Federación Anarquista 🏴 Noticias anticapitalistas y informaciones libertarias

October 21, 2020 –
De parte de Sare Antifaxista

296 puntos de vista

El
Gobierno
español
pretende
otorgar
72.000
millones
a
empresas
para
el
desarrollo
de
lo
que
denominan
economía
verde,
modernización
y
digitalización
de
las
empresas
y,
entre
otras,
mejora
de
las
infraestructuras
entre
los
años
2021
y
2023,
aunque
todavía
no
se
ha
recuperado
-y
no
parecen
tener
prisa-
más
de
42.000
millones
entregados
para
salvar
a
bancos
y
cajas
de
la
anterior
crisis
de
2008.
Se
trata
de
otra
gran
inyección
económica
a
las
empresas
a
la
que
también
se
ha
sumado
el
lehendakari
Iñigo
Urkullu
para
beneficiar
a
las
grandes
compañías.

Juanjo
Basterra,
kazetaria
eta
militante
soziala
*
E.H

Bajo
la
excusa
de
que
si
caían
los
bancos
y
las
cajas
de
ahorros
se
desplomaría
la
economía,
se
trasvasaron
122.754
millones
directos
al
rescate
de
bancos
y
cajas
en
diferentes
fórmulas,
a
través
del
Fondo
de
Reestructuración
Ordenada
Bancaria
(FROB),
Fondo
de
Garantía
de
Depósitos
(FGD)
y
el
Banco
de
España.
Al
final,
el
coste
del
proceso
de
reestructuración
bancaria,
según
el
Tribunal
de
Cuentas
español,
alcanzó
los
66.577
millones,
de
los
que
entorno
a
42.000
millones
se
dan
ya
por
perdidos
para
las
arcas
públicas,
después
de
algunas
devoluciones.
En
el
conjunto
de
la
UE
el
apoyo
neto
a
los
poderosos
económicos
se
elevó
a
los
369.755
millones.

Hoy
se
estima
que
la
crisis
económica
derivada
de
la
pandemia
del
coronavirus
tendrá
un
efecto
todavía
más
demoledor
que
la
crisis
de
las
“
hipotecas
basura”
de
hace
doce
años.
Algunos
analistas
económicos
empiezan
a
avanzar
que
esta
vez
no
serán
las
personas
quienes
no
podrán
devolver
las
hipotecas,
sino
las
empresas,
con
lo
que
la
historia
reciente
podría
repetirse
teniendo
como
protagonista
a
las
empresas,
si
se
dispara
la
morosidad
el
próximo
año.
La
gravedad
de
la
crisis
económica
causada
por
la
pandemia
ya
tiene
todos
los
síntomas
para
ser
de
mayor
magnitud
a
la
financiera
de
2008.

Bajo
esos
antecedentes,
la
crisis
de
2008
tuvo
tres
“patas”
por
así
decirlo:
rescate
bancario
y
cambio
de
la
Constitución
española,
como
desarrolló
José
Luis
Roríguez
Zapatero
(PSOE),
para
conseguir
que
primero
se
haría
frente
a
la
deuda
que
se
preveía
generar
poniendo
en
orden
la
economía
y,
a
la
vez,
dejando
a
las
personas
desamparadas
al
final
de
ese
túnel.
La
segunda
llegó
bajo
reformas
laborales
y
de
pensiones,
tanto
del
PSOE
(Rodríguez
Zapatero)
y
PP
(Mariano
Rajoy),
que
han
beneficiado
a
la
élite
empresarial
al
contar
en
sus
manos
con
todos
los
instrumentos
de
control
salarial
y
precarización
de
las
condiciones
laborales,
que
hacen
que
los
beneficios
empresariales
crezcan
y,
en
el
lado
opuesto,
la
clase
trabajadora
se
empobrezca,
como
está
ocurriendo.
Estos
cambios
neoliberales
a
favor
de
la
élite
han
llevado
a
un
incremento
de
la
pobreza,
que
continúa
imparable
y
que
con
la
actual
crisis
por
la
pandemia
del
coronavirus
se
agudizará.

