
estatales en campos estratégicos puede ayudar, sobre todo si se
quiere impulsar una transición posextractivista. Pero, contar con
esas empresas no asegura mecánicamente otra política extractivista
y peor una superación del extractivismo. Recordemos que el accionar
de las empresas estatales casi siempre est√° motivado por las
demandas del mercado mundial, e incluso ha llegado a ser ‚Äďen no
pocas oportunidades‚Äď mucho m√°s da√Īino que las acciones de las
propias transnacionales al atropellar a las comunidades en nombre del
interés nacional y/o porque no tienen tecnologías y prácticas
adecuadas. A modo de constatación de lo dicho, es perversa la
alianza de empresas extractivistas estatales, como entre la empresa
minera estatal ecuatoriana Enami y Codelco (Corporación Nacional del
Cobre de Chile), esta √ļltima orientada a facilitar la ampliaci√≥n de
la minería en Intag, provincia de Imbabura.

  • Un redoblado impulso
    transnacional para los extractivismos

En línea con lo que han
intentado otros gobiernos, sobre todo ahora agobiado por la
megacrisis que afecta al pa√≠s y m√°s a√ļn con el lastre de una
economía dolarizada, se trata de conseguir dólares de cualquier
forma. En especial, dólares provenientes de las exportaciones. Y
para lograrlo se forzan las actividades extractivistas y la
flexibilización laboral, con el fin de hacer realidad la ansiada
competitividad.

Así, con el fin de paliar las
angustias fiscales, una de las medidas que ha esgrimido el presidente
Lasso ‚Äďya en campa√Īa‚Äď es la duplicaci√≥n del volumen de
extracción de petróleo, de 500 mil a 1 millón de barriles diarios
(sin considerar incluso todas las limitaciones ambientales y técnicas
que semejante propuesta podría implicar). Y en consecuencia ha
sintetizado los afanes orientados a ampliar las actividades
petroleras en el Decreto 95, del 7 de julio de 20219.

Para empezar no se puede caer en
an√°lisis simples y comenzar a calcular ‚Äďcon meras ‚Äúreglas de
tres‚ÄĚ o similares‚Äď cu√°nto ser√≠a el aumento de los ingresos
petroleros necesarios para las tan alica√≠das finanzas p√ļblicas.
Lasso ha reconocido que tomar√° cuatro a√Īos cumplir con esta meta
petrolera (sería oportuno conocer qué fuente o estudio
especializado empleó como referencia para plantear ese plazo). Sin
embargo, algo que no se toma en cuenta es la resistencia de las
comunidades amazónicas que con sobradas razones defenderán con
creciente firmeza sus territorios. Otro limitante: un aumento del
volumen de extracción de crudo, sin un incremento de las reservas,
acercar√° a√ļn m√°s la fecha en la que Ecuador dejar√° de exportar
petróleo; caeríamos en una suerte de pan para hoy, hambre para
ma√Īana.
10

Un mecanismo para conseguir este
ambicioso y a la par complejo objetivo, a m√°s de las privatizaciones
rápidamente mencionadas en líneas anteriores, radica en concluir
con los contratos petroleros de servicios y, volver a los contratos
de participación. Los contratos de prestación de servicios adolecen
de un problema, que radica en el costo de extracción mínimo, que
bordea en promedio los 35 dólares por barril; así, cuando el precio
cae, el rendimiento es menor. Con los contratos de participación la
tajada estatal ser√° menor, pero se espera contrapesar eso con
mayores inversiones que permitan incrementar las tasas de extracción
de crudo. La entrega de campos petroleros a empresas extranjeras
‚Äďcomo ya lo hizo Correa en su gobierno‚Äď no ser√° suficiente para
conseguir ese esperado beneficio, pues para generar interés en las
empresas privadas hay que ampliar el margen de sus utilidades.

El espaldarazo a la megaminería
(ver el Decreto 151, suscrito el 5 de agosto de 202111)
que recibe abierto aliento de los grandes medios de comunicación
‚Äďseguramente lucran hasta de la creciente publicidad de las
empresas mineras‚Äď no se reflejar√° en beneficios importantes para
el país, pero con seguridad aumentará la conflictividad social en
los territorios. Veamos un par de cifras preliminares de las mismas
mineras y del Estado para el caso de siete proyectos megamineros: el
total de ingresos que se generaría por la megaminería en las
próximas décadas podría ser de 132.432 millones de dólares. De
ellos sólo unos 27.486 millones (20%) llegarían al Estado
ecuatoriano en períodos que van desde once hasta más de cincuenta
a√Īos. 

