December 16, 2021
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Las legislaciones para luchar contra las violencias machistas no tienen en cuenta la especificidad de las mujeres que viven en pueblos. El Pacto de Estado las considera por primera vez como colectivo 鈥渧ulnerable鈥, pero a煤n no se conocen los avances de ese cambio de mirada.

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una manos de una mujer mayor, entrecruzadas, y se ve una alianza

Fotograma de la campa帽a 鈥楨n un pueblo todo se sabe. O no鈥, de Fademur.

Las comadres siempre han estado ah铆. Fueron las parteras, las madrinas de tus criaturas, las madres de tus ahijadas y tambi茅n tus vecinas y tus amigas. Tus confidentes. Las comadres son tambi茅n ahora, en algunos pueblos de la comarca cacere帽a del Tajo-Salor, las que te cuidan y te acompa帽an si sufres violencia machista. 鈥淨uer铆amos usar redes que ya exist铆an para incentivar la participaci贸n y meter conceptos como 鈥榲iolencia de g茅nero鈥. Quer铆amos trabajar desde la comadre, que era con la que te sal铆as al fresco, y potenciar y ampliar esa red con nuevas comadres, que antes eran las forasteras y ahora son las mujeres migrantes鈥.

Beatriz Cercas, asesora jur铆dica de la Asociaci贸n de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) y t茅cnica del proyecto Red de Comadres por la Igualdad, puesto en marcha por este colectivo, incide en la importancia de la sororidad entre mujeres para enfrentar la violencia machista en las zonas rurales. 鈥淓n los pueblos se mantienen los roles y la familia tradicional. La propiedad del campo sigue siendo de los hombres y es muy dif铆cil denunciar violencia. Todo el mundo sabe lo que pasa en las casas y quer铆amos romper eso de puertas para adentro. Nadie quiere que seas una hero铆na, pero es importante que tu comadre se entere y te ayude鈥, explica.

La invisibilidad, la falta de recursos, la ausencia de una conciencia social y la mirada urbanoc茅ntrica de las leyes y los procedimientos son los principales problemas cuando se habla de violencia machista en el mundo rural. Detallar este diagn贸stico es m谩s complicado por la absoluta ausencia de datos. El Pacto de Estado contra la Violencia de G茅nero tiene previsto realizar un estudio amplio de la situaci贸n. 鈥淓s dif铆cil hacer un mapeo por la protecci贸n de datos, porque si dices que ha habido un caso en un pueblo de 300 habitantes鈥︹, matiza la t茅cnica de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia, Alicia Vicente Campos.

El informe estaba finalizado en el momento de redacci贸n de este art铆culo, pero a煤n no se hab铆a hecho p煤blico [se public贸 cinco meses despu茅s de publicar este reportaje, aqu铆 puedes leer la cr贸nica escrita al respecto]. Hasta ahora los 煤nicos datos que se manejan son que las mujeres que residen en localidades de 2.000 habitantes o menos son las que en menor proporci贸n buscan los servicios de la polic铆a o los juzgados para poner una denuncia, un 17 por ciento frente al 29 de las mujeres residentes en n煤cleos mayores, seg煤n la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, del a帽o 2015.

Y que, entre 2016 y 2018, el 70 por ciento de las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en Espa帽a viv铆an en municipios de menos de 100.000 habitantes, como recoge el Observatorio del Poder Judicial contra la Violencia Dom茅stica y de G茅nero; una horquilla demasiado amplia (驴es lo mismo una ciudad de 80.000 personas que un pueblo de 500 habitantes?) que confirma que hay un desconocimiento absoluto de la realidad de las mujeres que sufren violencias machistas en entornos rurales. Ante las estad铆sticas, el Observatorio concluye que es necesario 鈥渞edoblar los esfuerzos en el 谩mbito rural, donde los datos indican que las mujeres est谩n m谩s desprotegidas鈥 y hace hincapi茅 en que deben extenderse a estas zonas 鈥渢odos los recursos de prevenci贸n de la violencia de g茅nero, as铆 como los dirigidos a prestar asistencia y protecci贸n a las v铆ctimas鈥.