“Saqueo”

La
realidad
es
que
después
de
rescatar
a
los
bancos,
ahora
éstos
tratan
de
saquear
a
los
clientes.
Hace
unos
días
se
conocía
que
BBVA
cobrará
2
euros
por
retiradas
de
efectivo
en
ventanilla
por
un
importe
inferior
o
igual
a
2.000
euros,
y,
por
si
no
fuese
suficiente,
endurece
los
requisitos
de
las
condiciones
de
su
cuenta
nómina.

Bancos
y
cajas
han
convertido
en
un
gran
negocio
las
comisiones
que
cobran
a
la
clientela
por
un
dinero
que
no
les
pertenece.
Sin
embargo,
nadie
les
para
los
pies
a
pesar
de
que
muchos
de
ellos
no
han
devuelto
las
ayudas
públicas,
que
sí
se
restaron
a
la
población
más
necesitada,
y,
en
cambio,
siguen
logrando
enormes
beneficios,
además
de
desahucios
a
personas
y
familias
que
no
pueden
pagar
sus
hipotecas
(casi
28.000
desde
2007
en
Hego
Euskal
Herria).

Además
continúan
su
proceso
de
fusión,
que
acentúa
el
oligopolio
de
un
sector
en
el
que
cinco
entidades
copan
ya
más
de
68,5%
del
mercado,
según
datos
del
Banco
Central
Europeo
(BCE).
Antes
de
que
se
desencadenara
la
crisis,
en
2007,
controlaban
el
41%.
Sólo
tres
países
de
la
Unión
Europea
han
experimentado
durante
los
últimos
años
un
proceso
de
concentración
mayor
que
el
Estado
español:
Chipre,
Letonia
y
Lituania.
Ese
porcentaje
se
superará
cuando
en
2021
sea
realidad
la
absorción
de
Bankia
por
CaixaBank,
que
hará
ascender
al
grupo
de
los
cinco
grandes
a
Bankinter.

Los
datos
son
elocuentes.
Los
bancos,
controlados
por
la
Asociación
Española
de
la
Banca
(AEB)
en
los
últimos
cinco
años
han
logrado
45.369
millones
de
beneficios
netos
y
han
destinado
a
dotaciones
y
provisiones
ante
desequilibrios
que
puedan
surgir
otros
127.319
millones.
En
realidad,
estos
también
son
beneficios,
aunque
se
apartan.
En
el
primer
semestre
de
este
año
han
comunicado
11.531
millones
de
pérdidas,
pero
han
reservado
26.518
millones
a
provisiones.
La
resta
es
fácil:
siguen
ganando,
pese
a
la
gran
crisis
económica.

Otro
tanto
ocurre
con
las
antiguas
cajas,
dependientes
de
CECA.
En
5
años
han
logrado
un
beneficio
neto
de
16.855
millones
y
han
desviado
a
dotaciones
y
provisiones
un
total
de
6.458
millones.
Este
año,
hasta
junio
ganaron
825
millones,
cifra
modesta
respecto
a
otros
años,
pero
han
apartado
2.000
millones
para
los
inconvenientes
que
puedan
llegar
por
la
crisis.

Por
el
momento,
las
entidades
financieras
españolas
han
aumentado
su
recurso
“a
la
financiación
de
largo
plazo
del
BCE
en
113.661
millones
entre
marzo
y
julio,
y
en
programas
como
los
de
crédito
a
empresas
con
avales
parciales
del
ICO.
La
financiación
ha
aumentado
en
tasa
interanual
desde
el
1,1%
de
marzo
hasta
el
6,1%
en
junio”,
como
indican
Santiago
Carbó
Valverde
y
Francisco
Rodríguez
Fernández,
de
Funcas,
en
el
último
número
de
“Cuadernos
de
Información
Económica”.