Solo para entender lo poco que
representan los 27.486 millones que se recopilaría al terminar los
principales megaproyectos actualmente en cartera, notemos algunas
cifras: entre 2007 y 2018, el sector p√ļblico no financiero
ecuatoriano (gobierno central, gobiernos seccionales, empresas
p√ļblicas y dem√°s entes estatales), recibi√≥ casi 99 mil millones
por ingresos petroleros; solo el gobierno central registró por ese
rubro, en esos once a√Īos, 41.822 millones de d√≥lares: 150% veces
m√°s en un per√≠odo tres veces m√°s corto que lo que ofrece la 
megaminería.

El costo de monitoreo ‚Äďno
necesariamente de remediaci√≥n y menos a√ļn de restauraci√≥n‚Äď de
los sitios de las minas de los proyectos Mirador, Fruta del Norte,
Loma Larga, Río Blanco, Panantza-San Carlos, Llurimagua, Cascabel,
Cangrejos, y El Domo/Curipamba, calculado a míseros 3 dólares por
tonelada para procesar las m√°s de 5 mil millones de toneladas de
material que hay que extraer del subsuelo, podría llegar al menos a
14.500 millones de dólares: casi el 53% de los 27.486 millones de
dólares que, se supone, recibiría el Estado. Este costo no
considera, por supuesto, la contaminación del agua, los subsidios
ocultos (electricidad subsidiada, por ejemplo), los costos de
eventuales accidentes (muy probables dados los contextos altamente
riesgosos en los cuales se est√°n desarrollando los proyectos), como
la rotura de un dique de colas y la consecuente limpieza de la
contaminación asociada. Y no podríamos marginar la enorme cantidad
de beneficios tributarios y arancelarios que reciben estas empresas.
Si todos los proyectos estratégicos entraran en funcionamiento,
habría entre 32 y 40 mil puestos de trabajo directo, menos del 0,4%
de la población económicamente activa.12

Para alentar las inversiones
extranjeras en otros ámbitos, así como también en los diversos
extractivismos, el Gobierno retornó al Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados ‚Äď CIADI. Como consecuencia de esta acci√≥n el r√©gimen
expidió el Decreto 16513,
el 18 de agosto de 2021, que reglamenta la Ley de Arbitraje y
Mediación expedida en 1998. A través de dicho reglamento se amplía
de manera profunda el √°mbito de los arbitrajes, incluso prohibiendo
cualquier injerencia de fuera de los centros de arbitraje y abriendo
la puerta a la retroactividad en la aplicación de los arbitrajes,
para asegurar más y más garantías a las inversiones privadas, en
particular extranjeras. Inversiones que, por cierto, cuando han
provocado controversias resueltas en arbitrajes internacionales, han
generado prácticamente miles de millones de dólares en pérdidas al
estado ecuatoriano.

Si se lee con detenimiento ‚Äďy
buena fe‚Äď lo que dispone la Constituci√≥n, si se recupera el
espíritu de la Constituyente y, si se revisa la Carta Magna en su
integralidad, la prohibición a que el país se someta a arbitrajes
internacionales no deja espacio para la duda.14
En el artículo 419, se fija el marco de vigencia de los tratados
internacionales que requieren una aprobación por parte de la función
legislativa, entre los que no aparecen los mencionados arbitrajes
internacionales. Los arbitrajes est√°n expresamente prohibidos en el
artículo 422. Eso sí, dejamos claro, incluso como argumento
adicional para aclarar el tema, que en dicho artículo 422 se prevé
la posibilidad de instancias arbitrales solo en el √°mbito regional,
es decir latinoamericano,15
y también se contempla la posibilidad de un sistema de arbitraje
para deuda externa soberana, que no existe todavía a nivel
internacional.16