La especificidad de la ruralidad

La lucha por introducir la perspectiva de la ruralidad en el abordaje de la violencia machista, ya sea en la tarea de sensibilizaci贸n, en la legislaci贸n o en los recursos, es el empe帽o con el que trabajan en Fademur (Federaci贸n de Asociaciones de Mujeres Rurales). 鈥淟a especificidad de la ruralidad es importante, definitoria y condicionante y se est谩 obviando. Desde la ciudad ni se acuerdan de que los pueblos existen鈥, arranca Marta Torres, coordinadora t茅cnica del Programa de Violencia de G茅nero de Fademur.

La situaci贸n es f谩cil de ejemplificar. En gran cantidad pueblos no existen dependencias policiales en las que denunciar, por lo que muchas v铆ctimas dependen del coche familiar, es decir, de su agresor, para hacer este tr谩mite que se recomienda insistentemente. Y si dependen del transporte p煤blico, que suele pasar una vez al d铆a, ya no se puede denunciar a cualquier hora. Pero el ejemplo puede ser el contrario, lo que demuestra la paradoja y la singularidad del contexto. 鈥淗ay mujeres que no van a denunciar al cuartel de la Guardia Civil porque quien atiende es amigo de su marido y se toma chatos con 茅l o es incluso familiar. Y si vas te convencen de que es una ri帽a鈥, cuenta Beatriz Cercas.

鈥淟a situaci贸n ya era lo suficientemente violenta para m铆, 鈥 yo no me sent铆a a gusto porque el que llevaba mi caso era el padre de uno de su cuadrilla y, claro, a m铆 eso鈥, nada m谩s verle pues me qued茅 sorprendida, me cohibi贸鈥, es uno de los testimonios que recoge un informe de la Diputaci贸n Foral de Bizkaia, del a帽o 2015, sobre las necesidades y obst谩culos de las mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero del 谩rea rural de esta provincia.

La jurista Marta Torres, quien de inicio recuerda que la violencia machista es un fen贸meno estructural, enumera los factores de riesgo y los condicionantes que adopta en los pueblos. En primer lugar, la feminizaci贸n de la pobreza, ya que los sectores econ贸micos tradicionales que se dan en estos 谩mbitos geogr谩ficos, como la ganader铆a y la agricultura, est谩n muy masculinizados. Esto provoca, adem谩s, que muchas mujeres emigren alimentando as铆 la masculinizaci贸n de la sociedad. Y la falta de independencia econ贸mica, contin煤a la experta, incide en el control social que viven las mujeres. El aislamiento, tanto geogr谩fico, como social y familiar, es, en segundo lugar, un factor de vulnerabilidad: 鈥淓n las zonas urbanas hay m谩s contacto con la sociedad鈥, subraya Torres.

La falta de conocimiento es otro de los condicionantes para la jurista: 鈥淓n los municipios m谩s peque帽os, la violencia es considerada algo familiar en lo que no hay que entrar鈥. Por eso, en muchos casos los talleres de sensibilizaci贸n est谩n disfrazados de otras cosas, como se ha hecho en la Red de Comadres, o como hace Fademur de manera habitual. 鈥淟as campa帽as de sensibilizaci贸n deben estar adaptadas, muchas mujeres no se sienten identificadas鈥, explica Torres. La t茅cnica de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia lo confirma: 鈥淓s muy dif铆cil que la informaci贸n llegue de primera mano鈥. La presi贸n social, el famoso 芦qu茅 dir谩n禄, es otro riesgo citado por Torres.

Recursos escasos y dispersos

鈥淐on un taller al a帽o no se consiguen cambios, hay que trabajar de manera m谩s trasversal鈥, sostiene Alicia Vicente, tambi茅n presidenta de la Asociaci贸n Profesional de Agentes de Igualdad de Extremadura, y que sostiene que en las poblaciones m谩s grandes de la regi贸n s铆 hay equipos especializados en violencia de g茅nero en la Guardia Civil y en las polic铆as locales, pero no en los municipios m谩s peque帽os.

Marta Torres enumera tambi茅n como problema la dificultad de acceso a los recursos especializados, como a psic贸logas, la falta de perspectiva de ruralidad que tiene el sistema judicial y la cantidad de tr谩mites jur铆dicos y burocr谩ticos que obligan a las mujeres a desplazarse de su municipio. 鈥淓s muy importante que haya ventanilla 煤nica鈥, reclama.