Más
de
12
años
perdidos

Mientras
bancos
y
cajas
recibieron
una
importante
inyección
económica
del
sistema
público,
a
la
clase
trabajadora
le
regalaron
reformas
laborales
que
han
permitido
intervenir
la
negociación
colectiva
y
desregular
más
el
mercado
laboral,
empobreciendo
al
conjunto
y
precarizando
los
empleos
a
gusto
de
los
empresarios.
Todo
ello,
unido
a
unas
reformas
de
las
pensiones
que
ponen
más
trabas
para
contar
con
sueldos
dignos,
tras
más
de
35
años
cotizando.

En
este
momento,
en
Hego
Euskal
Herria
hay
casi
16.000
afiliados
menos
a
la
Seguridad
Social.
Suben
y
bajan
al
antojo
de
los
empresarios,
gracias
a
esas
reformas
laborales,
que
el
Gobierno
bipartito
de
Pedro
Sánchez
(PSOE)
y
Pablo
Iglesias
(Podemos
Unidas)
prometió
derogar,
pero
no
llega
nunca.

Con
la
crisis
por
la
pandemia
del
coronavirus
el
empleo
se
ha
hundido,
pero
la
realidad
indica
en
todos
estos
años
que
la
temporalidad
de
los
contratos
siempre
supera
el
92%
del
total,
que
más
de
la
mitad
de
los
contratos
no
tienen
una
duración
de
un
mes
y,
además,
el
37,5%
de
los
contratos
temporales
son
a
tiempo
parcial
por
una
duración
inferior
a
7
días.
Precariedad
pura
y
dura.
Se
calcula,
por
otro
lado,
que
en
Hego
Euskal
Herria
un
15%
de
los
trabajadores
es
pobre.
Sí
se
levanta
cada
día
para
ir
a
trabajar,
pero
no
cuenta
con
unos
ingresos
que
sobrepasan
el
umbral
de
la
pobreza.

Un
estudio
de
la
UPV/EHU
analiza
qué
efecto
tuvieron
las
reformas
laborales
al
reducir
los
costes
de
despido
y
favorecer
los
contratos
temporales,
realizado
entre
dos
miembros
del
Departamento
de
Economía
Aplicada
V
de
la
UPV/EHU,
Josu
Ferreiro
y
Carmen
Gómez,
y
un
profesor
de
la
Universidad
de
Cambridge,
Philip
Arestis.

Analiza
el
efecto
real
de
las
reformas
laborales
aplicadas
entre
1988
y
2012
en
países
de
toda
Europa.
Han
visto
que
lejos
de
cumplir
el
objetivo
de
favorecer
la
contratación,
estas
reformas
han
hecho
“aumentar
la
tasa
de
temporalidad
y
reducir
la
contratación
indefinida”.

Sin
embargo,
nos
vamos
al
otro
lado
de
la
balanza
y
comprobamos
que
las
empresas
no
financieras
siguen
forrándose.
Desde
2008
al
2018,
que
es
el
último
año
cerrado
publicado
por
la
Central
de
Balances
del
Banco
de
España,
consiguieron
un
beneficio
ordinario
neto
de
663.766
millones.
Y,
por
otro
lado,
las
empresas
cotizadas
en
la
Bolsa
española
repartieron
desde
el
2008
hasta
agosto
de
2020
un
total
de
368.592
millones
en
dividendos.