La experiencia en Ecuador y en el
mundo nos dice que las inversiones extranjeras no vienen motivadas
solo por tratados bilaterales de inversión (en donde se acepta el
arbitraje internacional en el caso de controversias) sino por otras
razones que tienen que ver con las posibilidades de obtener
beneficios e incluso con la capacidad de aumentar la influencia de
capitales transnacionales en sectores estratégicos. Es más,
Ecuador, al 2017, tenía más tratados de arbitraje internacional que
muchos países de la región, y sin embargo recibía solo 0,79% de la
inversión que llegaba del mundo a América Latina y el Caribe. El
 principal flujo de inversiones extranjeras directas hacia
Ecuador provenía de Brasil, México y Panamá, países con los que
Ecuador no había firmado un tratado bilateral de inversiones. Y como
si lo anterior no fuese suficiente, t√©ngase presente que ‚Äďcomparando
dos pa√≠ses de la regi√≥n de tama√Īo relativamente similar‚Äď Brasil,
sin tratados bilaterales de inversión, supera en inversiones
extranjeras a México, uno de los países con más tratados de
inversión.

Privatizar
o no privatizar, ‚Äúthat is (not) the question‚ÄĚ

En este texto hemos presentado
apenas una breve lectura preliminar de los principales sectores que
podrían afectarse por la ola privatizadora que parece aproximarse.
Sin duda faltan temas candentes y preocupantes que merecen una
discusión futura mucho más detallada. Entre esos temas se puede
destacar a las pretensiones de privatizaci√≥n (as√≠ sea ‚Äúencubierta‚ÄĚ)
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Por ahora, lo que buscamos es
incentivar al análisis de algunos elementos básicos de la cuestión
y plantear algunas interrogantes que pueden enriquecer el debate.
Incluso, cabe aprovechar el momento para empezar a repensar
al Estado
. Así, luego
de plantearse la función que debe asumir el Estado en el conjunto de
la sociedad y no solo en la econom√≠a, se podr√≠a dise√Īar un
programa de mejo­ramiento de la eficiencia estatal (comprendiendo
que los objetivos estatales deberían ser distintos a objetivos del
capital). Sólo entonces se podrá debatir sobre el tema de la
entrega o incluso venta de activos del sector p√ļblico, que podr√≠a
ser en algunos casos una herramienta para mejorar los índices de
eficiencia, que no se agota en la esfera de la propiedad empresarial,
sino que debe integrar otros aspectos de mayor incidencia en la
macroeconomía y en la sociedad en general. Incluso, cabría pensar
en la posibilidad no de la privatización sino de la entrega de la
administraci√≥n de empresas p√ļblicas y activos estatales a
comunidades,
cooperativas
u otras formas alternativas de organización social de carácter no
capitalista.

Así, el logro de este objetivo
no necesariamente debería estar ligado a un problema de propiedad
sino de gestión, que no se reduce a una supuesta dicotomía entre el
Estado y la empresa privada.

Entre algunos puntos dignos de
mencionar destaquemos que varias empresas p√ļblicas han sido v√≠ctimas
de un manejo irresponsable y corrupto, hasta en beneficio de agentes
privados. Y en este punto tampoco se puede marginar la existencia de
‚Äúlas puertas giratorias‚ÄĚ, es decir la casi contin√ļa circulaci√≥n
de personas que vienen del sector privado a administrar las empresas
p√ļblicas o a cumplir funciones gubernamentales, de donde, luego de
un tiempo -muchas veces luego de haber atendido las demandas de sus
gremios o sus empresas ‚Äď retornan al mundo empresarial privado, sin
que se pueda consolidar un equipo de gerencia estable y preparado al
frente de las empresas del Estado.

Tampoco se puede descuidar el
efecto acumulativo de las sucesivas políti­cas de austeridad
‚Äďmotivada por la necesidad de mantener el pago del servicio de la
deuda externa‚Äď, que ha ocasionado severos problemas finan¬≠cieros
a las entidades estatales, que han asumido el peso de los ajustes y
se han visto imposibilitadas de mantener los ritmos de atención al
p√ļblico o la expan¬≠si√≥n y el mantenimiento de sus opera¬≠ciones.