Los servicios de proximidad podr铆an jugar un papel relevante ante esta carencia: 鈥淨ue los m茅dicos de familia tuvieran especializaci贸n ser铆a muy importante鈥, subraya Vicente, quien insiste en la formaci贸n transversal profesional y especializada鈥.

La directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca, Marta del Pozo, tambi茅n apunta en esta direcci贸n: 鈥淗ace falta mejor formaci贸n y m谩s tiempo de atenci贸n en atenci贸n primaria, porque es un lugar buen铆simo de detecci贸n de la violencia, pero los profesionales apenas tienen tiempo de ver a las pacientes, y lo mismo pasa a los farmac茅uticos鈥.

鈥淟os agobios del pueblo, del qu茅 dir谩n, de que la gente supiera鈥 ahora se convierten en ventajas. Ha llegado el momento en que si ma帽ana aparece [el agresor] por el pueblo, y alguien lo ve, la gente me llama y me avisa鈥, es otro de los testimonios que muestra el informe de la Diputaci贸n vasca. 鈥淓s necesario que haya una detenci贸n indirecta e incidir en la acci贸n vecinal, en la acci贸n social. Es fundamental trabajar en la prevenci贸n y en la concienciaci贸n鈥, a帽ade por su parte la t茅cnica de Fademur.

Pacto de Estado

Aprobado en septiembre de 2017, el Pacto de Estado contra la violencia de g茅nero incluye como novedad la atenci贸n personalizada a las mujeres rurales, nombradas como colectivo vulnerable junto con las mujeres migrantes, las discapacitadas y las mayores. 鈥淐onsiderar a las mujeres rurales como vulnerables es un avance, un cambio de mirada鈥, afirma Torres.

Adem谩s, establece medidas espec铆ficas, como incrementar la atenci贸n, impulsar las asociaciones de mujeres, realizar un estudio e impulsar la Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, en vigor desde 2012. En ocho a帽os, solo se han dado 631 casos de cambio de titularidad, seg煤n datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci贸n, es decir, la tierra sigue en manos de los hombres. Los datos demuestran adem谩s una enorme desigualdad: mientras que en Castilla y Le贸n se han dado 272 casos y en Castilla La Mancha 185, en Madrid y Baleares no ha habido ninguno y en Murcia solo uno. 鈥淐on el Pacto de Estado se est谩n haciendo cosas, est谩 habiendo un acercamiento a las asociaciones de mujeres rurales, pero la Ley de Titularidad Compartida no se ha potenciado鈥, apunta Torres. Esta falta de reconocimiento en la posesi贸n de la tierra hace que muchas mujeres no est谩n amparadas legalmente, lo que las deja al margen de subvenciones e incluso de poder recibir una pensi贸n.

Por otro lado, la carencia de especializaci贸n ha hecho que parte de los fondos que han recibido algunos consistorios del Pacto de Estado se hayan invertido en actividades culturales para las mujeres, pero no en actividades concretas para la prevenci贸n de la violencia. 鈥淎 los ayuntamientos se les ha dado dinero y a veces no saben qu茅 hacer, por eso hay que insistir en la formaci贸n del personal t茅cnico鈥, apunta la t茅cnica de Fademur.

En 2018 y 2019, los fondos destinados a ayuntamientos fueron de 20 millones de euros anuales. 鈥淭endremos que esperar a ver la evaluaci贸n que se hace del Pacto de Estado, pero el dinero lo deber铆a gestionar personal t茅cnico especializado, porque el dinero puede perder el sentido y no hay perder de vista que el objetivo es prevenir la violencia de g茅nero鈥, sostiene la trabajadora de Plasencia.

En plena pandemia por la covid19, se celebr贸 la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que la ministra Irene Montero apunt贸 que hay que 鈥渟eguir trabajando y dar los pasos necesarios para institucionalizar el Pacto de Estado como una pol铆tica p煤blica estructural, transversal y permanente鈥.

鈥淎l legislar se piensa en las grandes ciudades. La estrategia para la Espa帽a vaciada debe ser ad hoc, hay que responder a sus peculiaridades y no creo que se est茅 haciendo as铆.鈥, finaliza Marta Del Pozo.


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Fuente: Pikaramagazine.com