Más
pobreza

La
tercera
pata
de
la
crisis
de
2008
es
la
pobreza.
Mientras
los
beneficios
económicos
abundan
entre
unos
pocos
que,
además
reciben
ingentes
cantidades
en
ayudas
públicas
como
el
rescate
bancario
y
otras
a
la
vista,
los
últimos
datos
de
2019
confirman
que
las
personas
en
riesgo
de
pobreza
(tasa
europea
AROPE)
han
aumentado
en
Hego
Euskal
Herria
en
un
9,85%,
en
34.806
personas
hasta
las
388.003.
Están
en
pobreza
real:
267.942
personas
y
132.281
están
en
pobreza
severa,
con
un
incremento
del
42%
respecto
a
2008,
según
la
Red
Europea
contra
la
Pobreza
(EAPN).
Hay
que
añadir
que
esta
situación
ya
está
desbordada
en
2020
por
la
crisis
del
coronavirus,
lo
que
elevará
la
gravedad
para
muchas
personas.

En
este
caso,
hay
que
recordar
que
un
22,6%
de
los
y
las
pensionistas
de
la
CAV
se
encuentra
sumido
en
la
pobreza
y
un
10,7%,
en
pobreza
severa.
En
Nafarroa,
la
pobreza
alcanza
al
24,2%
de
las
y
los
pensionistas
y
el
11,2%
en
lo
que
se
refiere
la
pobreza
grave.

Nos
encontramos
en
una
situación
insostenible
para
una
parte
importante
de
la
población.
Mientras
tanto,
parece
no
importar
recuperar
los
más
de
42.000
millones
que
las
entidades
bancarias
no
han
devuelto
del
rescate
que
se
inició
hace
una
década
y,
a
la
vez,
se
vuelve
a
poner
mucho
dinero
sobre
la
mesa
para
que
la
élite
económica
siga
ganando
más.

Urkullu,
con
la
élite

El
“Plan
de
Recuperación,
inspirado
en
la
Agenda
del
Cambio,
en
la
Agenda
2030
y
los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible
de
Naciones
Unidas”,
va
a
movilizar
en
los
próximos
tres
años
“el
50%
de
los
recursos
con
los
que
cuenta
España
gracias
al
instrumento
Next
Generation
EU.
Es
decir,
este
Plan
guía
la
ejecución
de
cerca
de
72.000
millones
y
además
cumple
con
precisión
las
prioridades
de
los
fondos
europeos
de
recuperación:
la
inversión
‘verde’
representa
más
del
37%
del
total
del
Plan
y
la
digitalización
cerca
del
33%”,
como
explicó
el
presidente
del
Gobierno
español,
Pedro
Sánchez,
hace
unas
semanas.

En
este
ámbito,
el
Ejecutivo
de
Gasteiz
con
el
apoyo
de
la
empresa
PwC,
ha
presentado
66
proyectos
por
un
valor
global
de
11.603
millones,
más
de
la
mitad
se
lo
llevan
grandes
empresas
como
Iberdrola,
Petronor,
Gestamp,
que
quiere
cerrar
dos
plantas
en
este
momento,
y
operadoras
de
telecomunicaciones
con
proyectos
5G.
También
se
encuentran
actuaciones
del
TAV
de
entrada
a
las
capitales,
que
ya
estaban
proyectados.
El
lehendakari
Iñigo
Urkullu
quiere
acceder
a
esos
fondos
europeos
para
esa
obra
cuestionada
a
nivel
social
y
ecológico.

Otros
proyectos
son
la
reconversión
de
la
nuclear
de
Lemoiz
en
piscifactoría,
el
Guggenheim
de
Gernika
y,
entre
otros,
5
parques
eólicos
y
uno
fotovoltaico
de
Iberdrola.

En
definitiva,
hay
dinero
para
la
élite
empresarial,
mientras
la
clase
obrera
sufre
las
condiciones
laborales
y
crece
la
pobreza,
mientras
que
cada
cierto
tiempo
vemos
informes
que
indican
que
durante
la
crisis
los
ricos
en
el
Estado
español
aumentaron
un
40%.
Un
dato
que
siempre
han
manejado
las
haciendas
forales
vascas:
si
en
el
Estado
español
crecen
los
beneficios
empresariales
un
20%
en
el
ámbito
vasco
supera
entre
un
10%
y
un
15%
ese
porcentaje.