En el caso de los servicios
p√ļblicos, afectados por la crisis econ√≥mica, la impostergable
b√ļsqueda de mayor efi¬≠ciencia, que pretende ser resuelta por la
acción privatizadora, no puede perder de vista la equidad social y
la responsabilidad ambiental, objetivos insepa­rables de la
gestión estatal. Por lo tanto, se debe considerar el riesgo del
incremento de las tarifas de los servicios p√ļblicos que sean
privatizados, a más de las dificul­tades para ampliar su
cobertura a los sectores m√°s necesitados. Est√° claro que las
necesidades sociales no suelen coincidir con el rendimiento
empresarial, pues este √ļltimo puede agudizar la con¬≠centraci√≥n
de beneficios en la élite. En cambio, para los sectores de menores
ingresos, las privatizaciones pueden implicar hasta una disminución
o eliminaci√≥n del acceso a deter¬≠minados servicios p√ļblicos.

De igual manera inciden en el
funciona¬≠miento de las empresas p√ļblicas los mar¬≠cos
jurídicos vigentes y la falta de un entorno económico adecuado, que
constituyen verdaderas camisas de fuerza que impiden su
desenvolvimiento; el caso de Petroecuador es paradigm√°tico en este
punto. A su vez, el desenvolvimiento de las empresas p√ļblicas se ve
afec­tado por interferencias políticas, impidiendo que su
fun­cionamiento sea estable y armónico; es más, en no pocas
ocasiones la designación de sus directivos responde a intereses
coyunturales de la política par­tidista antes que a alguna
visión estratégica. Por eso, antes que pensar en la venta (hasta
subvaluada) de las empresas estatales, lo urgente debería ser la
transformación de su gestión, buscando una posible combinación
entre rentabilidad, sustentabilidad y garantía del acceso a la
poblaci√≥n, sin perder de vista en ning√ļn momento los mencionados
objetivos sociales y ambientales.

También es preciso destacar que
la privatización no puede sustituir un monopolio estatal por un
privado. No solo se trata del problema de que el monopolio,
independientemente de su propiedad, produce ineficiencias en la
asignación de recursos, sino que en el caso de los monopolios
privados con­ducen a mayores concentraciones de la riqueza y por
ende del poder político. Por esta razón, antes que pensar en una
sus­titución de las estructuras de la propiedad monopólica, es
preferible configurar condiciones para que la empresa estatal
funcione como si existieran condiciones de competencia y que
considere los cos­tos externos a su gestión. Y esto será
factible cuando se armonice jurídica e institucionalmente la
actividad de los entes estatales, cuando se elimine la debilidad en
la definici√≥n de las pol√≠ticas del sector p√ļblico en general, y
cuando se brinde una mayor participación popular y comunitario en la
propia administración del Estado y de sus activos.

De todas maneras, existen casos
donde se podría impulsar la privatización, o mejor dicho la
transformación de la propiedad estatal en otras formas de propiedad
que fortalezcan la economía nacional. Por ejemplo, la participación
p√ļblica en varias empresas productivas o en otras con
características nada priori­tarias, como aquellas destinadas al
tu­rismo y a la recreación, que no ameritan el concurso del
capital estatal. Estas par­ticipaciones podrían ser vendidas no
solo considerando su posible rentabilidad comercial, sino que
deberían ser instru­mentos para ampliar la base del
accio­nariado impidiendo mayores niveles de concentración de la
riqueza. Se deber√≠an ensayar esquemas de ‚Äúprivatizaci√≥n‚ÄĚ que
otorguen paquetes de acciones, en condiciones preferenciales y con
regulaciones claras que impidan su venta inmediata, a los propios
trabajadores y a los mismos usuarios de las empresas afectadas. Así,
no se buscaría el mayor precio en el mercado, sino ante todo
mecanismos que contribuyan a una mayor democratización de la
propiedad y la gesti√≥n los activos p√ļblicos.

El precio de venta, en
definitiva, no debe ser el punto m√°s importante, sino los efectos
colaterales de contenido macroeconórnico, social y ambiental que se
puedan derivar de una privatización o concesión. Es decir, la
decisi√≥n del manejo de las empresas p√ļblicas y otros activos debe
hacerse desde una perspectiva estratégica e integral.

También, como ya lo anotamos
antes, es importante destacar que un ob­jetivo clave de estas
acciones privatizadoras implica la b√ļsqueda de recursos para superar
deficiencias fiscales. Sin embargo, lo importante no es simplemente
reducir en el corto plazo el déficit fiscal, sino tener presente el
potencial valor futuro de las utilidades que gene­raría la
empresa. Así, solo en los casos en que una empresa estatal lleve a
condiciones deficita­rias graves, que no pueden ser resueltas en
el corto o mediano plazos, y que no sea indispensable para cumplir
los mencionados objetivos superiores del Estado, se podría pensar en
privatizarla.

Además, el ob­jetivo de una
privatizaci√≥n no puede ser simplemente fiscal, menos a√ļn si se
con­sidera que los ingresos obtenidos pueden tener un efecto
ef√≠mero ante problemas serios del subdesarrollo. Por ejemplo, ¬Ņpara
qu√© privatizar si un mejor manejo de las empresas p√ļblicas puede
mejorar la capacidad productiva de la economía del país? Por otro
lado, la aplicación de medidas privati­zadoras no puede ocultar
el hecho de que el déficit muchas veces encuen­tra su origen en
los esfuerzos que se realizan para servir la deuda p√ļblica ex¬≠terna
e interna.

Otro asunto que no puede pasar
de­sapercibido es el destino que se da a los fondos que se
consigan con la venta de las empresas estatales. Como se dijo, lo
fundamental no debe ser prio¬≠rizar la b√ļsqueda de mayores
precios, sin considerar otras posibilidades que se derivarían de
este proceso. Los recursos obtenidos por esta vía de ninguna ma­nera
deberían engrosar el servicio de la deuda externa o ser destinados a
gastos suntuarios o a la compra de armas, por ejemplo. Por el
contrario, deberían servir, por ejemplo, para impulsar procesos de
reconversión productiva, teniendo presente en todo momento criterios
de equidad socio­económica y ambiental, antes que simples
reflexiones empresariales que contribuyan a otorgar nuevos y mayores
beneficios a los grupos monopólicos.

En lugar de insistir en la
ine¬≠ficiencia de las empresas estatales ‚Äďasumiendo esta
afirmación como dogma cuando es difícil compro­barlo
emp√≠ricamente‚Äď se deber√≠a buscar una activa cooperaci√≥n entre el
Estado y el sector productivo en general ‚Äďpriorizando la econom√≠a
popular y solidaria‚Äď, no solo entre el Estado y los grandes grupos
fi¬≠nancieros. Del tama√Īo del Estado o del sector privado tampoco
se pueden deri­var conclusiones mecanicistas sobre el grado de
desenvolvimiento de un país; lo que cuenta es el grado de
interrelación que se consiga entre estos dos actores sin des­cuidar
a la sociedad civil, para ga­rantizar la conformación y
fortalecimiento de una ciudadanía activa y de comunidades
empoderadas que sean actores determinantes en los procesos de
transformación del Estado y no solo conseguir una presencia aislada
de cier­tos grupos sociales en calidad de nuevos propietarios.

Para completar esta reflexión
cabe plantear la duda sobre los reales inte­reses de la
fanaticada privatizadora, qué empresas estatales están en su mira y
cuáles son los mecanismos con que pre­tenden acceder a su
propiedad. Un real reorde­namiento del Estado y de sus empresas
no puede iniciar antes de redefinir su papel, para luego
redimensionar su participación en la economía y en la so­ciedad.
As√≠, m√°s que el tama√Īo del Estado y sus empresas interesa su
incidencia en la sociedad y la calidad de sus decisiones, cuestiones
clave al dise√Īar posibles esquemas de trans¬≠formaci√≥n de la
propiedad estatal y hasta la participación del capital extranjero en
la economía. Caso contrario se corre el riesgo de que una masiva e
indiscri¬≠minada privatizaci√≥n acent√ļe las ca¬≠racter√≠sticas
concentradoras y excluyen­tes de la sociedad nacional y que, como
resultado de la recomposición estructu­ral de las relaciones
entre economía y política, se configure una nueva tipo­logía
de Estado autoritario, que restrinja a√ļn m√°s los espacios
democr√°ticos.

En suma, no se pueden aceptar
irreflexiva­mente viejos dogmas del liberalismo derivados de una
masiva angustia fiscal, de un gran desinterés por el bienestar de
las poblaciones vulnerables que se benefician de la existencia de
servicios p√ļblicos, y de los inocultables intereses de algunos
grupos de poder dentro y fuera del país que buscan lucrar en medio
de la crisis.

En definitiva, requerimos otro
Estado.17
Y esta es una cuestión que ya no se puede simplemente analizar
discutiendo sobre su tama√Īo y eficiencia. Vivimos nuevos momentos
que conllevan retos cada vez m√°s complejos y que plantean nuevos
horizontes. Así, el
plantearse un nuevo Estado -inspirado en la plurinacionalidad- debe
incorporarse al Buen Vivir y a los Derechos de la Naturaleza, al
tiempo que se consolidan y amplian los derechos colectivos y
comunitarios. Igualmente debe incorporarse una crítica severa a la
actual estructura de propiedad de la riqueza y de los medios de
producción tanto en manos privadas como estatales. Esto exige crear
esquemas horizontales de redistribución de riqueza y poder, así
como de construcción de equidades en plural, pues están en juego
varias cuestiones: una lucha de clases entre capital-trabajo; la
superaci√≥n efectiva del concepto de ‚Äúraza‚ÄĚ y del racismo como
los elementos más crudos de dominación de estas sociedades; e
incluso la construcción de sociedades que rompan con su matriz
patriarcal. De esta manera, desde la crítica y desde un radical
replanteamiento del Estado, se puede pensar en cómo enfrentar la
crisis civilizatoria que el capitalismo nos impone (y el coronavirus
ha exacerbado).

Todo lo dicho aspira a engranarse
con propuestas de transformaciones profundas, civilizatorias, en las
que el énfasis debe estar en asegurar simultáneamente la pluralidad
y la radicalidad. Una tarea que no ser√° posible de la noche a la
ma√Īana, sino a trav√©s de sucesivas aproximaciones que enfrenten
todas aquellas maquinarias de muerte que amenazan a la supervivencia
humana y a la vida en el planeta.

Impulsemos pues un esfuerzo que
libere las fuerzas sociales hoy atrapadas en engorrosas
institucionalidades estatales, potenciando sus capacidades de
autosuficiencia, autogestión y autogobierno. Hasta la discusión
sobre las privatizaciones merece una nueva perspectiva desde la
autogestión popular. Todo esto demanda no solo inteligencia en la
crítica, ni solo profundidad en las alternativas, sino sobre todo la
acción de las fuerzas políticas que lideren y viabilicen los
procesos emancipatorios que tanto nos hacen falta.-

Alberto
Acosta: Economista ecuatoriano. Compa√Īero
de luchas de los movimientos sociales. Profesor
universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la
Asamblea Constituyente (2007-2008).

John
Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad
Central del Ecuador. Doctorante en economía del desarrollo en
FLACSO-Ecuador.

1
Conviene recordar que en el gobierno de Rafael Correa se desperdició
una gran oportunidad para impulsar transformaciones estructurales,
existiendo una serie de condiciones casi √ļnicas para al menos
intentarlo. Sobre el particular se recomienda el libro de Alberto
Acosta y John Cajas-Guijarro (2018); Una
década desperdiciada: Las sombras del correísmo
.
CAAP, Centro Andino de Acción Popular. Disponible en
https://drive.google.com/file/d/1ezro-SaBUzXlzsEllvOAjpIwJIijwiqj/view

2
Sobre
el particular se puede revisar el artículo de Alberto Acosta
(1992); Riesgos
y alcances de una novelería
,
Revista Ecuador Debate N¬ļ 25; disponible en
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/9144/1/REXTN-ED25-02-Acosta.pdf
o el libro de Alberto Acosta y Lautaro Ojeda (1993); Centro
de Educación Popular (CEDEP),
Quito.

4
Para profundizar sobre la grave situación que atraviesa el Ecuador
se recomienda el an√°lisis de Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro,
Hugo J√°come (2021); Ecuador:
al borde del naufragio ‚Äď Entre la pandemia sanitaria y el
pandemonio neoliberal
.
Disponible en
https://www.rosalux.org.ec/pdfs/Ecuador-al-borde-del-naufragio.pdf

5
Basta
revisar los potentes aportes y denuncias de Arturo Villavicencio
(2015); ‚ÄúUn cambio de matriz energ√©tica bajo toda sospecha‚ÄĚ;
como el artículo disponible en
https://lalineadefuego.info/2015/06/02/un-cambio-de-matriz-energetica-bajo-toda-sospecha-por-arturo-villavicencio/

6
Un detalle de todos estos procesos se encuentra en el libro de
Alberto
Acosta y John Cajas-Guijarro (2018); Una
década desperdiciada: Las sombras del correísmo
.
CAAP, Centro Andino de Acción Popular. Disponible en
https://drive.google.com/file/d/1ezro-SaBUzXlzsEllvOAjpIwJIijwiqj/view

7
Ver una sítesis del manejo petrolero de ese gobierno en Alberto
Acosta y John Cajas-Guijarro (2018). En especial el apartado ‚ÄėLa
maldición de la abundancia petrolera’.

8
Hay que tener presente la tendencia -cada vez m√°s presente- de
disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

9
Disponible en
https://www.fielweb.com/App_Themes/InformacionInteres/Decreto_Ejecutivo_No._95_20210607132917_20210607132920.pdf

10
Consultar en Vicente Sebastian Espinoza, Javier Fontalvo, Jaime
Mart√≠-Herrero, Paola Ram√≠rez, I√Īigo Capel√°n-P√©rez (2019);

“Future
oil extraction in Ecuador using a Hubbert approach‚ÄĚ. Science
Direct. Disponible en
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544219311922

11
Disponible en
https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/wp-1628209776656.pdf

12
Sobre esta importante cuestión invitamos leer el libro de Alberto
Acosta, John Cajas-Guijarro, Francisco Hurtado, William Sacher
(2020); El
fest√≠n minero del siglo XXI. ¬ŅDel ocaso petrolero a una pandemia
megaminera?
,
Abya-Yala, Fundación Rosa Luxemburg, Quito.

13
Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/13lf57Lha9bO-UbDzma9XmPMw7a1I-rOZ/view?usp=sharing

14
Consultar en Alberto Acosta (2021); “Presidente Guillermo Lasso
viola la Constituci√≥n ‚Äď ¬ŅCon complicidad de la Corte
Constitucional?‚ÄĚ. Disponible en
https://rebelion.org/presidente-guillermo-lasso-viola-la-constitucion/

15
El segundo inciso del art√≠culo 422: ‚ÄúSe except√ļan los tratados e
instrumentos internacionales que establezcan la solución de
controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica
por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales
de designación de los países signatarios. No podrán intervenir
jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de
la controversia‚ÄĚ.

16
El tercer inciso del artículo 422: “En el caso de controversias
relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promover√°
soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con
sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia
internacional‚ÄĚ. Sobre el tema se puede consultar la propuesta
formulada desde hace más de dos décadas por Alberto Acosta y el
economista peruano Oscar Ugarteche, sintetizada entre otras varias
publicaciones de los autores, en el siguiente artículo: “A favor
de un tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana‚ÄĚ
(2003). Para completar esta información, es pertinente conocer que
la esencia de este Tribunal, en lo que se refiere a las normas de
justicia internacional, transparencia y equidad, fueron discutidas e
incluso aprobadas en dos ocasiones en el seno de Naciones Unidas,
sin tener ning√ļn resultado favorable hasta la fecha, por la
oposición de las grandes potencias, que son, a su vez, los mayores
acreedoras de la deuda externa.

17
Una
detallada discusión sobre el papel que debe jugar el Estado se
encuentra en el artículo de Alberto Acosta (2018); “Repensando
nuevamente el Estado ¬ŅReconstruirlo u olvidarlo‚ÄĚ, en el libro de
varios autores,
América
Latina: Expansión capitalista,
conflictos
sociales y ecológicos
,
Universidad
de Concepción, Chile. Disponible en
https://ecuadortoday.media/2019/01/04/repensando-nuevamente-el-estado-reconstruirlo-u-olvidarlo/




Fuente: Rebelion.org